Las tensiones y pugnas internas de la coalición gobernante son cada vez más públicas y notorias. Aunque después de cada episodio de conflicto tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como algunos cuadros morenistas —el diputado Ricardo Monreal, la líder partidista, Luisa María Alcalde, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez— minimizan las diferencias y enaltecen la “unidad” morenista, la cruda realidad confirma cada día con más fuerza la tesis que expuso Hugo Garciamarín desde el inicio del sexenio: el poder político está concentrado pero disperso. Concentrado en la coalición morenista pero disperso entre varios grupos de interés dentro del propio bloque gobernante.
La presidenta Sheinbaum ha realizado distintos movimientos para apagar los conflictos internos y para hacerse del liderazgo indiscutible del bloque gobernante. Su último intento fue la renuncia pactada de Adán Augusto López a la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado y su relevo por Nacho Mier, quien parece contar con mayor simpatía de la mandataria, aunque no es parte de su círculo cercano. Sin embargo, hasta ahora, estas acciones han sido paliativas, no soluciones definitivas a las divisiones internas que brotan por doquier.
Pese a que su objetivo era mostrar unidad, el reciente evento que celebraron los dirigentes de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM) para ratificar su alianza rumbo a las elecciones de 2027 y reafirmar su adhesión al proyecto político de la presidenta Sheinbaum confirmó las tensiones en el bloque gobernante. El conflicto más abierto y espinoso, con mayores implicaciones para el escenario político nacional, es el de la reforma electoral (tema ausente de los desplegados y anuncios del evento de los dirigentes partidistas).
No es ningún secreto que el coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, tildó a la reforma electoral de innecesaria y cuestionó su viabilidad. Después, el líder histórico (e inamovible) de ese partido, Alberto Anaya, matizó la posición del PT, reafirmó su lealtad a la presidenta Sheinbaum y a la coalición morenista, y señaló que están prestos a discutir una propuesta de reforma electoral que satisfaga los intereses de todos. Pero es claro que el PT no está dispuesto a perder escaños en el Congreso federal, posiciones de poder a nivel local ni acceso a financiamiento público, por lo que la presidenta Sheinbaum tendrá que ceder en temas importantes para asegurar el apoyo de ese partido a la reforma electoral.
La posición del Partido Verde es aún más rebelde. No es exagerado decir que cuadros importantes del partido han desafiado de manera abierta a la presidenta al poner en entredicho, en términos enérgicos, la pertinencia y viabilidad de la reforma electoral. Por ejemplo, ante las críticas de Félix Salgado Macedonio al PT y al Verde por ser incapaces de ganar contiendas electorales en solitario, el legislador del PVEM, Luis Armando Melgar, respondió en redes sociales: “De lengua nos comemos unos tacos. @PartidoMorenaMx y sus duros insisten en que el Verde no existe sin ellos. Se equivocan. [...] No vamos a votar una reforma electoral que busca un partido único. Somos aliados, no paleros. El miedo no anda en burro”.
De este modo, si la presidenta quiere que su reforma electoral se apruebe, tendrá que modificarla de forma sustancial para conseguir el apoyo de sus aliados en el Congreso y, así, preservar la frágil cohesión interna de la coalición gobernante. La reforma electoral, sin embargo, no es el único punto de tensión —y potencial quiebre— del entramado de intereses, poderes locales y personajes poderosos unidos en torno a la coalición oficialista.
Las Fuerzas Armadas, uno de los pilares del poder del bloque gobernante, son otra fuente de desencuentros. Desde fines de 2024, algunos legisladores de oposición denunciaron que, ante el empoderamiento del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el Ejército estuvo detrás de la aprobación de algunas reformas para afianzar el control de las Fuerzas Armadas sobre la estrategia de seguridad ciudadana y los recursos financieros ligados a su puesta en marcha. A partir de ese momento, la coordinación entre Harfuch y las Fuerzas Armadas parece ser positiva y la relación entre el secretario de Seguridad y sus homólogos de Marina y Defensa se percibe como fluida y cooperativa. Pero con ello se demostró que las Fuerzas Armadas no son un actor pasivo sometido a los dictados de la presidenta y los mandos civiles, sino un agente activo, dispuesto a movilizarse para conservar la gran base de poder económico, político y de capacidades estatales que han amasado desde el sexenio de López Obrador.
Más importante aún: las Fuerzas Armadas no son un ente monolítico. Como en cualquier institución (y más en una de ese tamaño) hay distintos grupos que buscan objetivos diferentes. Una élite empresarial-militar vinculada a hombres de negocios y facciones políticas locales y federales se está consolidando. Es probable que, como ocurrió con el escándalo del huachicol fiscal de la Marina, esta élite castrense continúe impulsando sus propios intereses, en coordinación con sus aliados empresariales y políticos, para seguir adquiriendo beneficios económicos y hacerse del control de más negocios y recursos públicos. Esto tendría como efecto el descontento de otros grupos más institucionales y doctrinarios de las Fuerzas Armadas.
En algunos casos, este tipo de tensiones en los cuerpos castrenses y el vínculo de mandos militares con negocios (legales e ilegales) ligados a la ampliación de sus facultades y responsabilidades públicas pueden derivar en complicaciones políticas para la presidenta. Esto ya ocurre: el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de liderar el esquema de corrupción que detonó el escándalo de huachicol fiscal de la Marina, envió una carta a Sheinbaum para defender su inocencia y presionarla para interceder a su favor. “Se me quiere fabricar como culpable” en un proceso legal “politizado” y “viciado”, argumentó el marino. Hasta ahora, la presidenta ha respondido con cautela y evasivas. Aunque la lealtad institucional de los cuerpos castrenses al orden constitucional y a la presidenta Sheinbaum no está en duda, la relación cívico-militar puede convertirse en otro foco de tensiones y diferendos dentro de la coalición gobernante.
A nivel local, las cosas tampoco son sencillas para la supuesta “unidad” del bloque morenista. La semana pasada se manifestó la ruptura más pública y conflictiva en el ámbito estatal. Ocurrió en Oaxaca. El gobernador Salomón Jara, de Morena, impulsó una consulta de revocación de mandato y el PT, que cuenta con gran arrastre territorial y capacidad de movilización en esa entidad, operó en su contra. El resultado: 30 % de participación ciudadana, 58 % de votos a favor de la permanencia de Jara, 38 % a favor de su remoción y 3 % de votos nulos. Si bien Jara salió airoso (aunque con la legitimidad mancillada), la fractura local de la alianza Morena-PT fue clara. Tras la jornada electoral, el líder estatal del PT, Benjamín Robles, denunció un “fraude monumental”, acusó a Jara de ser “el peor gobernador de la historia”, de estar “relacionado con el crimen organizado” y dijo que “si Salomón tuviese un poco de dignidad, ya debiese empacar sus cosas”.
La fractura en Oaxaca es especialmente dramática, pero no es un caso aislado. En San Luis Potosí se han gestado duros enfrentamientos entre el Partido Verde y Morena por la intención del gobernador Ricardo Gallardo de impulsar a su esposa como su sucesora y por el propósito del PVEM de profundizar su dominio político del estado, aun si eso significa desplazar a sus compañeros morenistas. De forma similar, en el Estado de México, el Partido Verde ha advertido que no competirá en alianza con Morena en todos los municipios, sino que juzgará la pertinencia de la coalición caso por caso. Asimismo, en Veracruz, se han producido pugnas municipales y pleitos legislativos entre el PT y Morena. Además, en esa misma entidad, la alianza se rompió en 2025: mientras que el PT sorprendió al ganar en solitario 28 municipios, Morena perdió varios territorios importantes ante partidos de oposición.
Son algunos ejemplos ilustrativos, pero en distintos estados las riñas en la coalición oficialista y el envalentonamiento del PT y el Verde ante Morena están al alza. Y las tensiones se intensificarán rumbo a la selección de candidaturas para competir en las elecciones de 2027, en las que —bajo el marco legal actual, es decir, sin reforma electoral— estarían en disputa las 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, más de 1 000 diputaciones locales y más de 600 alcaldías. Sin la figura de López Obrador y sin mecanismos institucionales claros para resolver disputas internas ocasionadas por los oscuros procesos de definición de candidaturas, el reto es mayúsculo para la cohesión y buen funcionamiento de la coalición gobernante.
La consecuencia inmediata de todas estas pugnas internas es que la aprobación de la reforma electoral —al menos en su versión actual— está en entredicho. Si la presidenta no ajusta sus planes e impulsa un proyecto menos ambicioso (y menos dañino para la competencia política en México) o si no le otorga jugosas concesiones al PT y el PVEM, sus aliados en el Congreso podrían bloquear su reforma. Esto dejaría su liderazgo muy debilitado y reduciría su margen de acción política para el resto del sexenio.
No obstante, hay implicaciones que trascienden la reforma electoral y que incidirán en los contornos del nuevo régimen político, aún en proceso de consolidación. Un régimen político con el poder concentrado pero disperso corre el riesgo de minar las capacidades del Estado desde distintos frentes.
Con un bloque gobernante distraído en pugnas internas para hacerse de botines políticos y presupuestarios; con una presidenta que intenta ejercer el liderazgo pero obstaculizada por facciones de su propia coalición; con cuadros estatales y municipales que responden a intereses locales y no a un proyecto político nacional; y con una élite empresarial-militar movida por intereses de grupo, ¿qué poder le queda al Estado para llevar a buen puerto el proyecto político redistributivo y de justicia social de Morena? La respuesta inicial sería muy poco, y si a eso le sumamos las presiones de Donald Trump, el control territorial del crimen organizado, la “austeridad republicana” y la ausencia de reforma fiscal, la respuesta es todavía menos.
Jacques Coste
Analista político, historiador y autor de Derechos humanos y política en México (Tirant lo Blanch e Instituto Mora, 2022). Cursa un doctorado en historia en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, donde estudia la transición democrática de México.