La amenaza se cumplió. La madrugada del 3 de enero, un equipo especial de las fuerzas armadas de Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro. Helicópteros estadunidenses bombardearon instalaciones militares en el país y, sin encontrar resistencia considerable, se hicieron con el mandatario, a quien pusieron en un vuelo con dirección a Nueva York. Allá tendrá que hacer frente a la justicia estadunidense. Así culminaron meses de presión sobre Caracas por parte de Donald Trump y su círculo cercano.
Las siguientes horas fueron confusas. El gobierno de Trump no trazó un plan concreto para el país. Por ahora todo indica que el resto del aparato gubernamental venezolano quedará intacto mientras el control del petróleo quede en manos de empresas estadunidenses y acate las órdenes de Washington, lo que incluye a la recién juramentada presidenta, Delcy Rodríguez. Entre las primeras declaraciones, una que debería encender las alarmas en Palacio Nacional fue la del mandatario estadunidense en la cadena Fox News. Al ser cuestionado si la intervención en Venezuela era un mensaje para México, Donald Trump respondió que, aunque esa no era la intención, lo cierto es que el país está gobernado por los cárteles y que la presidenta Sheinbaum se encuentra muy asustada frente a ellos. “Algo tendrá que hacerse con México”, concluyó.
En realidad, Estados Unidos ya está haciendo mucho en relación con su vecino del sur. Reuniones entre mandos militares de ambos países, vuelos de reconocimiento y despliegue de buques de guerra en las inmediaciones del territorio mexicano son sólo algunos ejemplos. Frente a la creciente actividad de Washington en torno a lo que podría denominarse la cuestión mexicana, resulta inevitable preguntarse: “¿qué sigue ahora?”. Con el regreso de Donald Trump al poder, los grupos criminales se han convertido en una de las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos. Desde la perspectiva del mandatario, la negligencia del gobierno mexicano frente al tráfico de droga es responsable de la muerte de al menos 300 000 ciudadanos estadunidenses. En su primera semana en la Casa Blanca, Trump firmó un decreto en el que designa a diversos cárteles —entre ellos el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación— como organizaciones terroristas. No es un gesto simbólico: además de confirmar que estos grupos criminales son considerados una amenaza directa para Washington, la designación abre la puerta al uso de la fuerza militar para combatirlos.
Desde un primer momento, la medida generó preocupación en México ante la posibilidad de que Estados Unidos vulnerara su soberanía y la integridad de su territorio. Hasta hace apenas unos días, la idea de que Washington ordenara operaciones militares unilaterales en suelo mexicano parecía poco verosímil. A la luz de lo ocurrido en Venezuela, puede que sea mejor no dar nada por sentado.
Durante el primer año de su administración, Trump ha reiterado que tiene un gran respeto por la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, como evidencian sus comentarios posteriores a la captura de Maduro, esa cálida relación personal no ha modificado en lo más mínimo su percepción de que México es un país gobernado por el crimen organizado. Ante estas observaciones, Sheinbaum se ve obligada a repetir hasta el cansancio su máxima preferida para estos casos: “cooperación sí, subordinación no”.
Las acciones de Estados Unidos en Venezuela han suscitado una fuerte polémica entre la opinión pública internacional. Algunos celebran de manera anticipada el final de la dictadura de Maduro; otros lamentan haber dedicado tantos años al estudio del derecho internacional público; y también están quienes se preocupan por lo que podría ser una nueva etapa de injerencia de Estados Unidos en América Latina. De igual forma, las reacciones oficiales han sido dispares. En Argentina, Javier Milei se contentó con decir que “la libertad avanza”, una celebración a la que se sumó Daniel Noboa en Ecuador. En Europa, Francia, junto con otros países de la Unión Europea, llamó a respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, aunque con cuidado de no condenar de manera explícita a Estados Unidos. Por su parte, tras pronunciamientos individuales, España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan las acciones de Washington.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Conforme a los principios de su política exterior, México condenó la intervención militar de Estados Unidos. Aunque obtuvo reacciones encontradas en redes sociales, la presidenta no hizo sino remitirse a la doctrina Estrada y al artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas, pilares que han marcado la postura histórica de México frente a los conflictos internacionales. El país ha defendido de manera consistente el principio de la no intervención y la solución pacífica de controversias, sin importar el régimen en cuestión. Si bien esta postura a veces omite matices necesarios, le ha permitido a México presentarse como un defensor constante del derecho internacional, creíble pese a sus ocasionales inconsistencias.
En todo caso, frente al empoderamiento de Trump, los comunicados diplomáticos serán un recurso cada vez más necesario, pero también más desesperado e ineficaz. Si el gobierno mexicano busca anticiparse a futuras acciones de Estados Unidos, el discurso soberanista debe acompañarse de una colaboración cercana y un diálogo continuo con Washington. Ya sea por consenso o imposición, en el último año se han dado pasos hacia allá.
En febrero del año pasado, el gobierno de Claudia Sheinbaum tuvo que admitir que el Pentágono realizó dos misiones de reconocimiento, luego de que se reportaran avistamientos de aeronaves militares de Estados Unidos al sur de su frontera y en las inmediaciones del territorio mexicano. Sin embargo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó más tarde que se habían llevado a cabo al menos 18 vuelos cerca de la frontera con México. El secretario de Defensa mexicano, Ricardo Trevilla, señaló que no podía descartarse que se tratara de labores de inteligencia, dado que el gobierno mexicano desconocía qué hicieron. Durante esas mismas fechas, Sheinbaum logró que Trump aceptara diferir la imposición de aranceles del 25 % a productos mexicanos, a cambio del despliegue de 10 000 efectivos militares en las fronteras del país para frenar el tráfico de fentanilo y la migración irregular. Meses después, dos buques de guerra estadunidenses surcaban aguas internacionales en el Pacífico y el Golfo de México con el objetivo declarado de contener la nueva amenaza terrorista. Estas incursiones rutinarias deben reevaluarse a la luz del derrocamiento de Maduro.
Por si fuera poco, hace apenas unas semanas, en diciembre, la Casa Blanca clasificó al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”. La orden ejecutiva firmada por Trump también instruía al Pentágono a adoptar acciones adicionales para combatir la producción y distribución de la droga. Durante su segundo mandato, la crisis del fentanilo se ha convertido en una de las obsesiones de Trump, quien señala a su vecino del sur como el principal responsable de una situación que considera fuera de control. Mientras no haya resultados tangibles en materia de seguridad, cualquier otro asunto es secundario a los ojos de Washington, incluida la revisión del T-MEC, que se llevará a cabo este año.
En los últimos meses, Trump ha amedrentado a Venezuela, Colombia y México con amenazas de ataques terrestres y el envío de fuerzas especiales para frenar el flujo de drogas. La captura de Maduro demuestra que tales advertencias no deben tomarse a la ligera. El corolario Trump a la doctrina Monroe es claro: Estados Unidos está dispuesto a hacer lo necesario con tal de reestablecer su dominio en el continente americano. Si poco le importa la aprobación del Congreso de su país, aún menos le importan el derecho y los organismos internacionales.
Tras lo ocurrido en Venezuela, es evidente que Washington contempla a México como un muy probable escenario de operación. No es casual que la acusación del gobierno estadunidense contra Nicolás Maduro presente a México como el centro de operaciones desde el cual los narcotraficantes movían sus ingresos con supuesta protección diplomática. Un engranaje clave en la maquinaria del narcotráfico. Frente a las presiones crecientes, el gobierno mexicano no tiene más remedio que actuar con pragmatismo: apostar por la cooperación para adelantarse, en la medida de lo posible, a una sorpresa desagradable proveniente del norte.
José María Vázquez Cabanillas
Estudiante de Relaciones Internacionales en El Colegio de México
Parece que la advertencia ya es real. ¿Qué opinas ante la declaración de que se harán intervenciones terrestres? Para combatir a los cárteles.
Excelente análisis.
Si el gobierno Mexicano no puede darnos la seguridad que exigimos, quien nos la pueda dar sea bienvenido. La delincuencia debe ir a donde no haga daño.
Interesante análisis de Vazques Cabanillas; coincido en que no se descarte de EU una intervención política-militar más agresiva contra los cárteles mexicanos (Sinaloa y CJNG) y sus socios políticos; considero que no debe descartarse el escenario en que Delcy y Diosdado, dos pilares del chavismo hayan proporcionado información privilegiada a EU para agarrar a Maduro y esposa; en otras palabras, entregaron a Maduro a la justicia americana; dado esto, también Claudia estaría en su momento aparte de la colaboración con Trump que ya se hace a través de García Harfuch, obligada a entregar a políticos mexicanos de alto rango vinculados con los cárteles; esto le daría la fortaleza necesaria para fortalecer su grupo y márgen de maniobra; si a la Presidenta la va bien, también a México y sus familias
Un análisis claro y contundente que vincula acertadamente el caso venezolano con los riesgos geopolíticos para México. Una combinación de contextos histórico, derecho internacional y coyuntura política para advertir sobre un giro más agresivo en la política exterior de Estados Unidos, destacando la tensión entre soberanía y cooperación. Texto oportuno que invita a un debate informado