Durante los últimos meses, hemos atestiguado un interesante debate en torno a las mejores estrategias para combatir la corrupción. El presidente Enrique Peña Nieto ha sido cuestionado por usar el argumento cultural para explicar la corrupción, mientras que la mayoría de comentaristas de noticias y académicos han insistido que la corrupción obedece a una falta de más y mejores leyes e instituciones. El debate metodológico sobre la corrupción es apasionante y hay mucho que decir al respecto. Sin embargo, es importante enfatizar que el fenómeno de la corrupción no es inicialmente un problema metodológico sino político. Es decir, inicialmente, se requiere un análisis de las relaciones de poder y de los grupos de interés que se benefician de la corrupción. Más aún, un análisis político debe de preguntarse ¿por qué las estrategias para combatir la corrupción se dirigen a ciertos grupos de interés y no a otros? Para contribuir a este análisis, propongo un análisis ideológico del discurso predominante sobre la corrupción en México.

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Antes de entrar en materia quisiera hacer referencia a qué es el análisis político de la ideología de la Escuela de Essex. Brevemente, el análisis de la ideología se pregunta ¿por qué los grupos sociales que viven en la precariedad y marginación no se organizan políticamente contra tales condiciones de opresión? En las sociedades modernas, la opresión y abuso a grupos vulnerables no se ejerce mediante la coerción física, sino a través de mecanismos ideológicos que imponen una cierta interpretación de la realidad, la cual hace aparecer el abuso como algo natural y sin posibilidad de contestación política. Por ejemplo, un mecanismo ideológico efectivo tiene la propiedad de que logra introducir en el sentido común de los perdedores y de la oposiciónuna creencia, método, teoría, o forma de ver la vida que favorece los intereses del grupo dominante. De manera que, la misma oposición reproducen el lenguaje, prácticas y actitudes que sustentan las condiciones de marginación. En síntesis, la ideología funciona como una freno mental que impide la crítica del orden de las cosas y la representación política de problemas sociales.

Al preguntarse por los mecanismos que impiden la politización de asuntos de interés público, el análisis de la ideología va más allá de la concepción usual de política, la cual limita la política al congreso y a los partidos políticos. Si la ideología son mecanismos no coercitivos que utilizan los poderes fácticos para contener el descontento social, limitar la participación ciudadana e impedir el cambio social, entonces, analizar críticamente el lenguaje y lógicas que obstaculizan la politización de asuntos públicos es una actividad política fundamental para abrir posibilidades de representación política y cambio social real.

Según el discurso predominante en México, la corrupción está en toda la sociedad, es decir, todos y cada uno de los mexicanos participamos de algún modo en prácticas de corrupción. El problema con esta construcción del fenómeno es que considera igual de grave la “propina” que se le da al franelero o el burócrata de ventanilla, y la extracción de recursos públicos en la que incurre la alta burocracia y la élite económica. Si suponemos que todas estas prácticas son iguales, perdemos de vista las relaciones de poder que sustentan las estrategias contra la corrupción. Por ejemplo, el discurso dominante ha promovido que se dirijan recursos económicos y energías sociales a combatir la corrupción en la base de la sociedad, mientras que convenientemente se ha dispensado la corrupción que ejerce el 10% de la población que concentra el 64.4% de la riqueza nacional.

Si bien se puede argumentar que hay corrupción en la base y en la parte alta de la sociedad, los efectos económicos y sociales de una y otra son diferentes. Por un parte, hay una corrupción de tipo redistributivo como las actividades de las que participa el policía de tránsito, el vendedor ambulante, el bocinero del metro o el sindicato de maestros de educación básica. Por otra parte, hay una corrupción de tipo extractiva como la que ejercen la clase política y las élites económicas. Esta última profundiza la desigualdad económica y de oportunidades, y obstaculiza el desarrollo económico y humano. A pesar de las diferentes implicaciones de cada tipo de corrupción, comentaristas de noticias, académicos, analistas y servidores públicos insisten en que lo más urgente es combatir la corrupción en la base de la sociedad.

Interesantemente, este discurso no ha sido construido y reproducido únicamente por los grupos de interés más poderosos, sino también por académicos y periodistas que de buena fe intentan combatir la corrupción. Éste es el caso de académicos como Carlos Elizondo, para quien la corrupción se sustenta en la creación de redes corporativas que extraen recursos de la ciudadanía. Si bien este diagnóstico es acertado, parece que para Elizondo es más urgente acabar con la red de franeleros que con el acuerdo corporativo entre la alta burocracia y los poderes económicos. Otro ejemplo son las declaraciones del respetadísimo Mauricio Merino, quien ha afirmado que el sistema anticorrupción no debe de tener como objetivo ir tras los “peces gordos” –ex-gobernadores, legisladores, miembros del gabinete o investigar las propiedades del presidente– sino atacar la corrupción de bajo perfil, que se dice es la que más daña a las instituciones y afecta a la ciudadanía en sus actividades cotidianas. Asimismo, se ha destacado que una de las virtudes del recién inaugurado sistema anticorrupción, avalado por diversas asociaciones civiles, es que se enfoca en poner límites a la corrupción de bajo perfil.

Este discurso no es mera retórica, ya ha mostrado sus efectos en la vida pública. Al inicio del presente sexenio el gobierno federal y el de la ciudad de México prometieron combatir a los poderes fácticos que han detenido el avance del proceso de democratización. Pocos nos imaginamos que esto implicaría concentrar los esfuerzos en la persecución de los vendedores ambulantes del metro, la expulsión de franeleros mediante la instalación de parquímetros, y una ley para vigilar y castigar a los maestros de educación básica acompañada de una campaña de linchamiento mediático, mientras que a altos exfuncionarios y funcionarios públicos, con fortunas inexplicables y manejo dudoso de recursos públicos, no se les ha exigido ningún tipo de rendición de cuentas. Sobra decir que el orden en el que el discurso dominante propone combatir las corrupciones no es resultado de un análisis técnico-objetivo de la realidad, sino expresión de la estructura de las relaciones de poder que predomina en el México contemporáneo.

Este discurso ha sido utilizado convenientemente por el gobierno actual para salir avante de la crisis de credibilidad derivada del posible conflicto de interés del presidente y el secretario de Hacienda con el Grupo HIGA. Ayudado del discurso predominante, el equipo del presidente ha introducido una imagen de la sociedad corrupta y el gobierno honesto que la combate. Este discurso se reprodujo en diversas ocasiones, como en el encuentro entre periodistas y el presidente en el Fondo de Cultura Económica en agosto de 2014, el encuentro de los 300 Líderes más influyentes en septiembre del mismo año, o cuando el presidente presentó sus ocho acciones para vigilar y castigar la corrupción de la burocracia media en febrero de 2015, y en el reciente Foro Económico Mundial en Latinoamérica. En estas ocasiones el presidente omitió mencionar o minimizó la corrupción de la clase política y económica; en cambio, enfatizó que la corrupción es un problema que está en el orden social y se alimenta del sector público y de los privados. Asimismo, se dijo que el gobierno ha hecho todo lo necesario para investigar casos de corrupción de funcionarios públicos de todos los partidos políticos, pero que es un error creer que una institución –el gobierno federal– pueda acabar con toda la corrupción que la sociedad produce. Por lo tanto, se afirmó que es fundamental cambiar la cultura de los ciudadanos para que se comprometan con principios y valores de legalidad, lo cual se podrá lograr gracias a las recientes reformas promovidas por el gobierno y aprobadas por el congreso y algunas asociaciones de civiles.

El presidente tiene razón, la cultura que predomina hoy en México –-i.e. creencias básicas, valores, y hábitos– ha permitido el surgimiento y mantenimiento de la corrupción en el país. Pero el problema no es que seamos una sociedad corrupta que le da dolores de cabeza al gobierno honesto que combate la corrupción sin descanso, como nos quieren hacer creer. El problema es que los mexicanos hemos sido permisivos con una clase política y elite económica que hablan de legalidad, democracia y derechos humanos pero sólo para ampliar sus privilegios a costa del bienestar de la mayoría de los mexicanos. Después, para que no nos quejemos del abuso de poder, nos han hecho cómplices a través de una corrupción de tipo redistributiva.  Pero el problema no es que los ciudadanos no respetemos la ley, el problema es que la clase gobernante es incapaz de contenerse y respetar la ley.

El problema no es la falta de una cultura ciudadana de legalidad y respeto a las instituciones –extractivas– como afirman el presidente y algunos comentaristas de noticias. El problema es una pobre cultura de participación ciudadana, una cultura de indiferencia e incluso odio a las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, una cultura que es complaciente con el poder pero que fustiga severamente a quien se atreve a cuestionarlo, criticarlo y exigirle cuentas. El problema es la ausencia de una cultura democrática que promueva la solidaridad con y entre los grupos vulnerados por la pobreza, discriminación, desigualdad, y violencia. En síntesis, el problema es la persistencia de una idiosincracia que ha impedido que los mexicanos nos organicemos políticamente para denunciar y decirle NO al corporativismo de los grupos de interés más poderosos, los cuales manipulan la ley y depredan la riqueza nacional.

Hay estudios que muestran que la solución a la corrupción extractiva no pasa en primera instancia por la creación de instituciones concedidas, construidas y ocupadas por los poderes fácticos, sino que depende de la capacidad de los ciudadanos para organizarse colectivamente y construir un redistribución real del poder. Para ello se requiere cultivar un ethos democrático que promueva una ciudadanía activa, capaz de construir, utilizar y habitar sus instituciones. El presidente tiene razón, el problema de fondo es cultural y nos toca a nosotros, los ciudadanos, impulsar este cambio de conciencia democrática, porque ellos no lo harán, porque la democracia es contraria a su interés. Sólo los ciudadanos organizados pueden atreverse a domar los instintos extractivos de la clase política y élite económica mexicana.

Luis Gabriel Rojas es doctor en Gobierno por la Universidad de Essex.

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