En una nota en el blog de la redacción de nexos, mi colega Raúl Zepeda Gil responde a mi ensayo del 18 de enero de este año. Respondo de forma apretada en lo que espero sea el inicio de un intercambio más rico en apreciaciones, conceptos y maneras de narrar los tiempos políticos que compartimos.
Hay un malentendido de entrada que, desafortunadamente, marca el alegato de Zepeda Gil. Si bien está en su derecho de no “coincidir” con mis “énfasis” y mis “silencios”, su crítica no puede concentrarse en mi optimismo. En mi ensayo yo no coloqué en ningún momento mi optimismo como fuente del argumento; de hecho, para los fines del asunto es irrelevante si soy o no optimista. Lo escribí así: “¿Habitamos un momento optimista o pesimista del ánimo social? Según se responda esta cuestión sería posible avanzar (o no) en el cambio de régimen. Mi respuesta es que la sociedad vive una corrida al optimismo, incluso (o sobre todo) asumiendo las angustias evidentes por la seguridad pública y la impartición de justicia”.
Tal cual se lee, atribuyo optimismo, como elemento eficiente del cambio político, a un conglomerado significativo de la sociedad, según evidencian las tasas de aprobación del presidente o de la candidata de Morena, o bien los niveles de inversión, de consumo privado, de tipo de cambio, etcétera. Y sugiero por tanto que esa inercia de optimismo se aproveche en un cambio del régimen político, si las elecciones de junio se traducen en una victoria de la candidata Claudia Sheinbaum. Pero la noticia a destacar es que Raúl Zepeda Gil, como tantos intelectuales y opinadores en la esfera pública, confunden sus cuitas políticas, intelectuales, académicas y, sobre todo, doctrinales con el ánimo nacional. Apunto aquí que esa mezcolanza no es inédita. Algo así se deja ver en los intelectuales liberales del último Porfiriato, que pasaron de una tibia oposición a la reelección del general Díaz a un furibundo antimaderismo de consecuencias catastróficas.
Zepeda Gil me atribuye la idea de “que el presidente o Morena están buscando disminuir el presidencialismo, y que ellos sólo son actores atrapados en el diseño constitucional”. Si el presidente y su partido desean “disminuir” el presidencialismo es mucho menos importante que lo que en realidad planteo: “La mayor sacudida al presidencialismo proviene de los gestos y prácticas del gobierno de López Obrador”. Y agrego más adelante: “La presidencia de López Obrador es un conjunto de síntomas, un síndrome que apunta al fin del presidencialismo histórico-constitucional”. Zepeda Gil está demasiado preocupado por la voluntad (que sin duda importa en cualquier análisis político) y deja de lado los impulsos subyacentes, oceánicos, objetivos en la representación, el gobierno y la comunicación política. Todas las personas estamos inmersas en procesos que no reconocemos con facilidad y que no pertenecen al dominio de la voluntad, entendida ésta de manera pedestre.
Las complejidades de la política en México exigen flexibilidad, oportunidad y unas capacidades comunicacionales que el presidencialismo histórico-constitucional no tiene. López Obrador entendió (quizá sería mejor decir intuyó) lo que Zepeda Gil y la inmensa mayoría de los colonos de la esfera pública se resisten a reconocer: que el asunto no es si el presidente es tan bueno o malo como las expectativas y mitologías culturales que nos intoxican parecen indicar. El asunto es muy otro, y es lo que planteo: tal como está diseñado en la Constitución el presidencialismo ya dio lo que tenía que dar. Hablemos de otra cosa, caminemos hacia otro lugar.
Escribe mi colega Zepeda Gil: “Las propuestas de Morena sobre el régimen político están consistentemente en la lógica de reducir los contrapesos del Ejecutivo. La intención de deshacerse de los órganos autónomos, de capturar la Suprema Corte y reducir al INE son consistentes con la intención de hacer de Morena un partido dominante o incluso hegemónico”. Son dos problemas; uno es la pulsión por convertirse en “partido dominante e incluso hegemónico”, lo que a mi juicio está en la naturaleza de cualquier partido político. Más relevante es lo que sigue: ¿por qué considerar a los órganos autónomos como “contrapesos del Ejecutivo”? De manera específica: tomar decisiones estratégicas y gestionar asuntos cruciales en las áreas de competencia económica, telecomunicaciones y energía ¿es ejercer un contrapeso, definir un ámbito técnico-jurídico o legitimar el espacio propicio para el lobby? Todo reunido, quizá. Se podría discutir con más información y flexibilidad cuáles han sido los resultados prácticos de los órganos autónomos para la competitividad, equidad, protección de derechos y la transparencia, pero es claro que el papel de ciertos “órganos autónomos” (telecomunicaciones, competencia económica y energía) no es ser contrapesos, sino tomar decisiones de gobierno. Convertir órganos autónomos en generadores de políticas públicas desnaturaliza la función de gobernar, de la misma manera que convertir a la Suprema Corte de Justicia en legisladora en última instancia lesiona el concepto moderno de soberanía.
Dice Raúl no concordar con mi idea de que el “parteaguas” de la reforma política sea “la propuesta de representación proporcional pura del presidente”; de hecho, sigue, “en sus nuevas reformas propone precisamente lo contrario: eliminar a los plurinominales”. Zepeda Gil incurre en un anacronismo, de manera clara. Yo utilicé la primera propuesta como síntoma de una propensión hacia “parlamentizar” la vida política. La oposición omitió en sus alegatos defensivos esa propuesta y ni el gobierno ni Morena la difundieron, explicaron o defendieron; estos últimos se engancharon en la gritería y genuflexiones opositoras alrededor del INE. Aquella fue una tremenda pifia de la oposición, que con su silencio respecto a las listas por entidad federativa eludió el alma de cualquier reforma política seria. Y redundó además en la injusta propuesta del presidente de la República quien, al castigar a los partidos, condenaría a un segmento significativo del electorado a una subrepresentación crónica, estructural en las cámaras. Tal es el problema de la representación política conformada por distritos uninominales y la presidencia surgida de un solo y enorme distrito nacional: los votos de los derrotados se pierden en la noche de la no representación.
Mi punto, que no comparte Zepeda Gil, es que el quid de cualquier reforma que tenga en mente un nuevo régimen político está en la representación política (que debe ser proporcional), y no en el árbitro electoral ni en los órganos autónomos. El argumento de mi ensayo es que buena parte de los críticos y opositores a López Obrador están atrapados en la jaula melancólica del presidencialismo, el presidente, las mañaneras, los órganos autónomos y la pureza virginal del INE. Y me temo que la sociedad (razonablemente optimista como anda) ya está en otra cosa, pero hace falta proponérselo de una manera ordenada, paciente y mirando el futuro para desembarazarse de la idea del presidente (o presidenta) bueno(a) que un día vendrá a traernos la felicidad.
Ariel Rodríguez Kuri
Académico en El Colegio de México