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Sobre los objetivos políticos de las últimas reformas electorales

La eliminación de la figura de candidaturas comunes en la Constitución del Estado de México, tiene como objetivo dificultar la presentación conjunta -por lo menos para los dos partidos de oposición mayoritarios- de un candidato en la elección de gobernador 2011 que enfrente al candidato del partido en el gobierno (PRI).

Como en muchas batallas políticas y burocráticas uno de los objetivos más claros es reducir el acceso a recursos financieros y materiales del adversario. Si el PAN y el PRD presentaran una candidatura común tendrían acceso a recursos públicos propios para hacer campaña, a tiempos en televisión por la campaña que hiciera cada partido, a topes de gasto de campaña para cada partido, y cada partido tendría representantes ante casillas y órganos electorales. En cambio, al estar obligados  a participar bajo la figura de coalición electoral, entonces tendrán que actuar en casi todos los casos (excepto en cuanto al monto de financiamiento público) como un sólo partido. Es decir, tendrán los tiempos en televisión de un sólo partido, el tope de campaña de un sólo partido, y una sola representación antes órganos electorales y casillas. Esto también implica que en caso de ir en coalición los partidos tendrán que ponerse de acuerdo, previo a la elección, en qué porcentajes de la votación total por la coalición se distribuirán a cada uno.

Las consecuencias de esta reforma tienen dos interpretaciones posibles. Una es que efectivamente hará más difícil la construcción de una candidatura conjunta al elevar los costos y espacios en los que los partidos que se quieran aliar tendrán que ponerse de acuerdo. Otra interpretación posible, es que al PRI y sus aliados en el Estado de México, les saldrá el tiro por la culata, y garantizarán una coalición no sólo entre los dos partidos de oposición más grandes, sino con los más chicos que podrán negociar su porcentaje de votación antes de la elección, en vez de correr el riesgo de perder el registro con una candidatura propia o común.  (Ver cuadros 1a y 1b)

Una segunda reforma constitucional importante para la elección 2011 fue la reducción de tiempos de pre-campaña y campaña. En el primer caso, pre-campañas, se redujo de 60 días a máximos 10 días, y en el segundo caso, campañas, se redujo de 90 días a 45 días. Es decir, antes de la reforma aprobada, el proceso electoral podía durar hasta 150 días, con la reforma aprobada sólo podrá durará 55 días. Esta es una reducción de 63% del tiempo de campañas. Esta última cifra es importante porque la reforma fue justificada en términos de cambios tecnológicos que permiten en menor tiempo (y recursos) llegar a la población, y por tanto acompañada de otra iniciativa de ley que reduce el financiamiento público de las campañas en 10%. Es decir, en una tercera parte del tiempo, se espera que los partidos y candidatos gasten básicamente los mismos recursos que con campañas largas. Las propuestas que existen en otros ámbitos respecto la reducción del presupuesto a los partidos políticos, poco si es que algo tienen que ver con los tiempos de campañas.

No parece haber una razón muy clara para limitar lo tiempos tanto, siempre y cuando el monto de financiamiento y el tope de campaña no cambien. Es decir, cada candidato o partido debería decidir cuando gastan sus recursos financieros de campaña. Tal vez para una estrategia es mejor una larga campaña de baja intensidad con pocos recursos, que una campaña corta centrada en el uso de recursos financieros. Podemos imaginar que al partido en el gobierno le conviene que las campañas sean lo más cortas posibles, pues reduce la posibilidad de la oposición para construir la imagen de un candidato que no ha ejercido recientemente algún cargo público, desde el cual goce de cierta visibilidad previa al proceso electoral. (Ver cuadros 2a y  2b)

La tercera reforma es tal vez la más compleja de aquilatar, debido a que las consecuencias más importantes que tiene sobre el sistema electoral mexiquense son resultado de una reforma electoral previa, aprobada en marzo del 2008 por la legislatura local. La mayoría de las leyes y regulaciones de los Institutos Electorales Estatales están basadas en el modelo del Instituto Federal Electoral (IFE) de 1996. Uno de los objetivos primordiales de su legislación y reglamentación fue darle autonomía al pleno del Consejo Electoral frente a los partidos políticos. Por esta razón los Consejeros, nombrados por una mayoría calificada en la legislatura, tienen voz y voto, mientras que los representantes de los partidos sólo tienen voz. A su vez la carga operativa, las decisiones burocráticas y la ejecución de los decisiones del pleno suelen estar en manos de una Secretaría (Ejecutiva o General dependiendo del Estado) la cual responde exclusivamente al pleno del Consejo. Sin embargo, excepto por los estados de Tlaxcala y México, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, es nombrada por pleno del Consejo sin intervención de los partidos. Esto quiere decir que la Secretaría (la cual tiene casi todas las responsabilidades operativas y el nombramiento de puestos dentro de la burocracia electoral) responde a los Consejeros.

La reforma electoral que se aprobó en 2008 en el Estado de México, quitó la facultad de nombramiento de la Secretaría al pleno, y se la entregó a dos terceras partes de la legislatura local, es decir, a los partidos. Por esta razón fue considerada en su momento una reforma regresiva, pues reduce la autonomía del instituto electoral frente a los partidos, y al mismo tiempo adelantó la sucesión de consejeros que integraban el pleno por segunda ocasión en menos de 5 años, la otra en 2005, (hace unos días un tribunal ratificó que la destitución de tres consejeros del Instituto Electoral del Estado de México fue ilegal, y solicitó al Congreso Local que lo reinstalara, sin embrago, hasta el momento, la legislatura local se ha negado a hacerlo). (Ver cuadro 3)

En esa misma reforma del 2008 se formó un Órgano Técnico Fiscalizador (OTF) y una Contraloría General adscrita al consejo. El primero tiene la responsabilidad de fiscalizar a los partidos políticos y proponer sanciones al Consejo General en caso de que incurran en alguna irregularidad o enviarlas directamente al Tribunal Electoral del Estado. El OTF es nombrado por dos terceras partes del pleno del Consejo. La Contraloría General nombrada por dos terceras partes de la legislatura local tiene la obligación de auditar el gasto financiero del Instituto y presentar su informe al Congreso. Sin embargo, a partir de la reforma recién aprobada, la atribución del OTF de presentar las propuestas de sanción al pleno del Consejo, fue asignada a la Secretaría Ejecutiva. Es decir, la Secretaría Ejecutiva, la cual nombran los partidos, funcionará como filtro entre los informes de gasto de los partidos del OTF, y el pleno de Consejo en las propuestas de sanciones a los partidos políticos. Pareciera que los legisladores vieron “riesgoso” que un órgano no electo por ellos, tuviera la capacidad de proponer las sanciones que en caso de irregularidades les serán aplicadas. (Ver cuadro 4)


Sobra la constitucionalidad de la eliminación de las candidaturas comunes

Ahora bien, más allá de la lectura política de esta reforma a la Constitución local del Estado de México, es necesario agregarle a este análisis una serie de cuestionamientos a partir de una perspectiva jurídica. ¿Acaso es constitucional una reforma que elimina la posibilidad de las candidaturas comunes? ¿Cuáles son, en su caso, los derechos fundamentales que se estarían vulnerando? ¿Se ha pronunciado sobre este tema la Suprema Corte de Justicia? ¿Es probable que prospere una eventual impugnación de esta reforma por parte del PAN y PRD?

No es necesario ir muy atrás de la memoria de precedentes de la Corte, para encontrar su última resolución al respecto. Se trata de una opinión clara y contundente donde los ministros de manera unánime consideraron que era constitucional que una legislatura local expulsase de su sistema electoral las candidaturas comunes. En efecto, en enero de este año los ministros resolvieron un asunto en el que se sometió a escrutinio constitucional la reforma del Congreso del estado de Guanajuato que eliminó de su texto constitucional la figura de las candidaturas comunes. En esta ocasión, sin embargo, fue el PAN quien impulsó esta reforma a la Constitución local de esta entidad federativa, mientras que el PRD y el PT fueron los responsables de combatirla en la arena jurisdiccional. Lo cual deja entrever que la falta de congruencia, en el transcurso de tan sólo unos meses, de las fuerzas políticas en el tema de la prohibición de las candidaturas comunes, responde enteramente a motivaciones coyunturales para evitar procesos electorales difíciles o amenazantes para un determinado partido político. En el caso de Guanajuato para el PAN y ahora en el Estado México para el PRI.

Pero, ¿cuáles fueron los argumentos de la Corte para adoptar esta decisión? La respuesta argumentativa de la Corte, como sucede en cada asunto jurisdiccional, dependió de los ataques que presentaron tanto el PRD como el PT. A juicio de estos partidos políticos, la reforma del Congreso de Guanajuato que eliminó las candidaturas comunes era inconstitucional ya que vulneraba el derecho de asociación en materia política (artículo 9º de la Constitución federal) y, además, obstaculizaba que los partidos políticos cumpliesen con una de sus principales finalidades: promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional (artículo 41 de la Constitución federal).

En respuesta, en primer lugar, la Corte recordó como ha venido entendiendo el derecho de asociación en sus últimas resoluciones. Se trata de una libertad “que implica la potestad de los individuos para unirse y construir una entidad o personal moral, con sustantividad propia y distinta de los asociantes y que tiende a la consecución de objetivos plenamente identificados, cuya realización es constante y permanente.” Esto significa, continúo la Corte, que la libertad de asociación es propia de los individuos, mas no de los partidos políticos. Y, por ello, no es posible desprender del derecho de asociación un derecho de los partidos políticos a las candidaturas comunes, ni tampoco concluir que la prohibición de las candidaturas comunes afecta el derecho de los individuos a asociarse para formar organizaciones políticas. No hay, pues, a criterio de nuestra Suprema Corte, una relación entre la libertad de los ciudadanos para asociarse políticamente y la manera en que los partidos políticos pueden participar en los procesos electorales (por ejemplo, mediante candidaturas comunes o coaliciones). Y, por tanto, la eliminación de las candidaturas comunes no afecta en ningún sentido la posibilidad de que un grupo de individuos constituya un partido político y, a través de éste, acceda eventualmente a los diversos puestos de representación popular.

En cuanto al segundo aspecto, que la prohibición de las candidaturas comunes dificulta que los partidos políticos cumplan con su finalidad de promover la participación ciudadana, la Corte consideró que en este tema tanto el congreso federal como las legislaturas locales tienen amplia discrecionalidad para determinar las modalidades en que los partidos políticos podrán participar en los procesos electorales. Varios de los aspectos que construyen la estructura de un sistema electoral son decisiones enteramente políticas donde los órganos legislativos tienen libertad de definirlos a partir de sus propias necesidades y circunstancias políticas.

Esto no significa, sin embargo, que esta libertad de configuración del legislador sea ilimitada. Los congresos podrán definir la forma de participación de los partidos políticos siempre y cuando no rebasen alguno de los límites establecidos en el artículo 116 fracción IV de la Constitución federal, tales como que los partidos políticos se puedan constituir sólo por ciudadanos sin participación de organizaciones gremiales, que tengan el derecho exclusivo para solicitar el registro a cargo de elección popular, que reciban financiamiento público de forma equitativa, que tengan acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión, que exista una autoridad electoral administrativa que organice los procesos electorales y una jurisdiccional que resuelve los conflictos derivados de aquéllos, etc.

Asimismo, la Corte consideró que esta libertad del legislador para determinar las modalidades de participación de los partidos políticos encuentra otro límite en las principales finalidades de los partidos políticos (límite que fue precisamente señalado en su demanda por el PRD y el PT): promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. La pregunta clave aquí, entonces, es la siguiente: ¿Con la prohibición de las candidaturas comunes realmente se impide que los partidos políticos cumplan con estas finalidades o, más bien, sólo deja fuera una de las posibles formas (mas no la única) en que los partidos pueden asegurar tales objetivos?

Los ministros consideraron que sacar la figura de las candidaturas comunes de un escenario electoral en ningún momento impide cumplir con las finalidades de los partidos políticos, ni tampoco implica desconocer las exigencias señaladas por la Constitución federal a cada legislatura local al momento de que éstas definen el diseño de su sistema electoral. Las candidaturas comunes son formas de participación de los partidos políticos, cuya ausencia en un determinado sistema electoral puede calificarse de poco atinada al reducir el número de opciones de los partidos políticos para participar en los procesos electorales, pero no como inconstitucional. De esta manera, la Corte no sólo ratificó la constitucionalidad de la prohibición de las candidaturas comunes, sino que también emitió un criterio jurisprudencial que hace prácticamente imposible el éxito de una impugnación a la reforma del Estado de México.

CANDIDATURAS COMUNES. SU EXPULSIÓN DEL MARCO JURÍDICO ESTATAL NO INFRINGE EL DERECHO DE ASOCIACIÓN POLÍTICA. El artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los individuos el derecho de libre asociación; por su parte, el artículo 41, párrafo segundo, fracción I, constitucional, establece que en materia política la ley determinará las normas y los requisitos para el registro de los partidos políticos y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, de lo que se deduce que corresponde al legislador ordinario federal o local, según sea el caso, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, determinar las formas asociativas a las cuales pueden recurrir los partidos políticos, con la limitante de que dicha regulación no resulte arbitraria, innecesaria, desproporcionada o incumpla con criterios de razonabilidad; además de guardar congruencia con la finalidad de los partidos políticos, consistente en promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público. En ese sentido, se concluye que la determinación del legislador ordinario de eliminar del marco constitucional o legal estatal, la posibilidad de que los partidos políticos postulen candidatos mediante la figura de las candidaturas comunes, no infringe el derecho de asociación política contenido en el artículo 9o., en relación con el 41, párrafo segundo, fracción I, ambos de la Constitución General de la República.[1]

En este contexto, la reforma del Estado de México, al menos en cuanto al tema de las candidaturas comunes, difícilmente se puede considerar como un retroceso democrático en sí, pese a revelar el interés del PRI del Estado de México por una estrategia política que se basa en reducir la competencia electoral, a poco menos de un año de la elección de gobernador. La presencia de la figura de candidaturas comunes, como de otros aspectos que definen a un sistema electoral, no determina la calidad democrática de éste. En todo caso lo importante es el significado implícito en la reducción de recursos materiales y humanos para las campañas de la oposición, la reducción de los tiempos de campañas, y la recurrente reducción de la autonomía del Instituto Electoral del Estado de México la que revela las formas de hacer política y el talante restrictivo de quienes hoy tienen la mayoría en el Estado de México. Por estas razones, entre otras, un buen rasero para evaluar esta reforma es a partir de la motivación que hay detrás de ésta: aprovechar la mayoría del PRI en el congreso mexiquense para impulsar una reforma que facilite la elección de un gobernador priísta en el 2011  y dificultar la victoria de una oposición, que pese a sus defectos, en alianza ha demostrado en otros estados, que no han tenido alternancia en el poder, tener la capacidad para derrotar al PRI.  Es decir, el problema de las reforma electorales en el Estado de México, no sólo está en su contenido, sino que parecen diseñadas ad hominem y por tanto están siendo criticadas de la misma manera. Lo cual, por cierto, es tan cínica como la motivación que está detrás de la posible alianza entre el PRD y el PAN.

Andrés Lajous y Saúl López Noriega.


[1] Tesis: P./J. 30/2010 Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXXI, Marzo de 2010; Pág. 2502.

Aquí puedes descargar:

Las reformas en materia electoral aprobadas en los últimos días.

La constitución vigente del Estado de México.

La constitución del Estado de México previa a la reformas electoral del 2008.

El código electoral vigente del Estado de México.

Reforma a la Constitución del Estado de México, que elimina la figura de candidatura común

Cuadro 1a.

Actual Reformada
Art. 12.

En los procesos electorales los partidos  tendrán derecho a postular candidatos, fórmulas, planillas o listas, por sí mismos, en coalición o en candidatura común con otros partidos.

La solicitud de registro de candidaturas comunes deberá presentarse ante el Consejo General, previo acuerdo estatutario que emitan los partidos políticos, a más tardar tres días antes de la fecha en la que ese órgano sesione con el objeto de otorgar el registro a los candidatos de la elección de que se trate.

[No está claro si derogaron todo el párrafo o sólo la referencia al las candidaturas comunes]

Quien haya participado en un proceso interno de selección de un partido político como aspirante o precandidato, no podrá ser registrado como candidato por otro partido político o coalición en el proceso electoral correspondiente. Esta restricción no aplicará para los candidatos postulados por una coalición o en candidatura común de las que forme parte el partido político que organizó el referido proceso interno.

Art. 12.

En los procesos electorales los partidos políticos tendrán derecho a postular candidatos, fórmulas, planillas o listas, por sí mismos o en coalición con otros partidos.

Derogado

Derogado

Prerrogativas de Coaliciones y Candidaturas Comunes según el código electoral del Estado de México

Cuadro 1b.

Candidatura Comunes Coaliciones
A cada partido se le asignarían tiempos de radio y televisión para la campaña del candidatos a gobernador. En elección a gobernador tendrán tiempos en radio y televisión somo si se tratara de un sólo partido (Art. 65).
Cada partido, como si participara con un candidatos propio, tiene derecho a recursos públicos y a representantes propios ante órganos electorales y casillas. El financiamiento será el de los partidos coaligados, pero sólo tendrán un representante ante los órganos electorales y casillas (Art. 71).
Cada partido tendría su propio tope de campaña, pues cada partido haría su campaña aunque se tratara del mismo candidatos. El tope de campaña en el Estado de México es 34% del Salario Mínimo multiplicado por el número de personas en el padrón electoral. En coalición sólo hay un tope de campaña (Art. 71).
Cada partido tendría que registrar su propia plataforma electoral. No hay necesidad de una plataforma conjunto. Es requisito que los partidos coaligados presenten una plataforma común de gobierno aprobada por sus respectivos órganos internos (Art. 72 ).
El porcentaje de votación que reciba cada partido será contabilizado a partir de los votos recibido en su propio logo. En caso de que se tache más de un logo con el mismo candidatos, el voto se contará en favor del candidato pero no entrara en la contabilización del partido. Debido a que la coalición participa con un sólo logo y para efectos prácticos funciona como un sólo partido, el convenio de coalición tendrá que especificar que distribución de porcentaje de la votación por la coalición recibirá cada partido. (Art. 70).

Reforma a la Constitución del Estado de México, que reduce en 2/3 partes los tiempos de precampaña y campaña

Cuadro 2a.

Actual Reformada
Artículo 12.- …

La duración máxima de las campañas será de noventa días para la elección de

Gobernador y de sesenta días cuando se elijan Diputados locales o Ayuntamientos; la ley establecerá con precisión la duración de las mismas. Asimismo, las precampañas no podrán exceder las dos terceras partes del tiempo previsto para las respectivas campañas electorales.

Artículo 12.- …

La duración máxima de las campañas será de cuarenta y cinco días para la elección de Gobernador y de treinta y cinco días cuando se elijan Diputados locales o Ayuntamientos; la ley establecerá con precisión la duración de las mismas. Asimismo, las precampañas no podrán exceder del término de diez días.

Reforma al Código Estatal Electoral del Estado de México, en materia de Financiamiento Público

Cuadro 2b.

Actual Reformado
Artículo 58.- El financiamiento de los partidos políticos se sujetará a las bases siguientes:

I. …

II. …

a) El financiamiento ordinario se fijará anualmente conforme a los siguientes criterios:

1. …

2. …

b) El financiamiento para la obtención del voto en campañas electorales, será el equivalente al doble del monto de financiamiento que corresponda a cada partido político por actividades ordinarias, durante el año del proceso;

c) …

III. …

Se le otorgará a cada partido político el 2% del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como en el año de la elección, para gastos de obtención del voto una cantidad adicional equivalente al doble del financiamiento que le corresponda para el sostenimiento de actividades ordinarias;

IV. … a VI. …

Artículo 58.- El financiamiento de los partidos políticos se sujetará a las bases siguientes:

I. …

II. …

a) El financiamiento ordinario se fijará anualmente conforme a los siguientes criterios:

1. …

2. …

b) El financiamiento para la obtención del voto en campañas electorales, será el equivalente al monto del financiamiento que corresponda a cada partido político por actividades ordinarias, durante el año del proceso, más un 90%, el cual deberá aplicarse exclusivamente al desarrollo de las actividades directamente relacionadas con la obtención del voto dentro de la campaña electoral de que se trate. El Consejo General, a través del Órgano Técnico de Fiscalización, vigilará que los partidos políticos cumplan con esta disposición. Las cantidades no ejercidas conforme a lo señalado, deberán reintegrarse al Instituto, y reservarlas para que formen parte del presupuesto que ejercerá el Instituto el año siguiente.

c) …

III. …

Se le otorgará a cada partido político el 2% del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como en el año de la elección, para gastos de obtención del voto una cantidad adicional equivalente al monto del financiamiento que le corresponda para el sostenimiento de actividades ordinarias, más un 90%;

IV. … a VI. …

Reforma a la Constitución del Estado de México, en la que se quita la atribución el Consejo del Instituto Electoral para nombrar el Secretario Ejecutivo

Cuadro 3.

Constitución Pre-2008 Constitución 2008
Artículo 11.- El Instituto será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección; se integrará por un Consejero Presidente y por seis Consejeros Electorales, electos en sesión del Pleno de la Legislatura del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios. El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales tendrán voz y voto. Asimismo, por un representante de cada partido político, un Director General y un Secretario General del Instituto, quienes asistirán con voz pero sin voto.

El Secretario General del Instituto fungirá como Secretario del Consejo General.

El Director General y el Secretario General del Instituto serán electos por las dos terceras partes del Consejo General, a propuesta de su Consejero Presidente y durarán en su cargo el tiempo que determine la ley de la materia.

Artículo 11.- El Instituto Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, operativos y de vigilancia. Los órganos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio electoral profesional. El Consejo General será su órgano superior de dirección; se integrará por un Consejero Presidente y por seis Consejeros electorales, electos en sesión del Pleno de la Legislatura del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes, previa convocatoria pública y mediante el mecanismo que para tal efecto establezca la Junta de Coordinación Política de la propia Legislatura. Asimismo, se integrará con un representante de cada partido político y un Secretario Ejecutivo General, quienes asistirán con voz pero sin

voto.

El Secretario Ejecutivo General será nombrado por la Legislatura del Estado en la forma y términos que señale la ley y fungirá como Secretario del Consejo General.

El Instituto Electoral contará con una Contraloría General adscrita al Consejo General, que tendrá a su cargo la fiscalización de las finanzas y recursos del Instituto Electoral; su titular será nombrado por la Legislatura del Estado en la forma y términos que señale la

ley.

El Consejo General se auxiliará de un Órgano Técnico de Fiscalización, dotado de autonomía de gestión para llevar a cabo la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos; la ley determinará su integración y funcionamiento. El titular de dicho Órgano será electo en sesión del Pleno del Consejo General, con el voto de las dos terceras partes de los Consejeros Electorales.

Reforma al Código Electoral del Estado de México, en la que se le quita al Organo Técnico Fiscalizador la ṕosibilidad de proponer sanciones a los partidos políticos ante el pleno del Consejo Electoral

Cuadro 4.

Actual Reformada
Artículo 62.- El Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado es un órgano auxiliar del Consejo General, para llevar a cabo la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos.

I…

II…

El Órgano Técnico de Fiscalización contará con la estructura administrativa que determine el reglamento interior del Instituto, con los recursos presupuestarios que apruebe el Consejo General y tendrá las siguientes atribuciones:

a) … a g) …

h) Presentar al Consejo General los informes de resultados y proyectos

de dictamen sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos y a las organizaciones que pretendan convertirse como tales. Los informes contendrían, al menos el resultado y conclusiones, los errores e irregularidades detectadas, las aclaraciones o rectificaciones y las recomendaciones contables, además de la propuesta de sanciones, que en su caso procedan,

conforme a la normatividad aplicable;

Artículo 62.- El Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado es un órgano auxiliar del Consejo General, para llevar a cabo la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos.

I…

II…

El Órgano Técnico de Fiscalización contará con la estructura administrativa que determine el reglamento interior del Instituto, con los recursos presupuestarios que apruebe el Consejo General y tendrá las siguientes atribuciones:

a) … a g) …

h) Presentar al Consejo General los informes de resultados y proyectos de dictamen sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos y a las organizaciones que pretendan convertirse como tales. Los informes contendrán, al menos el resultado y conclusiones, los errores e irregularidades detectadas, las aclaraciones o rectificaciones y las recomendaciones contables, conforme a la normatividad aplicable.

Analizados y, en su caso, aprobados los informes y dictámenes por parte del Consejo General, la Secretaría del Consejo General, elaborará el proyecto de dictamen correspondiente a las sanciones que hubieren sido objeto de resolución por parte del primero, para los efectos de lo previsto por las fracciones XXXV y XXXV BIS del artículo 95 del presente Código.

i) … a m) …

III. …

Artículo 95.- El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:

I. … y II. …

XXXV. Conocer y resolver sobre las sanciones que le corresponda aplicar a los partidos políticos, coaliciones, dirigentes, candidatos o precandidatos, y a quienes infrinjan las disposiciones de este Código, así como determinar e individualizar cada una de ellas, debiendo considerar las circunstancias de modo, tiempo y lugar para la ejecución de la infracción, la gravedad de la falta y el beneficio obtenido;

XXXV BIS. Aplicar, en los términos de la fracción anterior, las sanciones respectivas;

XXXVI. a la LV. …

Artículo 97. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo General:

I. …

I BIS. Elaborar el proyecto de dictamen de sanciones que tengan su origen en la resolución recaída a los informes y proyectos de dictamen a que se refiere la fracción II, inciso h), del artículo 62 del presente Código, para los efectos legales correspondientes.

XXXVII. Las demás que le confiera este Código, el Consejo General o su Presidente.

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