“Ser o no ser, esa es la cuestión”, dicta el clásico. Como advirtiendo la inevitable dualidad que encierran las decisiones que enfrentamos en la cotidianidad, la frase shakesperiana condensa el dilema entre ponerle cara a las circunstancias o sencillamente permanecer ajeno escapando de las mismas.
Una vez que las posibilidades de echar abajo la reforma judicial morenista han quedado reducidas al mínimo —en buena parte por la medianía intelectual del ministro Pérez Dayán y su decisión de evitar un debate sobre el alcance de las reformas a la Constitución—, no queda más remedio que reevaluar y repensar un porvenir tan desconocido como enmarañado que altera no sólo los principios de división de poderes y autonomía judicial, sino también las reglas del juego democrático, poniendo en riesgo los mecanismos tradicionales de control institucional.
Más allá de lo que se pueda llegar a teorizar desde la academia, de las decisiones de los organismos internacionales, o de la álgida polarización que imposibilita alcanzar algunos consensos mínimos, bien vale la pena centrarse en los principales involucrados en todo este caótico proceso de transformación: aquellas personas que se desempeñarán como jueces dentro de estos nuevos marcos constitucionales.
Y es que son ellos y nadie más quienes estarán en la primera línea de batalla, asumiendo la enorme responsabilidad de impartir una justicia que ha sido redefinida en su forma y en su alcance, afrontando el desafío de preservar su integridad en medio de un sistema jurídico incierto, en permanente ajuste, y bajo la sombra del poder político.
Por ello, con motivo de la apertura del registro para quienes aspiren a participar en la primera elección popular de jueces en la historia de México, presento algunas razones, tanto positivas como negativas, para considerar esta oportunidad, así como otras tantas para desistir. Así, busco ofrecer perspectivas diversas que sirvan para reflexionar sobre los desafíos que supone asumir con seriedad el oficio de juzgar en este nuevo contexto.
Razones para sí participar
Buenas
- Ocupar los espacios. A lo largo de los últimos años hemos visto cómo distintas posiciones clave en el Gobierno han sido cooptadas y malversadas por personajes sin muchas virtudes más que la lealtad al poder político. Después de meses de reproches, mentiras y presiones contra los jueces, participar en esta elección popular implica no sólo asumir un papel activo en este renovado Poder Judicial, sino también lidiar con presiones externas y sobrellevar el escrutinio del nuevo e intransigente Tribunal de Disciplina. Para aquellas personas que se animen a seguir siendo parte de una institución contramayoritaria, ejercer el cargo se convierte en un acto de resistencia que refuerza la autonomía judicial y respalda la imparcialidad, valores que otros sencillamente estarán dispuestos a mancillar y sacrificar en favor de intereses ajenos a la justicia.
- Evitar el borrón y cuenta nueva. Bajo un cariz republicano e institucionalista, involucrarse en la elección popular en este contexto significa apostar por la continuidad de aquello que se ha hecho bien desde sede jurisdiccional. Porque esa es una de las principales objeciones de la reforma morenista, que no concede la existencia de ningún buen juzgador y se lanza, errónea y tramposamente, contra todos y cada uno de ellos, presuponiendo que todo está mal y que todo debe iniciar de cero. De ahí que postularse sea una especie de reafirmación por la experiencia y un voto de confianza a la labor de todas aquellas personas que han actuado con rectitud, con independencia de si ya han decidido no participar, evitando ceder espacios y rechazando la idea de una ruptura radical.
Malas
- Ser parte del experimento. Participar en la elección a manera de ensayo, porque no se tiene “nada que perder”, resulta una razón riesgosa por la falta de seriedad que se le adjudica al cargo y por subestimar la complejidad del ejercicio jurisdiccional. Quizá por eso Claudia Sheinbaum ha instado a los más jóvenes a que se postulen sin más. Esto es criticable no por una desconfianza en la juventud o miedo a la inexperiencia, sino por el peligro de trivializar un cargo de alta responsabilidad. Ser juez va mucho más allá de ganar una elección y hacer política; implica coordinar equipos, tomar decisiones complejas con impacto real en la vida de las personas, capacitarse continuamente en un marco jurídico en constante evolución y actuar con una madurez y ética que muchas veces requiere años de trabajo y estudio. La judicatura no es un simple experimento ni una oportunidad para probar suerte; es una función crucial para el futuro de la democracia que necesita personas técnicamente solventes y éticamente congruentes.
- Mera afinidad política. Pensar que el solo hecho de simpatizar con el oficialismo, o aprovecharse de una cierta militancia, basta y sobra para ser juez, pone en evidencia la ingenuidad de confundir lealtad política con capacidad profesional. Y es que, tarde o temprano, los vientos políticos cambiarán; aquellos que ahora se sienten cobijados y poderosos bajo el manto de Morena podrían encontrarse desprovistos de esa protección en un futuro. La independencia judicial, lejos de ser un pase automático, es una cualidad que debe construirse y mantenerse con integridad, sin depender de alianzas pasajeras. Creer que el puesto está "asegurado" por conocer a alguien del comité evaluador, más que un acto de solidaridad ideológica, es una práctica de corrupción que socava la legitimidad del proceso. Este tipo de favoritismo degrada la credibilidad de quienes aspiran a ser jueces y, en última instancia, daña la percepción pública de un sistema judicial que debería caracterizarse por su imparcialidad. La faceta política del juez no debería ser la de un allegado del poder en turno, sino la de un defensor de los principios constitucionales y de los derechos de la ciudadanía.
Razones para no participar
Buenas
- No existen condiciones. A tales alturas del partido, a nadie le puede caber duda del caos y la incertidumbre que implica una mala reforma judicial impuesta por el oficialismo. El bochornoso papel en el que el INE se ha visto inmiscuido debido a una serie de polémicas presupuestales, la inacción de los gobiernos locales que poco están haciendo para sus correspondientes procesos de elección popular, o las contradicciones de los comités de evaluación por la enorme cantidad de trabajo que se les viene encima, muestran el panorama general de un fiasco inevitable. De ahí que sea muy válido no participar en este proceso tan desaseado aduciendo que las actuales condiciones son inequitativas e inciertas y dejan al descubierto la farsa que ha sido la reforma judicial morenista.De hecho, y pensando en el mediano plazo, si las mayorías legislativas decidieron echar por la borda mecanismos como la carrera judicial y los concursos de oposición, o incluso el principio de inamovilidad del cargo, quién dice que no puedan volver a cambiar de opinión en unos años. Es decir, si ya lo hicieron una vez, nada asegura que no lo vuelvan a hacer, como jugando irresponsablemente a la prueba y el error. Hoy en día, no existe ninguna garantía respecto al porvenir profesional de quienes decidan ser parte de esta nueva judicatura. El problema de creer que la política puede más que el Derecho es precisamente que la certeza que conllevan las reglas se desfonda para depender por completo de los humores del poder en turno.
- Indignación y hartazgo. Ante lo que significó decidir las plazas que serían puestas a elección popular en 2025 por medio de una tómbola, con justa razón, casi 850 personas juzgadoras (entre jueces y magistrados y ministros) manifestaron su voluntad de no participar en esta inusual estrategia para la refundación judicial. Esta afrenta es una razón suficiente para cuestionar la seriedad de este proceso, pues ridiculiza a quienes obtuvieron un cargo a través del mérito, poniendo en entredicho su dignidad. Después de tantas injurias en los últimos meses, de dar la lucha desde diferentes frentes y dedicarle años a un trabajo que de la noche a la mañana parece desvalorizado, se vale estar cansado y dar un paso al costado. Ni la causa más noble ni la lucha más importante valen más que el bienestar y la tranquilidad de uno mismo. Quizá, la presente coyuntura se puede entender como una oportunidad para explorar caminos que nunca antes se habían considerado, abriendo espacio para proyectos que aporten una satisfacción y propósito renovados.
Por ello, es pertinente lanzar una crítica a aquellos que practican un republicanismo naif, creyendo erróneamente que ellos solos serán los salvadores de la democracia. Nada más lejos de la realidad: ser juzgador no es un acto heroico ni una identidad que otorgue autoridad moral por sí sola. Es válido reconocer cuándo es momento de asumir la derrota, aceptar los errores y aplicar la autocrítica. A veces, tomar distancia y evaluar el camino recorrido permite una perspectiva más clara, y es en esa pausa donde se puede planear una resistencia más organizada y efectiva. No siempre es necesario estar en el frente; a veces, la fuerza para transformar el sistema radica en la capacidad de reorganizarse y replantear estrategias a largo plazo, abandonando el protagonismo y apostando por una lucha colectiva y constante.
Malas
- Suponer que alguien más lo hará. Aunque es un enorme desafío asegurar que el proceso de elección judicial cuente con candidaturas solventes y capaces (pues no hay que olvidar que se deberán cubrir alrededor de 1700 plazas durante los próximos años), lo cierto es que con los requisitos tan ínfimos establecidos por la reforma el problema no es de cantidad sino de calidad y, por tanto, no participar creyendo que alguien más lo hará, abre la posibilidad a que lleguen personas improvisadas o corruptas. Claro que siempre habrá individuos dispuestos a realizar tales labores, si algo sobran en este país son abogados, las más de 2300 escuelas de Derecho lo confirman, pero claramente lo harán mal y sin responsabilidad por la profesión.
- No saber hacer otra cosa que juzgar o “lo mío no es la politiquería”. Si se ha insistido que la enseñanza del Derecho no debe limitarse al conocimiento, la imposición de nuevas condiciones en la judicatura exige habilidades distintas y otras formas de navegar estos contextos en aras de defender una concepción congruente y perdurable de la justicia. Cualquier individuo en cualquier momento de su vida puede aprender y desaprender muchísimas cosas. Ser juzgador no conlleva un componente conservador, la eventualidad reclama poner en marcha acciones desde la creatividad, la inteligencia, la sagacidad y el atrevimiento. Si no es ahora cuando se debe abandonar la zona de confort y vislumbrar opciones diferentes, nunca lo será.
Existen razones para ambos escenarios, pero entre la espada y la pared queda poco margen para decidir en libertad y con plena autonomía. Es clarísimo que cualquier alternativa no resulta sencilla en términos dilemáticos, ya que, por un lado, participar también podría entenderse como un aval indirecto a la reforma oficialista que debilita el sistema de la justicia; por otro lado, optar por no participar supone abandonar la defensa activa del Poder Judicial, contemplando su destrucción institucional desde la lejanía.
En todo caso, cualquier decisión que tomen los involucrados será significativa no sólo para ellos mismos, sino también para la credibilidad y estabilidad del Estado en su conjunto. ¿Participar o no participar?, esa es la cuestión.
Juan Jesús Garza Onofre
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de Filosofía del Derecho en el ITAM.