No hemos logrado dejar claro que los derechos humanos no son para proteger a delincuentes, sino para asegurarnos de que el Estado no genere más víctimas.

Continuar la guerra contra las drogas y expandir la militarización pasa por alto los porosos límites que históricamente han existido entre ciertas partes del Estado mexicano y las organizaciones de narcotráfico. Esos límites porosos prevalecen hasta hoy en día tal como demuestran las recientes detenciones de personajes de alto perfil como Genaro García Luna y el general Salvador Cienfuegos.

El asesinato del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (1974-2020), configura por sí mismo el retrato de toda una época local y nacional. Incertidumbre, política y violencia constituyen el nudo de una larga cuerda hecha de pedazos de inseguridad, corrupción, impunidad e incapacidad estatal.

El explosivo coctel de ser, al mismo tiempo, el país más violento y desigual de los miembros de la OCDE, ha creado condiciones centrífugas para los significados sociales que nos permiten cooperar y vivir en relativa paz. Un escenario como este debe impulsarnos a ser críticos, en la medida de nuestras posibilidades, de lo que hacen las administraciones para resolverlo.