En marzo de 2025, la empresa china CK Hutchison vendió su participación mayoritaria en Panama Ports Company, empresa que operaba 43 puertos en el mundo, incluyendo uno en cada extremo del Canal de Panamá. La operación otorgará a un consorcio liderado por BlackRock el control de puertos en 23 países, entre ellos México, Países Bajos, Egipto, Australia y Pakistán. Valorada en 23 mil millones de dólares, la transacción fue reconocida como un gran logro geopolítico de Estados Unidos y responde, en parte, a presiones de la administración Trump por reducir la influencia de China en América Latina.
Por décadas, se ha lamentado la negligencia de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Desde 1973, un artículo en la revista Foreign Affairsdescribió célebremente la perspectiva de Washington hacia la región como una simple "negligencia benigna". Esta percepción ha perdurado para administraciones tanto demócratas como republicanas; sin embargo, la creciente confrontación con China ha cambiado el nivel de prioridad de la región para la política exterior estadunidense. China se integró hace más de dos décadas en las economías y sistemas políticos de la región, convirtiéndola en un escenario importante en la rivalidad entre ambos países por sus zonas estratégicas y recursos naturales.
El avance
A partir de que China se unió a la Organización Mundial del Comercio en 2001, el comercio con América Latina ha crecido exponencialmente. Entre 2000 y 2020, se multiplicó 26 veces, pasando de 12 mil millones de dólares anuales a más de 300 mil millones, convirtiendo a China en el principal socio comercial de Sudamérica y el segundo de América Latina, después de Estados Unidos. La región exporta en primer lugar materias primas (soja, cobre, petróleo y litio) e importa productos manufacturados. Este crecimiento y esquema comercial ha generado preocupación desde hace años debido a la desindustrialización en el hemisferio y una dependencia excesiva en importaciones de baja calidad.
Por su parte, el interés de Pekín trasciende una lógica sólo comercial. Por medio de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI en inglés), China ha financiado puertos, ferrocarriles, carreteras e infraestructura digital en toda la región. A la fecha, veintidós países de América Latina y el Caribe se han adherido al BRI, y China ha firmado alianzas estratégicas con economías clave como Brasil, Argentina, Perú y México. En los últimos años, el tipo de inversiones cambió de un esquema basado en la compra de materias primas hacia un interés por proyectos de energía, minerales críticos, telecomunicaciones y tecnologías. Entre los proyectos más emblemáticos se encuentra el puerto de Chancay en Perú inaugurado por Xi Jinping en 2024, la planta solar más grande de América Latina en la provincia argentina de Jujuy, o los parques eólicos en la región de Coquimbo, Chile.
En el ámbito de la educación y la cultura, China también ha consolidado su presencia. El reciente Plan 2025 de Acción de la CELAC, (un foro que permite a China relacionarse con la región sin la participación de Canadá y Estados Unidos), pone énfasis en la enseñanza del idioma chino, intercambios culturales, la promoción del turismo, y promueve narrativas favorables a China en las escuelas, medios de comunicación y museos latinoamericanos.
A diferencia de cómo China ha cultivado su influencia, Washington a menudo se ha mostrado ausente, o reactivo, en el mejor de los casos. El gobierno de Joe Biden buscó replantear las relaciones con la región por medio de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP), un esquema con énfasis en el desarrollo sustentable y las cadenas de suministro. Sin embargo, la Alianza carecía de la escala y profundidad necesarias para competir con un modelo chino que ya llevaba décadas implantado en los regímenes latinoamericanos.
La percepción de negligencia estadunidense no es nueva; a menudo se hace referencia a América Latina con términos peyorativos como el "patio trasero" de Estados Unidos. Cuando este sí se involucra, su asistencia suele acompañarse de mensajes morales y paternalistas. En contraste, China ha ofrecido infraestructura e inversión con menos condiciones, postura que se refleja en frases como, "China escribe cheques, mientras Estados Unidos da sermones", o "mientras Estados Unidos nos envía diplomáticos, China envía excavadoras". Hay, desde luego, corresponsabilidad en la política latinoamericana que, frente a la falta de alternativas de financiamiento, y ante la presión de ciclos electorales, ha encontrado útil y atractivo el modelo de inversión apresurado y más ostentoso de Pekín.
Que el esquema chino se describa como “ideológicamente agnóstico”, no es del todo cierto. Hay una condición no negociable para el acceso a su mercado: el no reconocimiento diplomático de Taiwán. Es un chantaje que ha rendido frutos. Cinco estados, incluyendo Panamá y Honduras, ya han retirado el reconocimiento diplomático a Taiwán desde 2017. Y la tendencia ha vuelto a la región relevante: siete de los doce países en el mundo que aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán están en América Latina, entre los que se incluye a Paraguay, Haití y Guatemala.
El fácil acceso a préstamos y financiamiento chino ha tenido éxito porque por lo común va acompañado por el desinterés estadunidense. Por ejemplo, dos países proclives al libre mercado, Uruguay y Ecuador, acudieron a China después de no concretar ningún acuerdo de libre comercio con Estados Unidos al inicio de la administración Biden. Otro ejemplo reciente es Guyana, que, al buscar financiamiento para ampliar puertos destinados a descargar el petróleo producido por ExxonMobil, no cumplió los requisitos para apoyo estadunidense porque sus reservas petroleras ya no lo colocaban en una categoría de necesidad de apoyos.
El incremento de los proyectos de infraestructura ha ido acompañado por un desgaste en la reputación de China, que se ha deteriorado por la mala calidad de algunas obras entre las que resalta el mayor proyecto hidroeléctrico en Ecuador inaugurado en 2016 por Xi Jinping; así como el total desinterés por las consecuencias ambientales y los derechos de comunidades indígenas documentados, por ejemplo, en las minas de cobre de Perú.
Las etapas
A diferencia de la forma reactiva y displicente de Washington, el interés de China con la región ha seguido una estrategia deliberada de evolución desde una etapa de comercio de materias primas, hacia un proyecto geopolítico cada vez más sofisticado que combina inversión, diplomacia y control de infraestructura. Algunos análisis han dividido la estrategia china en tres fases.
Una primera etapa abarca desde finales de la década de 1990 hasta 2010 y consistió en un énfasis por el comercio de materias primas. El petróleo, la soja, el cobre y el hierro de la región impulsaron el crecimiento acelerado de la economía china y permitieron atender su enorme demanda por alimentos. Tras la crisis financiera de 2008, China vio una oportunidad para intensificar su acercamiento diplomático y financiero, publicando su primer documento de política sobre América Latina y prestando un récord de 35 mil millones de dólares a la región tan sólo en 2010, aunque más de la mitad fueron para el gobierno venezolano de Hugo Chávez.
En la segunda fase, entre 2013 y 2017, bajo el liderazgo de Xi Jinping, China pasó de ser un socio comercial pasivo a un inversor que utilizó instituciones más organizadas. La etapa se caracteriza por el uso de bancos estatales como el Banco de Desarrollo de China que comenzó a financiar puertos, presas, carreteras y ferrocarriles. Pekín también publicó un segundo documento de política regional en 2016, ampliando la cooperación para incluir la participación militar y mediática. Por último, de 2017 a la actualidad, disminuyó el volumen de préstamos chinos, y la estrategia cambió para concentrarse en la inversión en tecnología, la transición energética y el control de infraestructuras. El nuevo énfasis comenzó con empresas como Huawei en el sector de telecomunicaciones, o la construcción de plantas de la empresa BYD de vehículos eléctricos en Brasil. Adquisiciones portuarias como las de Chancay en Perú y Paranaguá en Brasil también caracterizan el nuevo interés de Pekín en zonas estratégicas.
Es esta tercera etapa la que ha despertado mayores preocupaciones de seguridad debido a los llamados proyectos de doble uso (estaciones satelitales, redes cibernéticas y tecnología de vigilancia) que, aunque diseñadas como infraestructura civil pueden, eventualmente y con cambios menores, tener usos militares. Por ejemplo, la mayor instalación espacial de China se encuentra en el desierto patagónico argentino, junto con otras en Bolivia, Brasil y Venezuela, y sistemas de vigilancia chinos están presentes actualmente en al menos 12 países. La creciente presencia portuaria de China resulta alarmante para Washington; las empresas estatales chinas operan más de una docena de puertos en Latinoamérica y Pekín ha ampliado la cooperación militar, policial y antiterrorista en la región, aprovechando los altos índices de violencia y la creciente demanda de seguridad en América Latina.
Las reacciones
La segunda administración Trump comenzó mostrando interés por zonas del hemisferio, como Panamá y Groenlandia. En los primeros 100 días, el secretario de Estado Marco Rubio realizó una gira por Centroamérica y el Caribe, el secretario de Defensa Pete Hegseth visitó Panamá y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también recorrió la región. El asesor especial de Trump para América Latina, Mauricio Claver Carone, también ha insistido en calificar a Huawei y a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos en México como amenazas estratégicas y propuso imponer aranceles de hasta 60 % a mercancías que transitan por infraestructura construida en China, como el puerto de Chancay en Perú, como elemento disuasor para otros países.
Por este tipo de acciones, en un principio, se insinuó que la nueva administración significaba un cambio en el persistente desdén de Estados Unidos por América Latina. Pronto quedó claro que no se trataba de una postura propositiva o de colaboración, si no de líneas rojas y amenazas: no permitir aumento en flujos migratorios, drogas, o la presión de recibir migrantes deportados.
Los aliados ideológicos de Trump en la región, como el argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele, han celebrado este falso acercamiento, pero las tácticas de confrontación de Trump –aranceles, exigencias de deportación y presión para romper lazos con Pekín– quizá sean contraproducentes, distanciando a socios y acercándolos aún más en la órbita de China. Incluso aliados como Milei están cubriendo sus apuestas, organizando visitas de Estado a Pekín.
Ante las amenazas de Estados Unidos y el cambio en la opinión pública sobre la inversión china, la región queda con menos opciones, pero, de forma paralela, los gobiernos están aprovechando la competencia entre los dos países para obtener concesiones y diversificar sus alianzas. Es un equilibrio cada vez más difícil de mantener a medida que China refuerza su control sobre infraestructura crítica, tecnología y discursos públicos, y que Estados Unidos intensifica sus exigencias de lealtad.
A pesar de que los préstamos de Pekín se han desplomado, del récord en 2010 de 35 mil millones de dólares anuales a 8 mil millones de dólares en 2023, las empresas chinas continúan modificando su estrategia para atender ambiciones que trascienden el comercio. Su presencia está cada vez más entretejida en la infraestructura energética, agrícola, de telecomunicaciones, educativa y cultural de América Latina. Por ejemplo, con la creciente participación en el Triángulo del Litio, que alberga la mitad de las reservas mundiales conocidas, hasta la planta solar más grande América Latina en Argentina, o la inversión de más de 73 mil millones de dólares entre 2000 y 2018 en carbón, petróleo, cobre y uranio. En telecomunicaciones, por ejemplo, Huawei controla cerca del 45 % de la red 5G en Brasil, pese a la presión de EE. UU. para limitar su participación.
Las elecciones de los próximos años cambiarán el alineamiento de la región y determinarán si la presencia de China se consolida o retrae. Habrá elecciones presidenciales o parlamentarias en Chile, Bolivia, Jamaica y Honduras en 2025; en Brasil, Perú, Colombia y Costa Rica en 2026; en Argentina y Guatemala en 2027; y en Paraguay en 2028.
Por lo pronto, queda claro que el segundo mandato de Trump no trajo atención o deferencia, sino que aprovechó las fragilidades necesarias para extraer y extorsionar. América Latina sigue siendo una región enredada entre el desinterés agresivo estadounidense y la asistencia predatoria china. La era de la negligencia benigna ha terminado, por las peores razones.
Emiliano Polo
Abogado especializado en derecho internacional y diplomacia. Maestro en asuntos exteriores y seguridad internacional y asociado en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).