A muchos nos tomó por sorpresa que el presidente Enrique Peña Nieto hiciera suya la causa del matrimonio entre personas del mismo sexo y enviara al Congreso un par de iniciativas de reforma legal conducentes a establecerlo a nivel constitucional, federal. En 2012 cuando era candidato y la Conferencia del Episcopado Mexicano lo cuestionó al respecto, Peña Nieto respondió institucionalmente que determinar el matrimonio entre personas del mismo sexo es facultad de las legislaturas estatales y que su gobierno no intervendría en lo que éstas decidieran.1

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¿Por qué el presidente cambió de parecer cuatro años después? ¿Con base en qué argumentos, razonamientos, presenta ahora su propuesta? Para responder estas preguntas, analizaré la “exposición de motivos” contenida en las dos iniciativas presidenciales: la que reforma el artículo 4 constitucional (disponible aquí) y la que reforma diversos artículos del Código Civil Federal (disponible aquí). A partir de esto, luego discutiré brevemente los motivos propiamente políticos de la movida presidencial, en el contexto de un gobierno con bajos niveles de aprobación popular, con una oposición, no obstante, más bien débil, por no decir ausente, con una grave crisis de derechos humanos que el gobierno de la república ha negado una y otra vez.

Las exposiciones de motivos contenidas en las iniciativas de ley contienen información valiosa sobre la formulación de las políticas públicas. Además de presentar una argumentación explícita a favor de la propuesta, en ellas se encuentran pistas sobre cómo se define el “problema” público; en qué términos está pensado; de dónde proviene, hacia dónde va y qué pretende la medida. En el caso que nos ocupa, la argumentación presidencial descansa en dos elementos centrales: el principio de igualdad y no discriminación y los derechos humanos (al matrimonio, particularmente).

La exposición de motivos para reformar el artículo 4 constitucional se apoya fundamentalmente en las múltiples sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que son citadas extensamente. Se enfatizan principalmente tres disposiciones/interpretaciones de la Corte: la familia adopta diversas formas sociales (no únicamente la estereotípicamente heterosexual) y todas merecen protección y reconocimiento legal; son inconstitucionales las leyes de las entidades federativas que definan al matrimonio como formado exclusivamente por un hombre y una mujer y/o que declaren que su finalidad es la procreación, lo cual además vulnera los principios de igualdad y no discriminación. El Presidente no propone nada nuevo, sino que busca explicitar en la ley los derechos que el máximo tribunal constitucional ya había definido con consecuencias supuestamente vinculantes. Por otra parte, me parece saludable que un poder público argumente sus decisiones con base en lo ya deliberado por otro poder público, reconociendo su investidura y dándole (y dándose) legitimidad jurídica.2

La exposición de motivos presidencial presenta varias ideas sugerentes. En primer lugar, argumenta que la orientación sexual es un elemento esencial para la dignidad y el ejercicio de derechos de las personas. La orientación sexual está vinculada con los derechos a “la identidad, la auto-determinación, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, a la intimidad, a la integridad personal”, entre otros. Como sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2012 (citado por la iniciativa), “la orientación sexual de una persona se encuentra ligada al concepto de libertad, y la posibilidad de toda persona de auto-determinarse, y escoger libremente las circunstancias que dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones”. En segundo lugar, se registra la importancia del matrimonio como contrato civil público y se le presenta como un “derecho a otros derechos”, porque trae aparejados beneficios concretos “de tipo fiscal, de solidaridad, por causa de muerte de una de las personas cónyuges; de propiedad; en la toma subrogada de decisiones médicas; migratorios para personas cónyuges extranjeras, entre otros”. Tercero, se declara que las disposiciones legales sustentan discriminaciones estructurales que hacen sobrevivir prejuicios y estereotipos; es decir, cambiar la ley puede ayudar a cambiar las percepciones sociales. Cuarto, se menciona que para muchas personas el matrimonio es “una de las instituciones de realización existencial de especial importancia”, pero que no todas las parejas desean casarse, que existen otras maneras de establecer vínculos afectivos y formar una familia. El punto no es que todos se unan en matrimonio, sino que todos tengan la oportunidad de hacerlo y, con ello, romper con la barrera legal y simbólica.

La iniciativa para reformar el Código Civil Federal sigue una argumentación muy similar, pero la propuesta es un poco más ambiciosa y apunta hacia mayor igualdad de género en general. Los objetivos declarados de la reforma legal son garantizar el derecho de las personas del mismo sexo para contraer matrimonio en igualdad de condiciones que las heterosexuales; establecer igualdad de condiciones que las personas heterosexuales para la adopción; garantizar la identidad de género; establecer el divorcio sin expresión de causa; actualizar otras figuras jurídicas con el fin de armonizarlas con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.3

Sobre el matrimonio, el argumento es el mismo que ya revisamos; con la reforma, el matrimonio quedaría definido como “la unión libre de dos personas mayores de edad con la intención de tener una vida en común, procurándose ayuda mutua, solidaridad, respeto e igualdad”. Con respecto al derecho a adoptar menores por parte de parejas del mismo sexo –cuestión nodal que provoca mayores resistencias y desconfianzas que el matrimonio en sí mismo, lo que refleja clara y flagrantemente la homofobia social porque, se piensa, se pone en riesgo el buen desarrollo del infante, por lo que este derecho suele excluirse de las figuras de “uniones civiles”– la argumentación otra vez se apoya en lo sentenciado por la SCJN (recordemos que en 2010 la PGR de Calderón promovió una acción de inconstitucionalidad argumentando el “derecho superior de la niñez” y la SCJN rechazó el alegato y confirmó, al contrario, su plena constitucionalidad). Por claridad, cito el argumento en extenso:

Negar el derecho a ser adoptado a un niño o una niña por el sólo hecho de la orientación sexual de las personas adoptantes, deriva en una conducta discriminatoria, tanto para ellas, como para el propio niño o niña que pretende ser adoptado, pues se les desconoce su derecho a tener una familia, en el sentido más amplio posible de este concepto, tal como lo ha sostenido nuestro máximo Tribunal en el caso de la adopción por parte de matrimonios del mismo sexo.

A ese respecto, la SCJN ha señalado que si bien en el caso de la adopción, el interés superior de la niñez constituye un principio que debe ser cumplido por parte del Estado en todos sus ámbitos y niveles, y que tendrá un interés prevalente sobre los de la persona o personas adoptantes, también ha reconocido que la orientación sexual de una persona o pareja que pretende adoptar no puede ser considerada como un elemento que se contrapone, per se, al respeto de aquél principio del interés superior de la niñez, y por lo tanto, ser nocivo para el desarrollo de un niño o niña, y por ello no permitir su adopción. [Las cursivas son mías]

En cuanto al divorcio sin expresión de causa, la idea es que una persona pueda divorciarse de su cónyuge simplemente porque así lo decidió y manifestó, con base nuevamente en el derecho al libre desarrollo de la personalidad.4 Es interesante que una disposición para ampliar el concepto de matrimonio se acompañe por otra para facilitar su disolución.5 El punto es, me parece, subrayar que formar o romper un matrimonio proviene de la decisión libre de las partes involucradas; decisiones autónomas que el Estado se limita a reconocer legalmente. Así, las iniciativas de Peña Nieto son liberales: reivindican al individuo como tomador de decisiones, como dueño de sí, soberano de su sexualidad y sus afectos, mientras que el Estado debe retirar los obstáculos legales que restringen su autonomía. Sin embargo, tampoco se trata de un mero dejar hacer, dejar pasar, no meterse con lo que el otro decida, sino que existe un reconocimiento público –fundamentado en los derechos humanos– a la legitimidad de las relaciones e identidades no heterosexuales.

La exposición de motivos también es interesante por lo que deja fuera. Los textos presidenciales no mencionan explícitamente ni una sola vez a la comunidad y al movimiento LGBT, con todas sus letras. Se refiere a ella, indirectamente y de pasada, como “personas y colectivos históricamente discriminados”. No se recurre al término “diversidad sexual”, que es la construcción discursiva que el movimiento LGBT mexicano suele utilizar para impulsar los derechos sexuales. Tampoco se habla acerca de los crímenes de odio por homofobia, que según la organización Letra S ascendieron a 1310 homicidios entre 1995 y 2015. Tampoco se presenta la propuesta como una reivindicación de las demandas históricas de un movimiento político de la sociedad civil, si bien en la iniciativa del código civil se declara rápidamente que algunas de las propuestas provienen de la recomendación surgida de los “Diálogos por la Justica Cotidiana [iniciativa gubernamental con participación de algunas universidades públicas y organizaciones de la sociedad civil] llevados a cabo entre noviembre de 2015 y marzo de 2016”, los cuales que yo sepa no recibieron mucha atención en los medios de comunicación. En síntesis, la iniciativa no proviene del PRI como partido gobernante ni tanto de la sociedad civil, sino directamente del gobierno de la república, particularmente (todo parece indicar) de la Oficina de la Presidencia. Si hubiera que identificar algún actor externo promotor de la política pública, cuya influencia fuera clave para adoptarla, éste sería la SCJN. Por lo demás, la medida tiene un aire centralizador, de dar preminencia a la Federación antes que a los poderes locales. También se inscribe en la conocida vocación gubernamental de reformar las leyes antes que garantizar su aplicación efectiva, de proponer antes que de implementar. Ya se ha señalado que las iniciativas presidenciales, aun de ser aprobadas, no serán suficientes para garantizar el matrimonio igualitario en todo el país, que se seguirán necesitando los juicios de amparo (que indudablemente se seguirán ganando, como ya sucede desde hace varios años), que persistirían varios obstáculos, que la clave estará en lo que hagan y dejen de hacer las legislaturas locales.6 Las leyes son necesarias, pero no suficientes para garantizar un derecho; también hacen falta los acuerdos políticos, y el impulso presidencial podría avanzar decisivamente en esta dirección. Con todo, la trayectoria legal del matrimonio igualitario (que se remonta al menos a las reformas realizadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2009) revela mucho acerca de la división efectiva de poderes y facultades, y las tensiones aparejadas, entre el ejecutivo, legislativo y judicial, así como dentro del sistema federal mexicano.

La del Presidente probablemente se trata de una movida oportunista, estratégica. No obstante, bajo esta lógica, lo verdaderamente notable es que adoptar esta bandera ahora sea una decisión oportuna y no riesgosa para el presidente. Tengamos claro que defender públicamente la diversidad sexual nunca ha sido muy popular, sino precisamente lo contrario. La inclusión de estos temas en la esfera pública es bastante complicada, porque pasa por difíciles cálculos y negociaciones de audiencias, de mensajes, de estigmas.7 Imagino que la oficina de la presidencia realizó estudios de opinión pública, previó escenarios de respuesta, juzgó la pertinencia política de las iniciativas; tras su análisis, y aquí está lo interesante, habrá decidido: vamos con este tema, nos conviene. No es obvio por qué se escogió promover este asunto en particular. Presidencia pudo haber optado por impulsar otras demandas ciudadanas relevantes y menos polémicas: derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de los pueblos indígenas, de los adultos mayores…

Las iniciativas presidenciales atienden un aspecto importante de los derechos humanos, cuestión en la que la administración de Peña Nieto tiene su registro más turbio. La estrategia presidencial seguramente busca reivindicarse tanto al interior del país como ante los ojos de la comunidad internacional. Se prefirió atender los derechos humanos sexuales en lugar de los relacionados con la procuración e impartición de justicia, con la actuación de las fuerzas públicas del orden y la estrategia de (in)seguridad, que son los más apremiantes. No creo que una dimensión de los derechos humanos tenga que atenderse a expensas de otras; la agenda y la discusión públicas no son monotemáticas, sino que tenemos la capacidad de actuar simultáneamente en varios frentes. Tampoco creo que celebrar estas iniciativas presidenciales implique olvidar o minimizar todos los demás horrores de la administración: Ayotzinapa/Iguala, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, negar la entrada al relator de tortura de la ONU, expulsar al GIEI del país… Han sido años en los que las fuerzas públicas han cometido homicidios masivos, torturas, desapariciones forzadas, violencia y acoso contra periodistas. Estos temas viven y las luchas siguen. Peña Nieto se tomó algunos derechos humanos en serio y actuó en consecuencia; ahora falta exigirle que extienda y generalice este comportamiento público, político y jurídico y lo vuelva el principio rector de su gobierno. Para conseguir que la agenda de la diversidad sexual triunfe en los hechos y se profundice (faltan muchísimos temas) –y para que todo esto se vuelva histórico y no sólo inédito– la actuación de la sociedad civil será indispensable. Vamos.

Santiago Álvarez Campero estudió Política y Administración Pública en El Colegio de México.


1 Según la nota de Arturo Rodríguez García (“Matrimonio gay: iniciativa oportunista e insuficiente”, Proceso, 21 de mayo de 2016), en septiembre de 2010, cuando era gobernador del Estado de México y el tema estaba en el centro del debate público, Joaquín López-Dóriga le preguntó en su noticiero: “Dígame, gobernador Peña Nieto, ¿tiene usted alguna postura sobre la legalización de los matrimonios entre personas de un mismo sexo y su derecho a adoptar?” A lo que Peña respondió: “Mira, Joaquín, estoy a favor de respetar la preferencia sexual de cada quien. En lo personal, no comparto esta idea de que quienes se unen tengan derecho a adoptar. Porque aquí, yo creo, hay que valorar no sólo el derecho de quienes adoptan, sino también de quien es adoptado”.

2 Eso es benéfico a no ser que implique una colusión entre poderes que difumine la autonomía de uno frente a otro, como sucedía con la homogeneidad política del presidencialismo priista, pero esto no es el caso en esta ocasión.

3 Sobre la identidad de género, se apunta la necesidad de que todos los documentos de identidad emitidos por el Estado (actas de nacimiento, pasaportes, credencial electoral, etcétera) “reflejen la identidad de género que la persona defina por y para sí”. Ahora bien, se deja claro que la emisión de una nueva acta de nacimiento por cambio de identidad de género no depende, no requiere, que la persona se someta a ningún procedimiento médico de reasignación de sexo. Si alguien quiere cambiar la identidad de género contenida en sus documentos oficiales, bastará con que así lo desee y que realice el trámite correspondiente.

4 “Así, dicha manifestación constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues decidir no continuar casado y cambiar de estado civil constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida, es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida”.

5 Al respecto, véase Omar Feliciano, “Divorcio igualitario”, Blog de la redacción – Nexos, 26 de junio de 2013.

6 Estefanía Vela, “Las reformas de EPN: más allá de lo LGBT”, El Universal, 20 de mayo de 2016; Julio Martínez Rivas, “La iniciativa del presidente Peña sobre matrimonio igualitario”, El Juego de la Suprema Corte – Nexos, 19 de mayo de 2016.

7 Véase Rafael de la Dehesa, Queering the Public Sphere in Mexico and Brazil. Sexual Rights Movements in Emerging Democracies, Durham, Duke University Press, 2010.

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