El autor de esta entrada publicó un texto el 30 de agosto en este blog, llamado «¿Qué quiere la Sección 22 del SNTE-CNTE?». Posteriormente, Benjamin T. Smith escribió una respuesta al artículo. Aquí la contrarréplica.
Benjamin T. Smith hace una lectura apresurada e imprecisa de mi contribución anterior. Más que esgrimir argumentos en defensa de la S-22 intenté aportar elementos para entender la lógica de un actor peculiar en el contexto del sindicalismo mexicano, y esta peculiaridad incluye su radicalismo y su alta capacidad de movilización; rasgos estos que convendría no sólo subrayar, sino también entender, y propongo hacerlo a la luz de lo que podría definirse como un actor monopólico dentro del sistema educativo oaxaqueño.
Smith imputa a la S-22 rasgos que no le son exclusivos a ésta, sino al SNTE en conjunto, esto es, la herencia de plazas según una regla que creció entre el magisterio a la luz del patrimonialismo y que la reforma educativa reciente intenta desmontar. Así también, Smith endosa a la S-22 una estructura charril, lo que es bastante impreciso, pues si algo ha caracterizado a la sección ha sido la ausencia de una oligarquía sindical enquistada en la dirigencia. Charril no es el término más preciso para definir a la dirigencia de la S-22, cuya asamblea estatal funge como mecanismo de control sobre los dirigentes. Las críticas a las democracias de base serían objeto de otra reflexión.
Por otro lado, Smith refiere el sistema del puntaje para incentivar la participación del magisterio. En efecto, es una práctica bastante conocida en la S-22, pero la estructura de este mecanismo de participación es más compleja de lo que Smith supone: la decisión de sancionar a un maestro por no participar en las movilizaciones es a veces una decisión de las asambleas de base, no de los líderes. Es una forma en la que los mismos maestros sancionan a los free riders impidiéndoles el acceso a los frutos (salariales o administrativos) de las movilizaciones cuando no han participado en éstas. Estos controles de las propias bases hacen más compleja la fisonomía de la S-22 y habría que discutir la concepción de justicia que estos entrañan.
Por otro lado, Smith señala bien un problema que yo secundo: el alejamiento de la S-22 frente a la sociedad. Se trata de un rasgo que da lugar a una gran paradoja: a pesar de que la sección plantea con mucha frecuencia la defensa de los derechos del pueblo y de su educación, emprende acciones y estrategias de lucha que con el tiempo parecen ir en contra del ejercicio del derecho mismo de los niños. En el mismo sentido, es paradójico que un movimiento que ha reivindicado durante tres décadas la representación del interés de la población, no pueda aceptar que la organización de los padres de familia y la toma de escuelas por parte de estos exigiendo que cumplan su labor docente no es necesariamente el resultado de “manipulaciones” o “acarreos” por parte de los “enemigos del magisterio”, sino la expresión legítima de quienes preocupados por el derecho a la educación, se organizan para proveer el ejercicio de este derecho a sus hijos.
El discurso de la S-22 que reivindica los derechos del pueblo suele venir acompañado de una explicación según la cual los bajos resultados educativos de Oaxaca son consecuencia de los altos índices de marginación en la entidad. Se trata de una explicación que excluye al desempeño docente y la pérdida de tiempo lectivo (a causa de los paros) como factores asociados a los bajos puntajes. Sin embargo, actualmente existe evidencia en el sentido de una débil asociación entre rezago social de los hogares oaxaqueño y los bajos puntajes obtenidos en pruebas estandarizadas en Oaxaca es débil. En otras palabras, en la entidad los alumnos de hogares con bajo, medio o alto rezago obtienen igualmente malos resultados (Enlace 2008).
Hay factores que afectan el aprendizaje de los niños oaxaqueños que no pasan necesariamente por la marginación.
Por otro lado, quizá la mayor crítica que puede y debe hacerse a la S-22 sea su carácter de actor monopólico dentro del sistema educativo oaxaqueño. Como actor altamente coordinado, el magisterio ha ido penetrando en muchos ámbitos del sistema. Nombra funcionarios en Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), incide en el diseño y operación de las normas educativas locales, e incide negativamente en la gestión escolar de directores.[1] Se trata de una presencia sindical predominante a lo largo del sistema educativo. En ningún lado es tan evidente de la pérdida de rectoría educativa del Estado como en Oaxaca.
Para ilustrar la complejidad de las interacciones de la S-22 con los múltiples agentes y en los múltiples niveles del sistema educativo, se puede observar el siguiente diagrama.
Figura. Interacciones de la S-22 dentro del sistema educativo oaxaqueño
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas
El diagrama ayuda a entender el significado de la S-22 como un actor monopólico (representado por el círculo más grande) y con más intersecciones. La S-22 aparece aquí como un agente que interactúa con todos los actores del sistema educativo (representado cada uno por un círculo). Así, por ejemplo, la intersección o área “a” podría representar las negociaciones que entablan la dirigencia seccional, el titular del ejecutivo estatal y el titular del IEEPO cada año. En ese espacio se define la distribución y el monto de muchos bienes: la distribución de recursos, las reglas locales de ingreso y permanencia a la docencia, los bonos salariales, entre otras.
En el área “b” tienen lugar otro tipo de interacciones entre el IEEPO y la S-22. Se trata de situaciones más cotidianas, incluyendo las negociaciones con el titular de la dependencia, o los espacios que algunos sindicalizados ocupan en la burocracia del Instituto.
El área “c” viene dada por las interacciones entre los centros de formación docente (principalmente las escuelas Normales), el IEEPO y la S-22. En este punto el sindicato veta iniciativas de reforma de los centros de formación u obstaculiza la implementación de las mismas.
El área “d” es el lugar en el que convergen los padres de familia, los docentes, la comunidad escolar y la S-22. Se trata de un espacio a veces consensual y a veces conflictivo. Es el ámbito en que se están generando muestras de inconformidad por parte de los padres de familia y que terminan con la toma de escuelas a fin de impedir el ingreso de los docentes de la S-22, a quienes consideran conflictivos o “faltistas”.
Es mucho poder en unas solas manos. La lógica y la eficacia de la S-22 hacen necesario empezar a plantearse una pregunta: ¿Es posible un auto-límite o una auto-contención en un movimiento políticamente tan eficaz o los límites han de venir necesariamente impuestos desde fuera luego de un conflicto social y político como el que estamos viendo con el magisterio en estos días? El magisterio tiene que plantearse esta pregunta.
Luis Arturo Tapia es doctor en Ciencias Sociales por la FLACSO-México.
[1] Para atenuar las resistencias de la S-22 a la federalización de 1992, el gobernador en turno aceptó que el sindicato propusiera responsables en distintas áreas del Instituto. Esto incluyó a los jefes de departamento en preescolar, secundaria, educación física, entre otros, así como a los directores de educación primaria y de educación indígena.