Nueve de los 26 países que prohíben el aborto sin excepciones están en América Latina y el Caribe. En el resto hay algunas causales que lo permiten, pero en prácticamente toda la región es posible ir a la cárcel por abortar o practicar un aborto. En El Salvador, por ejemplo, donde la Constitución protege la vida desde la concepción, abortar o, incluso, tener un aborto espontáneo puede terminar en una acusación de homicidio agravado, delito que conlleva condenas de hasta 50 años de prisión.
Entre los factores detrás de la hegemonía de la criminalización del aborto en Latinoamérica está la presión de grupos políticos y civiles autodenominados provida que ha crecido a medida que las políticas punitivas se han cuestionado e incluso eliminado en algunos países. En México esto ha sido particularmente notable desde la despenalización parcial del aborto (hasta las doce semanas de gestación) sin causales específicas en la Ciudad de México en 2007. Doce años después, se despenalizó en Oaxaca y hace apenas unos días la Suprema Corte discutió un caso que pudo haber dado pie a su legalización en Veracruz. El debate, no obstante, no fue sobre la despenalización en sí misma (que la Suprema Corte ya ha avalado), sino que giró en torno a un tecnicismo legal: los ministros de la Primera Sala discutieron si el Congreso de Veracruz había o no incurrido en una omisión legislativa por no haber despenalizado el aborto, a pesar de todos los tratados internacionales firmados por México que lo exhortan a ello.
Ilustración: Cecilia Ruiz
Aún así, el rechazo a este proyecto provocó una reacción eufórica entre distintas organizaciones que, en la última década, han establecido una amplia red que busca mantener la criminalización del aborto o revertir su legalización. El activismo provida contemporáneo en América Latina está estrechamente vinculado a la Iglesia católica; sin embargo, sus argumentos se han orientado significativamente en los últimos años hacia un discurso científico. Ahora es común escuchar a personas y asociaciones antiaborto hablar de biología, embriología o ADN únicos para fundamentar su tesis clave: si la concepción da lugar a una nueva vida humana con una identidad genética que la distingue como tal, entonces un cigoto, un blastocisto, un embrión y un feto deben tener los mismos derechos que cualquier persona, incluido el derecho a la vida.
Incluso si ignoramos el hecho de que humano y persona —como categorías biológica y jurídica, respectivamente— no son lo mismo, la cuestión del inicio de la vida o de la personalidad legal no es el punto alrededor del cual debería girar el debate de la legalización del aborto. En su artículo clásico de filosofía moral “En defensa del aborto” (1971), Judith Jarvis Thomson parte de asumir la premisa antiaborto (no probada) de que un embrión es una persona y, aún así, demuestra que el derecho a la vida de éste no prevalece sobre el derecho a la autonomía corporal de quien tendría que gestarlo para que viva. Es decir, problematiza la idea de que el derecho a la vida de un feto incluye el derecho a hacer uso de un cuerpo ajeno. Y ése es el punto.
En cualquier otro caso, sostener la vida de alguien más es una elección y jamás una obligación: dar sangre siempre es un acto voluntario sin importar cuánto la necesiten otras personas para vivir; donar órganos requiere de consentimiento —aun si el donante ha muerto. Pero en los países que criminalizan el aborto es posible obligar a alguien a mantener una vida ajena a costa del propio cuerpo. Este contraste llevó a la escritora irlandesa Sally Rooney a concluir que, “en la relación entre el feto y la mujer, a la mujer se le reconocen menos derechos que a un cadáver”.
Por otra parte, aunque los grupos antiaborto hayan conseguido colocar la disputa en el marco del derecho a la vida, hay buenas razones para creer que ésa no es siempre su preocupación principal. Al respecto, Thompson menciona un punto importante: penalizar el aborto sin imponer de forma generalizada lo que ella llama leyes “del buen samaritano”, que obligarían a todos a hacer sacrificios siempre que la vida de alguien más esté en juego (como, por ejemplo, llevar a término un embarazo no deseado), revela un sesgo sexista.
En segundo lugar, si la postura antiaborto da por sentado que el derecho a la vida prevalece sobre la autonomía, entonces otros derechos que permiten el sostenimiento de la vida, tales como una alimentación sana, la vivienda o una vida libre de violencia, tendrían que ocupar un lugar prominente y serio en la lucha provida actual, cosa que rara vez sucede. Por el contrario, la mayoría de las veces encontamos que quienes sostienen posturas antiaborto hoy en día también se oponen a cualquier avance hacia un Estado de bienestar que garantice esos derechos fundamentales —irónicamente, bajo el argumento de la primacía de las libertades individuales.
Finalmente, está también el silencio más o menos generalizado entre los grupos antiaborto sobre a la fertilización in vitro, un tratamiento legal en toda Latinoamérica que resulta en el deshecho rutinario de embriones no implantados. La fertilización in vitro ciertamente ha generado oposición, previsiblemente desde el Vaticano, pero también desde el ámbito jurídico —no necesariamente desvinculado del primero—, del que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Artavia Murillo contra Costa Rica” es un caso paradigmático en la región.
Sin embargo, la resistencia a éste y otros procedimientos que implican la destrucción de embriones —ciertos tipos de investigación con células madre, por ejemplo— es incomparable con la hostilidad política y cultural que genera el aborto. A diferencia de lo que sucede con éste, no vemos propaganda contra la fecundación in vitro en el cine o la televisión, a legisladores justificando encarcelar a quienes recurren a ella, ni a gente rezando afuera de las clínicas de fertilidad o acosando a sus pacientes. Las pasiones se desatan cuando el asunto se traslada de los laboratorios a los cuerpos, y es en ese terreno que la pregunta sobre el comienzo de la vida humana y la personalidad jurídica de los embriones se vuelven, de pronto, apremiantes.
Pero permitir que el aborto sea el campo de la batalla en torno a una pregunta sin respuesta unívoca es garantizar su estancamiento en laberintos retóricos mientras cientos de mujeres y niñas mueren, y cientos de miles más son tratadas al año por complicaciones por abortos inseguros. Y no sólo eso; situar el debate del aborto en el inicio de la vida y no en los derechos reproductivos impide empujar la conversación pública a una consideración más compleja de la libertad y la autonomía. Una de las principales razones que argumentan quienes abortan en América Latina y el Caribe es la precariedad económica. En una sociedad que respeta la autonomía corporal, esto debería ser tan preocupante como la falta de acceso al aborto y su criminalización. La meta de que ninguna persona sea obligada por el Estado a tener embarazos que no quiere tendría que complementarse, con la misma urgencia, con la de que ninguna sea obligada por la pobreza a tener abortos que no quiera.
La autonomía corporal depende de una red más amplia de derechos que en América Latina están lejos de garantizarse y que será difícil incorporar al debate mientras sigamos ocupados con la discusión bizantina sobre el momento exacto en que una persona se convierte en tal.
Bárbara Pérez Curiel
Maestra en Letras por la Universidad de Oxford.