Claudia Sheinbaum enfrenta el dilema de la prisionera. Cada decisión que protege su imagen como heredera leal de Andrés Manuel López Obrador erosiona la capacidad que requiere para gobernar, mientras que cada paso orientado a fortalecer a la presidencia amenaza su lugar dentro de la coalición que hizo posible su ascenso. Además, el juego tiene un componente esencial: uno de los jugadores diseñó el tablero.
La presidenta concentra la responsabilidad última de la conducción del gobierno. El expresidente, el segundo jugador, carece de cargo público, pero su influencia continúa ordenando gran parte del campo político. Durante su mandato reconfiguró las condiciones para ejercer dominio: el bloque en el poder descansa en una dispersión de relaciones personales, lealtades e incentivos distribuidos durante su gobierno. Sheinbaum ejerce la autoridad formal del poder; López Obrador conserva influencia sobre los mecanismos que permiten activarlo.
Alrededor de estos jugadores hay un conjunto: la coalición gobernante, una multitud de intereses convergentes y divergentes. Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM) operan como componentes funcionales del poder. Su fuerza no proviene de su peso electoral, sino de su capacidad para organizar sectores sociales, movilizar recursos, articular redes territoriales, representar y movilizar élites políticas, así como su función de vehículos para controlar el congreso. La cooperación abre acceso a beneficios que no existirían fuera de ella. Cada uno preserva su esfera de influencia y responde a incentivos particulares.
La coalición controla ambas cámaras, lo que proyecta una imagen de alineación institucional con el Ejecutivo, pero ese control no cancela la autonomía política de los legisladores. Los coordinadores parlamentarios administran agendas propias y responden a equilibrios internos y territoriales que no dependen exclusivamente de la presidencia. La disciplina partidaria delimita el margen de acción. La negociación define su contenido. La presidencia necesita al Congreso para traducir decisiones en normas jurídicas, y éste conserva capacidad para modular el ritmo, el alcance y la dirección de esas decisiones.
Hay además actores que operan fuera de la estructura formal del Estado y que influyen en su funcionamiento cotidiano. Redes territoriales, liderazgos regionales, criminales y grupos con control sobre recursos sociales o económicos específicos. Su poder no nace de la ley. Viene de su capacidad para producir o impedir estabilidad. Son actores cuya cooperación resulta necesaria para asegurar el funcionamiento del régimen: ofrecen respaldo cuando ese respaldo preserva su posición. Y lo retiran cuando perciben amenazas.
¿Qué puede hacer la presidenta ante este escenario? ¿Confrontar a los actores que condicionan su poder, o cooperar con ellos para preservar la estabilidad? Cada decisión redefine el equilibrio del sistema y, en especial, su posición en el tablero de juego. El caso de Adán Augusto López ilustra esta dinámica con claridad. Su posición dentro del régimen depende de un vínculo histórico con el expresidente, forjado a lo largo de décadas mediante lealtad personal y confianza política. Ese vínculo abrió acceso al núcleo de la toma de decisiones. El relevo presidencial no alteró su centralidad. Su llegada a la coordinación parlamentaria del Senado aseguró continuidad dentro del corazón operativo de la coalición.
Las revelaciones sobre la organización criminal conocida como “la Barredora” y su vínculo con el senador, introdujeron una perturbación profunda en ese equilibrio. La presidenta enfrentó una decisión cargada de consecuencias: ¿mantener a Adán Augusto López, y con eso mantener la confianza de las redes informales del poder político, o avanzar sobre él, sabiendo que eso significa tocar a la “familia” del expresidente? El resultado fue intermedio: López se mantuvo en el Senado, pero perdió la Junta de Coordinación Política. Ahora amenaza con meterse de lleno en Morena, a sabiendas de que su hermano lo respalda a lo lejos.
El cambio en la Fiscalía General de la República representó otro punto de inflexión. La Fiscalía opera como actor con iniciativa propia. Posee facultades para iniciar investigaciones, construir casos y modificar el equilibrio entre los actores del sistema. Aquí la presidenta avanzó con mayor firmeza a fortalecer su posición como gobernante: permitió que Adán Augusto López operara la salida de Alejandro Gertz Manero, con eso obtuvo supervivencia; pero logró imponer a Ernestina Godoy, de todas sus confianzas, en la Fiscalía. Algunos dirán que es un empate, la presidenta seguramente lo ve como un triunfo.
Por otra parte, la publicación del libro de Julio Scherer, con su reconstrucción de disputas internas y conflictos dentro del aparato estatal, expuso tensiones que permanecían como secreto a voces, en especial por la supuesta relación entre Jesús Ramírez Cuevas, encargado de la comunicación y estrategia digital durante la presidencia de López Obrador, y el empresario huachicolero Sergio Carmona. El golpe no puede leerse como ajeno a la presidencia, sobre todo si se considera que Scherer fue uno de los principales operadores de su campaña presidencial; según la prensa, Sheinbaum llegó a referirse a él como “su ángel”. Ante este embrollo, la presidenta buscó de nuevo la neutralidad: desmintió que Ramírez presentara su renuncia y minimizó el asunto al afirmar que no leyó ni leerá el libro.
Finalmente, la reforma electoral ofrece el ejemplo más visible de esta lógica. El proyecto quiere redefinir las reglas del sistema político y consolidar la posición de la coalición gobernante. Su aprobación depende del respaldo de aliados legislativos como el PVEM y el PT, cuya cooperación descansa en incentivos concretos y en beneficios tangibles. La presidenta no dispone de medios para imponer una reforma que exige respaldo legislativo autónomo. La confrontación podría poner en riesgo la mayoría necesaria.
Algunos actores del oficialismo trataron a los aliados con un desdén que reveló más que simple arrogancia. Pablo Gómez recurrió de forma reiterada a la minimización pública. Luisa Alcalde adoptó un tono áspero durante las reuniones políticas. La presidencia enviará la reforma sin abrir un espacio real de interlocución y, según Leticia Robles, la propuesta final que presentó Pablo Gómez ante todas las fuerzas políticas en Palacio Nacional, no incluyó ninguna de las propuestas de los partidos aliados. Ese comportamiento contrasta con el estilo cauteloso que define la actuación de la presidenta, marcado por avances calculados y por una lectura precisa de los equilibrios del poder.
Es difícil suponer desconocimiento sobre la capacidad del Partido Verde y del Partido del Trabajo para condicionar el resultado legislativo. Surge entonces otra interpretación. La iniciativa permite proyectar compromiso con una de las reformas más ambicionadas por López Obrador, pero desplaza el costo político de un eventual fracaso hacia otros actores y preserva el equilibrio interno del bloque gobernante.
Hay un jugador adicional cuya presencia altera el equilibrio del juego con fuerza decisiva. Aunque permanezca fuera de la coalición gobernante y de las instituciones del Estado mexicano. Ese jugador responde al nombre de Estados Unidos, y adopta una forma concreta: Donald Trump.
Estados Unidos actúa desde un plano distinto. No necesita negociar, no depende de las lealtades personales que organizan al régimen. México mantiene dependencia en los ámbitos comercial, financiero y de seguridad. Estados Unidos no enfrenta una dependencia equivalente. Con Donald Trump, además, la negociación entre los dos países no depende sólo de la relación institucional, sino que entra al campo de la presión abierta. La amenaza de aranceles, sanciones o represalias económicas funciona como instrumento político cotidiano. Las decisiones del gobierno mexicano ya no responden únicamente a su lógica interna, sino a su efecto en Washington.
Sheinbaum no enfrenta sólo el desafío de preservar el equilibrio interno. También enfrenta las expectativas de un actor externo cuya capacidad de presión supera a la de cualquier actor doméstico, incluso el expresidente. Una decisión racional dentro del sistema político mexicano puede producir costos en el plano externo. Una decisión que fortalezca su posición frente a Estados Unidos puede debilitar su posición dentro de la coalición gobernante. A diferencia de lo que planeó López Obrador el tablero no tiene una sola dimensión; sino dos. Cada una con sus propias reglas y con riesgos que la presidenta no puede eludir.
Todo dilema tiene un momento en que deja de ser abstracto y se convierte en una decisión concreta. Ese momento llegó con el operativo que culminó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y de su principal operador financiero. No fue un hecho aislado ni un golpe fortuito. Fue una operación conjunta con Estados Unidos, resultado de meses de coordinación, inteligencia compartida y presión política. Sobre todo: fue una decisión de la presidenta.
Durante el sexenio anterior, la política de seguridad estuvo definida por una premisa: “abrazos, no balazos”. Más que una estrategia operativa, constituía una doctrina política. Partía de la convicción de que la confrontación directa con las organizaciones criminales producía más violencia que la que pretendía contener. El Estado debía evitar la guerra frontal y concentrarse en atender las causas sociales de la violencia. Esa doctrina no eliminó el uso de la fuerza, pero redefinió su lugar dentro de la política de seguridad.
El operativo contra el Mencho representó una ruptura con esa doctrina. No fue una acción defensiva ni una respuesta improvisada. Fue una operación ofensiva dirigida a detener o eliminar al líder de la organización criminal más poderosa del país. Su ejecución requirió la movilización coordinada de fuerzas federales, inteligencia militar y cooperación internacional. Su objetivo no era contener la violencia, sino alterar el equilibrio del poder criminal. Ese cambio no podía producirse sin una decisión en el más alto nivel del Estado.
La participación de Estados Unidos fue determinante. La inteligencia que permitió localizar al Mencho no se generó sólo dentro del aparato estatal mexicano. Fue resultado de un sistema de vigilancia transnacional que el Estado mexicano no controla plenamente. La cooperación bilateral no es una relación entre iguales. Estados Unidos dispone de capacidades técnicas, financieras y operativas que exceden las del Estado mexicano. Su apoyo no es gratuito. Implica compromisos, concesiones y alineamientos. La presidenta no podía beneficiarse de esa cooperación sin aceptar sus implicaciones políticas.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, ejecutó el operativo. Su designación fue, desde el inicio, un punto de fricción dentro de la coalición gobernante. Su trayectoria lo vinculaba con una tradición de seguridad distinta a la que definió el sexenio anterior. Su nombramiento representaba la posibilidad de una política de seguridad más confrontativa, más cercana a los esquemas tradicionales de coerción estatal. Su figura no contaba con la simpatía del expresidente. Su ascenso no respondía a las redes históricas de lealtad del obradorismo. Su poder dependía exclusivamente de la presidenta.
La ejecución del operativo no fue sólo un golpe contra una organización criminal. Fue una afirmación de autoridad presidencial. La presidenta eligió cooperar con Estados Unidos. Eligió respaldar a un operador que no formaba parte de la estructura política heredada. Eligió romper con la doctrina que definió la política de seguridad del sexenio anterior. Esa decisión parecía redefinir su posición dentro del juego.
Sin embargo, la forma su reacción pública reveló la persistencia del dilema. La presidenta no asumió el operativo como una afirmación visible de su autoridad; por el contrario, fue un paso hacia atrás cuando ya había dado dos hacia el frente. No se dirigió a la nación en cadena nacional. No presentó el resultado como una decisión propia. No transformó el momento en una demostración explícita de poder. Permitió que la operación se presentara como resultado de procesos institucionales, no como producto de una decisión presidencial.
Esta reacción fue una decisión estratégica. Asumir el operativo como una iniciativa personal implicaba confrontar de manera directa la doctrina de seguridad de su predecesor y, con ello, alterar el equilibrio interno de la coalición gobernante. Habría consolidado su posición frente al actor externo —Estados Unidos—, pero habría incrementado el riesgo de conflicto con los actores internos cuya cooperación es indispensable para la estabilidad de su gobierno. Probablemente calculó que al no hacerlo preservó el equilibrio interno, aun cuando ello implicara renunciar a los beneficios políticos inmediatos de la operación.
La presidenta ha intentado decidir sin aparecer como autora visible de la decisión. Pero esa estrategia también tiene costos. El poder no admite vacíos. Cada decisión que no se asume públicamente reduce la autoridad presidencial. Cada espacio que no se ocupa plenamente amplía el margen de acción de otros actores. La coalición se dispersa aún más. Los dirigentes partidarios aumentan su capacidad de negociación. Las redes territoriales actúan con mayor independencia.
La autoridad política depende también de la percepción. Cuando la certeza sobre quién decide se debilita, el comportamiento de los actores cambia. El problema para Claudia Sheinbaum es el mismo que el de su predecesor y el de todos los que estuvieron en la silla presidencial antes. Ya lleva casi año y medio de mandato. El sistema comienza a orientarse hacia el futuro. Las elecciones intermedias acelerarán ese proceso. El dilema persistirá mientras el poder presidencial se reduce gradualmente. La presidenta no puede evitar el juego. Sólo puede elegir qué costos asumir y cuándo asumirlos. Debe hacerlo antes de que sea demasiado tarde.
Hugo Garciamarín
Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y director de la Revista Presente