Hace siete años, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales gracias a la promesa de acabar con la corrupción y la impunidad en México. Fueron muchos los modus operandi y beneficiarios que mostraron la corrupción sistémica del régimen durante el gobierno de Peña Nieto y que indignaron a la ciudadanía, tal como documentamos en nuestro análisis de los 35 casos principales de corrupción entre 2013 y 2018.
El sexenio de López Obrador no se quedó atrás, acaso lo superó. La corrupción no terminó. La impunidad, tampoco. Más allá de las palabras, no hubo ninguna clase de política pública contra la corrupción y la impunidad. Apenas nueve meses después de haber llegado al gobierno, el presidente López Obrador mostró un pañuelo blanco y decretó que la corrupción “se había acabado”. Pero la realidad era otra. El primer caso de una empresa fantasma recibiendo contratos con la autodenominada Cuarta Transformaciónse documentó tan pronto como en abril de 2019 y, a partir de ahí, las investigaciones sobre las ilegalidades, actos de corrupción e irregularidades del gobierno comenzaron a apilarse, así como el manto de impunidad sobre sus responsables.
Entre 2019 y 2024, en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicamos un recuento de los principales casos de corrupción que diversos medios y organizaciones revelaron año con año, en un ejercicio que denominamos el Anuario de la Corrupción. Aunque la gran mayoría de casos fueron descalificados por el gobierno, con el tiempo fue imposible negar su existencia. En total, registramos 183 casos importantes de corrupción en el sexenio que corrió de 2018 a 2024. La corrupción se mantuvo y los pactos de impunidad también..
En este Anuario de la Corrupción del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo identificamos 51 casos relevantes que se publicaron entre los meses de octubre de 2024 y 2025. Este es un recuento atípico dado que un porcentaje mayoritario de las investigaciones que han salido a la luz corresponden a gobiernos del pasado: 24 son esquemas que sucedieron en el sexenio de López Obrador (47 %), mientras que 5 fueron sobre el periodo de Peña Nieto (10 %) y 21 casos sucedieron durante el gobierno de la actual presidenta (41 %). Por último, hay un caso especial que ha ocurrido de manera contínua y atraviesa los dos periodos de gobiernos morenistas: el huachicol fiscal.
La fórmula de prometer acabar con los esquemas de corrupción del pasado y no hacer nada respecto a los de su gobierno le resultó muy efectiva a López Obrador. Su principal estrategia fue la de una campaña de comunicación permanente que recordaba el pasado corrupto del “PRIAN” y la “honestidad valiente” de la 4T.
Para Sheinbaum, es mucho más difícil la opción de seguir escondiendo la corrupción propia y la del pasado a través de una narrativa que hace agua por todos lados. Además, casi la mitad de los actos y redes de corrupción que se han revelado en su primer año de gobierno ya no tocan a sus adversarios de “la época neoliberal”, sino a su antecesor. Investigarlos “tope donde tope” la llevaría a enfrentarse con un importante grupo de funcionarios, políticos y grupos sociales que mantienen fuertes vínculos con él, con integrantes de su propio gabinete y hasta con él mismo y sus familiares. Además, la corrupción también está creciendo dentro de su administración con formas y nombres propios nuevos, como muestran 4 de cada 10 casos recopilados en este anuario.
A diferencia de los anuarios de años previos, en esta ocasión la gran diversidad entre los 51 escándalos de corrupción que documentamos nos llevó a agregarlos a partir del tipo delictivo que se configura, en siete categorías diferentes.
- Irregularidades en contrataciones públicas
- Nepotismo, amiguismo e influyentismo
- Desvío de recursos públicos
- Enriquecimiento inexplicable
- Corrupción electoral
- Corrupción privada
- Casos que quedaron en la impunidad
Esta clasificación permite identificar dinámicas semejantes, patrones que se repiten y enfatizar las debilidades institucionales que los sostienen. Además, hemos dedicado una sección especial para el episodio de la importación ilegal de combustibles, pues hay una multiplicidad de conductas que cruzan todas las categorías y que lo perfilan como el modus operandi de corrupción más grande de las últimas décadas.
Caso especial: el huachicol fiscal
Ocurrido en el sexenio de López Obrador y Sheinbaum Pardo
Se conoce como huachicol fiscal a la importación ilegal de combustibles simulando que son otro producto, como aditivos o lubricantes, para evitar el pago de impuestos al gobierno al momento de cruzar las aduanas del país. Dado que el combustible se compra barato en el extranjero y se puede comerciar cerca del precio de la gasolina legal, esa diferencia termina en manos de la red delincuencial en lugar de en la hacienda pública.
Por ejemplo, al importar un litro de diésel en las aduanas mexicanas se deben pagar 7.1 pesos de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) si se declara conforme a la ley. Para eludirlo, si el huachicol fiscal entra por tierra, se hace mediante una pipa que declara introducir otra cosa y puede contener hasta 60 mil litros de combustible, lo que implica una ganancia de al menos 400 mil pesos por los impuestos no pagados por cada pipa. Si llega por mar, un solo buque que contiene alrededor de 10 millones de litros de combustible y se introduce como huachicol fiscal representa, cuando menos, una ganancia de 71 millones de pesos por los impuestos evadidos. Además, el Estado también pierde ingresos cuando ese combustible se comercia de manera ilegal y no paga Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).
De acuerdo con diferentes estimaciones, por este mecanismo el Estado mexicano ha perdido alrededor de 200 mil millones de pesos al año. Como punto de comparación, el caso de corrupción conocido como La Estafa Maestra implicó desvíos por al menos 7 mil millones de pesos, mientras que las “irregularidades” en SEGALMEX alcanzaron más de 15 mil millones de pesos. En este caso estamos ante un esquema que supera más de 10 veces el daño a la hacienda pública del que fuera el episodio más grande del sexenio de López Obrador.
A pesar de que el huachicol fiscal como modus operandifue denunciado por diversos medios periodísticos al menos desde 2018, así como por diferentes organizaciones a lo largo del sexenio pasado, el problema no fue atendido ni combatido por el gobierno. El único cambio sustantivo, que al final agravó la corrupción, fue el de 2020, cuando se traspasó el control de todos los puertos y aduanas a las fuerzas armadas de la Marina. La militarización se ofreció de nuevo como una de las respuestas más comunes del gobierno de Morena, como dan cuenta las casi 300 funciones civiles que se han trasladado a los militares. López Obrador presumió en múltiples ocasiones que el huachicol había sido eliminado y en su sexto informe de gobierno incluso declaró que esto había “generado ahorros por 342 mil millones de pesos”. No fue así. Uno más de los “otros datos” del gobierno del expresidente.
La primera nota que arrojó luz sobre este problema en el sexenio de Claudia Sheinbaum fue una investigación publicada por MCCI en noviembre de 2024. Ahí se documentó cómo un grupo de empresas fantasma declaradas como tales por el SAT habían creado un esquema para importar más de un millón de litros de combustibles y, mediante registros alterados, poder introducir huachicol fiscal en colusión con autoridades aduanales. Estas mismas empresas eran parte de una red de comercializadoras que fueron autorizadas para vender el combustible durante el sexenio de López Obrador y que operaban desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en sociedad con funcionarios del Sistema Portuario Nacional.
El asunto adquirió mayor notoriedad en marzo de 2025, cuando la Marina aseguró un buque en el puerto de Tampico que transportaba 10 millones de litros de diésel consignados como aditivos para aceites lubricantes. Una publicación de MCCI reveló documentos que acreditaban que la carga real del buque era de 20 millones de litros, pero sólo la mitad fueron declarados en el decomiso.
MCCI también vinculó a los dueños de la importadora del buque, Intanza, con el director de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez, quien fue cesado en mayo junto con otros funcionarios del puerto. Asimismo, se documentó que la administración del puerto de Tampico otorgó la concesión del muelle fiscal a la empresa Tampico Terminal Marítima, propiedad de Saúl Vera Ochoa, empresario que apoyó de manera pública al ahora senador Adán Augusto López para competir por la candidatura presidencial de Morena.
En junio de 2025, una investigación de MCCI acreditó que durante la construcción del AIFA la Secretaría de la Defensa pagó más de 500 millones de pesos en diésel a Ecocarburante, empresa vinculada a una red de huachicol que operó a través de transportistas y estuvo involucrada en los decomisos de marzo de 2025 en Tamaulipas. En respuesta, la Defensa reconoció el contrato con Ecocarburante, aunque negó haber comprado combustible robado y defendió la legalidad de las adjudicaciones.
En agosto, MCCI documentó que el director de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), Alex Tonatiuh Márquez Hernández, compró un departamento de tres niveles en Polanco por apenas una tercera parte de su valor comercial a un Coronel Intendente del Ejército, así como una colección de relojes con un valor de 7.7 millones de pesos. Además, El Universal reveló que Márquez Hernández estaba siendo investigado por el SAT por ser representante legal de Aledo, una empresa relacionada con la operación de al menos 257 millones de pesos de procedencia ilícita. De acuerdo con la publicación, las autoridades apuntan a que Márquez Hernández no tenía los ingresos suficientes para sustentar su estilo de vida.
Márquez Hernández ocupa su actual cargo desde febrero de este año, cuando la presidenta Sheinbaum nombró a Rafael Marín Mollinedo como titular de la ANAM. No obstante, ya había ocupado este cargo entre enero y junio de 2023. En aquel momento, el presidente López Obrador fue cuestionado por un periodista sobre presuntas investigaciones por lavado de dinero, pero el mandatario se limitó a responder que se estaba investigando.
En septiembre de 2025, autoridades federales detuvieron a 14 personas señaladas de encabezar toda la red relacionada con el huachicol fiscal del buque decomisado, entre los que estaban empresarios, funcionarios aduanales y marinos como el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. El vicealmirante es acusado de liderar la red junto con su hermano, Fernando, quien está prófugo. Los hermanos Farías Laguna son sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
En su discurso previo al desfile militar por el aniversario de la Independencia, el Secretario de la Marina actual, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, declaró sobre el caso del huachicol fiscal: “fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo (…) Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la Transformación”.
De acuerdo con una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, dada a conocer por el medio Latinus, el 14 de junio de 2024 el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar envió al entonces secretario de la Marina del presidente López Obrador una denuncia sobre la operación de la red de huachicol fiscal y la participación de sus sobrinos y otros implicados. Después del cambio de gobierno, el contraalmirante fue citado el 10 de octubre de 2024 a una reunión en las oficinas del nuevo secretario de Marina. Un mes después, el contraalmirante Guerrero Alcántar fue asesinado mientras estaba de vacaciones.
En septiembre falleció el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. Según las autoridades, se trató de un suicidio después de que se le señaló por haber recibido sobornos para permitir la entrada de buques con huachicol fiscal. El capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, encargado del puerto de Manzanillo, Colima, falleció un día después, el 9 de septiembre, en un accidente durante una práctica de tiro, de acuerdo con la Marina.
El caso sigue en desarrollo al cierre de este anuario y es incierto en nivel de conocimiento y/o involucramiento del exsecretario de Marina y, por ende, del expresidente Obrador. Hay denuncias ciudadanas ante autoridades sobre esta red de huachicol fiscal al menos desde febrero de 2021.
1. Irregularidades en contrataciones públicas
Las compras públicas y la contratación de servicios son de los espacios más susceptibles a la corrupción. Durante el último año, surgieron investigaciones sobre adjudicaciones por miles de millones de pesos a empresas sin experiencia, proveedores fantasma y compañías ligadas a personas cercanas al poder político. Estas prácticas se registraron tanto a nivel federal como local.
Algunos casos repiten patrones detectados en años anteriores, como las compras de medicamentos o las obras del Tren Maya y el AIFA, mientras que otros revelan nuevos problemas, como las irregularidades que apuntan a integrantes del poder legislativo. Estos casos exhiben la fragilidad de los controles institucionales para detectar irregularidades, así como la persistencia de redes de colusión entre funcionarios y una parte del sector privado.
Birmex cancela megalicitación por colusión de proveedores
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
En abril de 2025, la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno anuló la licitación consolidada de medicamentos a cargo de Birmex, tras detectar sobreprecios que sumaban más de 13 mil millones de pesos en 175 claves médicas (6 % del total), con evidencia de colusión entre proveedores y funcionarios. El esquema consistió en inflar los precios de medicamentos clave y en presentar propuestas coordinadas de empresas vinculadas entre sí. Las compañías simularon competencia y pudieron garantizar adjudicaciones pactadas.
Cuatro días después, el director general de Birmex, Iván de Jesús Olmos Cansino, junto con otros cuatro altos funcionarios, fueron destituidos. Olmos, quien había asumido en octubre de 2024, fue sustituido por el diputado Carlos Ulloa. En junio, El Universal reveló que la Secretaría Anticorrupción investiga al menos a 13 funcionarios más, aunque reservó los nombres. También sancionó a una de las empresas involucradas, Biomics, y anunció que indaga a otras 59 compañías por posibles irregularidades.
Para enfrentar la crisis, la Secretaría de Salud organizó subastas inversas de emergencia, aunque se reportaron casos de desabasto de tratamientos oncológicos en Veracruz. Según Expansión, tres de cada diez insumos de salud se entregaron con retraso entre febrero y julio de 2025. Pese a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en su primer informe de gobierno que el abasto de medicamentos supera 90 % en clínicas y hospitales.
Compras sospechosas del gobierno de Nuevo León
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
Reforma dio a conocer en noviembre de 2024 el caso de Ego Móvil, una empresa sin experiencia previa en la venta de unidades de transporte y que no reportó ingresos entre 2019 y 2022. En 2023, el gobierno de Nuevo León le otorgó un contrato de 3,307 millones de pesos para arrendar 600 camiones chinos, que debía entregar a más tardar el 31 de octubre de ese año. Sin embargo, al 31 de diciembre sólo había entregado 328. Entre 2023 y 2024, Ego Móvil registró operaciones con compañías que compartían socios y reportaban domicilios en zonas habitacionales modestas.
En diciembre de 2024, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad estatal descalificó a la empresa de un concurso por otro contrato al no acreditar experiencia previa. Sobre este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió no politizar y dejar la investigación a la Fiscalía estatal.
Ese mismo mes, Reforma cuestionó otra adjudicación del gobierno estatal: el gobernador Samuel García, a través de su empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles, en la que también participa su padre, concretó la adquisición de un rancho de 700 hectáreas en Burgos, Tamaulipas, valuado en 800 millones de pesos. La operación ocurrió apenas dos días después de que su administración adjudicara a Constructora Garza Ponce, entonces propietaria del terreno, un contrato por más de 7,000 millones de pesos para la ampliación de las líneas 4 y 6 del Metro.
Compras de emergencia por el huracán Otis
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
Tras el paso del huracán Otis en octubre de 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional fue la encargada de adquirir enseres domésticos —refrigeradores, estufas, colchones— para los damnificados en Guerrero. Aunque las compras por adjudicación directa se justificaron bajo la figura de emergencia, estuvieron rodeadas de irregularidades documentadas por MCCI y la ASF. Algunos de los contratos no fueron registrados en el Programa Nacional de Adquisiciones, se repitieron de forma idéntica estudios de mercado para bienes distintos e, incluso, algunos apartados estaban censurados por completo.
Entre las empresas beneficiadas hubo antecedentes cuestionables: proveedores señalados por sobreprecios en Tabasco, Chiapas y Campeche o por vínculos con redes de corrupción. Destacó el caso de Adiam Abastecedora de Insumos y Alimentos, creada en 2021 por el exalcalde priista de Taxco, Omar Jalil Flores Majul. La compañía, con domicilio en un departamento en Iztacalco, obtuvo un contrato de adjudicación directa por 37.6 millones de pesos para 11 mil colchones. En agosto de 2025, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno la inhabilitó durante 15 meses.
IMSS compró medicamentos a sobreprecio
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
En noviembre de 2024, MCCI reveló que entre 2023 y 2024 un total de 15 empresas vendieron al IMSS medicamentos para la diabetes a sobreprecios que alcanzaron hasta diez veces el valor acordado en las compras consolidadas de esos años. Estas adquisiciones se realizaron por delegaciones estatales del Instituto bajo el argumento de que no había dosis suficientes. Una de las compañías señaladas, Poyago, continuó recibiendo contratos hasta agosto de 2024. En ella participa una persona vinculada a Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien ha sido señalado por obtener contratos públicos de forma irregular.
Tres funcionarios del IMSS autorizaron estas compras, quienes fueron intimidados. En diciembre de 2023 apareció, a las puertas de sus oficinas en la colonia Roma, una cartulina con amenazas en su contra junto al cuerpo de un vendedor de dulces que había sido asesinado.
En mayo de 2025, Animal Político documentó un caso similar de compras de medicamentos con sobreprecio a dos empresas de la familia de Aldo Díaz Pérez, socio del yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Díaz Pérez trabajó con René Gavira en Segalmex, durante el periodo en que se presume sucedieron los desvíos en esta institución.
Esquema de simulación para compras públicas
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
Una investigación de El Universal, publicada en diciembre de 2024, dio a conocer un modelo de simulación utilizado por el gobierno federal y siete gobiernos estatales durante 2023 para asignar por adjudicación directa 151 obras públicas con un valor de 4,542 millones de pesos más IVA. En este esquema, los gobiernos abrían una licitación pública, descalificaban a todos los proveedores por incumplir requisitos y luego adjudicaban el contrato a uno de los participantes descartados.
La investigación documentó que este mecanismo se aplicó en al menos 12 dependencias federales e involucró a 117 proveedores. Entre ellos se encontraban una empresa inhabilitada en 2018, otra con observaciones de la ASF, tres con exfuncionarios de áreas de licitaciones entre sus socios y seis creadas después de 2018. Cuatro de cada diez contratos se otorgaron en menos de diez días tras declararse desierta la licitación y en 27 casos el monto final aumentó respecto a la propuesta original.
Empresas del “caso Koldo” con contratos en el Tren Maya
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
En junio de 2025, Reforma publicó que tres implicados en una presunta red de sobornos en España —el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama— también gestionaron contratos en México para el Tren Maya, según reconoció De Aldama ante la justicia. En julio, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ingresó en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
De Aldama declaró que en 2019 viajó a México con Ábalos y García y se reunió con Javier Jiménez Espriú (entonces titular de SCT) y el senador Ricardo Monreal; dijo que las gestiones fueron facilitadas por Alejandro Murat y Pedro Haces. Los funcionarios mexicanos negaron actos de corrupción.
La constructora Azvi, investigada en España, ganó junto con Grupo Indi el Tramo 3 (Calkiní–Izamal) por 10,193 millones de pesos; para 2023, el monto rebasó los 23 mil millones. La Auditoría Superior de la Federación detectó un posible daño al erario por 65.5 millones en la revisión de la cuenta pública 2021. El 19 de agosto de 2025, un vagón se descarriló en la estación Izamal sin heridos; la versión oficial lo atribuyó a un fallo de señalización.
Irregularidades en la gestión de Ricardo Monreal en el Senado
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
En diciembre de 2024, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, denunció irregularidades en dos contratos por 150 millones de pesos otorgados durante la legislatura pasada, cuando Ricardo Monreal encabezaba esa cámara. Habló de “dos negocitos añejos” en beneficio de las empresas Full Service de México y Grupo Piasa. López Hernández afirmó que el Senado había anulado los contratos y presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República. Según se interpretó, el origen de estas acusaciones estaba vinculado a la reducción de 123 millones de pesos en el presupuesto del Senado para 2025.
Aunque López Hernández nunca señaló de forma directa a Monreal, éste respondió como coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Defendió la legalidad de los contratos y calificó las acusaciones como de mala fe. La presidenta Claudia Sheinbaum intervino pidiendo “cabeza fría” y, tras una reunión con la Secretaria de Gobernación, ambos legisladores dieron el pleito por superado. Sin embargo, las denuncias quedaron sin aclararse y no volvió a difundirse información adicional sobre las acusaciones de corrupción.
INAMI contrató a proveedor de Pegasus
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
En enero de 2025, una publicación de W Radio dio cuenta de una adjudicación directa realizada en 2020 por el Instituto Nacional de Migración, bajo la dirección de Francisco Garduño, por más de 100 millones de pesos a Comercializadora Antsua para el arrendamiento y mantenimiento de equipos informáticos. La empresa está identificada como proveedora del software de espionaje Pegasus. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que los recursos de este contrato fueron transferidos a una red de seis compañías con coincidencias en domicilios, accionistas y fechas de constitución, por lo que se presumen como empresas fantasma.
De acuerdo con la ASF, la gestión de Garduño entre 2019 y 2022 acumuló posibles daños al erario por más de 157 millones de pesos. Pese a ello, Garduño permaneció al frente del INM desde 2019 hasta abril de 2025, incluso después del incendio en un centro de detención migratoria en marzo de 2023, en el que murieron 40 personas.
PAN Edomex pagó 73 millones a empresas fachada
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
En marzo de 2025, Reforma reveló que el PAN en el Estado de México adjudicó entre 2015 y 2023 más de 270 contratos a tres redes de empresas fachada, por un total de 73 millones de pesos. En total, son 27 compañías que cuentan con domicilios inexistentes, comparten representantes legales o notarios y que no pueden documentar la capacidad de prestar servicios. Los servicios otorgados al partido son impresión de revistas y lonas, rotulación de vehículos, pinta de propaganda, asesoría en redes sociales, entre otros. Nueve de estas empresas fueron identificadas por MCCI como parte de una red de contratistas que recibieron 71.4 millones de pesos por parte del gobierno de Huixquilucan.
Estados Unidos revela sobornos por contratos en Pemex
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
En agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, quien fue detenido, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, que está prófugo, de conspirar y violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero por haber dado sobornos de al menos 150 mil dólares —en efectivo y artículos de lujo como Hublot y Louis Vuitton— a tres funcionarios de Pemex y Pemex Exporalción y Producción entre 2019 y 2021, para asegurar contratospor 2.5 millones de dólares.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hubo “un intento de soborno”, pero que “los contratos no se llevaron a cabo”. Por su parte, la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, informó que Pemex reabrirá auditorías relacionadas con esta denuncia. Además, apuntó que Pemex detectó estas irregularidades a tiempo y cancelaron los procedimientos de contratación.
Sobornos a Peña Nieto por Pegasus
Ocurrido en el sexenio de Peña Nieto
Un reportaje del diario israelí The Marker, publicado en julio de 2025, retomó declaraciones en un litigio mercantil de los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher. Estos dijeron haber “invertido” 25 millones de dólares en una “personalidad de alto rango” en México —identificada como Enrique Peña Nieto— para asegurar contratos públicos, incluida la venta del malware Pegasus. Peña Nieto negó las acusaciones. Por su parte, la FGR anunció la apertura de una investigación.
Por su parte, MCCI documentó que a finales de julio de 2018, poco antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación adjudicó un contrato por 4.2 millones de dólares a Air Cap, una empresa vinculada a Ansbacher y señalada como “fantasma” por el SAT en 2025.
2. Nepotismo, amiguismo e influyentismo
Una de las expresiones más claras de la corrupción como forma de captura del Estado consiste en otorgar cargos, contratos o concesiones a familiares, amistades o aliados políticos, al margen del mérito y la capacidad. Los casos de esta sección documentan beneficios indebidos o, cuando menos, cuestionables otorgados desde posiciones de poder a personas cercanas a quien decide: contratos para empresas de la familia, reformas legales hechas a la medida y concesiones para parientes. En conjunto, muestran resultados que no se explican sin los vínculos políticos que los sostienen.
Pedro Haces promovió reformas que favorecían sus negocios
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
En febrero de 2025, MCCI dio a conocer que Pedro Haces Barba, diputado federal por Morena y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) impulsó una reforma para permitir la retención del salario de los trabajadores por parte de financieras de crédito de nómina. Esta medida beneficiaría a Inmediprest, empresa en la que participa su hija. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que vetaría una medida así, lo que frenó el dictamen. Aun así, Inmediprest mantiene convenios con dependencias gubernamentales. Otra empresa vinculada a Haces, Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento (SEGLIM), acumula contratos con distintas entidades públicas.
En contraste con el discurso de austeridad de Morena, Haces es propietario de un rancho de al menos ocho hectáreas en el Ajusco, con plaza de toros y hotel boutique. En julio de 2025, Latinus reportó que Haces festejó su cumpleaños en el hotel St. Regis de la Ciudad de México.
Boda de funcionario en el Munal
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
En octubre de 2024, Martín Borrego —entonces jefe de la oficina de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Barcena—celebró en el Museo Nacional de Arte (Munal) un evento que, de acuerdo con una columna publicada en diciembre en El Universal, habría sido su boda. Borrego, quien para ese momento ya había pasado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sostuvo que no se trató de una boda sino de un acto privado cubierto con recursos propios. Reconoció, sin embargo, que solicitó el espacio usando su correo institucional y ofreció versiones distintas sobre el motivo del encuentro: en una, un acto por los 89 años de relaciones entre México y Rumania; en otra, un brindis por el término de la misión diplomática de su pareja, Ionuț Vâlcu, de la Embajada de Rumania.
Alicia Bárcena, quien aparece en videos e imágenes del evento, señaló que no fue informada ni autorizó la gestión del recinto, y pidió la renuncia de Borrego, quien dejó el cargo días después. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció una investigación a cargo del Órgano Interno de Control. En enero de 2025, apenas un mes después de la polémica, la Secretaría de Cultura designó a Mireida Velázquez Torres como nueva directora del Munal, en sustitución de Héctor Palhares Dos Santos Meza.
Conflicto de intereses entre Alfonso Durazo y Guadalupe Taddei
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
Una publicación de Latinus de febrero de 2025 dio cuenta de que en 2022 el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI), entonces presidido por Guadalupe Taddei, firmó un contrato anual por 1.2 millones de pesos con Inmobiliaria Alta Sierra para arrendar oficinas. De acuerdo con registros mercantiles citados por este medio, la empresa tenía por accionistas a la esposa y dos de los hijos del actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; el mismo fungió como administrador. Por otra parte, en agosto de 2025, Durazo designó a Luis Rogelio Piñeda Taddei —hijo de Taddei, presidenta del INE— como su secretario particular.
Secretario de Seguridad en Tabasco encabezó La Barredora
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
En julio de 2025, el comandante de la 30 zona militar, ubicada en Tabasco, dio a conocer en una entrevista radiofónica que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena estaba prófugo y había abandonado el país. Bermúdez Requena fue nombrado por el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández y mantenido en su cargo por el gobernador sustituto Carlos Manuel Merino. López Hernández y Bermúdez Requena coincidieron en el gabinete del gobernador Manuel Gurría Ordóñez en Tabasco en la década de los noventa.
Desde octubre de 2022, MCCI había revelado que Bermúdez Requena estaba vinculado con la organización criminal denominada “La Barredora”, de acuerdo con informes de inteligencia hackeados a la Defensa. Los informes militares señalaban que este grupo pretendía extraer combustible de un buque en el puerto de Dos Bocas.
MCCI también dio a conocer en julio que este grupo delictivo pretendía suministrar 180 mil litros a la semana de combustible robado para los trabajos del Tren Maya. El sobrino del entonces secretario de seguridad, Raúl Bermúdez Arreola, era responsable de los tramos 4 y 5 de construcción del Tren Maya, pero fue destituido por acusaciones de corrupción. Otro de sus sobrinos, Gerardo Bermúdez Arreola, está en arresto domiciliario en Paraguay por la operación de apuestas deportivas sin los permisos necesarios. Asimismo, el hermano del exsecretario de seguridad de Tabasco, Humberto Bermúdez Requena, es investigado por presunto lavado de dinero.
En septiembre, Hernán Bermúdez fue detenido en Asunción, Paraguay. Después, fue expulsado por el gobierno paraguayo y llegó a México el 18 de ese mes. El senador Adán Augusto López Hernández ha negado tener conocimiento de sus actividades delictivas y de tener cualquier vínculo con La Barredora; además, se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades.
Contratos para los amigos de Adán Augusto López
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
En diciembre de 2024, Latinus documentó que Avacor y Grupo Servicorvel, vinculadas a Carlos Prats García, obtuvieron al menos 32 contratos de la Defensa y la Secretaría de Seguridad por 1,107 millones de pesos para uniformes y equipo, con precios inflados y simulación de competencia. En julio de 2025 la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno inhabilitó por 30 meses a Avacor e impuso una multa superior a 1.5 millones de pesos por proporcionar información falsa en una licitación.
En octubre de 2024, también Latinus exhibió que el empresario Maclovio Yáñez Villagrán —cercano a López Hernández— aseguró, vía Núcleo Sepec y Sepec Oilfield Services, cinco contratos multianuales con Pemex Exploración y Producción por más de 4,000 millones de pesos, con vigencia hasta 2026. Además, recordó que cuatro empresas de su padre, Maclovio Yáñez Mondragón, habían sido inhabilitadas en 2017 y que esa sanción fue revocada por un tribunal durante el sexenio pasado.
En noviembre de 2024, Reforma reportó que Gerardo Sánchez Zumaya fue denunciado en la Fiscalía de Tabasco por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. Latinus había señalado que una empresa suya, Petro Gesa recibió entre 2021 y 2024, cuatro contratos de Pemex por 522 millones. En mayo de 2025, Pemex reconoció tener un adeudo con esta empresa por poco menos de 24 millones de pesos. El empresario de 34 años buscó ser candidato a la gubernatura de Tabasco en 2024 con el apoyo de Adán Augusto López Hernández y ahora pretende ser el candidato de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.
Reciben empresas de Arturo Ávila millones de pesos en contratos
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
IBN Industrias Militares —vinculada a Arturo Ávila, hoy vocero del grupo parlamentario de Morena— obtuvo un contrato en el AICM para servicios de seguridad y vigilancia, que se refrendó hasta 2022, luego de que Ávila participara en la campaña presidencial de López Obrador en 2018. En Pemex, IBN recibió en 2021 dos contratos para arrendamiento de camionetas blindadas. Ese mismo año, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por dos años a la empresa por incumplimiento en un procedimiento del Banco del Bienestar. Entre 2020 y 2024, Blindajes Urbanos —empresa del padre de Ávila— consiguió al menos 13 contratos estatales y municipales por 72.7 millones de pesos.
En marzo de 2024, Ávila adquirió una casa en Rancho Santa Fe, San Diego, California, valuada entre 3.6 y 4.8 millones de dólares. Esta operación fue realizada mientras dos empresas vinculadas a él tenían sus cuentas bloqueadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta propiedad no estaba declarada en su declaración patrimonial.
Investigaciones adicionales muestran que Share y Asociados —firma donde Ávila ha sido socio y apoderado— intermedió con la Secretaría de la Defensa la venta de 600 licencias del sistema “Galileo” de Hacking Team (por 2.8 millones de euros), con negociaciones documentadas en correos difundidos por Guacamaya Leaks. En octubre de 2021, una filial de su grupo empresarial vendió 10 vehículos “Yagu” al Ministerio de Defensa de El Salvador por 2.6 millones de dólares.
CFE dio contratos a empresa de diputado local de Morena
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
Entre 2020 y 2024, la CFE —entonces dirigida por Manuel Bartlett— otorgó más de 6 mil millones de pesos en contratos por adjudicación directa a nueve empresas que estaban vinculadas con el diputado por el Partido del Trabajo en el Congreso de Coahuila, Antonio Flores Guerra. El legislador local, quien subió en octubre de 2024 un vídeo conduciendo un Lamborghini color guinda, declaró que no tiene contratos con el gobierno; sin embargo, al menos una empresa de su propiedad sí los recibió. Tras la revelación de estos contratos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ningún legislador debe tener contratos con el gobierno y planteó cambios legales para impedir este tipo de conflictos de interés.
En mayo de 2025, Flores Guerra se vio involucrado en un choque mientras conducía una camioneta Lamborghini Urus, con un valor aproximado de 6 millones de pesos. Informó que si bien fue responsabilidad del otro vehículo, él asumiría los costos de reparación por alrededor de 250 mil pesos. Su hermana, Tania Flores Guerra, fue presidenta municipal de Múzquiz entre 2022 y 2024.
Nepotismo y empresas fantasma en Huixquilucán
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
El actual senador panista por primera minoría, Enrique Vargas, fue presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, de 2016 a 2021. Después, fue sucedido por su esposa, Romina Contreras Carrasco, quien sigue en el cargo, luego de ganar la reelección en 2024.
Desde 2016, el municipio asignó 82 millones de pesos a 24 empresas fantasma, de acuerdo con una investigación de MCCI. Diez de estas compañías comparten domicilio en el centro de Cuernavaca y fueron constituidas por el notario Manuel Carmona Gándara, hermano del exfiscal de Morelos. Vargas negó las irregularidades y aseguró que hay comprobantes de los servicios prestados.
Presunto tráfico de influencias en el gobierno de Sonora
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
En diciembre de 2023 se inauguró la planta de Mainland Headwear en Agua Prieta, Sonora. En el acto, el gobernador Alfonso Durazo afirmó que su hijo, Alfonso Durazo Chávez, y Alexander Ngan, director ejecutivo de la compañía, “fueron compañeros de escuela”. En enero de 2025, una investigación de Latinus documentó que la empresa obtuvo beneficios extraordinarios, incluida la cesión sin costo de 150 hectáreas mediante un fideicomiso cuyo comité técnico presidió el hijo del mandatario, así como un esquema de incentivos fiscales. Para operar en México, Mainland creó dos filiales en las que Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar de Sonora, figuraba como administrador único. Rojo de la Vega formó al menos cuatro sociedades comerciales con el hijo del gobernador Durazo y con David Soto Alday, quien es secretario de Trabajo también del gobierno de Sonora.
El secretario de bienestar estatal confirmó su participación y defendió que recibió los mismos incentivos que cualquier inversionista. Por su parte, Durazo negó irregularidades, aunque dijo que hizo “absolutamente todo” para que la empresa fuese instalada en el estado.
Concesión del Libramiento de Nogales
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
En marzo de 2025, MCCI reveló que en noviembre de 2022, el Gobierno de Sonora adquirió 49 % de Operadora de Caminos Carreteros Nogamex, apenas siete meses antes de que la SICT aprobara la cesión del título del Libramiento de Nogales por 35 años. La decisión fue formalizada el 27 de junio de 2024, pese a que el propio titular Jorge Nuño y el gobernador Alfonso Durazo habían dicho que la vía se “recuperó” por incumplimientos del concesionario original. Ese supuesto impedía legalmente la cesión. Entre los socios de Nogamex figuraban, además del Gobierno de Sonora, Construcción e Instalación de Infraestructura Urbana (ligada a Daniel Madariaga) y MRII Capital Partners (con mayoría de Jaime Raúl Aceves Hungar). Los ingresos proyectados por peaje rondaban los 95 millones de pesos anuales. Tras la publicación de MCCI, N+ presentó la red de compañías y vínculos societarios alrededor de Jaime Raúl Aceves Hungar y reportó que la FGR abrió una investigación sobre la cesión del libramiento.
Irregularidades en la concesión de Parque Bicentenario
Ocurrido en el sexenio de Peña Nieto
El 5 de abril de 2025, dos jóvenes fallecieron por el colapso de una estructura durante AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario. Este espacio había sido concesionado el 1 de marzo de 2018 por 25 años a Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, a cambio de una contraprestación anual de 1,271,000 pesos y autorizado para realizar hasta 10 eventos privados al año. Desde 2020, George Mac Mc Phail Trouyet presidía el consejo de esa empresa y es también accionista mayoritario de CAMSA, la compañía de seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez donde murieron 40 personas en marzo de 2023.
Tras la tragedia en el festival musical, el Gobierno federal revocó la concesión y trasladó la operación del parque a la Secretaría de Cultura. El festival fue organizado por Grupo ECO, propiedad de Diego Jiménez Labora, quien tenía con Andrés López Beltrán. de acuerdo con diversos medios de comunicación.
3. Desvío de recursos públicos
El desvío de recursos públicos ocurre cuando los recursos del erario son reorientados de su objetivo original para beneficiar intereses privados, ya sea económicos o políticos. En el último año, esta dinámica atravesó los tres órdenes de gobierno y alcanzó a los organismos autónomos. Sus efectos se tradujeron en derechohabientes afectados, servicios gubernamentales ineficientes, obras sin comprobación y daños significativos al patrimonio público.
En 2025, la Auditoría Superior de la Federación presentó la revisión de la Cuenta Pública 2023 y detectó posibles daños por 8,000 millones de pesos. En paralelo, se abrieron investigaciones oficiales sobre desvíos ocurridos en el pasado reciente. Esta categoría reúne expedientes que van desde redes de créditos para viviendas inexistentes hasta compras a proveedores fantasma.
Alimentos para el Bienestar replicó modelo de Segalmex
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
En agosto de 2025, una investigación de MCCI documentó que Alimentación para el Bienestar replicó esquemas de contratación utilizados por su antecesora Segalmex: adjudicaciones directas, domicilios fiscales inexistentes y prestanombres usados sin consentimiento. Cinco compañías vinculadas entre sí —Konkistolo, FamilyDuck, Abastémade, Grupo Pelmu y Todólogos.com— recibieron contratos por 184 millones de pesos en 2025. La supuesta socia mayoritaria de Konkistolo negó haber constituido la empresa y denunció robo de identidad. Al verificar los domicilios del resto de las empresas, MCC encontró departamentos y bodegas donde nadie identificó a las proveedoras, e indicios de simulación de competencia entre las cinco. Alimentación para el Bienestar respondió que reconoció tener contratos con Grupo Pelmu y FamilyDuck, a pesar de las observaciones de la ASF sobre transferencias entre empresas relacionadas.
Operación “Enjambre” en Edomex
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
La Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad federal lanzaron en diciembre de 2024, la Operación “Enjambre”, que apuntó a redes político-criminales en municipios del sur del Estado de México. Autoridades municipales en Amanalco, Santo Tomás de los Plátanos y Tonatico realizaron transferencias de recursos públicos al grupo delictivo La Familia Michoacana, incluso a través de acuerdos de cabildo. El operativo, implementado en dos fases, logró la detención de 59 personas involucradas. Entre los casos más sobresalientes, se encuentra el director del DIF de Tonatico, acusado de secuestro con fines de extorsión, así como la exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos. Fueron asegurados más de cinco millones de pesos en efectivo y otros indicios que refuerzan la línea de uso de recursos del erario para favorecer a la organización criminal.
INAI tenía casos de nepotismo, moches y gastos no justificados
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
En enero de 2025, W Radio divulgó una auditoría forense, hecha por la ASF al INAI. Esta auditoría documentó que hasta 10 % de los 687 servidores del Instituto tenían parentesco familiar, que algunos de ellos tenían que pagar un porcentaje de su sueldo al excomisionado Eugenio Monterrey. Asimismo, apuntó a costosos viajes nacionales e internacionales no autorizados y plazas usadas para servicios personales.
En febrero, MCCI reveló un correo institucional de la comisionada Norma Julieta del Río dirigido al comisionado presidente Adrían Alcalá, donde denuncia “extorsión con sueldos”, acoso e intimidación. MCCI añadió que la ASF promovió posibles responsabilidades administrativas. En abril, el INAI desapareció formalmente, derivado de una reforma constitucional, bajo el argumento de la simplificación administrativa.
Vector Casa de Bolsa es acusada de lavado de dinero
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) identificó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como “instituciones de preocupación principal en materia de lavado de dinero” por presuntamente haber facilitado el tráfico ilícito de fentanilo. La dependencia advirtió que publicaría órdenes que prohibirían ciertas transacciones. Las medidas, previstas para entrar en vigor el 21 de julio, se aplazaron para el 20 de octubre.
Por su parte, MCCI publicó que la UIF conocía desde agosto de 2024 operaciones sospechosas en Vector ligadas a Samuel y Alexis Weinberg. Su empresa Nunvav Inc. transfirió 47 millones de dólares, provenientes de supuestos desvíos de recursos públicos mexicanos, a cuentas de Vector entre 2015 y 2016, desde Barbados.
Créditos repetidos en el Infonavit
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
El 19 de diciembre de 2024, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, expuso una supuesta red delictiva que entre 2014 y 2022 otorgó múltiples créditos sobre una misma vivienda. El Instituto detectó que fueron asignados 12 mil créditos en 1,400 inmuebles. Esto implica que algunas propiedades fueron vendidas hasta cuatro veces. El daño estimado suma 1,200 millones de pesos y poco menos de 400 mil derechohabientes. En este esquema habrían participado funcionarios del instituto, notarios, despachos y peritos valuadores.
El 11 de enero de 2025, Reforma dio a conocer que el Infonavit investigaba una red de representantes obreros, constructores y notarios que, entre 2012 y 2016, habrían defraudado al instituto. Cuatro empresas recibieron pagos por más de 270 millones de pesos para construir viviendas inexistentes. En los meses siguientes, el Infonavit informó que presentó 28 denuncias penales ante la FGR y alistaba otras 3,405 denuncias por presuntos fraudes por juicios masivos, hechos por gestores que usurparon la identidad de los derechohabientes, así como fraudes hechos por la construcción de casas que no existieron, así como actos de corrupción de funcionarios del Instituto por quitar viviendas de los derechohabientes.
Arrendamientos irregulares de Fundación ISSSTE
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
En febrero de 2025, el director del ISSSTE, Martí Batres, denunció que la asociación civil “Fundación ISSSTE A.C.”, creada en 2016 durante la gestión de José Reyes Baeza, lucró con 27 espacios dentro de instalaciones médicas, como cafeterías y máquinas expendedoras. Esta asociación arrendó al menos 15 de estos espacios a terceros sin contratos ni beneficio alguno para el Instituto; además, recibió 5 millones de pesos para equipamiento, cuyo destino no fue comprobado. En consecuencia, el ISSSTE presentó denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y la FGR.
En marzo de 2025, la Secretaría de Economía revocó la autorización de uso de la denominación “Fundación ISSSTE, A.C.” para evitar confusión con el organismo público. En abril, el Instituto informó la recuperación de los 27 espacios. La asociación fue constituida por Rafael Manuel Navarro Meneses, José Narro Robles, José Ignacio Campillo, Delia Mendía Zubieta y, como presidente honorario, José Reyes Baeza.
Uso opaco del FIDESSEG en Guanajuato
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
En 2019, el gobierno de Diego Sinhue en Guanajuato creó el Fideicomiso de Administración e Inversión para Financiar Obras, Infraestructura, Proyectos y Acciones Prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (FIDESSEG) con recursos del Impuesto sobre Nóminas para financiar obras y programas sociales. Este instrumento llegó a concentrar hasta 1,500 millones de pesos y fue administrado por un patronato relacionado con actores políticos y empresariales. Una investigación, publicada por Reforma en diciembre de 2024, documentó sueldos elevados entre organizaciones beneficiarias, así como cobros irregulares para financiar proyectos.
En 2025, la Auditoría Superior del Estado detectó posibles desvíos por 214 millones de pesos. Ante las irregularidades, la gobernadora Libía García propuso la desaparición del fideicomiso. Algunas cámaras empresariales promovieron amparos contra esta medida; sin embargo, en julio de 2025 alcanzaron un acuerdo con el gobierno estatal. A cambio de retirar los amparos, la administración local crearía un nuevo programa con un presupuesto de 1,167 millones para financiar proyectos de desarrollo social y prevención de la violencia.
Alcaldesa de Acapulco no puede explicar gastos por 900 millones
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
En junio de 2025, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero denunció ante la Fiscalía estatal a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por no haber podido comprobar el gasto por casi 900 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal durante el ejercicio de 2023. La edil respondió que al tratarse de recursos federales, sólo la ASF puede fiscalizar esos recursos. No obstante, la Auditoría local ha subrayado que la fiscalización estatal es concurrente y no exclusiva de la ASF en este caso.
López promovió amparos en contra de esta denuncia y afirmó ser objeto de persecución política por parte del grupo gobernante en Guerrero. Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado negó cualquier injerencia y pidió a la edil solventar las observaciones. En junio de 2025, medios locales reportaron que la alcaldesa se negó a entregar estados financieros a la ASE. En agosto, el Congreso local solicitó a la ASF aclarar si el municipio ya solventó la cuenta 2023. El auditor estatal precisó que las suspensiones judiciales obtenidas por la edil no concluyen el procedimiento de fiscalización. Al cierre de este recuento, las irregularidades no habían sido solventadas y el caso contra la alcaldesa sigue abierto.
Veracruz denuncia desvíos en su Secretaría de Salud
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
En mayo de 2025, la Contraloría de Veracruz presentó una denuncia por posible daño patrimonial de 1,600 millones de pesos en la Secretaría de Salud, derivado de observaciones de la ASF a la Cuenta Pública 2023. La gobernadora Rocío Nahle Medios declaró que se llamaría a cuentas a exfuncionarios responsables. El 30 de junio de 2025, Nahle confirmó que el Órgano Interno de Control presentó una denuncia específica contra la exsecretaria de Salud Guadalupe Díaz del Castillo.
Transferencias de los Weinberg a la pareja de Manuel Bartlett
Ocurrido en el sexenio de Peña Nieto
En marzo de 2025, MCCI documentó que Samuel y Alexis Weinberg, señalados por autoridades en Estados Unidos de formar parte de la red de desvío de recursos públicos de Genaro García Luna, transfirieron 4.5 millones de dólares a Julia Elena Abdalá Lemus, pareja sentimental de Manuel Bartlett, entre 2012 y 2017. Esta información provino de una demanda civil presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera ante una corte en Florida.
Abdalá declaró, en una entrevista en radio, que los pagos recibidos por los Weinberg se debieron a la venta de un hotel en la colonia Anzures de la Ciudad de México. MCCI revisó los registros de esa propiedad y no detectó la supuesta operación con los Wienberg.
Gobierno de Graco Ramírez contrató a empresas fantasma
Ocurrido en el sexenio de Peña Nieto
En febrero de 2025, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos vinculó a proceso penal a seis exfuncionarios de la administración de Graco Ramírez, quien gobernó la entidad entre 2012 y 2018, entre ellos el exsecretario de Hacienda y el extesorero. La acusación fue por el presunto desvío de 81.5 millones de pesos destinados a becas escolares, primas de antigüedad y otros beneficios. Los fondos se pagaron a la empresa Serveis Akram S.A. de C.V., sin evidencia de entrega de bienes o servicios.
En agosto de 2025, dos excolaboradores adicionales de Ramírez fueron sujetos a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público por autorizar, de manera irregular, un contrato adjudicado para la construcción del Museo Morelense de Arte Contemporáneo “Juan Soriano”.
4. Enriquecimiento inexplicable
El enriquecimiento inexplicable es una de las expresiones más visibles de la corrupción. Más allá de suponer una contradicción con un discurso de austeridad que sirvió como recurso para eliminar organismos autónomos del estado mexicano, lo preocupante de estos casos está en la posibilidad de que se trate de recursos públicos desviados o la recepción de sobornos. En esta categoría están funcionarios y políticos quienes exhibieron un estilo de vida que resulta difícil de justificar a partir de los ingresos que reportan. Casas de un elevado valor, viajes internacionales, relojes y artículos exclusivos, vacaciones en destinos de lujo o accesos privilegiados a eventos, configuran un patrón que alimenta la sospecha de uso indebido de recursos públicos o de aprovechamiento del cargo para beneficio personal.
Ricardo Monreal: viajes de lujo
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
En noviembre de 2024, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, reconoció haber viajado de forma frecuente en helicóptero privado para asistir a entrevistas o reuniones, aunque aseguró que no eran gastos con cargo al presupuesto público. No obstante, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó esta práctica, Monreal ofreció disculpas públicas y prometió evitar estas prácticas. El uso de una aeronave privada, que puede tener un costo de hasta 5 mil dólares por viaje, contrasta con el discurso público de austeridad y resulta insostenible con los 79 mil pesos mensuales que gana un diputado.
Es relevante recordar que en diciembre de 2024, Adán Augusto López acusó a la gestión de Monreal de malos manejos en el Senado por 150 millones de pesos. Meses más tarde, en julio de 2025, Reforma publicó una fotografía de Monreal junto con su esposa en el restaurante Flor y Nata del hotel Rosewood Villa Magna en Madrid. El diputado publicó un video en redes sociales aclarando que era un viaje por los 40 años de su matrimonio, cubierto con recursos propios: “tenemos el derecho a pasear” atajó.
Mario Delgado: departamentos en Reforma y vacaciones en Europa
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
En agosto de 2024, Mario Delgado —entonces presidente de Morena— adquirió un departamento por un valor de 15 millones de pesos ubicado en Reforma 222, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad. No obstante, en su declaración patrimonial inicial como secretario de Educación Pública la propiedad fue registrada con un valor de 1.5 millones. Así fue reportado por Latinus en agosto de 2025. El reportaje reveló también que Delgado es propietario desde 2015 de otro departamento en la misma ubicación que estaba registrado por el funcionario con un valor de 4.3 millones, a pesar de haber costado 4.8 millones de pesos. El secretario Delgado respondió diciendo que se trataba de un “error de captura” que ya había sido reportado en su siguiente declaración patrimonial.
Un mes antes, en julio, el periodista Claudio Ochoa publicó fotografías de Delgado Carrillo en el hotel Pousada de Lisboa, Portugal. El viaje generó críticas y se sumó a la controversia de otros funcionarios de Morena que vacacionaron en Europa ese verano, como el diputado federal Enrique Vázquez en Ibiza y Ricardo Monreal en Madrid. Ante la polémica, Delgado reconoció haber viajado al extrenajero pero aseguró que lo hizo con recursos propios y sin descuidar sus responsabilidades.
Sergio Gutiérrez Luna: artículos de lujo e invitaciones VIP
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
El sitio Eme Equis dio a conocer que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, diputada federal del PT, Diana Karina Barreras, asistieron a una fiesta de Fórmula 1 en el Club 51, con un costo de 8,500 dólares por persona. En respuesta, la cuenta oficial de Club 51 aclaró que otorgó esas invitaciones como cortesías. Algunos medios resaltaron que la Ley General de Responsabilidades Administrativas impide a los servidores públicos aceptar regalos o cualquier beneficio. El mismo medio hizo otras publicaciones en las que aludió a supuestos artículos de lujo, como zapatos, relojes y joyas.
Andrés López Beltrán: vacaciones en Japón
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
En julio, el periodista Claudio Ochoa dio a conocer imágenes de Andrés López Beltrán, secretario de organización de Morena, en un hotel de Tokio, Japón, vacacionando junto con el diputado Daniel Asaf, quien era coordinador de asesores del presidente López Obrador. Unos días después, López Beltrán emitió un comunicado en el que dijo que las vacaciones las había cubierto con sus propios recursos, señaló que el precio de las noche de hotel fue de 7,500 pesos y acusó a “los conservadores” de espiarlo. En agosto, Aristegui Noticias confirmó el costo de las noches de hotel señalado por López Beltrán, pero documentó gastos adicionales, como el de una cena por 47 mil pesos en uno de los restaurantes del hotel. En septiembre, Latinus señaló que la visita a Tokio correspondió con la inauguración de una empresa de hospedajes de lujo en México, Estados Unidos y Japón de la que es socio Diego Jiménez Labora, amigo cercano de López Beltrán y socio de otros emprendimientos como Grupo Eco, empresa involucrada en la organización del Festival Ceremonia donde dos fotoperiodistas perdieron la vida en abril de 2025.
Gerardo Fernández Noroña: Casa millonaria en Tepotzotlán
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
José Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de septiembre de 2024 a agosto de 2024, adquirió una casa en Tepoztlán por 12 millones de pesos de 1,201 metros cuadrados en 2024, según su declaración patrimonial. De acuerdo con su declaración, la adquirió con crédito hipotecario, sin detallar el banco. Además, el legislador reportó dos camionetas Volvo, un préstamo personal de un millón de pesos y pagos por créditos previos, junto con ingresos adicionales por su trabajo en medios y por YouTube. MCCI documentó que el predio de esta propiedad fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad apenas en julio de 2025. Además, un grupo de comuneros reclamaron que era propiedad comunal y que su compraventa no pasó por la aprobación de la asamblea de comuneros.
En mayo de 2025, Excélsior dio a conocer que el viaje del senador Fernández Noroña a Estrasburgo, Francia, costó al Senado 157 mil pesos y que él reembolsó 66 mil por volar en clase ejecutiva. Esto a pesar de que Fernández Noroña dijo haber cubierto el sobrecosto de volar en clase de negocios. Para el presupuesto de la Cámara de Senadores de 2026, el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández declaró que ya no habrá más viajes internacionales para ningún legislador como medida de austeridad.
Diego Sinhue: la casa Azul
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
Una investigación publicada por Poplab y Connectas en junio de 2025 reveló que la familia del exgobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo vivía en una casa en The Woodlands, al norte de Houston. El inmueble, valuado en cerca de 20 millones de pesos, era propiedad de una empresa cuyo gerente también había sido representante de una compañía de servicios de seguridad que había sido proveedora del gobierno de Guanajuato. La publicación apuntó que la administración de Rodríguez Vallejo reservó la información sobre estos contratos para los primeros tres años de su gestión. El exmandatario reconoció que su familia rentaba la propiedad y negó ser su propietario. La gobernadora Libia García reveló que se abrió una investigación por posible conflicto de intereses para verificar la legalidad de los contratos otorgados a esta empresa.
5. Corrupción electoral
El financiamiento ilegal, el uso de recursos públicos y el aprovechamiento de posiciones de poder para influir en los resultados electorales es uno de los principales problemas de la democracia mexicana. En junio de 2025 se celebraron las primeras elecciones a nivel nacional para elegir a ministros, magistrados y jueces del poder judicial federal y de 19 poderes locales. Estos procesos electorales marcaron un notable retroceso en las reglas alrededor de los procesos de votación al vulnerar las condiciones de igualdad entre los participantes y la improvisación por parte de las autoridades electorales para definir las reglas.
Irregularidades en la elección judicial
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
Durante la sesión extraordinaria del domingo 15 de junio, el Consejo General del INE reconoció la existencia de casillas donde, de manera inexplicable, votó 100 % de los electores registrados en la lista nominal. También se detectaron boletas “planchadas”, es decir, sin las marcas de doblez que deberían presentar al haber sido introducidas en la urna. Además, se documentó la existencia de casillas “zapato”, en las que 100 % de los votos fueron emitidos a favor de las mismas candidaturas.
Al menos 818 casillas donde ocurrieron una o más de esas prácticas antidemocráticas e ilegales no fueron incluidas en el cómputo final. A esto se suman denuncias por la distribución ilegal de “acordeones” durante la jornada electoral. Cabe destacar que las candidaturas beneficiadas por esta práctica resultaron ganadoras en la elección para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y 4 de las 5 Salas Regionales del Tribunal Electoral.
Pese a las irregularidades, y aunque cinco de los once consejeros electorales votaron en contra, el Consejo General del INE —por mayoría— declaró válida la elección judicial en la sesión del 15 de junio. Si bien el INE no tiene la facultad de anular una elección, sí podía abstenerse de declarar su validez y remitir un informe al Tribunal Electoral y a la Suprema Corte.
El proceso electoral para elegir a las personas integrantes del poder judicial sucedió junto con múltiples irregularidades. Por un lado, las candidatas que buscaban renovar su posición en la Suprema Corte iniciaron la promoción de sus candidaturas semanas antes de los tiempos marcados por las autoridades electorales. Además, durante las campañas, el Tribunal Electoral determinó que las personas funcionarias públicas sí podían promover la elección judicial, con la salvedad de que no apoyaran ninguna candidatura. Esta decisión le permitió a funcionarios de todos los niveles de gobierno promover la elección, a pesar de las restricciones marcadas por el nuevo marco legal.
A lo anterior, se suma la distribución masiva de acordeones, listas digitales o impresas con los números o nombres de ciertos candidatos a los que se pedía apoyar. Este tipo de propaganda fue detectado en diversas entidades. En Nuevo León, periodistas de El Norte documentaron sesiones de adiestramiento entre funcionarios del gobierno estatal. Mientras que Reforma dio cuenta de presuntos servidores de la nación, portando indumentaria en la que se podía leer “Gobierno de México”, repartían acordeones en Zapopán. Una investigación de la revista Proceso, publicada en agosto, recuperó parte de las evidencias mostradas por algunos candidatos para pedir la nulidad de la elección a la Suprema Corte. Entre estas evidencias estaba un supuesto contrato de Secretaría de Bienestar a una empresa para imprimir acordeones, así como el pago a promotores para que fueran distribuidos.
En junio, el Consejo General del INE declaró no elegibles a 45 candidatos ganadores en la elección judicial para magistraturas de circuito y jueces de distrito, por no cumplir con el requisito constitucional de tener el promedio mínimo. Sin embargo, en julio, la Sala Superior del TEPJF revocó esta decisión al considerar que el INE no tenía facultad para valorar los requisitos técnicos de especialidad, ya que eso es función de los Comités de Evaluación. Como efecto de esa resolución, el 18 de agosto de 2025, el INE entregó las constancias de mayoría a 45 candidaturas electas que habían sido señaladas por no cumplir con los requisitos académicos. Entre estas candidaturas, ahora convertidas a juezas, están , Eluzai Aguilar y Madian Sinaí Menchaca, ligadas a la Iglesia de la Luz del Mundo.
Candidata en Durango fue detenida con 100 mil pesos en efectivo
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
La candidata de Morena a la alcaldía de Santiago Papasquiaro, en la sierra de Durango, Karen Pérez Herrera, fue detenida por la Policía Ministerial de Investigación. Supuestamente, la morenista llevaba más de 100 mil pesos en sobres y listados de electores que el próximo domingo participan en las elecciones de Durango, donde se renovarán las 39 presidencias municipales. Pérez Herrera fue puesta en libertad tras hora y media de arresto. La candidata resultó ganadora de la elección con 57 % de los votos y tomó protesta como presidenta municipal el 1° de septiembre.
Actos anticipados de campaña de la senadora Andrea Chávez
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
En abril de 2025, la dirigente estatal del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, denunció mediante un video que tres ambulancias rotuladas con el nombre y fotografías de la senadora por Morena Andrea Chávez ofrecían servicios médicos en Ciudad Juárez. Ante la acusación de realizar actos anticipados de campaña al promover su imagen, la senadora pidió retirar su imagen de las unidades y acotó que se trataba de donativos hechos por empresarios. Sin embargo, en marzo, al hablar de nuevo del tema, Chávez aseguró que no eran donativos sino que eran parte de un convenio de colaboración con empresarios. Latinus dio a conocer que las unidades médicas eran de FMedical, propiedad de Fernando Padilla Farfán, quién también es dueño de la Revista Líder de México que en 2023 colocó por lo menos 136 anuncios espectaculares promocionando la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández.
PAN y PRI presentaron denuncias ante la FGR por lavado de dinero, peculado y financiamiento ilegal. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum envió en mayo una carta a Morena en la que llamó a prohibir los actos anticipados de campaña. Esto se tradujo en lineamientos éticos que fueron aprobados por el Consejo Nacional de Morena.
Nuevos videos con sobres de efectivo por parte de Manuel Velasco
Ocurrido en el sexenio de Peña Nieto
Carlos Loret de Mola reveló un video en el que David León Romero, exoperador político del gobierno de Chiapas, entrega un sobre con 300 mil pesos al general José Antonio Moreno Alvarado, candidato de Morena en Villaflores durante la campaña municipal de 2015. En el clip, David León aclara que el dinero viene “del gobernador”, refiriéndose a Manuel Velasco Coello. Moreno Alvarado respondió con expresiones de lealtad al gobernador. La grabación ocurrió días antes de los comicios municipales del 19 de julio de 2015. La revelación coincide con la reciente exoneración por parte del INE de Pío López Obrador. El senador Manuel Velasco ha negado que su administración haya contribuido con dinero a campañas políticas.
6. Corrupción privada
Hay actos de corrupción que sucedieron en el sector privado, más allá del pago de sobornos. Esta categoría incluye el uso del poder corporativo para manipular la vida pública y obtener ventajas indebidas. Entre los casos registrados están campañas de desprestigio para apoyar a ciertas figuras políticas, las acusaciones de sobornos entre empresas y la detención de un alto empresario acusado de lavado de dinero.
Unidad de Televisa difundió desinformación para influir en la política
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
La filtración conocida como Televisa Leaks, publicada en abril y mayo de 2025 por Aristegui Noticias, reveló más de cinco terabytes de archivos que evidenciaron una maquinaria para desprestigiar, manipular y fabricar campañas negras contra periodistas, medios críticos o para impulsar carreras políticas como la de Arturo Zaldívar, para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN). Este trabajo fue realizado por un supuesto grupo clandestino que operaba al interior de la televisora llamado Palomar, dirigido por Javier Tejado Dondé, vicepresidente de la Oficina de Información de Televisa, y en colaboración con la empresa Metrics to Index, al menos desde 2018 y vigente hasta 2024.
Las pruebas, que incluyen videos, guiones, chats y documentos, fueron filtrados por Germán Gómez, excolaborador de este Grupo. Dentro de ellas se muestra como Zaldívar recurrió presuntamente a los servicios del Palomar para ocupar la presidencia de la SCJN y deslegitimar a sus contrincantes. Otra de las personas beneficiadas de esta Unidad fue Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche y actual líder nacional del PRI, a través de la cual se buscó lastimar la percepción de su contrincante, Eliseo Fernández.
Otra de las campañas que presuntamente elaboró Televisa para desprestigiar a un magistrado que resultaba incómodo para el Gobierno fue la denominada Caso Westhill. En ella se buscó difamar al hijo del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo utilizando a empleado de Televisa para que denunciaran un supuesto abuso sexual haciéndose pasar por familiares de una víctima.
Tejado Dondé negó los señalamientos y publicó una carta como derecho de réplica, sin embargo, se negó a debatir con Germán Gómez. Aristegui Noticias publicó que en sus oficinas se les informó que ya no trabaja en Televisa.
Expresidente de Cruz Azul detenido
Ocurrido en el sexenio de López Obrador
Guillermo “Billy” Álvarez, de 79 años, fue detenido el 16 de enero de 2025 en su domicilio en el sur de Ciudad de México, tras estar prófugo desde 2020. El empresario dirigió la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. durante más de 34 años y estuvo a cargo del equipo de fútbol del mismo nombre, además de otros negocios. Desde hace casi cinco años existía una orden de aprehensión en su contra por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, extorsión, administración fraudulenta y defraudación fiscal, junto con una ficha roja de Interpol en 196 países.
Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa y fue trasladado al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, rechazando la solicitud de arresto domiciliario pese a su avanzada edad argumentando riesgos de fuga y la gravedad de los delitos. La detención culmina una búsqueda internacional que comenzó con acusaciones de irregularidades financieras dentro de la Cooperativa Cruz Azul y movimientos sospechosos por más de mil millones de pesos hacia empresas fantasma.
7. Casos que quedaron en la impunidad
La impunidad es un fenómeno que fortalece las condiciones que favorecen la comisión de actos de corrupción. A pesar de que diversos hechos de corrupción han sido registrados por los medios de comunicación, revelados a través de investigaciones periodísticas o denunciados por las organizaciones de la sociedad civil, sus protagonistas no han enfrentado sus responsabilidades. Los casos considerados en esta categoría incluyen a funcionarios y exgobernadores que hasta este momento han evitado sanciones en su contra, a pesar de la evidencia acumulada en su contra.
Un sistema que en lugar de sancionar estas acciones,protege a personajes con poder y les permite conservar cargos o postularse a nuevas posiciones perpetúa las condiciones políticas que facilitan futuros actos de corrupción. El resultado es un mecanismo institucional que no sólo tolera, sino que premia la impunidad.
Extorsión del equipo de Arturo Zaldívar a jueces y magistrados
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
En diciembre de 2024, el Consejo de la Judicatura Federal decidió cerrar la investigación interna por la presunta coacción de jueces, durante el periodo en el que Arturo Zaldívar fue presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. En abril de 2024, una denuncia presentada ante el Consejo de la Judicatura Federal acusó al exministro Arturo Zaldívar y otros cuatro funcionarios del Poder Judicial de presionar a más de 70 jueces y magistrados de resolver al menos 18 casos en favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con Reforma, la decisión de cerrar la investigación contra Antonio Alpízar Salazar, quien fuera secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura fue tomada en una votación dividida de cuatro contra tres. Los cuatro votos fueron de Bernardo Bátiz, Celia Maya, Verónica de Gyvés y Sergio Molina. En marzo de 2025, la misma mayoría de votos en el Consejo de la Judicatura determinó revocar el acuerdo emitido por la ministra Norma Piña por el que ordenó investigar a Zaldívar, dejando sin consecuencias las denuncias recibidas un año antes.
Bernardo Bátiz, Celia Maya y Verónica de Gyvés lograron mantenerse en sus cargos, al resultar electos como magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, con Celia Maya como presidenta por los primeros dos años.
Cancelan orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Márquez
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
En noviembre de 2024, un juez federal canceló la orden de aprehensión contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez por presunta falsificación de documentos. Apenas en septiembre de 2024, cuando era integrante de la bancada panista, su voto a favor de la reforma judicial fue fundamental para lograr la mayoría calificada necesaria.
Jorge Luis Lavalle entró al gabinete de Layda Sansores en Campeche
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
En 2021, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, señaló a Jorge Luis Lavalle Maury de haber recibido un soborno por parte de Odebrecht para votar a favor de la reforma energética, cuando era senador. Ese mismo año, Lavalle fue acusado de los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa y detenido bajo prisión preventiva. En 2022, logró modificar la medida cautelar a portar un brazalete electrónico.
En diciembre de 2024, la gobernadora de Campeche nombró a Lavalle como secretario de Desarrollo Económico. Ante la polémica, ella defendió la designación al decir que no se ha comprobado nada en contra del exsenador panista.
Cuahtémoc Blanco libra desafuero
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
En abril de 2025, el exgobernador de Morelos y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, enfrentó una solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados por acusaciones de tentativa de violación presentadas por su media hermana, Nidia Fabiola Blanco, así como por otras denuncias de corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado. El pleno de la Cámara de Diputados rechazó retirar la inmunidad a Blanco con 291 votos en contra. Esta decisión fue cuestionada por diputadas de diferentes partidos, incluido Morena. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum justificó la decisión al señalar que la denuncia provenía de un fiscal “corrupto” —en alusión a Uriel Carmona, quien fue destituido en febrero, tras pedir el desafuero de Blanco. El legislador acudió a la Fiscalía de Morelos de forma voluntaria a declarar, pero su defensa señaló que no pudo tener acceso a la carpeta de investigación.
De forma paralela, en julio de 2025, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo inscribió en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por impedirle acceder al palco principal de un evento institucional cuando era gobernador de Morelos. La sanción fue fijada por un año y seis meses, así como la obligación de tomar un curso sobre la protección de los derechos de las mujeres.
Silvano Aureoles recibe orden de aprehensión
Ocurrido en el sexenio de Sheinbaum Pardo
En marzo de 2025, la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán entre 2015 y 2021, por diversos delitos de corrupción. La investigación de la Fiscalía estimó un desvío de 3,400 millones de pesos por la construcción de siete cuarteles policiacos. Ese mismo mes, tres funcionarios de su administración fueron detenidos, incluido su secretario de finanzas, Carlos Maldonado Mendoza. Este es investigado por autorizar la entrega de cuatro millones de pesos para la construcción de una obra en Zitácuaro de la que no existe evidencia.
Si bien Aureoles Conejo obtuvo una suspensión contra la orden de aprehensión, mediante un amparo, ésta quedó sin efecto por decisión de una jueza federal en agosto. El exgobernador no asistió a una audiencia programada ese mismo mes y a la fecha se desconoce su paradero.
Conclusiones
Los 51 casos que hemos documentado en este Anuario de la Corrupción son los principales escándalos e investigaciones que han salido a la luz durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. A diferencia de lo que sucedió en el primer año de su antecesor, las dimensiones y multiplicidad de casos impiden repetir la estrategia de negar y esquivar todas las acusaciones, pues las evidencias documentales de la corrupción del pasado y del presente se acumulan a un ritmo acelerado.
La verdadera pregunta es qué hará la presidenta al respecto, pues la estrategia del gobierno anterior de creer que la corrupción podía combatirse sólo con buenas intenciones y “barriendo las escaleras de arriba para abajo” ha mostrado resultados nulos. Ha crecido la presión por parte de las autoridades estadounidenses, cuyas instituciones siguen persiguiendo e investigando los posibles vínculos transnacionales entre el crimen organizado y la política en México.
Durante los últimos años el combate a la corrupción se convirtió en una estrategia discursiva muy poderosa, pero cuya falta de articulación en una verdadera política pública y la impunidad para los implicados leales al régimen terminaron convirtiéndolo en un discurso vacío.
Muchos de los señalamientos y evidencias de corrupción que por años siguieron produciendo el periodismo de investigación, así como investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, dan cuenta de un fenómeno que nunca se fue y que está más presente que nunca. Esa labor no se detendrá, por lo que es responsabilidad de las autoridades decidir si de verdad quieren dar un golpe de timón y tomarán acciones sobre todos los casos que se han documentado, sin importar quién los cometa y hasta dónde lleguen las responsabilidades, o si se protegerá a los implicados, dejando la puerta abierta para que la corrupción se siga reproduciendo de manera impune.
Unidad de Investigación Aplicada de MCCI
La UIA de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se encarga del análisis e investigación de estos fenómenos desde un enfoque multidisciplinario de las ciencias sociales. En este trabajo participaron María Amparo Casar, Ricardo Alvarado Andalón, Marina Gómez Robledo y Leonardo Núñez González