Hace unas semanas, Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada con Joe Biden. En un tono por demás cordial, ambos acordaron gestionar el tema de la migración irregular de México hacia Estados Unidos. No es la primera vez que se dan estas llamadas, de naturaleza más optimista que real. En ésta, sin embargo, que tuvo lugar a finales de abril, los mandatarios se comprometieron a tratar el tema migratorio de manera conjunta. Pero fueron más allá, prometieron una acción combinada para impedir el incremento de la migración de personas en situación irregular.
López Obrador y Biden solicitaron la cooperación de sus respectivos asesores para alcanzar los objetivos. A un mes de dicha llamada, sin embargo, no se ha hecho referencia a las estrategias o acciones para materializar lo acordado por los presidentes. Al parecer, como en otras ocasiones, la promesa de compartir la responsabilidad en el manejo migratorio quedó más como un proyecto aspiracional que como una propuesta asequible. Lo anterior no es de extrañar, dadas las condiciones que enfrentan México y Estados Unidos. En pleno año electoral, los dos presidentes han dedicado su atención a quién quedará al frente de sus países. Biden busca la reelección frente a un opositor radical y conservador. En tanto, López Obrador acaba de conseguir que su sucesora llegue al Palacio Nacional.
A pesar del compromiso fraternal de Biden con López Obrador y con las personas migrantes de administrar la cuestión de manera coordinada y siempre con el principio humanitario de frente, hace unos días el mandatario estadunidense ordenó detener el procesamiento de asilo en la frontera de Estados Unidos con México. Bajo esta nueva medida, los arrestos y deportaciones comienzan cuando se alcanzan 2500 entradas irregulares. Para estos momentos, son 4000, por lo que la política entró en vigor de inmediato. Frente al escenario crítico en el que se encuentra Estados Unidos, con el opositor republicano en pleno proceso penal, la decisión de Biden se veía venir. Sin embargo, las implicaciones de las nuevas deportaciones masivas son varias. Aunque la administración Biden lo niega, la medida viola las obligaciones internacionales de brindar refugio seguro a personas cuyas vidas en su país de origen están amenazadas.
La política toma en cuenta ciertas cuestiones. Las personas migrantes que son deportadas, pero que teman por su seguridad, serán examinadas cuidadosamente por funcionarios de asilo de Estados Unidos, pero con un estándar más alto que el que se aplica convencionalmente. Si pasan la prueba, podrán quedarse en el territorio estadunidense para buscar otras formas de protección humanitaria, incluidas las establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. La política de Biden excluye a niños y niñas no acompañados, pero esto puede significar que los padres manden a sus hijos e hijas a cruzar la frontera.Y, sobre todo, en un ímpetu colaborativo, México acordó recibir a los migrantes deportados de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero no de otras nacionalidades.
En Estados Unidos, nación profundamente polarizada y donde la migración es uno de los temas que parece enfrentar a los partidos, el presidente debe asumir su postura sobre el particular con sumo cuidado. La oposición republicana ha hecho de la lucha contra la migración irregular una de sus principales banderas electorales. Fiel al ideario del Partido Demócrata, la administración Biden ha tenido que encontrar el punto medio idóneo: entre una posición más humanitaria con los migrantes y mayor dureza frente al electorado en cuanto a las políticas migratorias. Es decir, si bien en su discurso muestra un sentido más fraternal para diferenciarse de Donald Trump, en los hechos no ha suavizado los límites y presiones sobre la gestión migratoria. Las políticas que ha puesto en marcha no lo han distinguido demasiado de otros presidentes estadunidenses, de modo que la relación con México no parece ser mucho más amistosa que en periodos anteriores.
Es cierto que Biden ha enfrentado un aumento en los flujos migratorios, situación que, según sostiene, tiene que ver con coyunturas externas a su país. La migración sigue viéndose como un fenómeno ajeno a Estados Unidos, ocasionado por ineficiencias y torpezas de los gobiernos en los países expulsores; de ahí que su manejo quede también fuera de las manos estadunidenses. Ante todo, el presidente Biden ha negociado y presionado a México para que se encargue de manera más responsable y rigurosa de las olas de migrantes que atraviesan la frontera hasta su país. Por su parte, México maquilla su obediencia con discursos de amistad y hermandad con América del Norte.
En mayo del año pasado, ambos presidentes sostuvieron una llamada similar a la reciente. En aquella ocasión manifestaron su preocupación por los inminentes cambios migratorios y reiteraron el compromiso de Estados Unidos con una gestión “humana y ordenada” del flujo de personas. Esta llamada se organizó poco antes de que expirara el Título 42, impuesto en 2020, durante la presidencia de Trump. Conforme a dicho título, las autoridades estadunidenses justificaron la expulsión masiva de migrantes en nombre de la seguridad nacional y la prevención de contagios de covid-10. Para 2023 entró en vigor el Título 8, en sustitución del previo; tenía un aspecto más “caritativo”, ya que prometía revisar una por una las solicitudes de asilo y la deportación procedería sólo con aquellas rechazadas. No obstante, según la nueva normatividad, los cruces fronterizos ilegales repetidos implican sanciones penales cada vez más severas, mientras que, de conformidad con el Título 42, las personas deportadas por el cruce irregular no enfrentaban ninguna penalización adicional. En otras palabras, aun con un mayor margen de aceptación de las solicitudes de asilo, la política de Biden tampoco resultó muy benévola con las personas migrantes.
Por su parte, López Obrador se ha esforzado por mantener una apariencia de cordialidad hacia Biden. Le agradece no haber elevado más el muro que divide la frontera y reconoce públicamente un lazo de vecindad y amistad con el país del norte. Al mismo tiempo, hay cada vez más titulares y noticias sobre personas que intentan migrar desde la frontera sur de México hasta los estados fronterizos de Estados Unidos. La violencia es una constante del fenómeno migratorio, en su mayoría los migrantes que pasan por México son violentados, pero no sólo eso, en ese trayecto han llegado a ser asesinados y masacrados. Pese a la bandera de los esfuerzos coordinados por la paz y el humanismo, el gobierno mexicano ha optado por militarizar la frontera sur sin la menor preocupación de garantizar los derechos humanos de los migrantes. Tiene sentido, entonces, que, en el sexenio de López Obrador, la cifra de quejas interpuestas en contra del Instituto Nacional de Migración (INM) por presuntas violaciones a los derechos humanos se haya disparado en 200 %.
Las presiones constantes que el gobierno estadunidense ha ejercido sobre México para frenar las olas de migrantes no han cesado con Biden al frente, como pareciera desprenderse de los discursos enfocados en la calidez y cercanía de los mandatarios. En pleno contexto electoral, los asesores de la Casa Blanca han urgido al presidente endurecer las políticas migratorias, pues, de lo contrario, podría perderse la reelección. De ahí que la nueva política migratoria no es ninguna sorpresa. Si bien hay continuidades en el tema de la política binacional, hoy el contexto es distinto: Biden ha recurrido a López Obrador para solicitarle no sólo que controle el tránsito de personas desde Centroamérica, sino que también le permita expulsar a más migrantes, aunque no sean mexicanos. Esta nueva situación coloca a México en una posición complicada, en la que debe atender una nueva problemática.
En respuesta a las presiones de Estados Unidos, el gobierno mexicano ha cedido en varios aspectos, tal como ha ocurrido históricamente. Es bien sabido que el despliegue de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera sur de México fue la estrategia estelar del gobierno morenista para frenar la entrada de personas. Lejos de lograr este cometido, la violencia hacia los migrantes se disparó. A la par de la estrategia militarizada, López Obrador ha evadido la coordinación interna para incentivar las capacidades estatales encaminadas al manejo y recepción de migrantes. El flujo migratorio por la frontera sur de México no sólo no se detuvo, sino que, desde 2023, el gobierno aceptó recibir de vuelta de Estados Unidos a 30 000 inmigrantes por mes.
En suma, quedan claros al menos tres aspectos. Primero, que la migración sigue una lógica política, y los presidentes estadunidenses se adecuan a lo que pide el electorado. Joe Biden ha buscado una posición estratégica para garantizar su permanencia en la Casa Blanca. Su gobierno no recurrió a acciones demasiado distintas de las de Donald Trump; de hecho, desde 2023 sus políticas se han tornado cada vez más duras hacia los migrantes y, también, por lo que respecta a la relación con México. La política de no asilo y deportaciones masivas es instancia clara de esto. Segundo, el binomio López Obrador-Biden quiere aparentar ser cercano y cordial, pero se trata más de una subordinación de México a las directrices de Estados Unidos. Y tercero, dado que la cuestión migratoria se considera algo ajeno a Estados Unidos, se le sigue transfiriendo la responsabilidad a los países expulsores y de tránsito, como México, desprovistos de todas las capacidades para lidiar con la situación.
La paz y el humanismo son los pilares del discurso entre Biden y López Obrador; no obstante, la estrategia militarizada y la poca capacitación institucional en el contexto doméstico han socavado las condiciones de vida de las personas migrantes y, ante todo, las han privado de la garantía de sus derechos humanos. Por decir lo menos, la nueva política migratoria de Biden conlleva implicaciones poco humanitarias en las vidas migrantes. Día tras día, los migrantes arriesgan su vida en busca de mejores oportunidades, pero su imagen se convierte en banderas electorales de triunfo y paz para los presidentes de Estados Unidos y México.
Arantxa Gómez Aguilar
Estudiante en El Colegio de México
Parece que México se convertirá en refugio de migrantes. Habrá que negociar con EEUU un presupuesto para darles empleos o al menos un alojamiento digno.