En 2016, Irma Carrillo Nevares tomó una muestra del interior de su mejilla y firmó su nombre al pie de un formulario de consentimiento que permitía que una organización no gubernamental, Colibrí Center for Human Rights, agregara su ADN a su base de datos. El hijo y la hija de Carrillo Nevares desaparecieron en el desierto de Arizona hace 17 años, cuando cruzaron para reunirse con ella. Ella estaba desesperada por saber qué les había pasado y la base de datos de Colibrí le ofreció un rayo de esperanza.
“No importa cuántos años pasen, es un trauma muy doloroso para nosotros y cualquier opción que se nos presente es buena,” dijo Carrillo Nevares. Ahora que Colibrí tenía su muestra, si en algún momento hallaran restos que coincidieran con su ADN, la organización le notificaría. O eso pensó, mientras entregó su material genético.
Durante una década, Colibrí Center for Human Rights —con sede en Tucson, Arizona— trabajó con agencias gubernamentales y organizaciones humanitarias para identificar a migrantes cuyos restos se encontraban en la zona fronteriza de Estados Unidos. Como parte de ese trabajo, la organización administraba una base de datos con muestras de ADN recolectadas de familias de toda América Latina y Estados Unidos. Para el 2022, Colibrí había ayudado con cientos de identificaciones.
Sin embargo ahora, la propia base de datos de Colibrí ha desaparecido. Desde otoño de 2024, ninguna de las organizaciones afiliadas con Colibrí ha podido acceder a ella, recibir información del laboratorio que resguarda y procesa las muestras de ADN o hacer identificaciones. El sitio web de Colibrí no existe y las comunicaciones con la organización han concluido. En diciembre de 2025, el estado de Arizona disolvió la organización debido a falta de documentación anual requerida.
Frustrados, antropólogos forenses y otros por toda la zona fronteriza se preguntan: ¿Hay esperanza de recuperar la base de datos, o se ha esfumado para siempre?
Mientras el gobierno de Estados Unidos escaló su vigilancia sobre su frontera sur durante la década de 1990, las rutas migratorias que atraviesan la región se desplazaron hacia el inmenso y caluroso Desierto Sonorense de Arizona —con consecuencias mortales. A inicios de la década de los 2000, la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima, que atiende a tres de los cuatro condados fronterizos de Arizona, recibió restos óseos de personas presuntamente fallecidas en el intento de cruzar la frontera. Muy pronto, personas en búsqueda de sus parientes extraviados llamaron a la oficina. Bruce Anderson, el antropólogo forense de la oficina, empezó a redactar informes de personas desaparecidas. Organizaciones humanitarias atendieron llamadas similares. En 2006, la antropóloga cultural Robin Reineke ayudó a Anderson a organizar los informes en una base de datos. La llamaron The Missing Migrant Project.
Para 2013, cuando Reineke y su co-fundador William Masson incorporaron el proyecto como 501(c)3 —asociación civil— tenían cientos de reportes. En 2016, para entonces operando bajo el nombre Colibrí Center for Human Rights, empezaron a utilizar ADN para hacer identificaciones. Contrataron a Mirza Monterroso, parte del equipo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, para administrar el nuevo programa de ADN.
Colibrí organizó eventos en ciudades con grandes poblaciones de inmigrantes. Los parientes de personas desaparecidas iban a dar muestras de referencia del interior de sus mejillas. Para proteger las identidades de las familias, el equipo de Colibrí creó un código único para cada muestra que únicamente se podía descifrar a través de la base de datos. Enviaron las muestras anonimizadas a Bode, un laboratorio privado en Virginia. Cuando los fondos lo permitían, la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima también enviaba muestras óseas de restos no identificados a Bode.
El laboratorio comparaba los dos grupos de ADN. Cuando dos muestras coincidían, Bode contactaba a Colibrí, cuyos empleados revertían el anonimato de la muestra familiar, identificaban a quién correspondía y contactaban a los parientes. Para 2022, Colibrí ayudó con alrededor de 500 identificaciones.
El éxito del programa ocultaba ciertos desafíos tras bastidores. Reineke renunció a su cargo de directora en julio de 2019. El estrés del trabajo le estaba afectando: “Estaba cometiendo errores. Tuve un accidente de auto. Era un desastre,” comentó. La organización tuvo dos directores interinos y para 2021 enfrentaba graves problemas financieros. La junta directiva decidió fusionar Colibrí con Undocumented Migration Project, otra organización sin fines de lucro fundada por Jason De León, que era también el presidente de la junta.
De León parecía el candidato ideal para liderar el trabajo de Colibrí. Era un antropólogo que se había incorporado a la junta directiva de Colibrí en 2017, invitado por Reineke. Su libro The Land of Open Graves, publicado en 2015, describía la crisis de mortalidad de migrantes y cómo habían respondido Colibrí y otras organizaciones. Creó Undocumented Migration Project para recaudar fondos tanto para sus investigaciones académicas como para una exposición de arte itinerante que se llamaba Hostile Terrain 94.
El personal y la junta directiva de Colibrí se sentían optimistas. “La junta vio una buena oportunidad para que otra organización más grande y más establecida [se hiciera cargo]”, comentó Monterroso. Desde la perspectiva de De León, él representaba la última oportunidad para Colibrí. “La organización iba a cerrar así que asumí la dirección con la esperanza de poder salvarla", explicó en una entrevista en marzo de 2025.
De León se volvió director ejecutivo de Colibrí en 2022. Monterroso dijo que ella rápidamente chocó con él sobre cuestiones de ética y protocolos. En el verano de 2024, se puso en contacto con Masson —el cofundador de Colibrí y uno de los integrantes de su junta directiva— para expresar una serie de preocupaciones, incluyendo que una alumna de maestría utilizara la base de datos para encontrar a parientes de desaparecidos para entrevistas de su tesis; la presencia de una documentalista en eventos de recolección de ADN; y retrasos de meses antes de que las muestras se enviaran al laboratorio para procesarse. Unas semanas después de comunicarse con Masson, De León la despidió así como a su colega en el programa de ADN. (Masson declinó hacer comentarios sobre los contenidos de este artículo.)
Los despidos preocuparon a las organizaciones afiliadas con Colibrí. “Despidieron al personal de Colibrí sin explicación. Esto nos preocupó ", comentó Kate Spradley, profesora de antropología en Texas State University y directora de Operación Identification, que lleva a cabo identificaciones de migrantes en el sur de Texas. Después de los despidos, dijo, le fue difícil comunicarse con De León sobre cuestiones del uso y administración de la base de datos.
En octubre de 2024, De León mandó una carta de renuncia a la junta directiva de Colibrí. “Quería alejarme de esto lo más posible", dijo en una entrevista. “De lo que más me arrepiento en mi carrera es de intentar salvar esta organización,” agregó antes de denunciar “el acoso y difamación constante que he tenido de soportar a causa de gente antes afiliada con la organización que me culpa por muchas cosas.”
Una semana después de que De León envió su carta, las organizaciones afiliadas de Colibrí de larga data perdieron acceso a la base de datos. Cuando intentaron ir a su dirección web, apareció una notificación que decía que el sitio ya no estaba alojado. Sin acceso a la base de datos ni la cooperación de Colibrí para descifrar las muestras, no había forma de hacer muchas identificaciones.
“El ADN familiar está ahí [en el laboratorio], sin estar siendo cotejado con ningunos de nuestros restos no identificados,” comentó Spradley. “Si nada cambia, perdemos la posibilidad entera de identificar a un buen número de personas.”
En la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima, el equipo de Bruce Anderson se enfrentó a una situación parecida. “Hay una docena o más de casos que no se pueden identificar y familias que no pueden ser notificadas,” afirmó. “Creemos que estas [identificaciones] se resolverían si pudiéramos acceder a esos datos y a esos resultados.”
Las familias también estaban preocupadas. “Confiamos que [la base de datos] era algo bueno para nosotros, algo que iba a ayudar a buscar a nuestra familia", comentó Carrillo Nevares en una entrevista. “Han traicionado mi confianza.”
Algunas de las organizaciones afiliadas con Colibrí hicieron esfuerzos por contactar a De León y a algunos integrantes de la junta directiva pero no recibieron respuesta alguna, según afirmaron. No les quedaba claro con quién quedaba la responsabilidad para la base de datos, dado que se suponía que la fusión de Colibrí con Undocumented Migration Project ya se había concretado. En realidad, la documentación para formalizar la fusión nunca se presentó a la Arizona Corporation Commission, la agencia estatal que supervisa a entidades corporativas y de sociedad civil. Colibrí y Undocumented Migration Project existían como entidades legales distintas, registradas en estados distintos con números de identificación fiscal distintos.
En octubre de 2025, mientras su creciente preocupación se transformaba en desesperación, Spradley, Anderson, Reineke y siete otros enviaron una carta a De León, las juntas directivas de Colibrí y Undocumented Migration Project y la directora del departamento de antropología de la Universidad de California–Los Ángeles, donde De León actualmente es profesor.
“Nos encontramos en un impasse crítico,” escribieron. “Escribimos para solicitar su ayuda a fin de encontrar la manera para que miles de informes de personas desaparecidas y muestras genéticas de parientes de migrantes extraviados sean utilizados de la forma prometida a las familias en el momento de su recolección.”
Al cierre de esta edición nadie había respondido, según Reineke.
“No respondí porque no tengo información acerca de la base de datos,” De León dijo en febrero de 2026. “No tengo idea de qué está haciendo [la junta directiva], qué ha hecho, dónde está la base de datos.”
Entonces, ¿dónde está la base de datos? Según la ley federal de Estados Unidos, la responsabilidad de los activos de una organización sin fines de lucro recae en su junta directiva. Según documentación presentada a la Arizona Corporation Commission, los integrantes más recientes de la junta directiva de Colibrí eran: Masson, De León, David Newstone y Yolanda Magallanes. De León disputa su estatus, afirmando que salió de la junta directiva al volverse director ejecutivo de la organización en 2022 y cortó todos sus vínculos con la organización en 2024. Sin embargo, la documentación legal de la organización aún lo incluía como parte de la junta hasta la entrega más reciente en agosto de 2025. “Eso es sólo un error,” dijo De León.
Mientras tanto, Colibrí se considera “inactiva” por la Arizona Corporation Commission debido a un error en la presentación de su reporte anual. A pesar de una notificación advirtiéndoles de la inminente disolución de la organización, los integrantes de la junta no corrigieron el error. El 31 de diciembre de 2025, la agencia les notificó su disolución administrativa. Contactado por teléfono, David Newstone dijo que Colibrí “había cerrado.”
Newstone también dijo que puede ser que la base de datos ya no exista. “Creo que se ha destruido,” dijo. Magallanes comentó, “Yo no tengo que contestar a ninguna de esas preguntas” sobre el estatus de la base de datos. Los integrantes de la junta directiva no respondieron a solicitudes de comentarios posteriores.
Si la base de datos ha sido destruida, es posible que esto no haya sido en cumplimiento con la ley federal de organizaciones sin fines de lucro. Esta señala que los activos de una entidad 501(c)3, incluyendo los datos y la propiedad intelectual, “deben dedicarse de manera permanente a un propósito exento [de impuestos]” y que, en el caso de la disolución de la organización, deben distribuirse a otra organización sin fines de lucro o a una entidad gubernamental. Los Estatutos de Constitución de Colibrí se ajustan a esta ley; mientras tanto, el formulario de consentimiento que firmaron las familias en el momento de proporcionar sus muestras de ADN estipulaba que, en caso de que terminara el programa, Colibrí notificaría "a todas las familias cuyas muestras aún se encuentren en Bode Technologies y les proporcionaremos las opciones disponibles en ese momento.” (Carrillo Nevares negó haber recibido notificación alguna al respecto.)
Se entrevistó a abogados expertos para este artículo, y coincidieron en que, dadas las circunstancias regulatorias actuales en Arizona y Estados Unidos, es poco probable que una agencia gubernamental interviniera. Cualquier intento para recuperar la base de datos tendría que venir de una petición judicial: una solicitud formal presentada por un tercero frente a la Corte Superior del Condado de Pima.
Si la base de datos todavía existe, los antropólogos forenses y defensores de migrantes que firmaron la carta de octubre de 2025 dicen que están dispuestos a asumir la responsabilidad de ella. “Hay media docena de organizaciones… que pueden hacerse cargo de la gestión, la protección y el uso de estos datos tal y como se pretendía que se utilizaran", escribieron. Sólo hace falta el permiso de la junta directiva de Colibrí.
La pérdida de los datos sería devastadora, dijeron. Colibrí “tiene una obligación moral y una responsabilidad ética de asegurar que estos datos permanezcan accesibles,” dijo Daniel Martínez, sociólogo del Binational Migration Institute de la Universidad de Arizona y uno de los signatarios de la carta. “De no proporcionar ese acceso, estás activamente obstaculizando la identificación de estos difuntos y la reunificación de sus restos con sus seres queridos.”
Para las familias aún en búsqueda de sus parientes extraviados, la desaparición de Colibrí atenúa sus esperanzas.
“Todas las familias miramos a [Colibrí] como la puerta a la esperanza de poder encontrar a nuestros hijos y ¿qué no hace uno por encontrarlos?” comentó Carrillo Nevares. “El objetivo de una organización humanitaria es el servicio a la comunidad, no decir…‘cambié mis intereses y no te voy a dar una explicación.’ Eso no está bien, desde un punto de vista humano.”
Traducción de Caroline Tracey. Este artículo apareció originalmente en High Country News y The Border Chronitcle y se realizó con el apoyo de la Foundation for Investigative Journalism. Personas afectadas por el cierre de Colibrí pueden comunicarse con Proyecto Esperanza: busqueda@arizona.edu
Gabb Schivone
Periodista de investigación de Tucson, Arizona. Suscríbete a su trabajo en patreon.com/GabbSchivone.
Caroline Tracey
Reportera de The Border Chronicle y autora de Salt Lakes: An Unnatural History (W.W. Norton, 2026).