Hoy se cumplen diez años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Una década después, la lucha de las familias de los estudiantes por esclarecer los hechos y garantizar verdad y justicia es, en palabras de Cristina Bautista, mamá de Benjamín Asencio Bautista, “una llama que se niega a apagarse”.
El caso Ayotzinapa es, sin lugar a dudas, la fotografía más clara de un país cuya espina dorsal se nutre por una impunidad absoluta. Un país donde todos los niveles de gobierno se vieron involucrados y se construyó una “verdad histórica” que permanece vigente en el panorama político y en el discurso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluso en sus últimos días.
Los hechos y sus mentiras
El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre. Esa noche fueron interceptados por autoridades locales que abrieron fuego contra los normalistas.
La conclusión la conocemos bien: 43 estudiantes desaparecidos, seis personas ejecutadas —incluyendo a Julio César Mondragón, quien fue desollado y su cuerpo abandonado al día siguiente— y 40 personas lesionadas —entre ellas, Aldo Gutiérrez Solano, normalista que recibió una bala en la cabeza y se encuentra en cama de forma permanente—. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.
La respuesta del Estado mexicano ante tal acto de barbarie y crueldad humana fue instaurar una “verdad histórica” que no tardó en mostrar sus grietas: los normalistas fueron asesinados, sus cuerpos quemados en un basurero y sus restos arrojados a un río. El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) para Ayotzinapa no tardó mucho en confirmar que el gobierno mexicano mentía. Además, el GIEI evidenció las irregularidades en la investigación y las violaciones a los derechos humanos, incluyendo casos de tortura a los detenidos. También señaló la falta de cooperación de las autoridades mexicanas para proporcionar información relevante, en particular del Ejército y la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía General de la República). Todavía peor: demostró la participación de diferentes actores del Estado mexicano en la desaparición y encubrimiento de los hechos.
Hoy, diez años después, el panorama es igual de desolador. Si bien en 2018 el presidente López Obrador se comprometió a esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes y su gobierno parecía caminar en la dirección correcta con la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y el regreso a México del GIEI, los avances se detuvieron por completo cuando pruebas objetivas señalaron a elementos del Ejército.
Un día antes del aniversario de los diez años del caso Ayotzinapa, en una carta dirigida a las familias de los 43, el presidente López Obrador exoneró al Ejército, contradiciendo las conclusiones de la Covaj, creada por su propio gobierno. Además, en 2022, la Covaj indicó que la desaparición fue un crimen de Estado en donde participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.
Como si fuera poco, ese mismo día se aprobó en el Senado el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Las palabras de López Obrador sobre el caso Ayotzinapa retumban hoy por las paredes de Palacio: “Es importante aclarar que aún no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes”. Un Estado sin dientes frente a las Fuerzas Armadas.
La mal llamada verdad histórica sigue viva y se retrata de cuerpo completo en la militarización del país, en la incapacidad del Estado para avanzar en las investigaciones, en la negativa de entregar los 800 documentos solicitados por las familias —sólo se han entregado quince documentos hasta ahora—, en el impasse de las extradiciones pendientes —entre ellas Tomás Zerón, que está cobijado por el gobierno de Israel— y en el menosprecio por todas las personas que hoy acompañan a las familias en su exigencia por verdad y justicia.
Romper el sueño del futuro, desaparecer a la juventud
Ayotzinapa no es un hecho aislado, sino uno de los casos emblemáticos de una de las realidades más violentas del hemisferio: la desaparición de más de 115 000 personas en el país, la mayoría de ellas personas entre 15 y 29 años.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPO), más del 40 % de las desapariciones se concentran en este grupo etario. En el caso de las mujeres, el rango de edad de desaparición es más bajo, la mayoría de los casos son de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. En el caso de los hombres, el rango de edad es más amplio: va de 15 a 35 años. En este sentido, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes tenían entre 17 y 25 años al momento de desaparecer, es un espejo de lo que ocurre de forma recurrente en México: la juventud desaparece y las autoridades no hacen nada.
La desaparición de los 43 es también la desaparición de Roberto, Jaime, Diego, Uriel y Dante, los cinco jóvenes de Lagos de Moreno; la de Javier, Marco y Jesús, estudiantes de cine en Tonalá; la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca, de los nueve jóvenes en Cocula, en Omealca, en Ajuchitlán, en Chilapa. Es la desaparición diaria de un camión lleno en México.
La trágica noche del 26 de septiembre, en donde además fueron asesinados tres estudiantes y heridos de gravedad dos más, nos recuerda también a Jorge y Javier, estudiantes de ingeniería del Tecnológico de Monterrey, que fueron acribillados a sangre fría por parte de elementos de las Fuerzas Armadas. Ambos, víctimas de otra verdad histórica: murieron como sicarios, armados “hasta lo dientes” en un fuego cruzado con el Ejército. Hoy sabemos que eran estudiantes cuyos sueños fueron rotos por la violencia que atraviesa este país.
Ante un contexto en el que se han interpuesto los tiempos políticos por encima de la verdad, se niega la reestructuración de las fiscalías, rige la opacidad militar, y con la salida de los padres y madres de Palacio Nacional tras seis años y más de 30 reuniones de diálogo, el presidente López Obrador no sólo deja sobre la mesa la promesa incumplida con las familias de los 43, sino con las más de 100 000 familias que hoy buscan a un ser querido. ¿Su legado? más de 115 000 personas desaparecidas y la falta de claridad sobre el destino de los 43 normalistas.
Hoy, 26 de septiembre, el eco de los zapatos de las 43 familias y quienes les acompañamos caminando por Reforma nos recuerda qué es luchar con dignidad frente a la incapacidad del Estado mexicano de garantizar justicia y verdad, o el mínimo respeto por la vida. Su caminar mantiene con vida la esperanza de un día encontrarlos, de que regresen a casa. Su lucha sigue hasta encontrarlos.
Andrea Horcasitas Martínez
Investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana
Lucía Aguilar
Colaboradora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana