El proyecto de construcción de Estado en México ha pasado, desde que es un país independiente, por varios esfuerzos (la mayoría de ellos fallidos e inacabados). Sin embargo, hay una constante: el caciquismo. Se le define y entiende de distintas formas: muchos lo conceptualizan como un fenómeno a eliminar, en tanto que obstaculiza la construcción del Estado; otros lo aceptan como un elemento imposible de erradicar y que puede, más bien, adaptarse y utilizarse. Ambas ideas se toman de forma intermitente por distintos gobiernos mexicanos desde los inicios de su historia, siempre con matices y distintos resultados. Sin embargo, el caciquismo es una realidad, guste o no.
La definición de cacique es clara: se trata de un jefe político e intermediario. ¿Intermediario de qué? En los tiempos de la colonia, intermediarios entre la administración colonial y comunidades indígenas; en adelante, entre comunidades y autoridades estatales y federales; entre grupos políticos, entre otros. En Caciquismo in the twentieth-century Mexico, Alan Knight propone cinco niveles: nacionales, estatales, regionales, municipales y locales. Por su parte, en su libro México: del antiguo régimen a la revolución, Xavier Guerra propone una definición más abstracta, pero también muy útil: intermediarios entre mundos culturales.
Los intermediarios tienen como función mediar entre las necesidades y demandas de dos grupos. Su adecuado desempeño consiste en lograr que ambos, a los cuales representan frente al otro, obtengan beneficios de su vínculo. Pero lo que hace necesario al intermediario es que dicha relación no está estipulada en los mismos términos para los representados, y no se trata sólo de intereses, sino de formas de mirar y entender el mundo traducidas por el intermediario. Toda organización requiere de líderes, y en el caso de los caciques, se trata de líderes políticos cuyo poder proviene de que son imprescindibles como intermediarios en tanto que posibilitan un vínculo que no funcionaría de manera adecuada o incluso no existiría sin ellos. Se trata del encargado de llevar a cabo los trueques. Ahora bien, hay muchos intermediarios y no todos son caciques. Conviene subrayar su carácter de jefes políticos.
A mayor diversidad social, mayor número de intermediarios necesarios. En un país con tan amplia extensión territorial como México, con tantas agrupaciones humanas, el caciquismo ha sido una constante. El proceso de construcción de Estado, de manera paradójica, ha avanzado más en los momentos históricos en los que los caciques, lejos de ser erradicados, fueron incluidos en los arreglos formales. Aunque suelen ubicarse en la esfera de la informalidad, pues su carácter de intermediarios depende de que no pertenezcan de manera plena a ninguno de los grupos que representan, su adopción por parte del Estado es un garante de estabilidad en la medida en que una realidad social se formaliza y, por lo tanto, la institución creada es un hecho.
Por ejemplo, el éxito del PRI para mantenerse en el poder por tanto tiempo y su férreo control se debieron, en gran medida, a la capacidad de adoptar cacicazgos y convertirlos en elementos oficiales y útiles al proyecto estatal. Con la constante contradicción de que parte de su poder provenía de la debilidad estatal, de modo que la atendían sin eliminarla.
El caso poblano
Hay un caso que ilustra bien el desarrollo histórico del caciquismo en el país: el de Puebla. Durante la República Restaurada y el Porfiriato, la construcción del poder recayó en líderes como Juan Francisco Lucas (1834-1917), Juan Nepomuceno Méndez (1824-1894) y Juan Crisóstomo Bonilla (1835-1884), conocidos como “los tres Juanes” de la Sierra Norte poblana, y en su cooptación por parte del gobierno estatal encabezado por Mucio P. Martínez (gobernador de 1893 a 1911). Con la disolución del orden porfirista a partir de la Revolución, Puebla entró, al igual que el resto del país, en un período de inestabilidad política. Esto duró desde la caída de Martínez y hasta la gubernatura de Maximino Ávila Camacho (1937-1941), en cuyo tiempo hubo nada más ni nada menos que 43 gobernadores; de los cuales, ni uno logró terminar un cuatrienio.
Maximino Ávila Camacho, en cambio, construyó un grupo político que gobernó Puebla al menos hasta 1957, cuando terminó el gobierno de su hermano, Rafael Ávila Camacho (otro de los hermanos, y expresidente, Manuel, murió en 1955). Sin embargo, muchos elementos del grupo que había formado continuaron en escena (incluyendo a Gustavo Díaz Ordaz, presidente de 1964 a 1970), y muchos de sus herederos siguen en la política poblana hasta el día de hoy. La clave fue la cooptación de caciques locales, la formación y control de guardias blancas (cuerpos irregulares armados) y un uso poco institucional de su investidura como jefe de operaciones militares en la región.
Cacicazgos en la modernidad
Contrario a lo que podría pensarse, con la transición a la democracia y el debilitamiento del partido hegemónico, los cacicazgos no terminaron, sino que adquirieron mayor libertad de la que gozaban durante el régimen priista. Esto lo ilustra el caso de los González Vieyra.
Ramiro Margarito González Navarro, un político originario de Tlachichuca, municipio ubicado al este de Puebla, en la región de Valle Serdán— se desempeñó como presidente municipal del mismo de 1998 a 2001. Desde entonces comenzó a configurar su dominio no sólo en el municipio sino en toda la región. Años después, su primogénito, Ramiro González Vieyra, también gobernó Tlachichuca, de 2008 a 2011 y le siguieron los demás hermanos, Uruviel González Vieyra, de 2014 a 2018, y Giovanni González Vieyra, de 2021 a 2024. Esto sólo por mencionar el caso de Tlachichuca, pues entre estos cuatro personajes y otros afines (amigos y familiares), han controlado varios municipios de la región.
El caso de los González Vieyra cobró notoriedad en marzo de 2025, cuando el padre y sus hijos fueron detenidos en un operativo conjunto de fuerzas federales. Los tres hijos se desempeñaban al momento de su detención como presidentes municipales de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, postulados por Movimiento Ciudadano, aunque en la larga historia del cacicazgo han tenido relación con varios partidos, incluyendo al PRI, al PAN y, más recientemente, a Morena. Varios de estos vínculos se sostuvieron, se supone, por las aportaciones de dinero y apoyo local a las campañas de diferentes gobernadores del estado, incluyendo a Melquiades Morales Flores, Mario Marín Torres, Rafael Moreno Valle e incluso Miguel Barbosa Huerta y Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Cabe mencionar que durante todas sus participaciones en los gobiernos municipales, los Vieyra han sido señalados por casos de corrupción, desvíos de recursos, participación en homicidios, irregularidades, entre otros. Incluso se les acusó de tener grupos de choque, como los expolicías conocidos como “Los Tácticos”; lo cual no es ninguna práctica nueva para los cacicazgos mexicanos.
Uruviel y Giovanni permanecen recluidos en el penal de Tepexi de Rodríguez, mientras que el patriarca fue liberado por falta de pruebas y el primogénito permanece prófugo, ya que varias personas presentes al momento de su arresto obligaron a los elementos de seguridad a liberarlo. Aunque Ramiro González Vieyra presentó un amparo que fue desestimado en abril, hay indicios de que sigue gobernando de manera indirecta, como que sus familiares (esposa, cuñado e hijo) continúan participando en eventos públicos y, quizá, en decisiones de gobierno.
Las órdenes de detención fueron giradas por la Fiscalía General de la República por presuntos delitos diversos, incluidos los de secuestro y extorsión; la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que tenían posibles vínculos con el crimen organizado; y el gobernador, Alejandro Armenta, señaló que entre las líneas de investigación también está considerada su presunta relación con la ejecución de elementos federales y policías. Además, días después, fue asesinado el abogado de los González Vieyra, quien también defendía a una diputada presuntamente vinculada con La Operativa Barredora, ligada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Si bien este hecho permite pensar que los presuntos vínculos de los González Vieyra con el crimen organizado son ciertos, las razones detrás de su captura podrían no limitarse a esto.
Sobre las razones para proceder con las capturas, además de las acusaciones de diversos delitos, se puede especular. Una posible hipótesis es el giro de Claudia Sheinbaum en su política de seguridad con respecto al gobierno de su antecesor y el combate abierto a los vínculos entre funcionarios y gobernantes con el crimen organizado —muestra de ello son los Operativos Enjambre y Atarraya en el Estado de México—, de modo que no se trata más que de una persecución motivada por los presuntos vínculos de los González Vieyra con el crimen organizado. Aun así, este tipo de relación permea a muchas partes de México y en muchos casos ni siquiera con un propósito de colaboración o complicidad, sino de mera gobernanza.
El concepto de crimen organizado se ha difuminado, de modo que, a veces, puede explicarlo todo y nada. Conviene analizar este caso como lo que es: un hecho social complejo que ilustra cómo se sobreponen categorías y conviven las esferas social, criminal y política. La disminución de influencia del partido y del gobierno federal sobre los actores locales (la cual ya era limitada) derivó, entre muchas otras cosas, en que varios caciques se fortalecieran e involucraran en actividades ilegales; de la misma manera permitió que, en la lucha por el poder, personajes identificados como criminales, accedieran a puestos formales. En consecuencia, la detención de los González Vieyra se puede explicar también como un esfuerzo por eliminar a un grupo que, una vez más, obstaculiza la formación de Estado al tiempo que le es funcional; o, como también suele ocurrir, como una disputa política en la que el cacicazgo dejó de ser útil al grupo gobernante. Éstas son sólo algunas hipótesis para reflexionar sobre la realidad del caciquismo en México y cómo se ha transformado.
Como antaño, hoy en día muchos cacicazgos no son formales y otros sí, como el de los González Vieyra. Es probable que varios de los líderes sean incluso identificados como líderes criminales. Acaso valdría la pena pensar en un nuevo término para los intermediarios que no son jefes políticos. El caso es que el caciquismo ha sido, es y seguirá siendo un fenómeno constante, aunque con sus variantes. Está, dicho coloquialmente, vivito y coleando.
Jesús Bernal
Licenciado en Política y Administración Pública por El Colegio de México