Las lecciones que debemos de tener en cuenta para el futuro
El último día de 2020, el gobierno mexicano anunció su informe preliminar sobre las cifras de delincuencia y violencia del año: datos cuyo macabro contenido fue mitigado parcialmente por la fría burocracia estatal. Estas cifras revelan una amplia gama de violencias homicidas que incluyen un aumento de feminicidios (al menos 1 015 en 2020 según las predicciones gubernamentales recientes, las cuales organizaciones independientes dicen es una cifra muy baja) y un número asombroso de muertes generalmente atribuibles a la llamada "Guerra contra las drogas". De manera sucesiva, los últimos tres años han sido testigos de los números más altos en al menos cinco décadas, con el homicidio figurando como la principal causa de muerte en personas de 15 a 39 años en 2019. El 2020, a pesar de la terrible pandemia mundial, mantuvo un nivel comparable.
Los muertos no pueden hablar. Pero, a la manera rulfiana, dan testimonio inquietante de una serie de fracasos del Estado mexicano que fundamentalmente descuidó su protección. Ellos, junto con los más de 300 000 muertos desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón declaró una “Guerra contra los cárteles”, muestran que la guerra y la militarización como estrategia nacional de prohibición de drogas sólo ha producido más violencia, más muertes, más violaciones de derechos humanos, más organizaciones de narcotráfico, más dinero para los presupuestos militares, más bases militares, más soldados y, finalmente, más formas de violencia homicida de género.
Ilustración: Patricio Betteo
Más muertos y más drogas. Leí las cifras de homicidios de 2020 dentro de una historia más extensa de guerras contra las drogas y violencia estatal. Siete décadas de interdicción militarizada de drogas en todo México y en el Sur Global no han eliminado ni la producción ni el consumo de sustancias consideradas como ilícitas. Una posible razón: las guerras contra las drogas no se tratan principalmente de drogas.
Las guerras contra las drogas son, en la práctica, guerras contra los pobres, más enfocadas en la gobernabilidad y la soberanía, la disciplina social y el control político, que por la erradicación total de las amapolas de opio y las plantas de marihuana.
Históricamente, tales esfuerzos resultaron en la"Guerra Sucia" de México durante las décadas de los 60 y 70, las cuales se caracterizaban por torturas y desapariciones masivas. Incluso se utilizaron los "vuelos de la muerte", que el ejército y las diferentes fuerzas policiales emplearon contra personas y comunidades rurales potencialmente rebeldes que resistieron una dictadura que duró décadas bajo el Partido Revolucionario Institucional.
Un oficial militar involucrado en estos primeros casos de terror de Estado, que se disfrazaron de guerras contra las drogas, lo expresó mejor: “… con el marihuanero, digo, no había bronca; pero al guerrillero sí había que romperle la madre”.
Al sumergirnos en el rastreo de la genealogía de la "guerra contra las drogas" de México nos lleva a sus orígenes violentos y contrainsurgentes, algo que debería hacernos reflexionar.
Hoy, este enfoque militarizado de la gobernanza se caracteriza más por la continuidad que por la ruptura política o la “transición democrática”. En parte, el aumento de la violencia posterior a 2006 contribuyó de gran manera a la victoria electoral dominante de la que gozaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido político Morena. AMLO había prometido un enfoque diferente a la violencia como un programa de “abrazos, no balazos” que buscaba soluciones estructurales para problemas estructurales profundos. Prometió no combatir fuego con fuego.
Sin embargo, esta política sigue siendo solo eso: una promesa, incumplida y mitigada por decisiones como la creación de una Guardia Nacional que representa la militarización con otro nombre (y en la práctica se ha utilizado principalmente contra migrantes y solicitantes de asilo). Si bien algunos desarrollos como la posible (y limitada) legalización de la marihuana son prometedores, la vieja estrategia permanece, en gran parte, en su lugar. En todo caso, el Ejército mexicano, una institución opaca, que es conocida por su falta de transparencia, ha disfrutado de una ampliación en sus poderes durante la administración de AMLO.
La militarización de la seguridad pública sigue dependiendo de un entendimiento binario que confronta a un Estado mexicano y sus fuerzas de seguridad contra una variedad de organizaciones paramilitares de tráfico de drogas con base en bastiones locales o regionales. En este sentido, se pierden por completo la conflictiva historia de la formación del Estado en el siglo XX, en la que configuraciones formales e informales (incluso criminales) del poder político a nivel local y regional sostuvieron al PRI gobernando durante mucho tiempo. De hecho, a nivel local, el partido gobernante dependía de un arreglo similar, descubierto por el antropólogo Romain Le Cour Grandmaison al estudiar el Michoacán contemporáneo: eran “soberanos de facto” que trabajaron violentamente (y continúan trabajando) en alianzas inestables con múltiples autoridades estatales para mantener el poder político y económico dentro de "mil hojas de soberanías". En lugar de establecerse como un "soberano único" con el monopolio del uso de la violencia legítima sobre el territorio, las autoridades estatales trabajaron para "reorganizar las configuraciones locales de poder con aliados locales".
Dentro de estos arreglos, la violencia funcionaba como un recurso, una forma de hacer política, una forma de mediación entre los actores locales y las autoridades estatales.
Por lo tanto, "el Estado de derecho" en México ha dependido de la violencia y los "trabajadores de la violencia". En estados como Guerrero y Sinaloa durante la década de 1970, los narcotraficantes a menudo trabajaban como "trabajadores de la violencia", realizando el trabajo sucio del estado al reprimir violentamente la disidencia política y los movimientos de protesta social junto con el ejército y la policía. La violencia en la actualidad abre nuevos escenarios para que el capital trasnacional discipline y aterrorice a las comunidades, como sostiene la periodista Dawn Paley en su reciente libro sobre desapariciones en Torreón, Coahuila.
En otros casos, personas influyentes que trabajaban dentro de agencias policiales como la Dirección Federal de Seguridad y el Ejército, es decir, dentro del Estado, ayudaron a organizar y racionalizar el negocio de las drogas durante las décadas de 1980 y 1990. De igual modo, brindaron protección e inteligencia esencial a los criminales de organizaciones en Guadalajara, Sinaloa y Ciudad Juárez.
Continuar la guerra contra las drogas y expandir la militarización pasa por alto los porosos límites que históricamente han existido entre ciertas partes del Estado mexicano y las organizaciones de narcotráfico. Esos límites porosos prevalecen hasta hoy en día tal como demuestran las recientes detenciones de personajes de alto perfil como Genaro García Luna y el general Salvador Cienfuegos. Este tipo de colaboración es sistémica tanto para el negocio de las drogas como para la gobernanza estatal. ¿Dónde "acaba" el Estado y "empiezan" los narcos?
¿Qué pasará si, en cambio, vamos a las comunidades locales en busca de posibles soluciones y escuchamos? ¿A las regiones y comunidades donde vivían los asesinados? ¿Qué aprenderemos?
Alexander Aviña
Profesor asociado de historia de Arizona State University. Es el autor de Specters of Revolution: Peasant Guerrillas in the Cold War Mexican Countryside.