Los argumentos de los diputados del PRI en contra de la reforma política

La reunión empezó tensa. Cada grupo parlamentario se presentó con todos sus integrantes, las votaciones serían cerradas y no podían arriesgar perder o empatar por un voto. La mayoría la tiene el PRI-PVEM-PANAL con 31 votos, la minoría la combinación de PAN, PT y PRD con 29 votos. Desde el principio un grupo de personas interesadas en el tema presionó para que la reunión no fuera a puerta cerrada. El dictamen presentado, una modificación de la famosa minuta del senado, fue aprobado en lo general y se hicieron las reservas.

La primera discusión fue una no discusión. El diputado Jaime Cárdenas, del PT, planteó introducir la posibilidad de que los ciudadanos revoquen el mandato de los gobernantes, a través de la consulta popular que ya había sido aprobada. El punto era particularmente importante porque era la primera parte del acuerdo al que llegaron PRD-PT-PAN para votar juntos: revocación de mandato y reelección legislativa. El tema sin duda controvertido, tiene un sinfín de argumentos a favor y en contra. Sin embargo, el bloque PRI-PVEM-PANAL, no dejó que se discutiera. No es que haya votado en contra de la revocación de mandato. Sino que votó que los diputados que estuvieran a favor o en contra no pudieran dar sus argumentos.

La segunda discusión fue sobre la candidaturas independientes. El PRI en lo general apoya las candidaturas independientes pero tiene dos objeciones. La primera es que cada estado de la república debe decidir si o no legisla localmente para que hayan candidaturas independientes; y la segunda es a que queden de cualquier manera reglamentadas en la constitución. Sobre este segundo punto, no está claro cuál es el origen de su oposición. Sin embargo hay dos razones posibles. Una es que quieren poner requisitos relativamente altos en la legislación secundaria, lo cual pueden hacer con mayoría simple en un acuerdo con el PVEM; otra razón es que no quieren correr el riesgo de que las candidaturas independientes gocen de las mismas prerrogativas que los partidos políticos las cuales están contempladas en la constitución y en la legislación secundaria.

La tercera discusión fue sobre si las consultas populares deben de restringirse para no poderse llevar a cabo durante el proceso electoral. El argumento en favor es sencillo. Es más probable que más personas participen en una consulta popular si es parte de la disputa electoral que si es en cualquier otro momento. Así abriendo la posibilidad de que se cumpla el umbral de participación para que sean vinculantes. Esto también implica que no se necesitaría regular tanto ni gastar tanto en organizar un proceso de votación en momentos distintos al electoral. El PRI votó en contra. Su argumento central fue que: “el proceso electoral podría contaminarse con temas ideológicos”, por lo cual prohibieron que la consulta se pudiera hacer en el momento que participan más votantes.

La cuarta discusión fue sobre el umbral de participación en una consulta popular que lo haría vinculante. Es decir que obligaría a los poderes de la unión a cumplir su mandato. La propuesta original del PRI era 40% del listado nominal. Considerando que es un umbral casi imposible de cumplir fuera de periodo electoral, propuso a través de Beatriz Paredes, que se redujera a 2/3 partes de la votación anterior. Tanto el PAN como el PRD consideraron que esa propuesta no tenía mucho sentido, pues en términos numéricos implicaba casi el 40% de participación de la lista nominal. Al final, los diputados Encinas, Paredes y Corral, acordaron proponer y aprobar un umbral de 25%.

La quinta discusión fue sobre la reelección legislativa. En este tema la oposición del PRI no queda muy clara. Aunque han ido haciendo a un lado sus propios argumentos históricos de "sufragio efectivo, no reelección" por se imprecisos pues la no-reelección legislativa es de 1933 y nunca fue contemplada entre 1910 y esa fecha, han sostenido dos argumentos: 1) que si hay reelección podría haber una elitización de la "clase política"; y 2) que es un tema que divide tanto a la sociedad que por tanto debe ser consultado. El primer argumento lo sustentan con datos de la tasa de reelección en Estados Unidos que dicen llega a 90%, y el segundo argumento lo sustentan con encuestas que dicen que las mayoría de la población está en contra de la reelección. El primer argumento es particularmente paradójico viniendo de varios diputados que han sido electos en más de una ocasión,  goberandores, senadores, diputados locales, y diputados federales por décadas. De la misma manera que no contempla el tiempo promedio que se mantiene un legislador estadounidense en el cargo (12 años), y que en México antes de que se prohibiera la reelección legislativa, la tasa de reelección era relativamente baja, al igual que hoy lo es en varios países de América Latina.

La sexta discusión fue un poco sorprendente. La minuta del Senado propone remover la prohibición que existe en la constitución de que cada estado legisle si hay o no reelección de ayuntamientos. Los argumentos del PRI en contra de esta propuesta, también en voz de Beatriz Paredes, fueron que había que darle más autonomía a los estados y a los municipios frente al poder federal, y que por tanto la reelección de ayuntamientos no podría ser una decisión federal. Es decir, los argumentos ofrecidos en contra por el PRI, en realidad eran argumentos a favor de la reforma, pues estaban planteados en los mismos términos que la oposición del PRI a que se legislaran a nivel federal la candidaturas independientes a nivel local. El diputado del PAN, Javier Corral, hizo notar esta contradicción  en los argumentos del PRI, y por un momento pareció que votarían en favor de la reforma. Sin embargo, el PRI cambió de argumentos y dijo que les parecía peligroso que cada estado tuviera esa atribución considerando la situación de inseguridad y crecimiento del crimen organizado.

La séptima discusión fue sobre la creación de un artículo transitorio en el que se estableciera que en el año siguiente a la aprobación de la reforma, la Cámara de Diputados convocara a una consulta popular para someter a votación la reelección legislativa. Es decir, este transitorio sería una forma de violar la propia reforma constitucional aprobada que no permite que se sometan a consulta temas electorales entre otros. El PRI argumentó que de esta manera, y en esta única ocasión, "el pueblo" podría decidir pues los legisladores no son "científicos" y por tanto no pueden tomar en consideración lo que digan los estudios académicos. El diputado del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, intentó que fuera aprobada otra versión de este transitorio en el que el compromiso fuera que la consulta se llevara a cabo el día de la elección federal del 2012. No hubo argumento en contra, aunque fue rechazada la propuesta.

Aquí una tabla con algunos de los votos de las distintas fracciones: