El 94 fue un año de una complejidad extraordinaria. Apenas el 1.º de enero, al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el levantamiento zapatista en Chiapas dejó ver que el discurso victorioso de la modernidad salinista no se sostenía ante los reclamos de una de las comunidades más invisibilizadas del país. Pocas veces se expresaría de manera tan contundente una de las grandes paradojas de la historia de México: los intentos modernizadores de las élites dejaban fuera, una vez más, a los sectores más marginados y empobrecidos, quienes de esta manera exigían reconocimiento.
Pocos meses después, el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, cimbró al país, poniendo en el centro del debate público las pugnas políticas provocadas por los intentos de reforma del partido conducidos por Carlos Salinas de Gortari. Cuando en septiembre cayó también asesinado el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, se hizo evidente además que las alianzas con el crimen organizado irrumpían en el escenario político como elemento clave del acontecer nacional.
La crisis que produjeron estos acontecimientos aceleró el fin de la hegemonía priista, proceso in crescendo por lo menos desde los años ochenta. Aunque la elección de Ernesto Zedillo como presidente se dio sin mayores contratiempos, su gobierno inició inmerso en la debacle económica conocida como el “error de diciembre” y las exigencias democráticas de amplios sectores de la población.
Tres años después, en 1997, el PRI perdió por primera vez la mayoría en el Congreso y en la Ciudad de México ganó la opción representada por Cuauhtémoc Cárdenas, fortaleciendo así las aspiraciones de una izquierda partidista que ganaba espacios en el Legislativo desde finales de los setenta. En el 2000 Vicente Fox se convirtió en el primer presidente del país postulado por un partido de oposición.
Inició entonces un complejo proceso de transformación política que debía conducir a un cambio de régimen que recogiera las demandas democráticas, eje de la lucha de amplios sectores sociales del país. Después de la grandilocuencia del gobierno de Salinas de Gortari, su presidencialismo exacerbado por la complacencia de los medios, su corrupción y autoritarismo y, sobre todo, su intento de reformar al PRI por medio de la operación de un esquema paralelo de intermediación, el Programa Nacional de Solidaridad, la democracia, en particular su vertiente electoral, se convirtió en la panacea de un nuevo proyecto político. Ahí confluyeron los partidos de oposición, tanto el PAN de un lado del espectro político, como el PRD del otro.
Treinta años después vale la pena preguntarse qué queda de las reivindicaciones democráticas que sustentaron el fin de la hegemonía priista y si nos encontramos ahora frente a la posibilidad de su reconfiguración de la mano de un nuevo partido dominante, Morena, y su dirigente máximo, Andrés Manuel López Obrador. En el último tramo de su gobierno, quien ha sido considerado la némesis de Salinas de Gortari parece querer cerrar el paréntesis de estos treinta años con un intento de reconstrucción hegemónica sustentado, en buena medida, en la recuperación de mecanismos y estrategias fundamentales para los gobiernos priistas de la segunda mitad del siglo XX: presidencialismo y centralización del poder, subordinación del Legislativo por medio de una mayoría obediente e incondicional, intermediación clientelar entre gobierno y grupos sociales operada por el aparato de Estado, pactos regionales con el crimen organizado (a todas luces convertido en agente electoral) conducidos por gobernadores y alcaldes afines. La negociación política pasa por la cooptación o, en el peor de los casos, por el control de territorios, en donde la violencia y el asesinato son expresión del agotamiento de las formas institucionales. La cereza del pastel parece ser una sucesión operada desde las oficinas presidenciales que garantice la continuidad de un proyecto político sin rupturas.
¿Es posible entonces regresar después de treinta años a una suerte de punto de partida en el que quienes insisten en mantener las instituciones y las formas políticas producto de la transición sean derrotados en un proceso electoral por una mayoría dispuesta a recuperar sin problema los mecanismos de la hegemonía priista, incluida una buena dosis de autoritarismo verbal que por momentos parece desbordarse hacia los ámbitos de la ilegalidad? Tanto la retórica como las propuestas del presidente y su candidata dejan ver que en la elección del 2 de junio se juega la posibilidad de corregir, avanzar y fortalecer la vía democrática de gobierno y su pluralidad, o bien la de cambiar el rumbo y reconstruir una hegemonía que no se plantea de entrada el respeto a la diversidad política sino la profundización de un ejercicio de gobierno basado en la falsa y peligrosa oposición entre “ellos los malos y nosotros los buenos”. Como hemos visto en estos cinco años, las disputas por la opinión pública regresaron al tiempo en el que la oposición carecía de legitimidad y no era más que un adversario que debía atacarse por todos los frentes.
En este momento en el que parece que hay una mayoría dispuesta a avalar con su voto la restauración de una hegemonía autoritaria, vale la pena preguntarse por qué. Una posible respuesta: frente a la democracia formal no se avanzó en lo social. Quienes diseñaron los mecanismos de la llamada transición democrática terminaron convertidos en actores y funcionarios de una partidocracia que dejó de lado aspectos clave de un proceso democratizador más allá de lo electoral: rendición de cuentas, fortalecimiento de la procuración de justicia, impulso a proyectos de organización social, respeto a las formas de organización comunitaria. Sobre todo, ninguno de los gobiernos de los últimos treinta años, incluido el actual, se planteó una reforma que implicara una redistribución del ingreso más allá del uso de programas sociales que no han alterado de forma sustancial la redistribución de la riqueza. (Así lo prueba que en el transcurso del gobierno de López Obrador cayeron los índices en salud y educación, tal vez los mejores parámetros del avance en las condiciones de vida en una sociedad.)
La respuesta de los gobiernos del PAN y del “nuevo” PRI a las movilizaciones sociales fue, en el mejor de los casos, la desidia y, en el peor, la represión. Eso mostró la traición a los Acuerdos de San Andrés en 2001, Atenco en 2003 y Oaxaca en 2006. La tragedia de Ayotzinapa y la ausencia de verdad y justicia que persiste hasta la fecha expresa los límites de un discurso que se dice democrático en contrapartida al ejercicio de la realpolitik y el uso del aparato represivo del Estado. Pese a las ofertas iniciales de saldar cuentas con el pasado y hacer justicia a las víctimas de los peores años del priato, es evidente que López Obrador topó de frente con un muro verde olivo que parece ser infranqueable.
Dados los malos resultados de su gobierno cabe preguntarse entonces qué llevaría a la mayoría a votar por su candidata, quien sólo promete más de lo mismo. ¿Será que la combinación de un paternalismo autoritario, acompañado de un discurso demagógico y muchas veces mentiroso (que se repite con mayor o menor grado de sofisticación por el aparato de propaganda con la complacencia acrítica de la mayoría de los medios), aunado a la operación de programas de apoyo social que se distribuyen de forma individual utilizando los colores del partido en el gobierno, sea suficiente para amplios sectores de la población que no piden ni aspiran a más, como en los buenos tiempos del PRI?
Frente a la violencia desbordada e incontenible que en muchos puntos del país rebasa los límites de la convivencia social parece que, para amplios sectores de la población, es preferible no arriesgar y dejar las cosas como están, a cambio de la garantía de seguir recibiendo una beca o apoyo y ver al Ejército patrullar las calles. Aunado a ello, el descrédito de los partidos de oposición, al que se sumó la forma en que se designó a su candidata, no permite que se presenten como la alternativa que en su momento alimentó las aspiraciones democráticas de buena parte de la sociedad. A ello se añade sin duda la campaña de propaganda, a veces disfrazada de análisis político, que libran en su contra todos los días López Obrador, sus intelectuales y el aparato de comunicación del que dispone.
A tres décadas del año que auguró el fin del “estilo priista de gobernar”, nos encontramos entonces frente a la posibilidad de que para muchos la democracia no haya sido más que una bonita palabra que no se reflejó en la mejora de sus condiciones de vida, y que por tanto ahora sólo se trate de regresar a los buenos tiempos en los que “papá gobierno” proveía y todos obedecían. Pronto tendremos la respuesta.
Elisa Servín
Dirección de Estudios Históricos, INAH