En noviembre de 1821, una comisión para elaborar la convocatoria a la primera asamblea constituyente de México determinó que la mitad de los diputados serían electos por “el pueblo”, mientras que la otra mitad representaría a corporaciones, como las eclesiásticas o las universidades, y a las clases, como los terratenientes y los comerciantes. Esta convocatoria fue promovida por Agustín de Iturbide. Las reacciones no se dejaron esperar.
Algunos publicistas –término con el que se conocía a quienes publicaban sus opiniones—consideraron que aquel congreso debería estar formado únicamente por las personas más ilustradas, letrados y clérigos. Otros, como el antiguo insurgente José de San Martín, alegaron que los diputados de cada clase y corporación no serían representantes de la nación sino de los grupos que los eligieron, de modo que no sería propiamente México el que se estaría constituyendo. Esta ponderación de José de San Martín, uno de los pocos integrantes del alto clero que apoyó a José María Morelos, resultó muy importante para dar paso, en México, a un sistema en el que sólo los ciudadanos eligieran a sus representantes. Este sistema funcionó en nuestro país durante cerca de dos siglos, con una que otra salvedad. Pero como la historia no es un proceso continuo de “avance” o de “progreso”, en abril de 2015, con el apoyo de varias fuerzas políticas, incluidas aquellas que se presentan como una opción de izquierda social, fue aprobada una convocatoria para integrar una asamblea constituyente en el Distrito Federal con una integración que recuerda un poco a aquella primera convocatoria promovida por Iturbide. Sesenta constituyentes serán electos por “el pueblo”, mientras que el resto será designado por las cámaras del congreso nacional (14 cada una), por el presidente (6) y por el jefe de gobierno del propio Distrito Federal (6).
De inmediato, la polémica se presentó, pero al estilo del siglo XXI, en las redes sociales. El diputado federal del PRD, Fernando Belaunzarán, argumentó en su cuenta de Twitter que la designación del 40% de los constituyentes por parte del congreso, la presidencia y la jefatura de gobierno permitiría que en la asamblea estuvieran “personalidades”, pues había que reconocer que la “partidocracia” y las elecciones hechas por los ciudadanos no siempre resultaban en representantes idóneos para ocupar cargos tan importantes, por efecto de vicios como la compra de votos. Estos argumentos son muy parecidos a los que, a mediados del siglo XIX, esgrimieron Lucas Alamán y otros integrantes del partido conservador. Como se percataron de que las elecciones siempre presentaban irregularidades y resultaban en la elección de “arribistas”, sugirieron en varios momentos modificar la lógica representativa de “un ciudadano, un voto” que se había establecido en México luego del fracaso del Constituyente reunido en la época del imperio de Iturbide. El objetivo era evitar los desmanes de los procesos de sufragio y permitir que a los congresos llegaran individuos capacitados y “notables” (el término que se usaba para designar a los que ahora se llaman “personalidades”).
Las discusiones en torno a la naturaleza de los gobiernos representativos en el siglo XIX fueron muy fecundas, desde las propuestas de José de San Martín, pasando por las de Vicente Rocafuerte y llegando a Lucas Alamán. Después, hemos llegado a pensar que se trata de una historia cerrada, que lo único aceptable es que los representantes sean electos por la ciudadanía de forma exclusiva. Con la propuesta de reforma política del Distrito Federal podemos percatarnos de que la historia nunca se cierra y de que no tiene un sentido (en este caso, de menos a más participación ciudadana). Merecería la pena leer a quienes hace casi dos siglos debatieron sobre estos temas para evitar el ridículo de volver a andar un camino por el que los mexicanos del siglo XIX ya transitaron.
El liberal Lorenzo de Zavala se percató, en la década de 1820, que muchos publicistas tenían miedo de las elecciones. Para los “serviles”, como el pueblo no podía elegir buenos representantes debían proscribirse las elecciones mientras que los conservadores de mediados del siglo XIX sugerían elecciones por las “clases” comprometidas con el desarrollo del país. En el siglo XXI, para evitar la corrupción electoral se sugiere que haya mecanismos como el sorteo (como la tómbola de Morena) o la designación de representantes por parte de dos de los poderes de la Unión y la jefatura de gobierno. Lo peor es que no parece que haya liberales como Lorenzo de Zavala que se opongan a estas propuestas.
Alfredo Ávila, historiador, es autor de En nombre de la nación. La formación del gobierno representativo en México (Taurus/CIDE, 2002).