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El impuesto a las telecomunicaciones, aprobado por la Cámara de Diputados, tiene todos los efectos perversos: (1) pone a México como contraejemplo del consenso internacional, (2) disminuye o anula el efecto de derrame de un bien con externalidades positivas bien documentadas, (3) retrasa la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, (4) impacta negativamente en la creación o preservación de empleo directo e indirecto, y (5) afecta más a los que menos tienen. A continuación, analizamos cada uno de estos puntos.

Existe consenso internacional, en ámbitos académicos, de la industria y de la política, en que el acceso y adopción de servicios de tecnologías de la información y comunicación (TICs) son fundamentales para el crecimiento económico y social de las naciones. Las TICs aumentan la competitividad y promueven el desarrollo social, tienen un papel importante en el combate a la pobreza. Sus impactos positivos en la economía han sido ampliamente documentados en todos los ámbitos (educación, salud, agricultura, comercio, innovación…). En la crisis actual, diversos países han puesto en práctica políticas públicas que promueven su desarrollo. Los países del G20 han invertido durante este año más de 3 mil millones de dólares en eso. Australia construye una red de banda ancha que llevará la fibra óptica a los hogares. Estados Unidos discute la iniciativa “broadband for all”. Irlanda plantea la cobertura de banda ancha en todos los hogares. Portugal  decreta “urgente” el desarrollo de redes de nueva generación. Singapur mejora y ampliación su banda ancha. ¿Por qué México ha decidido ir en contra de la tendencia internacional estableciendo un impuesto que frenará en lugar de promover el uso de internet?

La contribución del uso de internet al PIB es innegable. A pesar de que la economía mexicana sufrió una caída de 9.2% en el primer semestre de este año, las telecomunicaciones mantuvieron un ritmo de crecimiento de 12%. Como el impuesto propuesto (en cualquiera de sus versiones) aplicará de manera homogénea a todas las empresas prestadoras, es de esperarse que sea cargado a los consumidores y no absorbido por las empresas. Un aumento en precio, aun en escenarios de poca elasticidad, necesariamente se traduce en alguna disminución de la demanda. Esto llevará a la desaceleración en la demanda por nuevas conexiones (o inclusive decrecimiento) y a la disminución en el uso actual de internet. ¿Se está buscando que menos mexicanos usen los servicios y que los que continúan usándolos los utilicen menos?

No hay duda alguna de que la inversión en infraestructura de telecomunicaciones genera empleo: nuevos empleos directos en su construcción, despliegue y operación; empleos indirectos sustentados en la nueva infraestructura, y empleos creados por los efectos de externalidad de la red. A manera de ejemplo, a precios actuales, se estima que si se cubre la demanda insatisfecha por banda ancha, en México se crearían aproximadamente 39 mil empleos en el corto plazo. A menor demanda debida a un aumento de precio, menor será la inversión, lo que impactará negativamente la creación posible de empleo. ¿El uso de los recursos recaudados por este impuesto podrá generar más empleo? Creemos absolutamente que no.

Por otra parte, los impuestos que gravan a las telecomunicaciones en cualquiera de sus modalidades, tienen efectos regresivos para consumidores actuales y futuros, retardando la adopción de estos servicios.

La encuesta ENIGH 2008 demuestra claramente que entre menores son los ingresos en el hogar, mayor es el gasto proporcional en telecomunicaciones. El hecho de que parezca que la población más rica es la que mayor contribución hará a través de esta nueva contribución se debe sólo a que esta franja de la población ya consume estos servicios, pero no se considera a los usuarios potenciales del servicio. Los deciles más bajos de la población, impactados por el impuesto, harán una de estas cuatro cosas: uno, gastarán una proporción mayor de sus ingresos (en el decil más pobre, los pocos que utilizan internet gastan en promedio casi 11% del gasto total del hogar) y disminuirán el consumo de otros productos, con obvias consecuencias en su bienestar. Dos, dedicarán menor consumo a telecomunicaciones (con la consecuencia directa de menor derrame y menor utilidad). Tres, no contratarán el servicio, retrasando la incorporación del país al mundo digital. Cuatro, cancelarán el servicio, reduciendo el número de los usuarios. ¿Es deseable alguna de estas cuatro consecuencias? ¿Queremos afectar más a los que menos tienen?

En resumen, como hemos dicho arriba, este impuesto pone a México como contraejemplo del consenso internacional, disminuye o anula el efecto de derrame positivo de un bien con externalidades positivas bien documentadas, retrasa la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, impacta negativamente la creación o preservación de empleo directo e indirecto, y afecta más a los que menos tienen.

El gobierno debe comprobar que el ingreso generado por este impuesto adicional a las telecomunicaciones va a generar una mayor contribución a la economía nacional que las externalidades y las derramas que se darían en caso de no existir el impuesto.

Ernesto Flores. Profesor Investigador Asociado, Telecom-CIDE

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