CCH Sur: ¿un parteaguas?

El asesinato de Jesús Israel Hernández Chávez, alumno de 16 años del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur), sorprendió no sólo a los integrantes de ese Colegio, sino a la comunidad universitaria y a todo el país… Incluso fue sorpresa para los grupos que tienen el encargo de realizar actos violentos en la máxima casa de estudios.

Por la información disponible el agresor de 19 años, Lex Ashton Canedo López, alumno del mismo Colegio, tiene antecedentes familiares y personales de alteraciones psicológicas. También, forma parte de una comunidad asentada en las redes sociales en México y otros países, integrada por jóvenes con problemas para relacionarse socialmente, en especial con mujeres, de lo que se derivan expresiones misóginas que desembocan en actos violentos.

Esto ocurre en un contexto de violencia generalizada en el país, con un elevado número de asesinatos, desapariciones, feminicidios y la impunidad para quienes cometen estos delitos. A pesar del optimismo gubernamental respecto a sus propias cifras, este ambiente no puede considerarse normal, pues influye de manera negativa en el ánimo de todos los mexicanos y limita las posibilidades de desarrollo sano de los jóvenes.

Pero una cosa es clara, lo ocurrido el 22 de septiembre en el CCH Sur es un caso especial. Es un hecho inédito que se aparta de las modalidades de violencia que se presentan recurrentemente en la UNAM.

Las reacciones

Al día siguiente, en medio del dolor por el trágico acontecimiento, se realizó un bloqueo de la Avenida Insurgentes. También se organizaron marchas que partieron del CCH Sur y llegaron a la Torre de Rectoría. En una de estas caminatas se escucharon consignas desproporcionadas como: “Jesús no murió, la UNAM lo mató”. Esto es interesante, pues además de la falta de comprensión sobre lo que ocurrió, revela la intención de incorporar la tragedia al conjunto de ataques contra la institución. 

No obstante, en una vía más racional, padres de familia y estudiantes del CCH Sur elaboraron pliegos petitorios que se entregaron a las autoridades. La demanda central: seguridad. Y es justo aquí donde se puede evaluar la acción del rector Leonardo Lomelí Vanegas y su equipo en la forma de enfrentar el problema de origen.

En primer lugar, se colocó en el centro a los estudiantes para escuchar sus preocupaciones y demandas. Se realizaron tres mesas de trabajo en las que participaron representantes de los estudiantes, autoridades del plantel (contando con las recomendaciones de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario convocada desde el inicio por el rector) y, algo muy importante: también estuvieron presentes los padres de familia.

Fue un ejercicio ejemplar, pues permitió analizar y dar respuesta, una a una, a las demandas del pliego petitorio. Al final se llegó a un acuerdo firmado por las partes el 3 de octubre. Incluye, entre otros temas, un Plan de Seguridad Integral; medidas para la prevención de la violencia y acoso; apoyo psicológico y emocional; canales de comunicación efectiva entre estudiantes, autoridades y padres de familia, y la revisión exhaustiva de la infraestructura para evitar riesgos a la comunidad. Son medidas que se extenderán a todo el bachillerato de la UNAM. Esto responde a las críticas sobre la supuesta inacción del rector Lomelí, quien desde un primer momento buscó los caminos racionales para enfrentar el problema.

Pero lo ocurrido en el plantel Sur desnudó (y exacerbó) algunos propósitos ocultos, entre ellos: a) desestabilizar a la UNAM infundiendo miedo por medio de amenazas a integrantes de la comunidad y anunciando la presencia de explosivos en algunos planteles; b) aprovechar la tragedia para debilitar mediante críticas injustificadas la administración del rector Leonardo Lomelí; c) buscar resquicios para vulnerar la autonomía universitaria, abriendo las puertas a una intervención policiaca indiscriminada; d) ligar la tragedia con las futuras movilizaciones lideradas por encapuchados.

Amenazas

Sobre las amenazas de bomba todas son tomadas en serio (a pesar de que hasta ahora han resultado falsas). El rector Lomelí ha definido las líneas de acción internas ante esos casos, y trabajando con las autoridades del gobierno federal, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la policía cibernética ya se ha logrado identificar a algunas personas que son presuntas responsables de los avisos, que incluyen amagos contra integrantes de la comunidad. A la fecha las amenazas continúan, lo que muestra que hay el propósito sistemático de desestabilizar a la UNAM provocando la suspensión de las actividades académicas. La pregunta es quién, o quiénes están detrás.

Los límites de la autonomía

En su editorial del 24 de septiembre, La Jornada señaló que los acontecimientos en el CCH Sur ilustran ––a juicio del diario–– la incapacidad de la UNAM para garantizar “niveles razonables de seguridad” y que exhiben “los peligros de la confusión de la autonomía universitaria con una suerte de extraterritorialidad que pone a la UNAM al margen de la ley”. Este es un tema que aparece una y otra vez desde hace décadas, en particular durante cada episodio de movilización estudiantil. Pero en la actualidad hay que tomar en cuenta desde dónde provienen estos llamados, pues conviene recordar que durante el gobierno encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, él y sus seguidores, dentro y fuera del partido Morena, realizaron múltiples intentos para acabar con la autonomía universitaria.

En una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el rector Lomelí advirtió que la intervención de las autoridades es válida cuando está en riesgo la vida y seguridad de las personas, pero hasta ahí, no puede ser pretexto para realizar actos de represión o para la ocupación de la Ciudad Universitaria como sucedió en 1968. La UNAM, aseguró, cuenta con la capacidad de autorregularse y tomar las medidas para garantizar la seguridad de la comunidad.

No se olvida

Luego de los trágicos sucesos en el CCH Sur, varios planteles de la UNAM estuvieron en paro, algunos motivados por esos acontecimientos y otros por la coincidencia de dos conmemoraciones: el onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y por los también trágicos acontecimientos del 2 de octubre de 1968. En las protestas por lo ocurrido con los alumnos de la Normal Isidro Burgos, hubo actos de violencia, pero no tuvieron relación alguna con la UNAM. El enojo se dirigió hacia el ejército y las instalaciones castrenses, en especial contra el Campo Militar Número 1.

Pero durante la manifestación del 2 de octubre, que inició en la Plaza de las Tres Culturas, la primera acción de los encapuchados infiltrados en la marcha fue contra la UNAM al atacar el Centro Cultural Tlalteloco donde se encuentra el Memorial del 68. Rompieron vidrios, lanzaron bombas molotov, realizaron pintas y causaron múltiples destrozos en el edificio emblemático que está bajo resguardo de la Universidad Nacional. Algo similar a lo que ocurrió en la marcha contra la gentrificación, en la que fueron atacadas instalaciones del Centro Cultural Universitario, en particular el Museo Arte Contemporáneo y la librería Julio Torri. Esto muestra que uno de los objetivos en la agenda del llamado “Bloque Negro” es dirigir sus acciones contra la UNAM.

Después, el grupo de entre 300 y 350 encapuchados (cifras del secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto) se dirigió al Zócalo de la Ciudad de México, donde realizaron destrozos, asaltaron comercios y atacaron a las fuerzas del orden (extrañamente sin recibir respuesta) enviando a 94 policías y 29 civiles al hospital. Uno puede preguntarse ¿quién tiene la capacidad de organizar y dirigir un ejercito de más de 300 encapuchados?

Elementos para la discusión

1. Los acontecimientos del 22 de septiembre representan un parteaguas en la máxima casa de estudios. Hay un cambio obligado, pues a nivel interno se debe poner en el centro a los estudiantes ––como ha hecho el rector Lomelí en el CCH Sur–– escuchar sus problemas y peticiones en torno a las mejoras académicas, la seguridad, la equidad de género y la salud, en especial la salud mental. Es una tarea compleja pues obliga a diferenciar las demandas genuinas del estudiantado de las diseñadas por quienes tienen el encargo de generar violencia, pero es algo indispensable pues constituye la mejor herramienta de prevención.
2. Lo ocurrido en el CCH muestra cuál es la condición en que se encuentra una parte de la juventud de nuestro país, la cual requiere la máxima atención, no sólo en la UNAM, sino en todo el territorio nacional. Tanto la víctima, Jesús Israel, como el agresor, Lex Ashton, contaban durante el encierro obligado por la pandemia con 11 y 14 años de edad respectivamente. En ese momento clave de entrada a la pubertad estuvieron limitadas o canceladas las posibilidades de socialización. Si a esto se agrega, como en el caso del victimario, un ambiente familiar con violencia o problemas de salud mental, se tienen resultados indeseables. Lo ocurrido el 22 de septiembre es un llamado a toda la sociedad a poner atención en estos temas.
3. Con los hechos violentos durante la marcha para la conmemoración del 2 de octubre se está enviando un mensaje. Quizá no estuvo dirigido a funcionarios menores, ni siquiera al gobierno local. Por su resonancia tanto a nivel nacional e internacional y por ocurrir a unos pasos de la residencia presidencial, puede pensarse que el aviso pudo estar dirigido al gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay que olvidar que el contexto en el que han producido estos hechos se caracteriza por el combate contra las bandas del crimen organizado y por las disputas internas dentro del grupo gobernante.
4. Es indudable que a partir de lo ocurrido en el CCH Sur se han desatado múltiples agresiones en contra de la Universidad Nacional: amenazas de bomba y contra miembros de la comunidad, pronunciamientos para minar la autonomía de la UNAM, intentos de continuar la toma de planteles por parte de grupos de encapuchados y críticas constantes contra el rector Lomelí. A esto se suma recientemente una campaña a raíz de un comunicado en el que la institución informa el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado, ante el cual periodistas y medios afines al obradorismo partidarios de la dictadura de Nicolas Maduro (y de otros regimenes autoritarios en el continente) pretenden silenciar a la máxima casa de estudios.

Ante este panorama oscuro, hay sin embargo signos luminosos como el rechazo de estudiantes de la Facultad de Derecho a la toma de su plantel por parte de personas con el rostro cubierto ––por cierto, uno de ellos desenmascarado por el alumnado. También los llamados de universitarios a cerrar filas con el rector Lomelí en la defensa de la UNAM, como el de Rolando Cordera, entre muchos otros, a los cuales me sumo.

Javier Flores

Profesor de la UNAM y periodista científico. Su libro más reciente es Diferenciación Sexual. Medicina e influencias sociales en la determinación del sexo (Orfila Valentini).