Uno de los últimos momentos que recuerdan a Salvador Allende la mañana del once de septiembre de 1973 en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago es cuando después de haberse iniciado los operativos militares para el golpe de Estado, un enviado de la dirección del Partido Socialista Chileno acudió a verlo para preguntarle dónde deberían estar y qué deberían hacer los cuadros de ese partido. Ante tal solicitud, Allende replicó que si nunca, durante los tres años de gobierno de la Unidad Popular (UP), le habían solicitado su opinión, por qué habrían de pedírsela entonces: “Ustedes, que tanto han alardeado, deben saber lo que tienen que hacer. Yo he sabido desde un comienzo cuál era mi deber”,1 terminó diciendo.
Este hecho, dramático y visceral a la vez, reflejaba lo que constituyó uno de los problemas fundamentales en la experiencia chilena: la dirección política del proceso y los mínimos acuerdos entre sus principales actores. Sin embargo, no fue el único. En los años inmediatamente posteriores al trágico final de la aventura chilena por avanzar hacia el socialismo por un camino pacífico, fueron abundantes las páginas que se escribieron para tratar de explicar por qué llega la UP y por qué cae; cuáles fueron sus errores tácticos y cuál la estrategia que debió haber seguido; cuál el papel de la vía electoral y la legalidad; cual la respuesta de los aparatos de la derecha nacional y del gobierno norteamericano y, finalmente, cuáles eran, tras esta experiencia, las perspectivas de lo que en aquellos años se denominaba la liberación de los países dependientes y los problemas básicos de una transición al socialismo en un país periférico.
Por otro lado, para el movimiento comunista internacional, todavía vivo en los setenta, los años de la UP sirvieron en buena medida para replantear en unos casos y reafirmar en otros, algunas de las posiciones teóricas sostenidas durante varios lustros. Después de la Revolución Cubana a finales de los años cincuenta, el triunfo de Allende significó una nueva oportunidad para las expresiones socialistas de ascender al poder político formal; el hecho de que hubiera sucedido mediante los cauces electorales, en un país con larga tradición democrática, con todo lo que ello implica —libertades civiles, pluripartidismo, estabilidad política—, distaba de las condiciones que antecedieron y al modo como se dio el proceso cubano.
Si esto era cierto, ¿la versión cubana sólo fue posible por las armas y luego sobre el andamiaje de una dictadura en toda regla pero inviable en un régimen republicano y democrático como, al menos en sus dos primeros años, pretendía Allende? ¿Tuvo razón el secretario general del Partido Comunista Italiano cuando dijo que el fracaso de la UP arrojaba tres lecciones principales: que el triunfo electoral con una mayoría relativa “no fue garantía suficiente para la supervivencia y el éxito político de un gobierno de izquierda”; que era necesaria la construcción de una alianza “lo más amplia posible para evitar una polarización y empate de fuerzas entre la clase media y la clase obrera” y, por último, que ello demostraba “lo absurdo de confiar en la legalidad burguesa, el mito de la existencia de fuerzas armadas apolíticas o benignamente neutrales, el peligro de la movilización insuficiente y por supuesto la necesidad de crear una milicia popular”?2 Y en este sentido, ¿coincidía con los puntos de vista de los analistas soviéticos por cuanto que a Allende su “pedante adherencia” a la legalidad lo había atado de manos, y que “los eventos de Chile comprueban que los movimientos revolucionarios (deben) estar preparados plenamente para defender las ganancias democráticas con las armas”?3 ¿Fue una prueba irrefutable, como lo sostuvieron los dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno, de que la alternativa al socialismo era solamente posible por la vía armada? Estas son algunas de las preguntas sobre las que este texto, escrito muy pocos años después del Golpe y parte de un ensayo más largo, intenta reflexionar.
Allende siempre sostuvo que la UP había ganado el gobierno, pero no el poder y este hecho marcó irreversiblemente el horizonte de su itinerario político. En su primer mensaje anual al Congreso, en mayo de 1971, el presidente chileno había dibujado las líneas generales de la transición al socialismo. Afirmó que Chile estaba en condiciones de “conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista” dentro de los cauces democráticos de libertad y pluralismo, y que para ello se seguirían cinco principios elementales: legalidad, institucionalidad, mantenimiento de las libertades políticas, rechazo a la violencia y socialización de los medios de producción.
Por una parte, desde 1969 existieron maniobras alentadas y ejercidas por la derecha chilena en complicidad con la Casa Blanca y el Departamento de Estado para impedir, primero, que Allende obtuviera la votación más alta en las presidenciales y, segundo, que el Congreso Pleno le otorgara el triunfo definitivo. Por otra, la conformación de la propia coalición, lejos de presentarse como una organización unitaria y monolítica, se concebía más bien como un frente electoral dentro del que difícilmente se lograría un consenso elemental para dar forma a un gobierno cuyas tareas eran radicalmente más complejas que las de la poesía de una campaña. De estas dos cuestiones se derivaron otras más que contribuyeron al derrumbe del intento socialista.
Una de las primeras omisiones es la señalada por Regis Debray respecto a la ausencia de una poderosa movilización política de la clase obrera y de sus organizaciones gremiales. Es decir, la clara distancia entre “conciencia” de clase e “instinto” de clase del proletariado por virtud de la cual los obreros se dejaron guiar más por el espontaneísmo de sus intereses reivindicativos inmediatos. Lo segundo, producto del anterior, se distinguía porque las propias organizaciones de clase estaban igualmente rezagadas en cuanto a la adquisición de una conciencia de clase misma y en consecuencia el sindicalismo difícilmente podría despojarse del economicismo —la conservación de las fuentes de trabajo— que hasta ese momento lo caracterizaba.4
A este hecho, calificado como un error de previsión de las fuerzas acumuladas por la UP, se añadía otro de mayor alcance: el carácter pacífico de la vía chilena. En este sentido, Santiago Carrillo, el histórico líder del comunismo español, señaló que para optar por esa alternativa era vital revisar la existencia de una “correlación que en un momento dado proporcione a las fuerzas transformadoras un poder abrumadoramente superior al de los defensores del capitalismo”5. Los acontecimientos demostraron que la UP estuvo lejos de asegurarse una poderosa acumulación de fuerzas —se entiende que políticas, parlamentarias y sindicales— con las que pudiera enfrentar la embestida inevitable de la derecha y sus aliados. Para algunos observadores, como los eurocomunistas, el momento de entrar en un conflicto armado sobrevendría en algún momento, de modo que desde un principio la Unidad Popular debió haber considerado esa hipótesis, cuya omisión determinó, o por lo menos contribuyó, en definitiva, al fracaso del gobierno popular.
Allende se aferró, en ocasiones equivocadamente, al mantenimiento de la legalidad y la institucionalidad, de suerte que su apego a ese marco desarmara a la oposición; sin embargo, como luego apuntarían algunos analistas soviéticos, el presidente se mantuvo dentro de una legalidad que nunca respetó la oposición interna ni las presiones externas, y que a final de cuentas terminaría por atarlo de manos. Además de estos factores, hubo otros más que contribuyeron de manera central a la caída: las divisiones en la coalición gobernante y la incapacidad de negociar alianzas entre la UP y la Democracia Cristiana (DC).
En primer término, Allende había llegado al gobierno como candidato de un conjunto de partidos caracterizados en teoría por su extremo pluralismo ideológico y orgánico lo que obligaba necesariamente a buscar el establecimiento de líneas de consenso o mínimos comunes que facilitaran ofrecer acciones de gobierno más o menos cohesionadas. No sucedió así porque en la práctica pesaron más los intereses del caudillismo partidista y el sectarismo de las organizaciones participantes que su disposición a domesticar sus visiones particulares para asumir el carácter, o al menos la imagen, de conductores de un gobierno como tal. Este fue uno de los mayores errores de la coalición.
No era lo mismo —y los dirigentes políticos lo reconocerían demasiado tarde— la coincidencia electoral, meramente circunstancial, que la unidad en torno a objetivos estratégicos de mayor envergadura. Y lo más grave fue que esto repercutió en casi todos los niveles de la actividad pública: desde la administración del Estado hasta la movilización política de los sectores obreros. En muy pocas ocasiones se dio una orientación general eficaz que sirviera de eje al gobierno de la UP. “La rebelión de los mandos medios —escribió Jorge Tapia Videla—; la creencia de que la lealtad partidista es más valiosa que la competencia técnica y la actitud relativamente contemplativa frente a claras manifestaciones de corrupción administrativa son, en definitiva, algunas de las tantas derivaciones del fracaso por entender que es en el plano organizacional en donde mejor se ilustra la convergencia de los problemas teóricos y prácticos de un proceso revolucionario”.6
En segundo lugar, la imposibilidad de articular ciertos acuerdos con el sector demócrata cristiano que había apoyado a la coalición en el parlamento durante las elecciones, se debió a la existencia de opiniones divergentes sobre ello y, cabe decir, a la debilidad del liderazgo presidencial para hacer prevalecer una sola línea de decisión. Entrar en negociaciones y probablemente acuerdos con la DC le hubiera dado margen a la UP de acumular fuerza para lograr un mayor apoyo parlamentario. No se trataba, como se dijo entonces, de rendirse ante el juego reformista sino simplemente de calibrar la correlación real de fuerzas y las previsibles consecuencias, favorables o desfavorables, que podría arrojar. Percatarse del apoyo social con que contaba la DC y su papel mayoritario en el Congreso era una medida táctica que le habría dado margen de maniobra a la UP para madurar las condiciones que hicieran posible pasar del gobierno al poder. “Por eso —escribe Hugo Zemelman—7 la línea a seguir no era tanto, en una primera etapa, dividirla sino fortalecer al grupo aliancista que hizo posible la votación de la Democracia Cristiana en el Congreso Pleno por Salvador Allende, ya que una división antes de tener la capacidad de destruir la alianza ideológica de la burguesía contribuiría a que la definición de fuerzas fuera impuesta por las condiciones propias de esa alianza”.
En materia económica, hay varios elementos que concurren al análisis del fracaso chileno. Era evidente que con grandes dificultades hubiera podido llevarse a cabo con éxito una política económica de orientación socialista dentro de un arraigado sistema capitalista. Sin duda alguna esta realidad omitió que la estructura dependiente sería forzosamente refractaria a cualquier medida interna que no buscara suplir, por otros mecanismos, las relaciones con las economías metropolitanas, en este caso con la de Estados Unidos. Además de los errores y disonancias entre la conducción económica y la dirección política que resultaron a la postre fatales, dentro de los propios responsables de la política económica había desacuerdos evidentes.
La necesidad de aplicar una política económica de corto plazo rindió algunos frutos políticos que se reflejaron en mayor apoyo al gobierno, pero a un alto costo económico. La toma de decisiones populistas no se tradujo en una movilización más orgánica del proletariado de la época. En esta dirección va la crítica de Sergio Bitar8 al sostener que “la correlación de fuerzas se vería afectada, en el corto plazo, por la intensidad y amplitud de las transformaciones estructurales. Un proceso acelerado, que aborda cambios en varios frentes simultáneamente, generaba más perturbaciones inmediatas y tales perturbaciones deteriorarían la eficiencia. La magnitud de los dislocamientos podía aminorarse con una mejor gestión técnica y administrativa de las transformaciones. Por lo tanto, la dirección debía graduar la profundidad de las transformaciones a la luz de la correlación de fuerzas y la capacidad de crear nuevos mecanismos para regular el sistema y administrar eficazmente las nuevas funciones”. Eso es exactamente lo que sucedió y la gestión pública se volvió un desastre.
El manejo de la política exterior de la Unidad Popular, por su parte, estuvo plagado igualmente de incongruencias y ambigüedades. En un principio, el hecho de que Allende hubiera postulado repetidamente que Chile buscaría ascender al socialismo por caminos independientes, no era un gesto muy diplomático hacia los países del bloque socialista. La propia pertenencia de Allende al Partido Socialista —que nunca había aceptado la afinidad doctrinal con Moscú— contribuyó a que la Unión Soviética nunca estuviera dispuesta a meter las manos al fuego para sacar adelante la revolución chilena. Por si ello fuera poco, la falta de tacto al enviar a una persona sin ninguna experiencia diplomática y sí relacionado con algunos sectores empresariales norteamericanos como embajador chileno en la URSS, no hizo sino perjudicar las relaciones con la potencia roja. Se puede especular, como lo hicieron varios enviados cubanos cuando Allende ganó las elecciones, acerca de que ningún intento socialista en América Latina era viable sin el respaldo soviético, pero en todo caso la expresión de que había cierto apoyo concreto y activo habría sido un dique sobre el cual Estados Unidos probablemente no se hubiera atrevido a pasar con tal brutalidad.
Es cierto que un abierto apoyo a Chile habría significado para la URSS un problema en la détente con Washington, asunto que, por lo demás, formaba parte esencial en la agenda de su política internacional; y también es cierto que el cierre del aprovisionamiento de fondos para Chile, el apoyo financiero y logístico norteamericano para el ejército y otros actores chilenos como el diario El Mercurio y la mano de sus agencias de inteligencia en casi todos los rincones de la vida política de este país, fueron factores determinantes en la caída de Allende. Pero que hayan sido suficientes para explicar el fracaso es discutible.
Muchos radicales de la izquierda chilena buscaron explicaciones en la teoría de los padres fundadores del comunismo. El doce de abril de 1871, por ejemplo, Marx le dice a Ludwig Kugelmann en una carta: “La próxima tentativa de la revolución francesa no es hacer pasar de unas manos a otras la máquina burocrático-militar como venía sucediendo hasta ahora, sino demolerla, y ésta es justamente la condición previa de toda verdadera revolución popular”.9 ¿Era esto posible en Chile, país periférico, de una manera pacífica, dentro de los cauces legales e institucionales vigentes? ¿Podía un régimen en América Latina, encuadrado dentro de los principios y las instituciones entonces llamadas democrático burguesas, impulsar a un Estado hacia el socialismo? Poco probable.
En ese sentido, el caso chileno fue una de las experiencias más aleccionadoras para el movimiento revolucionario internacional. Durante 1970 a 1973 no fueron pocas las cuestiones que se ventilaron acerca del tránsito de una sociedad dependiente, capitalista, a otra de carácter socialista. La coyuntura chilena se presentó dentro de una estructura de poder que podría situarse dentro de los parámetros bonapartistas en los que un arraigado juego político con elecciones libres y democráticas, con una representación parlamentaria, pluralista, con libertades económicas y un sistema de partidos, hacían ver un estado presumiblemente situado por encima de las clases sociales y gozando de una autonomía relativa. Fue un serio error de cálculo político.
En el Chile de finales de la década de los años sesenta se vivía un escenario político favorable a la competencia electoral de los partidos de izquierda, que junto con otras circunstancias hacían probable su triunfo en las elecciones. Por una parte, el fracasado gobierno de Eduardo Frei Montalva en consolidar la reforma agraria y la “revolución en libertad” legó una crisis económica que repercutió ostensiblemente sobre los sectores pobres, con el consecuente costo político; por la otra, las medidas reformistas del régimen demócrata cristiano agitaron las contradicciones al interior de la derecha, haciendo polarizar sus fracciones y los conflictos entre éstas y sus representantes políticos. Ante ese panorama, una solución populista o una salida hacia la derecha radical en 1970 habrían sido el detonador para el estallido del sistema político chileno.
La llegada por los métodos electorales de la UP fue considerada por algunos sectores de izquierda como un obstáculo que frenaría los avances revolucionarios. Argumentaban a su favor el hecho de que en el pensamiento clásico el voto únicamente sirve como indicador del grado de madurez de la clase obrera. Sin embargo, esa afirmación era cierta apenas en un sentido limitado. Para la izquierda chilena era la alternativa más viable en un primer momento; por un lado, la experiencia de las anteriores contiendas electorales presidenciales se tradujo en la confianza de que era posible llegar al gobierno por este camino, y en esto sus posiciones estaban cercanas al eurocomunismo. Por otro, pensar en una solución de carácter armado para apoderarse de la maquinaria estatal era solo una "frágil ilusión".
El error de la Unidad Popular consistió, en todo caso, no en la utilización de la vía electoral, sino en la creencia de que el apego a la legalidad aseguraba el avance en las tareas de gobierno. No consideró, ni midió con realismo, que las bases de sustentación de la derecha empresarial y agraria chilena difícilmente serían destruidas con medidas de cortos alcances principalmente en el ámbito económico. Esperar que esa derecha respetara los principios legalistas que hasta el final defendió el gobierno popular era un espejismo que arrojó dramáticos resultados.
La UP debió desde un principio darse cuenta de que, dentro del ejército, la lealtad, responsabilidad y convicción civilista eran componentes que solo superficialmente podrían mantenerse intactos ante el riesgo, desde la lógica militar, de un proyecto “comunista”. De hecho, la organización del Golpe, en especial desde la Marina chilena, había empezado varios meses atrás. Además, contribuyó la infiltración de agentes norteamericanos entre las filas de la oficialidad chilena. Lo mismo acontecía en el Poder Legislativo. Dominado mayoritariamente por la oposición, la UP no tuvo la decisión suficiente para disolverlo de inmediato y sustituirlo, como se contemplaba en el Programa, por una Asamblea del Pueblo. Cuando en 1971, tras el relativo triunfo electoral en las municipales de abril, Allende hizo caso omiso de sectores que le recomendaban tocar al parlamento, tácitamente debilitó su margen de maniobra.
Las grietas en la dirección de la coalición gobernante fueron obstáculos en ocasiones insuperables. Aunque en un principio Allende confiaba en que las condiciones se prestarían para formar el “partido de la revolución” en realidad en ninguna de las fases del proceso chileno se vislumbraron posibilidades reales de hacerlo. Preocupados muchísimo más por los intereses sectarios y por las ganancias en términos de liderazgo político y burocrático, las organizaciones de la UP desdeñaron que el triunfo de una revolución socialista sólo era posible cuando hay una dirección política orgánica, unificada y disciplinada. La experiencia chilena prueba que por lo menos en las condiciones entonces prevalecientes era factible, en un primer momento, utilizar las instituciones existentes para conquistar el poder y defenderlo; pero una vez obtenido destruirlas era casi una cuestión de supervivencia.
Lo que pasó tras el Golpe de 1973 es historia bien conocida. Una dictadura militar que ejecutó una brutal violación sistemática y consentida de los derechos humanos durante diecisiete años y trató de explicarla mediante un maquillaje semántico y clichés como la “defensa de la patria” o el “salvataje nacional” para calificar ese período como “régimen militar” y no como lo que fue: una dictadura cruda y dura. Por más que ahora los defensores del Golpe sigan buscando cómo justificarlo, su protagonista principal, Augusto Pinochet, murió plácidamente en su casa pero ante la historia terminó como un militar golpista, traidor, criminal y ladrón.
Otto Granados Roldán
Embajador de México en Chile en dos períodos: 1999-2001 y 2013-2015
1 Joan E. Garcés, Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política, Barcelona, Ariel, 1976, p. 386.
2 Cit. en Philippe C. Schmitter, “ La Europa latina y las lecciones de Chile”, en Federico Gil et al. (Eds), Chile 1970-73. Lecciones de una experiencia, Madrid, Tecnos, 1977, pp. 352-53
3 Cit. en Isabel Turrent, La Unidad Popular Chilena 1970-1973, Tesis de licenciatura, El Colegio de México, 1979, pp. 143-44
4 Regis Debray, Conversación con Allende, México, Siglo XXI, 1976, 8ª. Edición, pp. 49-50
5 Cit. en Carlos Altamirano, Dialéctica de una derrota, México, Siglo XXI, 1979, p. 43
6 Jorge I. Tapia Videla, “El difícil camino de transición al socialismo: el caso chileno es una perspectiva histórica”, en Federico Gil et al. (Eds), op. cit., pp. 83-84.
7 Hugo Zemelman, “Problemas políticos de la transición: desde la toma del poder político hasta el poder revolucionario”, en F. Gil et al. (Eds), op cit, p. 293.
8 Sergio Bitar, Transición, socialismo y democracia. La experiencia chilena, México, Siglo XXI, 1979, pp. 307-308
9 En C. Marx y F. Engels, Obras Escogidas, tomo II, Moscú, Progreso, 1977, p. 464.