El proceso de militarización que vive nuestro país comenzó hace años como una respuesta pragmática ante la debilidad de las policías civiles, incapaces de garantizar efectivamente la seguridad de la ciudadanía. Durante años, las Fuerzas Armadas han acompañado a las corporaciones civiles con ese propósito. En la actual administración federal, han extendido su actuación hacia muchas otras funciones en áreas estratégicas del Estado.
Se dicen muchas cosas sobre la militarización: que obedece a la desconfianza del actual presidente en la burocracia civil; que es una tendencia inaugurada por el actual gobierno; que está respaldada por un discurso que exalta los valores castrenses o que desafía los pilares fundamentales del régimen democrático. En realidad, la militarización es un fenómeno más complejo —más estructural— de lo que aparenta.
El empoderamiento de las Fuerzas Armadas ha dejado de ser una tendencia reversible en el corto plazo. Sus primeras consecuencias ya no son riesgos potenciales, sino realidades observables. Las advertencias sobre el futuro dejaron de ser oportunas. Si queremos entender nuestro presente, es momento de analizar los hechos.
México asiste a la inauguración de una nueva etapa en la relación entre el poder civil y el poder militar, caracterizada por la inversión de tendencias históricas que se mantuvieron vigentes durante varias décadas. Sus alcances definitivos aún son inciertos, pero sus primeras señales son cada vez más evidentes.
Empoderamiento económico: el control del presupuesto
Las Fuerzas Armadas tienen cada vez más poder, en gran medida, porque tienen cada vez más dinero. En el primer cuarto de siglo, el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional no ha dejado de aumentar sistemáticamente. El incremento más grande se registró en esta administración —el presupuesto militar se triplicó entre 2018 y 2024—. Sin embargo, la tendencia se ha mantenido constante durante los últimos cuatro gobiernos.
Hoy la Sedena tiene el mayor presupuesto de su historia. En 2024, ejercerá al menos 259 433 millones de pesos. En 24 años, su presupuesto se multiplicó casi trece veces (en 2000 ejerció 20 453 millones). Y pasó de representar 1.7 a 2.8 % del gasto público total.
Las Fuerzas Armadas no sólo reciben cada vez más recursos, sino que gastan más de los que se les asigna. Y lo hacen con discrecionalidad. En los últimos cuatro años, la Sedena y la Secretaría de Marina han ejercido al menos 153 000 millones de pesos más del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.1 Los mandos castrenses han reasignado a voluntad entre 30 y 40 % del presupuesto, principalmente para el desempeño de funciones de carácter civil.
El Ejército Mexicano y la Armada de México administran empresas públicas; gestionan instalaciones estratégicas —como aduanas, puertos y aeropuertos—; desarrollan grandes proyectos de infraestructura, al tiempo que construyen bancos, escuelas y hospitales. Incluso participan en la instrumentación de programas sociales, como Sembrando Vida.
Mientras más funciones se les asignan, más presupuesto controlan. Y la imposibilidad de fiscalizar su actuación garantiza opacidad en el ejercicio de dicho presupuesto. En estas condiciones, la consolidación de las Fuerzas Armadas como un agente económico autónomo es simple cuestión de tiempo.
Empoderamiento político: la creciente incidencia
Las Fuerzas Armadas no sólo controlan cada vez más recursos, también han incrementado significativamente su incidencia política. En este caso, su empoderamiento no se explica sólo por una convicción personal del actual presidente, sino por la disposición de un creciente sector de la clase política para hacer concesiones a los militares.
En septiembre de 2022, el PRI se convirtió en el primer partido opositor en respaldar directamente la militarización. En parte por oportunismo, en parte porque sigue siendo quien interpreta mejor los cambios en las reglas del juego. La reforma constitucional que extendió el plazo para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de 2024 a 2028 no fue propuesta por el presidente, por el líder de la mayoría oficialista, ni por alguno de sus integrantes, sino por una diputada federal priista.
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados no sólo promovió la iniciativa, también defendió ante la ciudadanía su necesidad y su urgencia. Días después de presentarla, los diputados priistas asistieron a un evento organizado por las principales autoridades de la Sedena para expresar su respaldo a la propuesta. Fue la primera vez que los militares cabildearon abiertamente en favor de una reforma constitucional. La aprobación de la reforma visibilizó a un sector de la clase política dispuesto a respaldar la militarización, al menos en materia de seguridad pública. Y mostró el grado de incidencia de los militares en el Congreso Federal.
Sería ingenuo pensar que los militares que desempeñan tareas de seguridad habrían podido regresar a sus cuarteles en el primer semestre de 2024, como se había previsto cuando se creó la Guardia Nacional. Sin embargo, en el momento de su aprobación, la extensión no era necesaria, ni mucho menos urgente. Faltaban casi dos años para que se agotara el plazo constitucional.
El PRI fue el primero, pero no es el único. Por ignorancia, por incompetencia o por indiferencia, en los hechos, prácticamente todos los partidos han demostrado estar dispuestos a sumarse indirectamente al consenso militarista. El ejemplo que ilustra esta disposición es tan sutil que pasó desapercibido.
El pasado 22 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto que declara aprobada la interpretación de un artículo transitorio del Decreto de reforma constitucional que estableció la Guardia Nacional en 2019.2
El Decreto en cuestión interpreta los alcances de tres enunciados que se refieren al reconocimiento de los derechos laborales del personal militar asignado a la Guardia: su grado en el escalafón militar, sus prestaciones o el cómputo de su tiempo de servicios. Con ese propósito, invoca una facultad supuestamente conferida al Congreso General en el artículo 135 constitucional.
La interpretación fue propuesta por los integrantes de la comisión parlamentaria responsable de dar seguimiento a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Los mandos militares les transmitieron la supuesta preocupación de los elementos asignados a la Guardia Nacional ante la incertidumbre sobre sus derechos adquiridos. La propuesta fue aprobada por una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, gracias al respaldo de todos los partidos. Y se aprobó por la mayoría de los congresos locales en sólo tres meses.
Hasta aquí, podría parecer una muestra de la buena voluntad de los legisladores, comprometidos con garantizar la certidumbre jurídica para los soldados y marinos que arriesgan su vida para garantizar la seguridad de nuestras familias. Lamentablemente, es mucho más que eso.
El artículo 135 de nuestra Ley Fundamental reconoce la facultad de adicionar el texto constitucional y la de modificarlo, pero no la de interpretarlo. Ni el Congreso ni el órgano revisor de la Constitución tienen la facultad de interpretar las normas constitucionales.
La interpretación no sólo carece de sustento constitucional, sino que era completamente innecesaria. Todos los derechos laborales de los militares asignados a la Guardia Nacional están protegidos por el artículo que se interpretó. Y también por la Ley de la Guardia Nacional. Incluso están explícitamente reconocidos en el Acuerdo presidencial que los asignó a la corporación.
El verdadero propósito de la interpretación fue impedir que el Poder Judicial pudiera interpretar las disposiciones constitucionales en el contexto del traslado fallido de la Guardia hacia Sedena y su retorno simulado hacia la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El presidente no ha renunciado a la pretensión de militarizar definitivamente a la Guardia Nacional. Mientras se define su destino, ninguna resolución judicial será obstáculo para asignar y reasignar al personal entre una dependencia y otra.
Sin embargo, lo más grave es que la aprobación del Decreto de interpretación implicó que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Federal estuvieron dispuestas a pasar por encima de la Constitución y apropiarse de una facultad que no tienen sólo para complacer a los mandos militares. El precedente es más que peligroso.
Las nuevas formas de participación en democracia
La presencia de generales y almirantes retirados en el Congreso de la Unión no es excepcional. De hecho, la Legislatura que está por concluir es probablemente la primera sin parlamentarios de origen militar. En 2018, el PRI llevó a la Cámara de Diputados al almirante Juan Ortiz Guarneros y al general Benito Medina Herrera.
La inclusión de un general y un almirante como candidatos plurinominales de Morena a la Cámara de Diputados no es consecuencia del empoderamiento de las Fuerzas Armadas, sino una muestra de la pretensión hegemónica del partido oficial. Lo que sí resulta novedoso es la participación de los militares retirados en la política electoral.
En 2021, un grupo de militares se organizó para postularse a prácticamente todos los cargos públicos en disputa en Naucalpan, Estado de México. Generales, jefes y oficiales en retiro fueron registrados por el Partido Encuentro Social como candidatos a las diputaciones federales y locales, la presidencia municipal, las sindicaturas y regidurías. Se presentaban como “Fuerza Militar” y el lema de su campaña fue “serviremos a Naucalpan como servimos al país”.
El año pasado, el general en retiro Alfonso Duarte Múgica intentó ser candidato a gobernador de Morelos, de donde es originario. No lo consiguió, pero sí logró posicionarse como un actor potencialmente competitivo. Hoy el general es candidato a diputado federal de la coalición opositora en el distrito 5 de Baja California, con sede en Tijuana.
Su legitimidad se funda en haber encabezado el “Operativo Tijuana” entre 2008 y 2012, durante el punto más álgido de la crisis de seguridad en la región. Su campaña está completamente basada en esa experiencia. El general se jacta de haber limpiado Tijuana de los delincuentes y ofrece volverlo a hacer. En actos públicos, explica con lujo de detalle la logística de los operativos que permitían la detención de integrantes del crimen organizado.
En contraste con el caso de Naucalpan, la candidatura del general Duarte sí es verdaderamente competitiva. Tiene el respaldo de los tres partidos opositores. Y su triunfo podría inaugurar una nueva forma de participación política para los militares en retiro. En una sociedad tan lastimada por la violencia, los militares podrían convertirse en los candidatos que los partidos necesitan para reconstruir su cada vez más debilitada legitimidad ciudadana y volver a ser competitivos.
Imaginemos lo que sucedería si los generales, jefes y oficiales que han logrado pacificar municipios o regiones enteras —ya sea como comandantes militares o como titulares de las policías civiles locales— decidieran cambiar la hoja de servicio por la boleta electoral. El escenario no es tan lejano como parece.
La capitulación del poder civil
Después de la Revolución mexicana, el dominio absoluto de la política por parte de los caudillos militares fue cediendo terreno frente a la consolidación de las instituciones civiles del Estado mexicano. El proceso fue gradual: entre la promulgación de la Constitución y la elección del primer presidente civil pasaron casi tres décadas. El proceso paralelo de despolitización de los militares revolucionarios y desmilitarización de la política nacional se afianzó a lo largo de una generación.
La convicción civilista de los primeros gobiernos del régimen posrevolucionario acotó el poder político de los militares. Su participación se institucionalizó en el partido oficial. El Ejército mexicano se reorganizó y se profesionalizó. El poder civil y el poder militar suscribieron un pacto no escrito: los militares se sujetarían a la autoridad del gobierno civil a cambio de que el gobierno civil respetara la autonomía de las Fuerzas Armadas.
Por supuesto, la historia oficial tiene un componente mitológico. La relación entre civiles y militares siempre fue mucho más compleja. En realidad, la desmilitarización fue un proceso más prolongado y menos completo. Los militares no perdieron del todo su poder, sino que fueron relegados a la política local. Los gobiernos civiles encomendaron a las Fuerzas Armadas funciones policiacas durante décadas, ante la debilidad estructural de las instituciones civiles.
En la etapa hegemónica del régimen posrevolucionario, las Fuerzas Armadas fueron fundamentales para mantener el orden interno del país. Desempeñaron funciones de contrainsurgencia. Y se convirtieron en la principal institución para brindar protección a la población civil en casos de desastre: una de las principales fuentes de su reconocimiento y prestigio social.
También fueron fundamentales para la consolidación de las principales instituciones de seguridad y procuración de justicia del Estado mexicano. La Dirección Federal de Seguridad, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Policía Federal Preventiva o la Guardia Nacional no podrían entenderse sin la participación directa de las Fuerzas Armadas.
Desde el final del siglo XX, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública comenzó a ser mucho más directa. Y el despliegue de tropas para respaldar a las policías civiles se hizo cada vez más necesario. Las últimas tres administraciones federales han profundizado esta tendencia. Y han dado al Ejército y a la Marina el protagonismo en su estrategia de seguridad.
Su empoderamiento actual ha llegado a tal punto que no sólo desafía los límites de sus funciones constitucionales, también desafía los equilibrios históricos entre el poder civil y el poder militar. Es una tendencia que ha sentado las bases para la consolidación de un poder militar sin precedente. En menos de seis años, se alteraron dinámicas que habían estado vigentes durante más de seis décadas. Los militares habían mantenido una influencia relativa en la esfera política, especialmente en contextos de crisis y debilidad institucional. Hoy su incidencia es directa, permanente, generalizada y normalizada.
La consumación de esta inversión militarista significaría, ante todo, la claudicación del poder civil frente al militar. La derrota histórica del civilismo. Y la capitulación de una clase política que no está dispuesta a asumir la responsabilidad de su propio fracaso, pero sí a entregar el orden constitucional y sacrificar el poder del Estado.
Los militares no necesitan encabezar carteras en el gabinete, ya controlan sus funciones y sus recursos. No necesitan someter al titular de la Presidencia, ya son capaces de construir consensos en el Congreso. Y no necesitan ampliar sus cuotas de representación política, pueden competir directamente en las urnas.
No necesitamos más advertencias. Necesitamos entender mejor.
Francisco Morales Pineda
Asesor parlamentario
1 México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), El negocio de la militarización: Opacidad, poder y dinero, 2024.
2 DECRETO por el que se declara aprobada la interpretación al alcance del Artículo Tercero Transitorio de “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del año 2019.