México y Cuba: los límites de la política exterior

Durante la Guerra Fría, la decisión de México de mantener relaciones diplomáticas con Cuba era una excepción a la norma en América Latina. En el resto del continente, la influencia económica y política de Estados Unidos empujó a las élites locales a romper todo vínculo con La Habana. En un contexto en el que la autonomía de los gobiernos podía reducirse con facilidad a letra muerta, uno de los orgullos de la política exterior mexicana era su actitud independiente en el campo de las relaciones interamericanas. 

Así, cuando en 1964 la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó que todos los países miembros debían romper relaciones con el gobierno de Fidel Castro, México se negó. Con ese gesto se convirtió en el único país latinoamericano en mantener un lazo oficial con la Cuba revolucionaria. Hoy la relación de México con Cuba vuelve al centro del debate: ¿por qué se le concede tanta importancia a la isla en un momento en que Estados Unidos incrementa su presión sobre La Habana?

En aquella época, algunas razones esbozadas fueron las raíces revolucionarias de nuestro régimen político, el interés de la élite por marcar distancia de Estados Unidos, la necesidad de satisfacer a sectores de la izquierda nacional. Sea como fuere, lo importante es que México decidió que seguiría una línea propia en su relación con Cuba. Aunque la cercanía inicial dio paso a una prudente distancia cuando Fidel Castro declaró el carácter marxista-leninista de la revolución y estrechó sus vínculos con la Unión Soviética, la decisión de no romper relaciones se mantuvo. 

Pese a episodios de tensión y al giro en la política exterior tras la llegada del PAN a la presidencia en el año 2000, Cuba constituía una prueba del margen de autonomía de México en su relación con el mundo. Ahí estaba la esencia de una tradición diplomática: los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, invocados antes frente a la injerencia extranjera durante la Guerra Civil Española, la anexión de Austria por la Alemania Nazi, y el golpe de Estado contra Jacobo Árbenz en Guatemala.

En el pasado, esta autonomía era tolerada –e incluso comprendida— por Washington. Mario Ojeda lo sintetizó con claridad: México podía disentir en aquello que no fuera fundamental para Estados Unidos; a cambio, ofrecía su cooperación en todo lo que sí lo era. Cuando no se cumplía con esta fórmula, el país enfrentaba costos políticos o económicos, un riesgo que, tras ponderar la importancia del asunto, estaba dispuesto a asumir. Un ejemplo es la mediación del Grupo Contadora en la crisis centroamericana de los años ochenta, la cual no fue vista con buenos ojos por Ronald Reagan. En ello había una fuente de orgullo nacionalista y de dignidad para el gobierno mexicano. En las circunstancias presentes, todo esto es material para los libros de Historia. 

Luego de un sexenio de política exterior camaleónica con López Obrador, la presidenta Sheinbaum ha intentado recuperar las consignas de no intervención y autodeterminación como ningún otro gobierno desde la derrota del PRI en el 2000. El problema no es tanto invocar los principios, sino el contexto en el que se pretende reanimarlos. Los alcances y límites de la política exterior de México –por retomar la expresión de Ojeda– cambiaron en las últimas décadas, algo que no debería de sorprender a nadie en Palacio Nacional. 

Con Donald Trump en la presidencia y las amenazas recurrentes contra el T-MEC, está claro que la apuesta por ser aliados de Estados Unidos –la firma y puesta en marcha del TLCAN– tuvo costos políticos tanto como beneficios económicos. No obstante, ante el prospecto de integrarse a un bloque encabezado por la potencia mundial, puede que en aquel entonces la autonomía diplomática fuera vista como un detalle menor. Por otra parte, al abandonar la retórica revolucionaria y dar prioridad a la apertura económica, Cuba perdió buena parte del peso simbólico que había tenido para el Estado mexicano. A pesar de todo, la amistad, el respeto y la relación “especial” con la isla se mantuvieron en los últimos años de los gobiernos del PRI. 

La victoria del PAN en el 2000 trajo consigo un cambio en la política hacia Cuba. Como país democrático, México pasó a presentarse como un defensor sin reservas de los derechos humanos y de la democracia en el exterior. Se afirmaba que la política exterior basada en principios abstractos había quedado atrás, ahora tocaba defender los intereses nacionales y el orden liberal. Los gobiernos autoritarios de la región tenían los días contados. 

Lo cierto es que, detrás de su fachada juridicista, la política exterior “de principios” también sirvió para defender los intereses de México, o los del régimen en turno. Con inteligencia, durante décadas los diplomáticos mexicanos recurrieron al derecho internacional para hacerse con argumentos que respaldaran la posición del país. Aunque el viraje discursivo del PAN generó tensiones con el régimen de Fidel Castro, –las cuales alcanzaron su punto más crítico en 2004, con la expulsión del embajador cubano de México y el retiro del mexicano de La Habana– las relaciones diplomáticas nunca se rompieron. Ni siquiera cuando se empezó a presionar por la democratización de la isla los gobiernos panistas se sumaron a las sanciones económicas contra Cuba. 

Hay que recordar que el rompimiento de relaciones promovido por Estados Unidos en la OEA no se limitaba al ámbito diplomático. La resolución aprobada por la organización obligaba también a suspender todo intercambio comercial y a interrumpir el transporte marítimo con la isla, con lo cual los países del hemisferio se sumaban al embargo total decretado por Kennedy en 1962. La excepción fue México. Gracias a ello, por modesto que fuera, La Habana conservó un canal de comunicación con América Latina y, por extensión, con el resto del mundo. Pese a su disgusto, Estados Unidos respetó la posición de México. 

Luego de la victoria de Morena en 2018, las simpatías personales de López Obrador lo llevaron a revivir la política de hermandad con Cuba. El presidente se pronunció en repetidas ocasiones por el fin del embargo, contrató médicos cubanos durante la pandemia de Covid y visitó la isla, donde recibió la Orden José Martí, la máxima condecoración otorgada por el régimen castrista. De forma paralela, durante esos años los envíos de petróleo mexicano a Cuba se dispararon, al punto de que México superó a Rusia como uno de los principales proveedores de la isla en 2023. La decisión de suministrar petróleo a la isla por medio de Pemex fue tomada por primera vez por López Portillo décadas atrás. Sin embargo, entonces se trató de exportaciones esporádicas y de alcance limitado.

Aunque modesto, el apoyo energético se mantuvo durante décadas como un gesto de solidaridad. Puede que, debido a sus dimensiones, no llamara demasiado la atención. Esto cambió con los gobiernos de la 4T. A medida que los envíos de Rusia y Venezuela hacia la isla disminuían, México incrementó los suyos, hasta que en 2025 se convirtió en su principal proveedor de petróleo. 

Así, cuando las fuerzas norteamericanas irrumpieron en Caracas y la administración de Trump anunció que Estados Unidos bloquearía las exportaciones de crudo venezolano, la mirada de la Casa Blanca no tardó en caer sobre México. En una de sus conferencias matutinas de la semana pasada, la presidenta Sheinbaum defendió el apoyo energético a Cuba como una “decisión soberana” del Estado mexicano, que atendía, entre otras cosas, a razones humanitarias. Días después, el gobierno estadunidense anunció la imposición de aranceles a cualquier país que enviara petróleo a la isla. Tras una llamada telefónica con Trump, y en un gesto igualmente soberano, la presidenta anunció que los envíos de petróleo se pondrían en pausa mientras se buscaba una solución “diplomática” al malentendido. Entretanto, en ejercicio de su soberanía, México enviará alimentos y otro tipo de insumos al Caribe. Sin importar las presiones y concesiones, la narrativa oficial permanece intacta: que no se pierda de vista que la mexicana es una nación soberana. 

Los términos exactos de la conversación entre ambos mandatarios siguen sin esclarecerse. A las pocas horas de la llamada, Trump anunció que Sheinbaum aceptó suspender las exportaciones de petróleo a petición –o por instrucción– suya, una versión que la presidenta contradijo poco después. Pese a la existencia de informes de diferentes medios, el hecho de que en teoría una parte es vendida bajo contrato por Pemex y otra otorgada como apoyo gubernamental dificulta establecer con precisión el volumen total de los envíos. Esta falta de transparencia ha despertado críticas por grupos como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. 

En una nota reciente, Jorge Castañeda cuestiona los envíos de petróleo a Cuba y se pregunta si corresponden al interés mexicano, dadas las condiciones políticas impuestas por Donald Trump en la región. ¿Corresponde al interés mexicano hacer lo que esté a su alcance para evitar el colapso social y económico de la población cubana? La respuesta es sí, incluso –y sobre todo– desde una perspectiva pragmática. El aislamiento económico no ha producido transiciones democráticas; pero sí crisis humanitarias, migración y desestabilización regional, ninguna de las cuales beneficiaría a México. En atención al interés nacional, el gobierno mexicano debería privilegiar la mediación antes que contribuir al estrangulamiento de un pueblo. 

Durante gran parte del siglo XX, el interés mexicano estuvo en distinguirse de su vecino del norte. Hoy, por desgracia, el interés nacional parece obligado a hacer espacio para el interés vecinal. Las fricciones con Trump en torno a la relación con la isla revelan una realidad incómoda para México: atrás han quedado los años de la autonomía relativa, poco importan las razones esgrimidas. En su repliegue en América, todos los temas del hemisferio pasan a ser fundamentales para Estados Unidos, y de México se espera algo más allá de la cooperación. 

A décadas de la Revolución, estoy consciente de que “la utopía” prometida al pueblo cubano quedó muy lejos. Aun así, la relación con la isla conserva su valor como símbolo de los alcances y límites de la política exterior mexicana. Para México, la disyuntiva no está entre realismo y moralismo, sino entre autonomía y sumisión. Mantener los envíos de petróleo no equivale a respaldar al régimen castrista; suspenderlos, en cambio, sólo haría del país un ejecutor de una política de castigo colectivo. Si el interés nacional se reduce a no incomodar a Washington, entonces México no tiene política exterior: tiene reflejos.

José María Vázquez Cabanillas

Estudiante de Relaciones Internacionales en El Colegio de México.