Me gustaría no escribir de esto. Preferiría analizar la reforma a la Ley de Amparo o reseñar la película del momento. Pero, a veces, hay historias que colocan a uno ante un deber de memoria. No es sensacionalismo, es la conciencia de que callar frente a ciertos acontecimientos equivale a desentenderse de la responsabilidad de enfrentarlos.
Los hechos del caso son los siguientes: una menor de catorce años decidió, con la autorización de su madre, someterse a tres procedimientos estéticos —aumento de busto, liposucción y lipotransferencia a los glúteos— con el objetivo de mejorar su apariencia. La intervención tuvo lugar en una clínica privada de Durango y fue realizada por su padrastro —médico de profesión, pero sin contar con la especialidad en cirugía plástica—, quien asumió la conducción de toda la operación.
El procedimiento, presentado como rutinario, derivó en graves complicaciones postoperatorias como un paro cardiorrespiratorio y un edema cerebral. La niña fue inducida a coma e intubada, y murió varios días después. El padre biológico, que no fue informado ni dio su autorización para la cirugía, asegura que se le mintió con la excusa de que la menor se encontraba en una zona serrana sin señal telefónica. Al llegar al velorio descubrió indicios de la operación en el cuerpo de su hija y presentó una denuncia ante las autoridades, lo que permitió abrir la investigación y ordenar la necropsia.
La Fiscalía estatal detuvo a la madre y al padrastro, acusándolos de omisión de cuidado, falsificación de documentos y usurpación de profesión, pues la madre sin ser enfermera había actuado como tal ante la operación de su hija. Ambos permanecen bajo prisión preventiva, mientras se determina si la muerte de la menor puede configurarse como homicidio por negligencia.
Ésta es una historia que no debió ocurrir en este país. Que deja una sensación de tristeza e impotencia. Y por donde se vea, no hay un buen final que pueda remediar esto. Todos perdemos. Es exasperante percatarse de lo poco que se puede hacer ante lo ocurrido.
Es hasta cierto punto cansado constatar que la tragedia no provino de un hecho extraordinario o acaso de un infortunio imprevisto, sino de una cadena de decisiones cotidianas —legales, morales, médicas, familiares, culturales— que fueron normalizando lo inaceptable.
Una menor de edad no debe estar condicionada por expectativas estéticas que le impongan la idea de que su cuerpo necesita ser operado para merecer aceptación o afecto.
Una madre no debe aprovechar la profesión de su pareja para facilitar procedimientos que pongan en riesgo la salud de su hija ni omitir las salvaguardas del consentimiento informado y la valoración médica independiente.
Un familiar que funja como médico no debe operar a quien está bajo su cuidado afectivo, pues la confianza nunca sustituye la ética profesional ni los protocolos clínicos.
Un gremio médico no debe tolerar la ambigüedad sobre quiénes pueden realizar cirugías estéticas ni permitir que la falta de supervisión y certificación exponga a pacientes a riesgos innecesarios.
Un sistema de salud no debe procurar que adolescentes sean expuestas a prácticas invasivas sin evaluación de riesgos y sin el consentimiento informado de todos los responsables legales.
Una fiscalía no debe contemplar la cárcel como la única respuesta posible, sino garantizar investigaciones sólidas y sanciones proporcionales.
Un sistema de justicia no debe resignarse a actuar sólo cuando ocurre la tragedia; debe prevenir, sancionar y colmar los vacíos legales que permiten la práctica irregular de cirugías, así como garantizar responsabilidades claras para clínicas y autoridades omisas.
Un país con tantas carencias en servicios públicos esenciales, acceso universal a la salud y regulación sanitaria efectiva no debe ser un paraíso del turismo estético, menos aún cuando esa industria florece a costa de la precariedad y del riesgo para quienes viven aquí y para quienes viajan buscando procedimientos baratos.
Todo mal. Todo al revés. Todo sin ningún cuidado ni reflexión. Improvisando, parchando, tratando de salir del atolladero por medio de remedios falaces e impulsos irracionales. Así se gesta la sensación de que no existe un horizonte que oriente las respuestas ante la desgracia.
El cansancio se convierte en agotamiento cuando uno se da cuenta de cómo se instrumentaliza el Derecho para activarlo sólo después de la desgracia, cuando lo único que queda por dirimir son culpas y castigos. Se asume la muerte como cuota y el nombre de la menor deja de ser el de una persona para convertirse en estandarte de reformas improvisadas e ineficaces.
Tuve la oportunidad de estar en Durango la semana pasada, cuando sucedió lo relatado, y la discusión era tan álgida como profusa. Todo el mundo tenía algo que decir. Había legisladores que exigían la prohibición total de las cirugías estéticas en menores de edad; otros proponían elevar la edad mínima a 21 años; y no faltaban voces que pedían, por encima de cualquier debate, castigos ejemplares y venganza contra los responsables.
A mí, por lo menos, me queda claro que prohibir no es siquiera una solución, sino una trampa perezosa, carente de imaginación y creatividad. Es la salida fácil cuando la complejidad de los problemas exige pensar despacio, diálogo y políticas públicas sostenidas. Prohibir tranquiliza conciencias y da la ilusión de control, pero rara vez transforma las causas que originan las tragedias. Peor aún, suele desplazar el problema a la clandestinidad y reforzar la desigualdad, castigando a quienes menos recursos tienen para sortear la prohibición.
Por eso mismo habrá que reiterarlo las veces que sean necesarias: el Derecho si bien puede ayudar paulatinamente a modelar y forjar hábitos y costumbres, éste no todo lo puede, ni debe asumirse como la única herramienta para cambiar realidades tan complejas. De vez en cuando emergen este tipo de casos, trágicos, en los que cualquiera que sea la decisión jurídica adoptada, se producirá un daño irreparable, una pérdida que ninguna sentencia o norma puede remediar. Son situaciones en las que el Derecho, incluso operando conforme a sus reglas, se muestra insuficiente frente a la magnitud del sufrimiento humano que está en juego.
Casos como el que relato ponen a prueba nuestra sensibilidad moral, pues nos obligan a reconocer que nada cambiará de fondo mientras no se transformen los valores y hábitos profundamente arraigados en nuestras comunidades políticas. Cabe mencionar, valores y hábitos determinados por un sistema que nos orilla a creer que todo vale, que recrudece las penas y, sobre todo, trivializa nuestra dignidad reduciéndola a aspiraciones superficiales.
Como una más, la historia se perderá en este país donde morir a los catorce años por una cirugía estética da absolutamente igual. Si para algo pudieran servir estas líneas sean para evocar una memoria que pueda sortear un poquito el olvido, la desafección, la indiferencia y la violencia a la que nos hemos acostumbrado. Que descanse en paz Paloma Nicole.
Juan Jesús Garza Onofre
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en El Colegio de México y el ITAM.