Escribo con la información que tengo, que no es mucha: un PowerPoint que enuncia diez rubros que a decir de la presidenta sintetizan la reforma electoral a presentar el lunes 2 de marzo. Ella nos ha explicado que con o sin el acuerdo de sus aliados la presentará porque eso le pidió el pueblo y eso prometió en campaña.
Nos dice también que la reforma tiene un propósito central: eliminar el poder de las cúpulas para asignar candidaturas. Que cada candidato se gane el voto en el territorio y no en su casa descansando porque fue el primero de la lista en el reparto de las candidaturas plurinominales. Agrega Pablo Gómez, presidente de la monolítica comisión para la reforma electoral, que se trata de transitar hacia un modelo en donde la pluralidad no sea parte de acuerdos partidistas, sino de la voluntad popular. También para hacerla menos costosa y más participativa.
¿De verdad? ¿Hay algo en la reforma que sustente estos dichos? Y, ¿cuáles serían las consecuencias con las pinceladas del contenido de la iniciativa? Lo primero que hay que cuestionar, porque no tiene ningún asidero, es eso de que se les restará poder a las cúpulas de los partidos.
Es de un cinismo sin límites decir que se les quitará el poder a las cúpulas cuando el método escogido para diseñar la reforma estuvo, precisamente, en la cúpula de cúpulas de Morena. La diseñó una sola cúpula escogida por la propia presidenta. Lo hizo durante siete meses en la mayor secrecía y unilateralidad posibles. Ni qué decir de escuchar a la oposición para una cosa tan seria como cambiar las reglas de acceso al poder y con ello la distribución de curules en el Congreso, que debe actuar como contrapeso del poder ejecutivo.
Tampoco se sostiene la afirmación de que se “eliminarán las listas” y restará poder a las cúpulas partidistas. ¿Quiénes sino ellas mismas definirán los candidatos que competirán en los 300 distritos electorales? Y quiénes, sino ellas, escogerán a los candidatos de representación proporcional de los nuevos métodos propuestos. La trampa es muy parecida a la de la elección judicial: se cacarea que será el pueblo el que elegirá; sí, pero sólo de entre listas previamente palomeadas, en este caso por los partidos políticos. Porque no es que desaparezcan las listas, todo lo contrario. Ahora los partidos podrán disponer de tres listas diferentes para negociar. O sea, para castigar o premiar a sus propios militantes. De pueblo nada.
Primero, de las 200 curules que se asignarán por la nueva representación proporcional, ocho serán de “mexicanos residentes en el extranjero”. ¿Quién definirá las candidaturas de esa lista? Cada cúpula partidista. Quedan 192 curules para repartir por dos métodos.
Segundo. Habrá 97 asientos que serán para los candidatos que no resultaron ganadores en los 300 distritos, pero “obtuvieron los mejores resultados en su partido”. La presidenta nos trata de tranquilizar diciendo que se aplicará la misma fórmula de asignación de elecciones previas. Lo cual no es más que otra forma de decir que cada partido recibirá curules en un porcentaje de asientos correspondiente con su votación y esos se seleccionarán de la lista de “mejores perdedores”.
Las incógnitas –cuando menos hasta que conozcamos la letra chica de la iniciativa– son más que las certezas. ¿Entrarán al congreso los 97 con la segunda mayor preferencia de los 300 distritos? O, por ejemplo, ¿los que menor distancia tengan con el primer lugar? ¿En número absoluto de votos o en porcentaje? En cualquier caso, esa lista no la va a armar el pueblo, sino que entrarán los candidatos que cada partido mande a las elecciones de cada distrito.
Tercero, los 95 asientos restantes serán por “votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo un hombre y una mujer”. Cierto, tendrán que hacer campaña. Por cierto, en un territorio bastante extenso porque cada circunscripción abarca alrededor de cinco estados y eso cuesta dinero o compromisos. La votación será directa con la única restricción de que cada ciudadano deberá votar por un hombre y por una mujer. Esta votación es directa y la pregunta es, ¿en qué sentido esto ayuda a una mayor representación de las minorías? Porque ganará quien tenga más votos, sí, pero sólo se podrá elegir de entre una lista de 19 candidatas y candidatos por circunscripción. Lista que también será hecha por los partidos. Peor aún, ante decenas de candidaturas en la boleta, se abrirá la puerta para que los acordeones regresen como método para “ayudar” a elegir a los ciudadanos.
Esto es todo lo que nos han dicho. De la iniciativa por ningún lado aparece que estos 200 candidatos o candidatas no serán designados por las cúpulas. Ya si ganan es otro cantar. El punto central es que el monopolio de la nominación de candidatos permanece en manos de los líderes partidarios, cúpulas, burbujas, mandamases o cómo se les quiera llamar.
Digámoslo claro. Si el propósito hubiese sido quitar poder a las cúpulas, el método escogido hubiese sido otro: primarias abiertas, que el pueblo elija a los candidatos y no sólo a los ganadores. Pero en Morena eso de los métodos democráticos no es lo suyo, por eso prefieren usar encuestas de dudosa procedencia que votaciones entre sus afiliados. Así que la primera justificación de la reforma cae por su propio peso. Pura propaganda.
Y una disculpa. Todavía no podemos ofrecer un cálculo de cómo hubiese quedado la composición de la Cámara de Diputados con la votación de 2024 porque no conocemos las reglas específicas. Pero lo que sí sabemos es que la reforma ni siquiera mencionó las coaliciones. El instrumento para la sobrerrepresentación que le permitió a Morena y sus aliados tener 73 % de los diputados con tan sólo el 54 % de los votos.
Las cosas se ponen peor en el Senado, que reduce a 96 el número de asientos. Por cada entidad federativa, los dos primeros, como ocurre ahora, se van para el partido que obtenga el mayor número de votos. El tercero para la primera minoría. También como ocurre ahora.
Por aquí tampoco se asoma ni la reducción del poder de las cúpulas ni tampoco la tan presumida pluralidad, pues los partidos pequeños quedarán casi borrados. Aquí sí podemos hacer un cálculo de cómo se vería la asignación. En las elecciones de 2024 Morena y sus aliados ganaron en 30 estados que, en automático, se habrían transformado en 60 senadores. Más de la mitad de la Cámara. Además, por la magia de las coaliciones, Morena y sus aliados también fueron segunda fuerza en cuatro entidades (en Chiapas y Oaxaca tuvieron carro completo), sumando así 64 de 96 asientos, el 66.6 % de la Cámara, suficiente para modificar la Constitución sin requerir la conversión de ningún opositor.
Vamos a otro aspecto de la reforma. La disminución de costos. Se habla de 25 % en total que podrá ser aplicado entre INE, partidos políticos, OPLES y tribunales electorales. No sabemos en qué proporción se disminuirá el presupuesto a estos cuatro entes.
Lo único que sabemos es que desaparece el PREP, que tiene un costo de 237 millones de pesos. Nada respecto al presupuesto total para los procesos electorales y todo para la transparencia y certeza el día de las elecciones. El PREP nos permite a los ciudadanos acceder a los resultados en tiempo real la misma noche de la elección, acta por acta y casilla por casilla. Este instrumento de control dejará de existir. También sabemos que entre el recorte que se aplicará al INE, la desaparición de algunas o la totalidad de las juntas distritales y la intención de evitar la “duplicidad de funciones en los órganos electorales”, el servicio electoral de carrera, que hasta ahora estaba encargado de dar certeza y credibilidad a los procesos electorales, llegará a su fin.
Me restan por mencionar la reducción en los tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral. Las radiodifusoras estarán de plácemes. Más tiempos para comercializar. Los partidos menos conocidos o más pequeños estarán de luto. Menos tiempo para darse a conocer. El resto del PowerPoint de la reforma electoral tiene un par de puntos positivos si es que no se quedan en una mera declaración de intenciones: la prohibición de aportar dinero en efectivo y el uso de mejores tecnologías para fiscalizar.
Termino con una reflexión sobre las consecuencias de lo que sabemos de la reforma hasta antes de que sea enviada al Congreso:
Primero. La desconfianza que ha generado una reforma para el acceso al poder planteada unilateralmente desde el poder.
Segundo. Las cúpulas de los partidos se quedan con el poder que siempre han tenido. Su debilitamiento es pura ficción.
Tercero. Se incrementa notoriamente la posibilidad de que el partido dominante se quede con las dos terceras partes del Senado. No es trivial. Si por las preferencias electorales la Cámara de Diputados fuese más plural en el futuro, el partido dominante podrá ejercer su veto de manera permanente durante todo un sexenio por medio del Senado.
Cuarto. Dada la disminución de dinero y tiempos de radio y televisión correrá más “dinero bajo la mesa”. O sea, dinero ilícito ya sea que provenga de recursos públicos, de particulares o del crimen organizado.
Quinto. La opacidad y disminución en la certeza de los procesos electorales.
Sexto. Sorprende la ausencia de prouestas para evitar que el crimen organizado siga poniendo candidatos y organice la coerción del voto. Tampoco se trata el tema del tope de sobre-representación del 8 % que marca la Constitución. Se les olvidó también el tema de las sanciones por violar la legislación electoral. El de la autonomía de los consejeros y las mayores facultades a la presidencia de un órgano que se ideó como órgano colegiado. Finalmente, nada sobre las coaliciones y cómo se contabilizará su voto.
En esta iniciativa, fieles a la conducta de la 4T instaurada desde el 2018, la voluntad de diálogo quedó descartada. La iniciativa se presentará –previsiblemente– el lunes 2 de marzo sin modificaciones. Se mantiene la incertidumbre sobre si los aliados de Morena acompañarán a la presidenta en la votación. Si no lo hacen, a la 4T le habrán metido el tercer strike y quedará ponchada. Si por algún motivo fuera aprobada, seguirán avanzando en su afán regresivo cuya dirección es volver a la era del partido hegemónico y del control gubernamental de las elecciones.
Ma. Amparo Casar
Analista política y presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad