Taxonomía de un simulacro electoral

Hace una semana comenzaron las campañas de la primera elección popular del Poder Judicial. El escenario no podría ser más desalentador. Entre la obstinación del oficialismo, las improvisaciones de las autoridades electorales y la confusión de la ciudadanía, nos encontramos a miles de personas que han decidido lanzar sus candidaturas y ser las protagonistas de esta contienda.

Como conejillos de Indias en este simulacro democrático, quienes potencialmente impartirán justicia pretenden conseguir el voto de un pueblo que no termina de entender qué es lo que está en juego.

Pocos saben cómo se vota, cómo comparar perfiles, o qué implica ejercer estos cargos, así como sus diferencias y corresponsabilidades a nivel local y federal. Pero el mayor problema, quizá, es que el proceso exige que se compita por votos que nadie sabe a ciencia cierta cómo conseguir. No existen respuestas claras; sin embargo, el tiempo apremia y las campañas ya están en marcha.

La riesgosa apuesta de Morena por «democratizar» el Poder Judicial ha decantado en un ensayo que intrinca y trivializa la propia democracia. El experimento es de magnitudes nunca vistas. De hecho, presenciarlo como científico social resulta de una curiosidad inusitada: es el laboratorio de la desinstitucionalización, un reality show de la justicia, una mezcla de pedagogía cívica malograda y marketing político sin dirección, que sin duda nos dará muchísimos años de material de estudio. Lamentablemente, vivir este proceso como ciudadano es trágico.

Hace meses, en este mismo espacio, señalé algunas buenas y malas razones para participar en la elección judicial; al intentar tender un puente entre la crítica y la posibilidad, equilibré distintos argumentos para solventar esta disyuntiva. Hoy, después de atestiguar el desarrollo de la reforma judicial y estudiar las reglas que articulan lo que significará ser juez en este nuevo contexto, parece que la mayoría de los candidatos han cruzado un puente sin saber siquiera a dónde lleva.

Aunque algunos quieran minimizarlo, el proceso no es poca cosa. Y es que habrá que recordar que tan sólo a nivel federal cerca de 3500 candidaturas buscan ser elegidas, más los 19 estados de la República que asimismo llevarán a cabo sus elecciones extraordinarias en su respectivo poder judicial local. Así, cabría suponer que entre tantos individuos que aspiran a conseguir un cargo en la impartición de justicia por la vía del voto popular, encontraríamos una oferta amplia y diversa de perfiles, trayectorias y perspectivas. Nada más lejos de la realidad.

Las restrictivas (y absurdas) reglas electorales, el desconocimiento generalizado de la ciudadanía sobre el funcionamiento de la judicatura, y la cooptación partidista que permea buena parte del experimento, han dispuesto una tormenta perfecta para concebir una contienda limitada en su alcance y, en no pocos casos, profundamente decepcionante en su contenido.

Una revisión preliminar de las candidaturas ha servido, más que nada, para identificar una oferta predecible y fácilmente clasificable, en la que abundan estrategias vacías y discursos sin sustancia. A una semana de iniciado el proceso, es evidente que la discusión no gira en torno a la justicia, los derechos o siquiera la legalidad. El debate público se ha desplazado hacia lo superficial y lo anecdótico. La elección judicial ha adoptado, sin mediación crítica, muchas de las peores prácticas del sistema electoral tradicional, pero sin el interés ciudadano que suelen acompañar a una contienda política convencional.

En tal sentido, y a sabiendas de que lo que está en disputa no es sólo quién ocupará determinados cargos jurisdiccionales, sino el modelo mismo de relación entre justicia y democracia, a continuación, propongo una clasificación tentativa de seis grandes perfiles de candidaturas que han emergido en esta etapa del proceso.

1. Sinvergüenzas. Perdiendo todo el sentido del ridículo, estos personajes —antes que competir por representar al Poder Judicial— parecen tener como prioridad ocupar un lugar en el algoritmo. Sin pudor, han abrazado la lógica de la exposición constante y el marketing trivial. Se graban haciendo tonterías; opinan de cualquier tema de moda; hacen lives en mercados; añaden memes a sus videos; cargan gatitos y pasean perritos; verbalizan frases vacías pero efectivas. Podrían llamarse también “standuperos judiciales” o “bufones de la justicia”. Cuando la dignidad está por los suelos, el ridículo deja de ser un costo y se convierte en estrategia. No cabe duda de que, hasta el momento, son quienes mejor han entendido la lógica mediática de esta elección. Triste pero cierto: no buscan credibilidad, buscan viralidad. El eslogan que mejor los representa bien podría ser: Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de ti.

1. Cínicas. Quizá las candidaturas más fascinantes desde el análisis político: se apoyan en sindicatos; graban sus mensajes desde oficinas institucionales; acarrean multitudes y les regalan tortas y refrescos; se rodean de símbolos de poder; utilizan recursos que no deberían estar a su disposición y promueven con orgullo su experiencia aplicando reglas… mientras las violan. No disimulan; no piden permiso; no ofrecen disculpas. Simplemente actúan con la arrogancia del que se sabe impune. Su campaña es eficaz porque no pretende ser ejemplar, sino funcional al régimen en turno. Para quienes están en la presente categoría, esta elección no representa un riesgo, sino una extensión natural del poder que ya ejercen, solo que ahora bajo reflectores. Lo suyo no es la legalidad, sino la trampa. La simulación es parte del método, y la contradicción, un detalle irrelevante. Son, en cierto modo, los perfiles más coherentes, pues para ocupar un cargo en un sistema roto, han entendido que la única forma de ganar es rompiéndolo todavía más. Su eslogan no declarado bien podría ser: Si no tranzamos, no avanzamos.

1. Pudorosos. Mantienen un perfil bajo, casi fantasmal. No se les ve en redes; rehúyen entrevistas; no organizan eventos. Si hacen campaña, es porque las reglas lo mandatan, no porque tengan la convicción de hacerlo. Su lógica es inversa a la de los demás: entre menos me conozcan, mucho mejor. Tal vez suponen que el anonimato es una virtud en tiempos de sobreexposición y espectáculo, o simplemente están cumpliendo el trámite, con la esperanza de que el azar —o el desinterés generalizado— juegue a su favor. Representan una forma de resistencia pasiva al proceso, pero también una rendición institucional inadvertida: saben que el mecanismo es absurdo, pero no están dispuestos a enfrentarlo o alimentarlo. Prefieren pasar desapercibidos, y lo están logrando con creces. Acaso, comparten su síntesis curricular en sus redes con un diseño discreto y sin mayor entusiasmo, pero poco más. Total, quien quiera saber quiénes son que lo busque por sí mismo en la plataforma oficial de la autoridad electoral. Temo que nos enteraremos de cientos de candidaturas fallidas una vez que el proceso concluya, cuando lo confiesen como anécdota en una borrachera o al momento en que alguien les pregunte, en tono casual, “¿tú también estuviste en eso?”, y respondan con una mezcla de vergüenza y resignación: “sí, pero ni hice campaña. Siempre supe que esto no iba a funcionar”. Su eslogan implícito sería: “No pasa nada, y si pasa, tampoco”.

1. Ingenuas. Son aquellas que llegaron al proceso creyendo, con genuina convicción, que se trataba de una verdadera competencia de méritos. Prepararon discursos sólidos; ensayaron su visión sobre el Derecho; cuidaron cada palabra en sus propuestas; y piensan —con cierta esperanza— que la ciudadanía valorará trayectorias, conocimientos y compromisos éticos. Algunos hablan de independencia judicial; otras, de principios constitucionales, derechos humanos, profesionalismo o años de experiencia. Pero en general, quienes conforman esta categoría han sido arrasados por el espectáculo: su solidez no provoca nada, su sobriedad transmite pereza, su lenguaje no emociona. Se presentan con honestidad en un concurso que premia el artificio. Creen que aún se puede ganar con razones, y eso les hace entrañables, pero al mismo tiempo, políticamente frágiles. Nadie les avisó que este proceso se parece más a un casting que a un concurso de oposición. Su eslogan, si lo tuvieran, sería algo así como: No tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre.

1. Impostores. Se han equivocado de cargo y de proceso; aunque tal parece que de forma intencional. Nos encontramos ante un cúmulo de despistados que no quieren impartir justicia: quieren ser políticos, fiscales, justicieros, vengadores, cualquier cosa, menos un cargo que implique hacer las labores de las personas juzgadoras. Este grupo de candidatos ha leído este experimento no como una oportunidad para fortalecer la independencia judicial, sino como una pasarela para proyectar ambiciones y complejos personales. No apelan a su conocimiento jurídico, sino a sus relaciones con el poder. Consejeros jurídicos de gobernadores, compadres de diputados, compañeros de generación de presidentes de algún partido político, cualquier vínculo es bueno a sabiendas de que su incursión en la contienda está arropada por una maquinaria política. Han entendido que la toga puede ser también un disfraz para ganar legitimidad sin abandonar la lógica partidista. Son, en el fondo, figuras recicladas: gente menor buscando reubicarse en un espacio mayor. Su eslogan sería: Más vale conocer la ley, que conocer al poder.

1. Bienintencionados. Están en el proceso por convicción. Quieren transformar al Poder Judicial desde dentro. Dialogan con colectivos, redactan propuestas serias, se presentan con honestidad y sin espectáculo. A veces, parecería —paradójicamente— que les incomoda ser vistos como abogados, y es que, tras muchos años de que el Derecho se contemplara como un asunto de élites e iniciados, de códigos y tecnicismos abigarrados, ahora, en cuestión de días, se le intenta convertir en un producto electoral más: empaquetado en atractivas frases; editado en reels; adornado con promesas de cercanía y lenguaje accesible. Su campaña está llena de palabras compasivas pero huecas: “escuchar al pueblo”, “democratizar la justicia”, “acabar con los privilegios”. Sin embargo, al rascar un poco, lo jurídico se diluye y queda sólo una tierna fe en la institucionalidad, que en este contexto suena más a ingenuidad que a estrategia. Saben que no tienen el aparato mediático, ni la estructura partidista, ni el respaldo de ningún grupo de poder, pero aun así insisten en hacer las cosas bien. En un entorno descompuesto, son una rareza casi anacrónica: creen que la ética puede competir con el espectáculo, que la sobriedad puede imponerse al cinismo. A veces parecen más comprometidos con dignificar el proceso que con ganarlo. Y es justo ahí donde radica su fortaleza… y su condena. Abrazan una declaración modesta, pero coherente: saben que no van a limpiar todo el sistema, pero al menos se niegan a ensuciarlo más. De ahí que su propuesta de eslogan podría ser: Hasta la basura se separa.

Cabe señalar que cualquier categorización teórica, como la que aquí se propone, no pretende ser exhaustiva ni meramente descriptiva. La posibilidad de que existan otros perfiles —y, sobre todo, de que quienes participan en este proceso puedan reconocerse en ellos— responde a una intención prescriptiva, que ofrece marcos que contribuyan a moldear identidades dentro de un ejercicio en construcción.

También es importante destacar que estas categorías no son absolutas, ni excluyentes. Algunas candidaturas se mueven entre una y otra, combinan rasgos, se transforman según el momento, la plataforma o la audiencia. Hay sinvergüenzas con formación sólida; bienintencionados que se descubren ingenuos; cínicos que aprenden a simular pudor. Como en todo proceso humano, las fronteras son porosas y las identidades móviles. La propuesta no es más que un intento intelectual por darle cuadratura a un círculo, por dejar constancia de cómo a muchos se les ve con entusiasmo genuino, a otros con franca incomodidad, y a varios más simplemente con la ambición de ganar algo, lo que sea.

No se equivocaba la abogada Mariana De Lucio cuando dijo: “en esta elección unos cuantos ganarán, pero todos perderemos”. La legitimidad del Poder Judicial no se construye a gritos ni en plazas públicas. Se construye con instituciones sólidas, con procesos creíbles y con una ciudadanía informada.

Nada de eso está presente aquí. Aun así, suerte a quien quiera creer lo contrario.

Juan Jesús Garza Onofre

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en El Colegio de México y el ITAM.