Este inicio de año arrancó el periodo para registrar nuevos partidos políticos. La Ley General de Partidos Políticos (LGPP) establece que las organizaciones de ciudadanos que aspiren a constituirse en partido político nacional deberán informar al Instituto Nacional Electoral (INE) en el mes de enero del año siguiente al de la elección presidencial. Los requisitos mínimos para que alcancen dicho estatus son llevar a cabo asambleas por lo menos en 20 entidades o en 200 distritos electorales; en estas asambleas participen 3,000 afiliados por entidad o bien 300 por distrito electoral; además en dichos eventos se tiene que constata que no participan organizaciones gremiales.

A pesar del elevado índice de descrédito con el que la ciudadanía percibe a los partidos políticos, al cierre del periodo la autoridad electoral recibió la solicitud de 102 organizaciones que buscan alcanzar su registro como partido político nacional. En caso de lograrlo, adquirían el carácter de entidades de interés público, condición que les abriría la puerta a las prerrogativas que el Estado tiene la obligación de entregarles, uno de ellos es el financiamiento público. Particularmente este rubro siempre genera debates intensos que se agrupan en dos grandes polos; el primero manifiesta que ante el contexto de desigualdad económica y social que vive nuestro país, estos recursos podrían ser utilizados para combatirla en lugar de usarlos para la política; el segundo se pronuncia a favor de un autofinanciamiento, es decir que sean los partidos, sus militantes, candidatos y simpatizantes quienes solventen con sus propios recursos la actividad política; ambas posturas convergen en que los recursos que reciben los partidos políticos son excesivos.

Ilustración: Víctor Solís

Ahora bien, nuestro modelo de financiamiento público a los partidos políticos es consecuencia de una serie de reformas iniciadas desde 1977, año en el que se les reconoció en nuestra Constitución; luego la reforma de 1986 contempló el financiamiento para las actividades ordinarias cuyo monto era determinado una vez concluido el proceso electoral. En 1990 las cuotas que los legisladores entregaban a su partido se consideraba una subrogación del Estado; para la reforma de 1994 se consideró que las aportaciones individuales no podían superar el 1% del monto total del financiamiento público y los entes morales el máximo que podían aportar era del 5%.

En la reforma de 1996 la fórmula para calcular y asignar los recursos públicos contempló los costos mínimos de una campaña para diputados, senadores y presidente; se determinaba anualmente tomando en consideración el índice nacional de precios al consumidor que establecía el Banco de México y se repartía el 30% de manera igualitaria y el 70% en función de la votación que cada parido haya obtenido. Finalmente, en la reforma político-electoral de 2007 se estableció la fórmula que actualmente prevalece en la Constitución: multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el 65% del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal; actualmente es la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Estos cambios en la fórmula mediante la cual se calcula el financiamiento público a los partidos han derivado en la evolución que muestra la gráfica 1:

Gráfica 1. Financiamiento público a nivel federal de los partidos políticos por rubro. 1997-2019

Fuente: elaboración propia con datos del IFE/INE

Como se puede apreciar, los recursos públicos entregados para actividades electorales, desde la reforma de 2007-2008, se ha reducido de manera importante, si se compara con años anteriores; no obstante, el financiamiento que se entrega para sostener actividades ordinarias no se ha reducido, a pesar de que el criterio para calcularlo ha cambiado.

Ahora bien, a nivel local los partidos políticos también reciben financiamiento público, siempre y cuando alcancen el umbral mínimo de votación que exige la normatividad de cada entidad. La mayoría de los estados utilizaban la fórmula similar a la federal, es decir, multiplicaban tres factores: el salario mínimo diario (SM) de la capital de la entidad federativa, un factor porcentual de ponderación (que varía entre 0.09 y 1), y el padrón electoral (PE) o la lista nominal (LN) de la entidad. En 20 entidades el factor de ponderación porcentual era menor que el empleado en la fórmula federal, en seis entidades es idéntico (0.65), y en otros tres estados era superior.1

Pero con la implementación de la reforma electoral de 2014 se obligó a los estados igualar el cálculo utilizado a nivel nacional, lo que trajo como resultado un aumento considerable de los recursos que reciben los partidos políticos, tal como se ilustra en la gráfica 2:

Gráfica 2. Financiamiento público de los partidos políticos a nivel local (2011-2018)

Fuente: elaboración propia con datos de los OPLE

Ante este contexto el partido Morena ha presentado durante la actual legislatura, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores dos iniciativas que buscan modificar la fórmula por la que se calcula el financiamiento para las actividades ordinarias. Los diputados federales Tatiana Clouthier Carrillo y Mario Delgado Carrillo,2 propusieron reducir el porcentaje del valor de la UMA, pasar del 65% al 32.5%, misma fórmula que presentó en su iniciativa el senador Ricardo Monreal.3

Con las iniciativas mencionadas se aspira reducir en un 50% del financiamiento público que actualmente reciben los partidos para quedar de la siguiente forma:

Tabla 1. Comparativo del financiamiento público con la fórmula actual frente a la propuesta de Morena

Partido

Financiamiento 2019
con la fórmula actual

Financiamiento 2019
con fórmula modificada

Partido Acción Nacional

$861,398,068

$430,699,034.00

Partido Revolucionario Institucional

$811,420,068

$405,710,034.00

Partido de la Revolución Democrática

$396,987,946

$198,493,973.00

Partido del Trabajo

$347,180,586

$173,590,293.00

Partido Verde Ecologista de México

$378,990,057

$189,495,028.50

Movimiento Ciudadano

$365,030,158

$182,515,079.00

Morena

$1,567,692,985

$783,846,492.50

Fuente: elaboración propia con datos del INE

Pero la intención disminuir e incluso desaparecer el financiamiento público no es nueva, durante la legislatura anterior, comprendida de 2015 a 2018, se promovieron alrededor de 11 iniciativas en poder legislativo federal, cuyos principales objetivos se pueden resumir en cuatro grandes ejes: 1) eliminación del financiamiento público, ya sea permitiendo cualquier donación o sólo donaciones de militantes; 2) reducción del porcentaje que se calcula de actividades ordinarias según la UMA; 3) vincular el cálculo del porcentaje para actividades ordinarias a la votación valida emitida en lugar de la lista nominal y 4) unificar el gasto en partidos a nivel local con el federal.4

Como se puede observar la intención fundamental de los legisladores es abaratar nuestro sistema de partidos, lo cual es necesario, pero esta discusión no tendría que girar sólo bajo esa idea dado que el tema por si mismo es complejo. En primera instancia, para el caso mexicano, el financiamiento público es una de las piedras angulares bajo la cual se construyó nuestro sistema de partidos, generándose una equidad progresiva, factor que contribuyó a transitar de una organización hegemónica que dominaba todas las esferas del poder público a un sistema multipartidista-competitivo.

Asimismo, el financiamiento público permite a la autoridad electoral y a la ciudadanía conocer el origen de los recursos que utilizan los partidos políticos por lo que se puede vigilar su uso y en caso de observarse irregularidades, éstas son sancionadas. Bajo el mismo tenor, este mecanismo busca evitar la influencia de agentes privados (legales e ilegales) sobre las decisiones de gobierno o legislativas.

De tal forma que la fórmula para calcular los recursos y su distribución a los partidos también tiene un impacto político, ya que necesariamente favorecerá a una fuerza política por encima de las demás. Asimismo, al reducir el financiamiento público se tiene que adecuar la normatividad electoral en dos dimensiones, primero, abrir la posibilidad de que los partidos puedan buscar mayores ingresos por la vía privada y segundo, fortalecer e incluso aumentar las capacidades de investigación de la autoridad electoral, para que ésta ejerza mayor vigilancia de los recursos que los entes privados entregan a las organizaciones partidistas.

Hay que tomar en cuenta que ninguna fórmula o modelo para determinar los montos de los recursos que el Estado le entrega a los partidos es perfecta, sin embargo, se pueden explorar cambios que no necesariamente vayan encaminados a disminuirlos de manera drástica, por ejemplo, se puede considerar la eliminación del financiamiento a nivel local a las organizaciones partidistas nacionales. Otra vía que se puede explorar es reducir la cantidad de requisitos para formar partidos políticos y elevarlos para que éstos accedan al financiamiento público, tales como que cuenten con un grupo parlamentario en la Cámara de Diputados o un porcentaje de representación en los congresos locales o contar con una determinada cantidad de gobiernos municipales.  

Como se puede observar, la modificación del modelo de financiamiento público a los partidos políticos trae consigo retos que no se reducen a pesos y centavos, dado que, la relación entre política y dinero siempre será compleja. Si la idea es cambiar nuestro actual modelo, se tiene que hacer bajo un eje democrático, lo cual implica un diseño que garantice la equidad que se ha venido generando desde la reforma de 1977, además de fortalecer la representatividad de todas las fuerzas políticas y que ésta siempre responda a la cantidad de sufragios obtenidos en las urnas.

 

Edwin E. Ramírez Lemus
Politólogo.


1 Castro Martignoni, Jorge Telmo, (2014) “Dos fuentes de financiamiento público a los partidos políticos nacionales: federal y estatal”, Espacios Públicos, (41) pp. 31-65.

2 Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5231-IV, martes 5 de marzo de 2019.

3 Proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4 Ramírez Lemus, E. E. y R, Zepeda Gil (2017), “Gasto y fiscalización electoral en México: 1997-2017”, Temas Estratégicos, No. 48, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, México.