Puede considerarse que Chiapas es una creciente geografía de violencias. Hay violencia en zonas zapatistas debido a disputas de tierras; violencia por pugnas de cacicazgos regionales; violencia por enfrentamientos entre bandas criminales, y violencia estructural en una entidad marcada por la pobreza extrema y la marginación.
Una forma de palpar estas violencias es viajar por el estado, por sus autopistas, carreteras y caminos rurales. Cada camino retrata las sinuosidades de las violencias; la carretera de peaje a Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas es una vía a medio construir; la de San Cristóbal-Palenque es el mayor catálogo de baches y topes, dicen sus habitantes; por el contrario, la autopista Arriaga-Tapachula está libre de topes y no se paga peaje.
La carretera Tuxtla-Venustiano Carranza presenta similitudes con el Chiapas de zozobra actual. Sus primeros diez kilómetros corresponden a una autopista de cuatro carriles, después se angosta a una vía trazada en los setenta, salpicada de baches y de topes hasta el kilómetro 52, en donde está el mayor embalse de una presa hidroeléctrica en el país: la Angostura, que inundó al antiguo poblado de La Concordia, ahora también sumergido en la violencia.
A partir del embalse aparece una moderna supercarretera que conecta con la cabecera municipal de Venustiano Carranza, poblado donde nació el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Aquí, en la antigua San Bartolomé de los Llanos, me detengo ante un bloqueo que mantiene OCEZ Carranza, una organización campesina que defiende su derecho a regularizar sus tierras comunales y a recibir programas sociales.
Sus integrantes han sufrido represión y asesinatos. Cuentan que este bloqueo se debe a que dos de sus líderes están desaparecidos desde principios de junio. La causa, me dice un habitante del lugar, es que en los retenes de la OCEZ fueron detenidos camiones que transportaban migrantes: “Eso perjudicó a los cárteles locales que controlan el paso de indocumentados; en represalia los cárteles retuvieron a dos integrantes de esa organización”.
El gobierno estatal, aun cuando esté encabezado por un carrancista, ha sido incapaz de esclarecer la desaparición de estas dos personas. Venustiano Carranza es, además, un reto permanente a la gobernabilidad con dos bandos en conflicto: la OCEZ Casa del Pueblo y la Alianza San Bartolomé de los Llanos, las cuales mantienen disputas de décadas atrás. En los sesenta y setenta pertenecían a la misma organización que luchó contra finqueros y caciques locales para apropiarse de terrenos para el cultivo de maíz. Ahora ambos bandos deben lidiar con cárteles, dedicados entre otras actividades, al rentable negocio del tráfico de personas.
Ante el bloqueo, debo regresar al entronque de Chiapa de Corzo. En la caravana de retorno hay automovilistas que intentaban llegar, por este camino impredecible, a Tzimol, Comitán o Las Rosas, la antigua Pinola.
En la caseta de la carretera Tuxtla-San Cristóbal de Las Casas, hay que pagar 89 pesos. A inicios de este sexenio, el peaje era de 51 pesos. En mayo de 2020 el gobierno federal anunció que Aldesa, concesionaria de esta vía de 45 kilómetros, ampliaría un carril más, que tendría un costo de 45 millones de pesos y se concluiría en diciembre de 2022. Ocultó que la obra se financiaría con el aumento del peaje, que se incrementó un 75 % en los últimos cinco años.
Esta carretera, a medio construir, sufre un atraso de siete meses y probablemente no quede concluida este sexenio. Es también una vía imprevisible al ser bloqueada con frecuencia. La bloquean indígenas que piden el pago de programas sociales; organizaciones que exigen la liberación de sus líderes encarcelados o estudiantes normalistas que buscan agenciarse plazas como profesores de educación primaria.
Los 31 kilómetros de San Cristóbal a Amatenango del Valle deben transitarse con la lentitud del tráiler más pesado que circule por esta carretera abundante de topes y de curvas. A los lados y casi de manera continua existen comunidades que surgieron con las primeras invasiones en los setenta: Betania, Belén, Monte Líbano, Nuevo Paraíso, Monte Sión, entre otras. Nombres relacionados con La Biblia porque se fundaron por habitantes expulsados de sus comunidades por motivos religiosos. Sus miembros se convirtieron al protestantismo dejando sus antiguas prácticas católicas. Había también otra causa: la falta de tierra suficiente para el cultivo en sus lugares de origen.
En su peregrinar se fueron quedando a orillas de esta carretera que se abrió entre bosques de pinos. Un amigo catalán, al ver este paisaje verde y fértil, me preguntó: “¿Cómo es posible que la gente que vive aquí sea pobre?”. Es una cuestión que también se planteó el historiador Thomas Benjamin al titular su libro Chiapas, tierra rica, pueblo pobre. Muchos expulsados se fueron por otros caminos: por las Cañadas de la Selva o por la Sierra.
Después de Amatenango del Valle, lugar de artesanas hábiles en el manejo del barro que decoran figuras coloridas de jaguares, guajolotes, conejos y gallinas, se llega a una carretera amplia y moderna. Son 55 kilómetros por los que los automovilistas se deslizan sin contratiempos hasta Comitán, la llamada ciudad de las flores o también conocida como Balún Canán, por la novela de Rosario Castellanos.
Desde la colonia, y en especial en el siglo XIX, la vía principal de contacto con Centroamérica era por la meseta comiteca. Por acá entraban pianos, imágenes religiosas, telas, vajillas y cristalería. B. Traven, en La carreta, relata los martirios que se pasaban al transportar mercancías por estos endemoniados caminos que se recorrían en caravanas de carretas y recuas de mulas. De aquí partían los arrieros hacia el Soconusco y también hacia La Concordia, en donde un conocido mío desapareció hace un mes. Él es parte de las estadísticas en un estado en donde desaparecen diez personas a la semana, la mayoría menores de edad.
Hace más de una década Comitán empezó a convertirse en una zona de paso para los migrantes, debido a que esta meseta era menos vigilada que el corredor de la Costa y el Soconusco chiapaneco.
Los periodistas comitecos, con los que me reúno, cuentan que no cubren nota roja después de que algunos de ellos fueron amenazados y apuntados con armas de fuego para no divulgar estos acontecimientos. El administrador de la página Chiapas Denuncia ya desapareció en septiembre del año pasado. Dos días antes había publicado información relacionada con cárteles del narcotráfico.
Caminos fronterizos
A 95 kilómetros de Comitán está Frontera Comalapa, ciudad que ha sido epicentro de hechos violentos en los últimos meses. En la Carretera Internacional Fronteriza, por la que viajo, no hay retenes de organizaciones criminales como sucedía hasta el mes de junio. Viajar en la primera mitad de este año por esta carretera era jugar a cara o cruz con la muerte.
San Gregorio Chamic, que es el distrito de riego más importante de Chiapas y cuya productividad de maíz compite con las zonas más fértiles del país, ha resentido la disputa de los cárteles. Antes de la pandemia, con la presencia de un solo cártel —el de Sinaloa—, no había enfrentamientos, aunque sí asesinatos y desapariciones, que se efectuaban de forma discreta. Dicen sus pobladores que el problema inició después de la pandemia con el establecimiento del Cártel Jalisco. Desde entonces hay disputa territorial, enfrentamientos y asesinatos a la luz del día que tuvieron su punto culminante en mayo de este año.
Varias personas sufrieron desplazamiento forzado; de la comunidad Lejerío huyeron más de mil habitantes. Denunciaron que fueron acosados por grupos criminales y sufrieron el levantamiento de jóvenes para sumarse a los cárteles de Jalisco o Sinaloa. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha informado que en este sexenio al menos 14 000 personas de Chiapas han sido desplazadas por la violencia.
Lagos de Colón, un sistema lagunario de belleza extraordinaria que fue lugar de descanso para turistas nacionales y centroamericanos, hoy está vacío. El restaurante principal está cerrado y nadie ocupa sus cincuenta palapas que se rentaban a cien pesos. La misma quietud se observa en la zona arqueológica El Lagartero.
Hay comunidades que son rehenes de los cárteles y muchos jóvenes han decidido incursionar en sus filas; un “halcón” gana 5000 pesos semanales, y un miembro de mayor jerarquía, 10 000. Los cárteles tejen, además, bases y apoyos sociales en las comunidades, incluso créditos a la palabra. En Comalapa, por ejemplo, un grupo de personas marcharon en contra de la presencia militar, y el 29 de julio de este año, establecieron retenes y cerraron los cuatro accesos a la ciudad.
A fines de julio en que recorro esta carretera fronteriza, hay patrullajes del Ejército y de la Guardia Nacional, lo que incide en la disminución de enfrentamientos entre cárteles, pero no su actividad en la distribución de drogas, robo de autos y tráfico de personas.
Frontera Comalapa, con 81 000 habitantes, es la ciudad más importante de esta región; cuenta con bancos, hospitales, hoteles y universidades. Su condición de frontera se vive con intensidad. Aquí llegaban centroamericanos a surtirse en tiendas como Aurrerá, Coppel, Elektra, Milano, Neto, entre otras.
A 20 kilómetros de Comalapa está La Mesilla, Guatemala, una ciudad de intercambio comercial desde hace más de cincuenta años. A este lugar arribaban autobuses con comerciantes chiapanecos que adquirían pacas de ropa americana, ropa de imitación de marcas reconocidas, zapatos y utensilios de cocina.
Ahora no hay autobuses que efectúen esos recorridos. Los comerciantes han sido extorsionados o asaltados en su tránsito por la carretera fronteriza. La Mesilla, sin embargo, continúa con su ajetreo diario, sin haber sido escenario de enfrentamientos de grupos armados. “La violencia está del lado mexicano”, dicen los vendedores guatemaltecos. Los pocos comerciantes chiapanecos que se atreven a visitar La Mesilla viajan de día. La noche, dicen, pertenece a los cárteles y a sus mercancías.
En Motozintla, distante a 51 kilómetros de Comalapa, los periodistas optan por escribir sobre temas culturales en lugar de hechos relacionados con los cárteles.
Si bien las cabeceras municipales de Frontera Comalapa y Motozintla viven en relativa tranquilidad, no sucede lo mismo en las comunidades, muchas de las cuales están colonizadas por el crimen organizado. Ahí se suceden asesinatos y desapariciones sin que trasciendan a las páginas de los periódicos o portales informativos.
Los 58 kilómetros que separan a Motozintla de Huixtla hay que recorrerlos a baja velocidad, no sólo por la carretera angosta y serpenteante, sino por los múltiples topes construidos a lo largo de la vía.
En Huixtla me incorporo a una autopista de 247 kilómetros, que parte de Arriaga y llega a Tapachula. Aquí no hay topes, ni bloqueos. Aquí transitan cientos de tráileres que transportan mango, plátano, café, rambután, y a veces migrantes o drogas ocultas en cajas de doble fondo hacia el norte del país y a Estados Unidos.
Por esta autopista también se desplazan caravanas de migrantes. Hay otras vías para atravesar el territorio chiapaneco: por la meseta fronteriza o por la zona selvática de Palenque, pero la del corredor del Istmo-Soconusco es la más empleada.
Los agentes de Migración con los que platico dicen que las medidas están relajadas y que no detienen a los migrantes. Las autoridades no quieren que se repita una situación similar como el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Caminos entrecruzados
De Tuxtla Gutiérrez a Ocozocoautla hay 34 kilómetros que se recorren por la Carretera Internacional Panamericana. En el kilómetro 29, a la entrada del antiguo Aeropuerto Llano San Juan, que fue inservible desde su inauguración en 1980 porque fue construido en un lugar de niebla frecuente, opera la Escuela Nacional de Protección Civil. En ese lugar trabajan los catorce empleados de la Secretaría de Seguridad Pública que fueron secuestrados presuntamente por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Para liberar a los empleados, el cártel exigió la renuncia de tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y la liberación de la cantante Nayeli Cinco, en manos del Cártel de Sinaloa, según trascendió en los medios. El escándalo y posiblemente los arreglos pactados permitieron a los empleados recuperar su libertad tres días después del secuestro. Nayeli Cinco también fue liberada.
Esta situación, para Gustavo Castro, secretario de Otros Mundos Chiapas, tiene una explicación: los narcos “controlan también el territorio político, ya no solo sobornan o presionan al presidente municipal, sino que ellos mismos ganan las elecciones y así desde el municipio logran todo el control territorial. Tienen vínculos con políticos de todos los niveles. Es el culmen cuando se fusiona la clase política, empresarial y el narco. El narco es al mismo tiempo empresario y político y reconfiguran el escenario de gobernanza territorial”.
En Ocozocoautla, que recientemente fue distinguido como Pueblo Mágico, me reúno con dos antiguos pobladores de este lugar. Cuentan que no habían vivido antes enfrentamientos de grupos de la delincuencia organizada hasta que, en mayo, “se dieron de balazos. No se sabe el número de fallecidos, pero indudablemente hubo muertos, porque se escuchaban ráfagas de metralletas de manera constante”. Los enfrentamientos no fueron en la zona urbana, sino en la rural, en donde se han edificado residencias y ranchos ostentosos.
Pocos kilómetros adelante de esta población hay dos ciudades que han vivido la presencia y enfrentamiento de cárteles: Jiquipilas y Cintalapa. En realidad, dice la organización Otros Mundos Chiapas, los 125 municipios registran actividades de cárteles y consumo de drogas.
Para Gustavo Castro, “Chiapas pasó de ser un territorio de tráfico de droga a un territorio de consumo, luego de siembra y por último a un territorio de narconegocios, donde la droga ya no es sólo el principal ingreso sino que se alimenta de la extorsión, cobro de pisos, lavado de dinero, secuestros, robo de tierras, ranchos y viviendas; venta de armas y municiones; control de las ganancias del café, del transporte, de los bares, de los prostíbulos, de las remesas, entre otros muchos negocios. Sin embargo, uno de los más lucrativos es el tráfico de indocumentados”.
Aunque los cárteles tienen una presencia en la entidad de por lo menos una década, el Frayba ubica 2015 como el año de la eclosión de la violencia armada, que tuvo su punto más visible el 8 de julio de 2021, cuando fue asesinado en Tuxtla Gutiérrez Gilberto Rivera Maravilla, alias el Junior, hijo de Gilberto Rivera Amarillas, el Tío Gil, quien presuntamente lideraba el Cártel de Sinaloa en Chiapas. Después, en cascada, comenzaron a registrarse ajustes de cuentas en diversos municipios. También en Tuxtla, el 9 de junio de este año atacaron al presidente municipal de La Concordia, Miguel Ángel Córdova, quien logró sobrevivir, mas no así tres de sus acompañantes.
Caminos olvidados
A 52 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas está Acteal, en donde en 1997 fueron asesinadas 45 personas. Me detengo frente al monumento que honra la memoria de mujeres, niños y ancianos que murieron en aquel diciembre aciago. El EZLN ha denunciado que en esta zona, el programa Sembrando Vida ha incrementado la violencia por la disputa del territorio entre comunidades campesinas.
A seis kilómetros está Pantelhó, ahora resguardada por miembros del Ejército y de la Guardia Nacional. La presidencia municipal, en donde están apostados militares, muestra los rastros de enfrentamientos, con balas incrustadas en las paredes y oficinas aledañas incendiadas.
Hace dos años apareció el grupo de autodefensa El Machete, apoyado, se dijo en aquella ocasión, por 86 comunidades. Surgió, según sus integrantes, por los atropellos sufridos por el grupo militar Los Herrera, al que acusaron de asesinar a más de 200 personas y ser financiado por el presidente municipal Raúl Trujillo Morales.
En su aparición pública, El Machete saqueó casas, oficinas y se llevó a 21 personas, que dos años después aún no aparecen. Viajo rumbo a San José Buenavista Tercero, lugar en donde, según testigos, fueron llevadas esas personas, clasificadas como desaparecidas.
La mitad de los ocho kilómetros de la carretera a esa comunidad está pavimentada; los cuatro kilómetros restantes se recorren por un camino estrecho de terracería. Freno cuando veo aproximarse una camioneta de pasajeros. El conductor detiene la unidad. Espero que pase.
Al dar la vuelta en la curva de este camino solitario, encuentro a un hombre con uniforme negro, pasamontañas y una metralleta, por lo que veo en las imágenes que he buscado posteriormente en internet, es un fusil AK-47.
Avanzo. Saludo y el hombre y su arma me dejan pasar. Más tarde me entero que ha inspeccionado la camioneta de pasajeros en busca de dinero, mercancías o enemigos. Me dicen que seguramente no estaba solo, que sus cómplices, Los Herrrera, estaban escondidos entre los árboles.
Dos kilómetros después arribo a San José Tercero, el lugar de la discordia. Ahí está un retén militar. Entiendo que efectivos del Ejército y personas armadas se reparten este camino olvidado de la región de Los Altos tzotzil-tzeltal.
Un kilómetro más adelante, una camioneta bloquea el paso con diez muchachos armados y uniformados de verde. Me detengo. Mueven la camioneta. Los saludo. Se van.
Entre San José Buena Vista y El Roblar encuentro a varias personas con comunicadores portátiles. Un habitante me explica que los muchachos de verde y los que llevan en sus manos los radios vigilan por si se aproximan “los malos”. Hace quince días, me cuentan, se enfrentaron a balazos. El saldo fue de seis personas muertas entre “buenos” y “malos”. Los “buenos” para ellos son el grupo del Machete, los que hicieron frente a Los Herrera, el grupo paramilitar que tenía asolada la región, que se fue por un tiempo, pero que regresó en junio y se hace notar con sus retenes y armas.
Debido a amenazas y a la presencia de “los malos”, me comenta un habitante de esta comunidad, ha descuidado sus cafetales y no ha podido cultivar las cinco hectáreas de maíz que acostumbraba. Tiene temor. Ahora debe repartir su tiempo reuniéndose con sus vecinos para vigilar que no sean atacados. Pero lo son: el 24 de julio fueron incendiadas dos casas de simpatizantes del Machete.
Estas comunidades han ido perdiendo a sus jóvenes. Algunos se han enrolado con grupos paramilitares o de autodefensas, otros han emigrado a la Riviera Maya o a Baja California, para emplearse en la construcción, otros más trabajan en Estados Unidos. “En realidad, nos hemos ido quedando sólo los viejos, y yo por esta violencia quisiera irme, porque ya no soy fuerte para defenderme”, comenta un indígena tzotzil, padre de cinco hijos, los cuales han migrado a Estados Unidos. Él y su esposa viven de remesas y de apoyos gubernamentales. Aquí los programas sociales son muy importantes: de 1 000 200 familias chiapanecas, sólo 100 000 no los reciben.
En las cabeceras municipales, por la presencia del Ejército o de la Guardia Nacional, no hay enfrentamientos. El trajinar de los grupos armados está en las comunidades, como San José, El Roblar o Tzanembolom, pero se podría agregar un alto porcentaje de las 20 000 comunidades dispersas en la entidad que padecen esta misma situación.
Si Chiapas se puede conocer por sus autopistas, carreteras y caminos vecinales, adentrarse por esta ruta de Pantelhó es palpar la incertidumbre y las violencias que sufren sus habitantes. A mitad del camino puede estar un retén con hombres armados, sin saber si son “buenos” o “malos”, si los viajeros serán asaltados, golpeados o, de plano, desaparecidos.
He tenido suerte. Decido no continuar por esos caminos salvajes de Tzajalchén, Cruztón o Puyucum. Con lo visto es suficiente; emprendo el regreso por estas carreteras que no tienen señalamiento alguno y no hay acceso a internet para consultar Google Maps. Así que hay que ir preguntando para saber si transito por la ruta correcta. En dos horas y media estoy de vuelta en San Cristóbal de Las Casas, que registra mayor presencia de efectivos del Ejército.
La disputa sangrienta por el territorio coleto ha quedado por lo pronto aplazada. Si los cárteles de esta zona se enfrentan, lo deben hacer en lugares más discretos, y no en la ciudad, que ha sido la joya turística de Chiapas. Aquí gobiernan los Motonetos, los Patros, los Van y los Torres, que se dedican al narcomenudeo, asaltos, tráfico de madera, de personas y robo de vehículos. Sobre ellos manda el cártel Chamula.
A 51 kilómetros de San Cristóbal, está Oxchuc, un municipio considerado violento por los constantes enfrentamientos por el control político local. Diferentes linajes rivalizan por la presidencia municipal y los beneficios que conlleva: manejo de programas sociales, un presupuesto prácticamente sin supervisión y posibles cuotas con el narcomenudeo por la venta de “cristal”. Después del fracaso de realizar elecciones por usos y costumbres, Oxchuc es gobernado por un concejo municipal. La violencia en este municipio corresponde más a las violencias tradicionales de Chiapas: la disputa por el poder político y cacicazgos regionales, y como este año no hay elecciones, el municipio se mantiene en calma relativa.
Cierre de caminos
Cuando Graham Greene visitó estas tierras, fantasioso como era, exageró en todo. No le gustó nada, excepto los sacerdotes, los aviadores y el café chiapaneco, que tomó en Palenque, San Cristóbal y Cancuc. Para él todo era salvaje y peligroso. No era este un lugar para vivir, escribió en Caminos sin ley, sino un lugar donde “sólo se podía morir y dejar ruinas tras sí”. De Tuxtla, “la nueva y fea capital de Chiapas, sin atractivos”, “sólo hay pistoleros”, y en el “mercado horribles y pobres muñecas de madera y trapos pintados, con perversas caras de viudas, hechas en casa”.
Y no tenía razón en todo. No era una gesta, entonces, viajar de Tuxtla a San Cristóbal, como afirmó, ni tampoco al perdido pueblo de Yajalón, en donde hace cinco años asesinaron al periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, sin que el crimen se haya aclarado. Tampoco hay avances del asesinato del periodista Fredy López Arévalo, ocurrido en octubre de 2021, sólo que el sicario fue abatido en un enfrentamiento entre cárteles en Comalapa.
Hay muchas rutas por recorrer en esta entidad de contrastes; he decidido viajar a las más conflictivas. Viajar de día, como lo he hecho, no ofrece mayores complicaciones. El problema es de noche, cuando las carreteras de las comunidades son decomisadas por organizaciones criminales.
El gobierno ha sido rebasado y cooptado. Por indolencia, ha preferido ser espectador de los conflictos y ante su pasiva presencia suceden enfrentamientos, secuestros, cierre de caminos, aparición de grupos paramilitares, cobros de derecho de piso, desplazamiento forzado y desapariciones.
Para el Frayba, “el Estado mexicano ha desviado su deber en el sentido de ser un buen gobierno, por el contrario, es omiso, permisivo y aquiescente frente a la actual violencia generalizada y los múltiples estratos de impunidad que históricamente se suman, agudizando fenómenos como: desplazamiento forzado; las privaciones arbitrarias de la libertad que desembocan en nuevas formas de uso del sistema judicial para torturar; agresiones a personas defensoras y periodistas en la continuidad de la represión social, violaciones al derecho a la tierra-territorio que trastoca los procesos autonómicos y configuran escenarios de nuevas formas de contrainsurgencia”.
Los setenta fueron los años del despertar de la resistencia indígena, que culminó con el movimiento del EZLN y el fortalecimiento de organizaciones campesinas que asumieron un papel de mediación fundamental ante el Estado. Hoy, gran parte de las organizaciones han sido desmanteladas. En su lugar, aparecieron grupos delincuenciales que se arraigan en las comunidades. Varias organizaciones sociales que sobreviven sufren la incursión de cárteles.
Detrás de las violencias surgió una clase política que se ha enriquecido con los distintos programas sociales, apoyos para paliar la pobreza y, en algunos casos, con componendas con cárteles. No hay cifras oficiales sobre la riqueza de los políticos; si las hubiera, Chiapas obtendría el primer lugar en la creación de políticos ricos. Sí hay, por el contrario, datos sobre la pobreza, en donde la entidad ocupa el primer lugar, seguido por Guerrero y Oaxaca. Aquí siete de cada diez chiapanecos son pobres.
Las personas a quienes entrevisté coinciden en algo: es posible todavía rescatar a Chiapas. Falta que el Estado salga de su letargo; debe empezar por reconocer el incremento de las violencias. Es cierto que la entidad no alcanza aún los índices de violencia de los estados más conflictivos. Tampoco se vive una guerra civil. Si los reflectores mediáticos se concentran aquí es por la novedad de los acontecimientos y por el conflicto armado que vivimos en 1994. En estos caminos sin ley todavía hay esperanza.
Sarelly Martínez Mendoza
Profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas