Si pensamos en los mexicanos de varias generaciones, hay una especie de malestar entre gente informada, profesionistas o, simplemente, los que quieren un México más justo, democrático, incluyente. Les preocupa, por ejemplo, que el poder en México no tiene formas eficaces de control político o judicial. En general, tienen escasa confianza en la autoridad, no se sienten representados por ningún partido político, y aunque les gustaría influir en la toma de decisiones no saben cómo o desde dónde participar para intentar que las cosas mejoren. Algo es seguro: muchos están insatisfechos.

Haciendo un análisis de la confianza que los mexicanos tenemos en la democracia como forma de gobierno, veremos que la institucionalidad desde la que podemos actuar es endeble. Esto podría explicar la baja pertenencia ciudadana a organizaciones políticas, sociales o civiles desde las cuales se influye en la agenda pública.

Según datos del informe de Latinobarometro 2017, por quinto año consecutivo el apoyo a la democracia en América Latina decayó, registrando una baja de un punto porcentual desde 2016, llegando al 53% en 2017. La mayor pérdida de apoyo se produjo, precisamente, en México con 10 puntos porcentuales menos que en 2016, al llegar a 38% en 2017. Si consideramos que el apoyo a la democracia entre los mexicanos alcanzó un máximo de 63% en 2002, es claro que hay un desencanto evidente.

No deja de ser paradójico que nuestra desilusión con la democracia esté ocurriendo a pesar de nunca haberla experimentado más allá de la forma procedimental de tener elecciones competidas y relativamente confiables. Los mecanismos democráticos de participación directa, como plebiscitos y referéndums, son casi nulos. Justamente, en la sensación de insatisfacción está el no haber podido expresar nuestra opinión de manera vinculante en grandes temas de la realidad nacional… o local.

En toda América Latina la aprobación de los gobiernos sigue la misma tendencia a la baja, pero México se encuentra entre los países con menor aprobación gubernamental (20% dicen aprobar la actual gestión), nivel que únicamente es peor en El Salvador (17%) y en Brasil (6%). Esta alta reprobación podría estar vinculada a una falta generalizada de confianza en las autoridades o lo que es peor: en las instituciones.

Si analizamos los datos de la confianza que los mexicanos expresan en sus instituciones tradicionales de poder también hay una clara tendencia negativa. México, de hecho, tiene niveles menores de confianza que la media de América Latina (que ya son bajos) en las iglesias (58%), el poder judicial (23%), la policía (21%), el gobierno (15%) y los partidos políticos (9%). El nivel de confianza de los mexicanos en el Congreso (22%) corresponde a la media latinoamericana y ligeramente mayor sólo para las fuerzas armadas (51%) y el tribunal electoral (33%).

Aunque las iglesias en México son las que recogen un nivel de confianza mayor, ha habido un abandono gradual de la pertenencia a una institución religiosa. El porcentaje de mexicanos que se declara ateo y rechaza profesar cualquier religión se triplicó entre la década de 1970 y 2010, al pasar de 1.6% a 4.6%, según datos del INEGI. En las demás instituciones, la mitad o menos de los mexicanos confían, lo cual reduce la posibilidad de participación por la vía de las propias instituciones.

Es muy revelador que sólo el 9% de los mexicanos diga tener confianza en los partidos políticos, que serían la articulación natural de las demandas sociales en una democracia representativa, como se supone que es la nuestra. Pero cómo sentirte representado por alguno de los partidos de un sistema político en los que sus plataformas ideológicas o programáticas son abandonadas en aras de los triunfos electorales. Es cada vez más difícil para un elector mexicano votar por la plataforma ideológica en la que cree cuando los partidos aceptan recurrentemente políticos que antes abanderaban las causas del partido contrario o si forman alianzas entre agrupaciones políticas en función de intereses electorales y no de coherencia de sus agendas.

Esta situación puede estar asociada a una crisis mayor en la deferencia, en general, de las personas a las instituciones tradicionales. El propio concepto de autoridad está en crisis, para bien o para mal. Según una encuesta reciente de Parametría, la mayoría de los mexicanos no confía en los maestros (60%) o en los sacerdotes (63%). Es positivo que las personas sean más críticas sobre las jerarquías, pero nos lleva a lugares riesgosos, por ejemplo, no aceptar que el dictamen de un experto tenga un peso diferente al de la propia opinión de un lego. El caso de los padres que no están vacunando a sus hijos, en contra de la recomendación de la comunidad médica porque están convencidos de que puede causar autismo por leer publicaciones en redes sociales es estremecedor.

Si analizamos la pérdida de la confianza que los mexicanos tienen en los medios de comunicación tradicionales (prensa, televisión y radio) la tendencia a la baja es sorprendente: cuando Parametría realizó su primer estudio sobre este tema, 70% de los mexicanos confiaba en los noticieros de televisión, 64% en los de radio y 58% en los periódicos, mientras que en 2017 únicamente 19% de los encuestados dijo tener mucha o algo de confianza en los periódicos, 18% en los noticieros de radio y 17% en los de televisión. Esto quiere decir que ocho de cada 10 mexicanos desconfía de estas fuentes de información. Entonces, ¿de dónde obtenemos la información “confiable” sobre los asuntos de interés general?

A pesar de la pérdida de confianza en los medios de comunicación tradicionales, la población en México sí está más informada y mejor conectada que antes: en 2017 el 64% de los mexicanos ya tenía acceso a internet y 72% de los mexicanos usan celular (de éstos, nueve de cada 10 lo usan para conectarse a Internet). También tienen un mayor grado de escolaridad (9.1 grados), lo que equivale a que, en promedio, los mexicanos completaron su educación primaria y secundaria. El creciente aumento del uso de redes sociales o aplicaciones de intercomunicación en México es innegable. El 58% de los mexicanos usa WhatsApp, el 51% Facebook y el 39% YouTube. Sólo una tercera parte de la población no usa ninguno de estos medios.

La educación y la información nos han hecho una sociedad más exigente que se inconforma cuando conoce los aspectos negativas de la realidad nacional. Sin embargo, no ha ocurrido tan claramente en México lo que en otros lugares provocó que los inconformes se interesaran más por cuestiones políticas y actuaran por medio de estas redes para organizarse y formar acciones colectivas. Ha ocurrido en México en ciertas ocasiones, como la participativa respuesta social de los mexicanos luego de los sismos de septiembre de 2017.

En esta década de híperconectividad generalizada tal vez hemos entrado en una trampa que nos cuesta identificar. La sola expresión de opiniones políticas que muchas personas realizan en redes sociales crea la falsa ilusión de estar participando políticamente, sirviendo a muchos como catarsis de su insatisfacción, pero sin producir efectos concretos en lo público.

La baja participación de los ciudadanos mexicanos y el poco interés en los asuntos públicos se confirma con los datos que arrojó la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) en 2012. Un sorprendente 84% de la población dijo estar poco o nada interesado en la política, y un 62% contestó estar poco interesado en los problemas de su comunidad. Asimismo, el 71% reconoció nunca haber asistido a reuniones que tuvieran por objeto resolver los problemas del barrio, la colonia o la comunidad. Las manifestaciones tampoco son percibidas como opción de los ciudadanos para protestar públicamente: la misma encuesta arrojó que el 79% nunca ha participado en manifestaciones ni a favor ni en contra del gobierno.

La revista The Economist elabora cada año el “Índice de Democracia” el cual busca evaluar los gobiernos democráticos de más de 160 países. La metodología utilizada por el estudio para determinar la calidad de la democracia en un país consiste en analizar cinco variables, entre ellas la variable de Cultura Política. México nunca ha tenido una calificación prometedora en este Índice desde su lanzamiento en 2006, pues no ha logrado superar una calificación general de 6.93 (en donde 10 es la calificación más alta y 0 la más baja). En 2017 obtuvo 6.41. En México, la variable con peor calificación es justamente la de cultura política (4.38).

No ayuda a canalizar la insatisfacción de los mexicanos el hecho de que los mecanismos disponibles para que el ciudadano busque que la autoridad imponga justicia o le rinda cuentas, o bien son muy verticales e inaccesibles a quien no tiene poder, o están atrofiados. Esto explica el bajísimo porcentaje de personas que denuncian delitos de los que fueron víctimas o la percepción de impunidad por los recurrentes escándalos de corrupción de la clase política. El porcentaje de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 93.6% a nivel nacional durante 2016, de acuerdo con datos del INEGI. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 33.1% y la desconfianza en la autoridad con 16.5%.

Con los bajos índices de confianza en las instituciones y en las autoridades, es entendible que los mexicanos no vean en la política un mecanismo disponible o efectivo para cambiar su realidad y buscar solución a sus problemas. Esto crea un círculo vicioso pues la sociedad se desvincula de la política y ésta no se transforma para poder vincularse con la sociedad, generando más insatisfacción.

Son muy pocos los mexicanos que están satisfechos con la realidad del país. Sólo el 15% percibe una imagen de progreso en México, por debajo de la media de la región latinoamericana de 25%. La desigualdad económica y social en México sigue siendo ofensiva, ahondando el abismo entre satisfechos e insatisfechos. Según datos de Oxfam México, extraídos de Forbes, las 10 personas más más ricas de México acumulan la misma riqueza que el 50% más pobre del país. El crecimiento económico y los avances en materia de desarrollo se concentran en algunos sectores, favoreciendo a ciertas regiones y grupos de ingreso que ya eran más favorecidos. Es decir, el crecimiento económico no ha sido suficiente para crear optimismo sobre un país más justo para todos, ni siquiera como narrativa.

La desigualdad limita la cohesión social y nuevamente estamos ante otro círculo vicioso: una sociedad tan desigual no consigue ser democrática y sin democracia los desfavorecidos no consiguen influir para cambiar el statu quo. Así lo muestra la baja movilidad social en el país que reveló la Encuesta de Movilidad Social 2015 (EMOVI 2015). Una persona nacida en un hogar del 20% más pobre tiene un 36% de probabilidades de quedarse en ese nivel de ingresos hasta su muerte y sólo un 9.5% de probabilidades de formar parte del 20% más rico.

Los datos que hemos mencionado hasta ahora muestran que aunque en México la sociedad está mejor preparada e informada, no cuenta con una institucionalidad incluyente, ni con mecanismos de participación política que estén a la altura de nuestras expectativas. Esta combinación está en la base del malestar de los insatisfechos: somos muchos y estamos convencidos de las cosas que hay que cambiar, pero carecemos de articulación de acción pública. Tenemos las críticas y el disenso –elementos imprescindibles del ejercicio de la ciudadanía– pero nos falta ejercerla efectivamente para impulsar agendas de cambio positivas para las mayorías no corporativas.

Nuestra época parece escasa de capital social para ello porque no confiamos ni en las instituciones ni en la colectividad. Hannah Arendt escribió en La condición humana sobre la importancia de construir un mundo con otros y establecer el espacio de lo público, donde la política no debe ser entendida como una mera administración de intereses económicos sino como la posibilidad de construir lo común. Los insatisfechos necesitamos edificar ese espacio público que permitirá articular formas de acción colectiva tanto desde la autoridad como desde la sociedad civil. En un siguiente capítulo las exploraremos.

 

Rafael Barceló Durazo
Bárbara Magaña Martínez