Una de las principales críticas al proceso de búsqueda de las candidaturas presidenciales, tanto del oficialismo como de la oposición, se dio por la antelación con que se detonó el proceso sucesorio. Con independencia de la legítima existencia de aspiraciones políticas, la legislación electoral establece con precisión los tiempos en los que deben iniciar las precampañas presidenciales. No obstante, ni bien se dieron a conocer los resultados de las elecciones intermedias de 2021, Andrés Manuel López Obrador empezó a hablar de sus posibles sucesores en la Presidencia de México, a quienes llamó —de manera poco afortunada— “corcholatas”. Así, tres años antes de la elección presidencial de 2024, el oficialismo inició el despliegue de recursos en beneficio de la camarilla gubernamental.
En ese contexto, parecía que la oposición estaba aletargada ante el arranque prematuro e ilegal del oficialismo, y frente al dilema de encontrar una fórmula acorde con la legalidad. Una vez que concluyó la jornada electoral de las últimas elecciones locales previas a las generales del año siguiente, esto es, las de las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México, era imperante para la oposición política y ciudadana concretar un programa, un calendario y un método para la definición de una candidatura de unidad.
Como se sabe, ese proyecto pudo concretarse dada la convergencia venturosa de diversas organizaciones de la sociedad civil con los tres partidos políticos que construyeron la transición a la democracia en México desde finales de los años ochenta y que se consolidó a inicios del presente siglo: el PAN, PRI y PRD. Ese acuerdo derivó en la construcción del Frente Amplio por México, que no habría sido posible sin la convergencia de intereses entre sociedad civil y partidos políticos opositores desde finales del año pasado.
En efecto, ante la amenaza de aprobarse una reforma constitucional electoral claramente autoritaria y regresiva promovida por el gobierno, se convocó, en noviembre de 2022, a una primera marcha en defensa del INE y la democracia, con lo que nació el movimiento de la “marea rosa”. Como no se había visto en la historia reciente de este país, una ciudadanía libre e inconforme salió a protestar para respaldar a la oposición legislativa para que impidiera la aprobación de la reforma constitucional, cosa que finalmente ocurrió. Aquí se establece el vínculo entre ciudadanía y oposición política.
Como podía esperarse, al régimen le cayó muy mal el rechazo de la reforma constitucional y de inmediato, de forma atropellada y sin atender el proceso legislativo o el mínimo decoro político, promovió una igualmente esperpéntica reforma legal que, dado el respaldo mayoritario oficialista en ambas cámaras del Congreso de la Unión, se aprobó.
También previsible, y dados los errores y horrores en la aprobación del nuevo paquete de seis leyes para la reforma electoral, ésta fue recurrida ante la SCJN. De nueva cuenta, en febrero de este año, la ciudadanía se concentró en el Zócalo capitalino para manifestar su respaldo a la Corte para que decidiera sobre el asunto con plena independencia, resistiendo las fuertes presiones provenientes del oficialismo.
Finalmente, una sólida mayoría de nueve ministros —sólo hubo dos lamentables excepciones que defendieron lo indefendible— determinó invalidar el paquete completo de reformas electorales que había sido aprobado, desatando —faltaba más— una nueva oleada de ataques en su contra por parte del presidente de la República y sus personeros, especialmente hacia la presidenta, Norma Piña, y el ministro Javier Laynez. El movimiento en defensa de la autonomía y la autoridad de la Suprema Corte, antes y después del fallo, profundizó el vínculo entre la sociedad civil y los partidos de oposición impugnadores.
Así, desde la primavera de este año, diversas organizaciones de la sociedad civil plantearon la exigencia de abrir los mecanismos de toma de decisión de los partidos opositores —que, aun existiendo ya las candidaturas independientes en nuestro régimen político, siguen siendo por antonomasia los vehículos privilegiados de postulación de candidaturas en comicios— y se llegara a un mecanismo conjunto de selección de una candidatura presidencial común de cara a las elecciones del 2 de junio de 2024.
Los desafíos en materia de inclusión, acuerdos partidarios, convergencia con la ciudadanía, austeridad presupuestaria y apego a la legalidad, constreñidos además a un tiempo muy reducido y sin ningún tipo de precedente, eran, sencillamente, titánicos. Sin embargo, el resultado fue innovador y sobresaliente.
Vale la pena recordar que las encuestas levantadas en esos días posicionaban a los panistas Lilly Téllez, senadora, y Santiago Creel, entonces presidente de la Cámara de Diputados, así como al ex secretario de Turismo Enrique de la Madrid, del PRI, como los perfiles más viables entre la oposición; todos ellos, sin embargo, con bajas intenciones de voto, en posiciones no competitivas frente al oficialismo.
En sólo 67 días, desde la instalación del Comité Organizador hasta la jornada de participación ciudadana, se tenían que desahogar tres etapas, con sus respectivos procedimientos, para llegar a la conclusión del proceso consultivo que tendría como propósito seleccionar a la persona idónea para el eufemístico título de “Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México (FAM)”, procurando una amplia participación ciudadana, con transparencia y apertura al escrutinio de la opinión pública.
En ese sentido, se determinó un mecanismo complejo que requería del acompañamiento ciudadano en varios momentos y métodos: la recolección de simpatías registradas por medio de una plataforma; la celebración de un primer estudio de opinión; un foro nacional de discusión de los grandes problemas nacionales y cinco foros regionales temáticos; una segunda encuesta nacional y, finalmente, una jornada de definición ciudadana el domingo 3 de septiembre.
Por acuerdo de PAN, PRI y PRD, con organizaciones de la sociedad civil, el 29 de junio se instaló el Comité Organizador con 13 integrantes: seis partidistas (dos representantes por cada uno de los tres partidos frentistas) y una mayoría de siete ciudadanos, especialistas en la materia electoral o con notables trayectorias en organizaciones de la sociedad civil. Esos ciudadanos fueron Marco Antonio Baños, Teresa González Luna, Juan Manuel Herrero, Alejandra Latapí, Patricia McCarthy, Rodrigo Morales y Arturo Sánchez Gutiérrez, mientras que Arturo Espinosa Silis fungió como secretario técnico.
Para garantizar una adecuada presencia territorial en todo el país, se desdobló una estructura similar en cada una de las 32 entidades federativas, con la instalación de comités estatales, integrados por representantes de los tres partidos y de tres organizaciones de la sociedad civil; y para garantizar mayoría ciudadana, cada uno de dichos comités fue coordinado por un especialista en materia electoral.
Entre las principales virtudes del mecanismo consultivo adoptado por el FAM, destaca la voluntad de que un cuerpo colegiado se encargó de organizar y tomar sobre la marcha decisiones sobre un proceso inédito en la historia del país. En esa lógica, fue fundamental que se formalizó la constitución del frente y se estableció el convenio respectivo, y que éste fue presentado, valorado y aprobado por la autoridad electoral, el INE.
Tanto la constitución de frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales conjuntos entre los partidos como la suscripción del convenio respectivo se encuentran previstas en los artículos 23, 85 y 86 de la Ley General de Partidos Políticos. Ahora bien, como la constitución de este tipo de frentes debe ser de índole no electoral, se puso especial cuidado en utilizar diversos eufemismos para denominar los componentes del proceso consultivo. Por ejemplo, no hablar de voto, sino de participación; centros de votación y mesas, en lugar de casillas; simpatías, en lugar de firmas, y así un largo etcétera en el establecimiento de un glosario específico para cumplir con la normatividad. Gajes de nuestro abigarrado sistema electoral.
Las varias etapas del proceso y su complejidad requerían de un fuerte acompañamiento por parte de la sociedad civil. Para empezar, en la inscripción de aspirantes que tuvieran la intención de participar en el proceso: 33 perfiles, provenientes algunos de la sociedad civil y otros de los partidos políticos, entregaron la documentación manifestando su interés en participar. El primer filtro redujo a 13 el número de aspirantes, en cumplimiento de los requisitos establecidos por el Comité Organizador.
A partir de entonces comenzó la carrera por la búsqueda de simpatías para perfilar a aquellos aspirantes cuyos proyectos y personas resultaran más destacados e interesantes para la ciudadanía. Aquí era importante destacar el carácter nacional, por más fuerza regional que tuviera algún contendiente.
En esta etapa, en un plazo de apenas 37 días los aspirantes se tuvieron que avocar a conseguir 150 000 simpatías, distribuidas en por lo menos 17 estados. En cada entidad se estableció un tope de 20 000, para no generar demasiada concentración focalizada de apoyos. El registro estuvo abierto doce días más para apoyar genéricamente al Frente, ya sin posibilidad de respaldar puntualmente a algún contendiente.
Había que registrarse en una plataforma electrónica, subir fotografías del anverso y reverso de la credencial del INE y, además, el interesado tenía que tomarse fotografías en tiempo real, para constatar que era correcta su identidad como ciudadano interesado en el proceso. Para minimizar —imposible pretender erradicar— que intereses ajenos contaminaran el proceso, se decidió que las personas registradas en los padrones de los partidos de la coalición oficialista quedarían excluidas.
Ciertamente, una de las primeras críticas y desafíos por resolver estuvo en que la plataforma, durante los dos primeros días, no funcionó de manera correcta. Los registros validados estuvieron muy por debajo de la demanda de acceso. Pero pronto se corrigió el problema, se robusteció la plataforma y en los días subsecuentes funcionó con normalidad.
El 8 de agosto, al cerrar el plazo para recolectar simpatías, y una vez que el Comité Organizador diera a conocer, al día siguiente, a los contendientes que pasarían a la siguiente etapa, se presentó un foco de tensión al quedar fuera del proceso los dos aspirantes provenientes del PRD: Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles. Esto llevó a que, temporalmente, el PRD pusiera en pausa su participación en el Frente. No se produjo propiamente una ruptura, dado que los siguientes días se desarrollaron intensas conversaciones en el seno del Frente para amortiguar y resolver el asunto. Mancera decidió impugnar el proceso ante el Tribunal Electoral, pero éste determinó que el diferendo debía dirimirse ante las instancias competentes del partido. El proceso continuó, la diferencia se zanjó, el PRD regresó a los trabajos respectivos e inclusive, en la etapa final, comunicó que como partido apoyaría a Xóchitl Gálvez.
El 9 de agosto, el Comité Organizador confirmó que los cuatro contendientes que quedaban en la carrera eran Santiago Creel, Enrique de la Madrid, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Los cuatro participaron en el foro nacional sobre “Visiones de México”. Al darse a conocer los resultados del primer estudio de opinión, Enrique de la Madrid quedó fuera del proceso. Vendrían después cinco foros regionales en Durango, Monterrey, León, Guadalajara y Mérida. Con el propósito de no dividir el voto en el apoyo panista, Santiago Creel se bajó de la contienda, declinando en favor de Gálvez. Había quedado desde ese momento claro que el Frente tendría una coordinadora. Se mantuvieron dos aspirantes, pero, en pocos días, fueron haciéndose más frecuentes y sonoras las opiniones en el sentido de que Beatriz Paredes debía imitar la decisión de Creel. El mismo liderazgo de su partido dio señales inequívocas al respecto, lo que generó una nueva polémica, que tampoco descarriló el proceso.
En la recta final, se dieron a conocer los resultados del segundo estudio de opinión, que significaría la mitad de la ponderación para determinar a la eventual aspirante triunfadora. La otra mitad se decidiría en la jornada consultiva ciudadana programada para el domingo 3 de septiembre. Sin embargo, dada la ventaja claramente irremontable de una de las aspirantes, las opiniones se dividieron sobre la pertinencia de mantener la realización de dicha jornada o terminar el proceso de manera anticipada ante un escenario previsible.
Con papeletas impresas y materiales preparados, cuando todos los comités estatales tenían dispuesta la ubicación y logística para la instalación de las mesas receptoras y centros de participación, Beatriz Paredes confirmó su declinación, de modo que no restaba más que proclamar a Xóchitl Gálvez como la ganadora del proceso. Así, la jornada consultiva de este domingo fue sustituida por una celebración en la Ciudad de México, replicada en decenas de ciudades por todo el país y algunas en el extranjero, en la que se le entregó la constancia a Xóchitl Gálvez como la ganadora del proceso y, como tal, “Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México”.
¿Qué se puede concluir de todo lo anterior? Detallo algunos puntos:
En primer lugar, el notorio reposicionamiento de la oposición, que enfrentará en unidad el desafío electoral de 2024 en condiciones de competencia real para disputar la Presidencia y el Congreso de la Unión al oficialismo.
Se logró un proceso de mutuo beneficio entre partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que, más allá de los intereses que les dieron origen, pudieron incidir de manera definitiva en la postulación de la eventual candidata opositora a la Presidencia.
Hace apenas tres meses, las aspiraciones de Xóchitl Gálvez estaban dirigidas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Que tenga en la bolsa la candidatura opositora a la Presidencia es deseo e impulso de la sociedad civil.
Para los partidos políticos frentistas, seriamente cuestionados como articuladores de agendas ciudadanas, el proceso generó un bono de confianza como representantes populares. Si entendieron bien el mandato, deberán ensanchar los mecanismos de designación de las demás candidaturas de cara a la elección general del año próximo.
Se observaron conductas que en mucho refuerzan valores democráticos: la aceptación de la derrota por parte de Enrique de la Madrid (y también al final, aunque a regañadientes, de los aspirantes perredistas), así como las declinaciones de Santiago Creel y Beatriz Paredes, poniendo el interés superior de la sociedad sobre los intereses particulares partidistas. No sin rispideces, pero se mantuvo la civilidad.
Algo nada menor: por primera vez en su historia, dos de los cuatro partidos políticos nacionales más relevantes en las últimas tres décadas, el PRI y el PRD, postularán a una mujer a la Presidencia de la República.
La experiencia es valiosa por si, eventualmente, se llega a legislar sobre las elecciones primarias de los partidos políticos, las cuales, en principio, tendrían que ser abiertas, simultáneas y obligatorias —como son las PASO en Argentina—, lo que ayudaría a erradicar o al menos reducir los incentivos a que militantes e intereses ajenos incidan de manera nociva en internas que no les competen.
Por último, es muy aleccionador el contraste en la vereda de enfrente: el FAM optó por el camino de la legalidad, al establecer un frente y registrar un convenio que fue aprobado por el INE; integró un comité para organizar, arbitrar y dirimir diferendos y tomar decisiones ejecutivas sobre la marcha de un proceso inédito; instaló una estructura territorial nacional; coordinó equipos de sociedad civil y especialistas electorales que, sin retribución económica, colaboraron con los partidos políticos; estableció mecanismos de respaldo (obtención de simpatías) y consulta a la ciudadanía (estudios de opinión); y realizó seis foros para contrastar ideas y personalidades de cara a la opinión pública entre aspirantes que, aunque con austeridad, lograron emocionar y convocar a la ciudadanía. Mientras tanto, del otro lado, en el oficialismo, hay una contienda que es toda una simulación, que lleva al menos un par de años sin controles, donde no se permiten los debates, donde está a la vista el derroche de recursos públicos —se han acusado entre sí los contendientes del uso, desvío y abuso en los recursos públicos, lo cual quedará para las autoridades investigar, más allá de las denuncias mediáticas, como posibles delitos electorales— y se han cuestionado internamente las encuestas —que ni siquiera se pudieron levantar según lo anunciado— como único mecanismo del que, se supone, saldrá el candidato o candidata del régimen. Cómo no ver ahí una profunda nostalgia de restauración de dos de las prácticas políticas del antiguo régimen mexicano que habían sido erradicadas: la voluntad autoritaria de una sola persona, el presidente de la República, por medio del tristemente célebre “dedazo”, y los dados cargados detrás de un “tapado” o —bien evidente— “tapada”.
Horacio Vives Segl
Profesor del Departamento Académico de Ciencia Política del ITAM y Director del Centro de Estudios Alonso Lujambio.