Hay un problema con el actual movimiento de protesta contra una potencial reforma electoral regresiva. Se trata de sus actores y de su programa. Sus líderes son, en buena medida, quienes en el pasado fueron funcionarios de los organismos electorales autónomos o compañeros de viaje de los mismos, y también políticos profesionales activos en el periodo llamado de la “transición a la democracia”. Estos tienen el mérito de haber creado las instituciones que posibilitaron la democracia electoral, pero son también los responsables de sus fallas y de haber tolerado su colonización política temprana.
Hasta ahora estos personajes no han hecho una autocrítica de las omisiones que condujeron a la subordinación política de las instituciones “autónomas”. Su programa, si se le puede llamar así, es una petición de regreso a un pasado un tanto mitificado, la restauración de las características originarias de las instituciones hoy en riesgo o nulificadas por el régimen. Es un proyecto nostálgico que no reconoce las limitaciones de la democracia electoral precaria construida en los pasados 30 años.
Los problemas empezaron desde el principio de la transición. El IFE autónomo bajo cuyo manto institucional se produjo la elección presidencial fundacional del 2000, se enfrentó ya al problema del financiamiento ilegal de las campañas. Los Amigos de Fox y el Pemexgate, ambos esquemas de financiamiento ilegal masivo de las campañas del PAN y el PRI respectivamente, marcaron las elecciones de la alternancia. Y si bien estos partidos fueron sancionados de forma económica, no hubo penalización a los líderes de los mismos ni a los individuos e instituciones que financiaron esas campañas, a pesar de los denodados esfuerzos de la Comisión de Fiscalización del IFE, nunca acompañada por la Procuraduría de Justicia. La impunidad tolerada por razones políticas tuvo este arranque temprano.
Cuando los partidos principales se dieron cuenta de que un IFE autónomo podría serles riesgoso, se propusieron controlar al órgano electoral federal, así como ya lo venían haciendo desde su creación con los consejos electorales de los estados. En la renovación de los consejeros electorales en 2003, el PRI y el PAN dejaron fuera de la repartición de las consejerías al PRD, considerado el enemigo común de lo que ya era es ese momento una “alianza competitiva” entre dos partidos que compartían el proyecto neoliberal, pero se disputaban los cargos en elecciones muy reñidas.
Esta exclusión habría de tener graves consecuencias en las elecciones de 2006, cuyo resultado fue desconocido por Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD, quien las perdió por medio punto. Ésta fue la segunda crisis de credibilidad del IFE, de la cual nunca se recuperó del todo. En los estados, los Consejos y Tribunales Electorales fueron en su gran mayoría colonizados por los partidos, y los que no, carecieron de la fuerza política e institucional para detener el vendaval de financiamientos ilegales que caracterizaron casi cada elección. Hubo en la primera época de la transición numerosos ciudadanos que se tomaron muy en serio su papel de consejeros electorales, fuera a nivel estatal o local.
Pero no tuvieron acompañamiento institucional, pues las procuradurías de justicia estaban (y están) controladas por los propios partidos o gobiernos beneficiados por el financiamiento ilegal. Casos gravísimos fueron los de Tamaulipas, Coahuila y Veracruz desde el origen de la transición, donde el crimen organizado financió en gran escala las campañas de gobernadores que, en reciprocidad, abrirían las puertas a la expansión territorial de las organizaciones criminales. El caso de Fidel Herrera, el priista que dejó a los Zetas invadir Veracruz, viene a cuento como ejemplo paradigmático. Pero en todas las elecciones locales en buena parte del país se presentó el mismo problema, en mayor o menor grado.
Se suponía que el gigantesco financiamiento público a los partidos debería evitar la entrada de intereses privados en los procesos electorales. Eso no sucedió porque ni el IFE, ni los Consejos o Institutos Electorales locales, ni los Tribunales Electorales locales y federales, ni las procuradurías de justicia, fueron capaces de sancionar el financiamiento ilegal a las campañas. La impunidad generalizada creó incentivos para que cada vez más actores criminales intervinieran en los procesos electorales, y la enorme cantidad de recursos en ellos invertidos creó una enorme industria de intermediarios clientelares, medios de comunicación tradicionales y digitales al servicio del mejor postor, empresas publicitarias, “asesores”, despachos especializados y empresas encuestadoras, todos interesados en mantener ese status quo.
Al mismo tiempo, el empleo creció en los institutos y tribunales electorales, provocando una burocracia dorada, muy bien pagada y no siempre calificada, que se permitió financiar a discreción estudios, eventos, conferencias, publicaciones, innumerables viajes nacionales e internacionales, comidas, cenas y retiros que no siempre redundaron en un beneficio a la democracia. Hubo muchos momentos y decisiones felices: avances reales en inclusión, como la paridad de género, las cuotas para pueblos indígenas y afrodescendientes; la vigilancia de cobertura de partidos y candidatos en medios, el control sobre las cadenas televisivas y radiofónicas que hasta 2008 ganaron miles de millones cobrando por la propaganda electoral, publicaciones de libros y folletos importantes, congresos que marcaron huella.
El IFE se volvió referencial en la vida de los mexicanos al ser el emisor de la credencial de elector, hasta la fecha la única identificación oficial de los ciudadanos. El IFE creó también unos de los pocos verdaderos servicios civiles de carrera que hay en el país. Y sin duda los institutos y consejos electorales garantizaron que los votos se contaran de manera correcta, con la ayuda de millones de mexicanos que han participado y participan como funcionarios de casilla. Sin embargo, estos avances costaron muy caros por la desconfianza mutua entre partidos y de la ciudadanía en general con el sistema político. Lo más negativo es que, mientras las instituciones electorales se fueron rutinizando, se generó una cultura de la simulación, una vocación por el uso patrimonial de los recursos, una pelea por el acceso a los cargos institucionales que conforme avanzó el tiempo cada vez más premió lealtades y no capacidades.
Los partidos registrados se encargaron, a lo largo de los años, de crear una legislación electoral cada vez más compleja y enrevesada, abriendo muchas puertas para el litigio de todo tipo de conflictos, creando incentivos perversos que ampliaron la esfera de la simulación, la negociación tras bambalinas, el crecimiento desproporcionado de despachos de abogados y una distracción de recursos inmoral, pues nada de eso redujo el tamaño de la impunidad generalizada en cuanto al problema principal de nuestra democracia: el financiamiento ilegal de las campañas.
El sistema de partidos resultante de las innumerables reformas electorales fue una especie de oligopolio cerrado y exclusivo. Seis o siete partidos se repartieron la gigantesca bolsa de subsidios y las oportunidades de negocio que traen consigo los procesos electorales. El diseño fue tal que permitió a los partidos más oportunistas y menos representativos del espectro político, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, ser parte central de la gobernabilidad del país con casi todos los gobiernos desde el 2000, sin importar mucho el partido en el poder. Los partidos en general devinieron maquinarias electorales sin ideología ni proyecto, meros registros usables por quienes podían pagar por la franquicia o por quienes designaban los gobernantes en turno.
El sistema de partidos que permitió la implantación del populismo en el gobierno federal y su ulterior institucionalización sigue vivo y operando, y ha sido su ductilidad —es decir, su oportunismo— lo que permitió la rápida consolidación territorial de Morena y su hegemonía actual (pagando un altísimo precio). La clase política que nos gobierna se ha formado en ese ecosistema corrupto, que por convenir a todos sus actores, ha permitido la intromisión creciente y destructiva en los procesos electorales de todos los poderes fácticos, sobre todo del crimen organizado.
Esos son los problemas fundamentales que hay que resolver: los que surgieron desde el principio de la transición, no con la llegada al poder de López Obrador, si bien éste los agudizó a niveles nunca vistos, al destruir el cimiento simbólico y político de las instituciones electorales, que era su autonomía política relativa. En todo caso, lo que hay que preguntarse es qué clase de reforma electoral puede empezar a atacar los problemas de la crisis de representación, la colonización criminal de la política y la impunidad absoluta de los delitos electorales. Para la crisis de representación, hace falta un movimiento civil en pro de la democracia (que por ahora es muy débil), así como la formación de nuevos partidos. Los que tal vez obtengan el registro provisional este año no son en realidad nada nuevo: dos partidos de ultraderecha y uno de perfil socialdemócrata formado por políticos profesionales (no podría ser de otra manera bajo las actuales reglas). Para evitar la intromisión del crimen se necesita un pacto interno de la clase política, la cual ha permitido esta crisis.
No está claro que los vividores profesionales quieran renunciar a las ventajas que el actual orden les ofrece. Y para acabar con la impunidad se requiere un verdadero sistema de justicia, una necesidad nacional central, la columna vertebral de la urgente e imprescindible creación de un Estado de derecho, cuya ausencia tiene postrada a la nación. Ésta es una tarea de mediano y largo plazos que debe empezar ya, y que también exige un pacto nacional. Pero la polarización y la pequeñez de la clase política hacen improbable este proyecto, a menos que haya una presión social monumental que lo exija. En esas estamos, incluyendo a quienes de una u otra manera participamos en las luchas por la democracia electoral y colaboramos con las instituciones electorales desde fines del siglo pasado. Pero se necesita mucho más que una movilización de una élite que quiere recuperar el pasado.
Se requiere volver a hablar de la reforma del Estado, como al principio del gobierno de Fox, cuando se pensaba en grande acerca de la urgente reforma del federalismo centralista y fallido creado por el régimen autoritario del PRI y que sigue vivo casi intocado; cómo reformar el sistema de justicia diseñado para no funcionar, y que sigue ahí, como el eslabón más débil de una democracia defectuosa; de cómo atender la crisis de representación, dado que los partidos existentes sólo se representan a sí mismos; cómo democratizar la sociedad civil, ante todo sus sectores populares, víctimas hoy como ayer de un corporativismo asfixiante. Estos son algunos de los grandes temas que deben debatirse y que una reforma electoral simplemente ignora.
Alberto J. Olvera
Investigador Emérito del SNII y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Tiene un canal de YouTube titulado Reflexionando con Alberto Olvera