El presidente López Obrador dijo sobre la sucesión presidencial el 12 de julio de 2021 en conferencia de prensa que “no hay tapados”, pero se refirió a sí mismo como “el destapador”. Fue con esas palabras que el presidente inauguró un periodo de campaña electoral que todavía no termina. Podrá parecer que esto sucedió ayer, o antier, o hace doce meses; pero no, esa conferencia de prensa tuvo lugar hace casi tres años. Me cuesta trabajo pensar en un periodo electoral más largo que este.
Cabe recordar el contexto en el que el presidente usó la palabra “corcholata” por primera vez. Era 2021 y las elecciones del 6 de julio arrojaron resultados mixtos para la coalición obradorista. En la Cámara de Diputados, Morena-PT-PVEM consiguieron 278 escaños, 30 menos que en 2018. A la vez, el PRI ganó 35 nuevos diputados y el PAN entró a la nueva legislatura con 31 diputados más.
En los estados, Morena obtuvo 11 gubernaturas y se enfilaba a tener mayoría en más de la mitad de los congresos locales. Sin embargo, en la Ciudad de México, la cosa parecía no pintar tan bien. Morena pasaba de gobernar 11 a sólo 7 alcaldías, y en el proceso perdía 11 diputados y el control en el Congreso local.
Esas elecciones reflejaron que Morena seguía teniendo mucho, aunque tampoco tanto. No era que las oposiciones fuesen a desbancar al obradorismo, pero tampoco era que el obradorismo fuese inmune a futuros riesgos. Había que hacer algo y el presidente, ducho como es, decidió arrancar el proceso electoral con sus declaraciones.
Al convertirse en “el destapador” el presidente hizo varias cosas. Primero, construyó una narrativa en donde todo lo logrado y aquello por lograrse estaba en la línea de fuego. Morena podría tener mayorías en las dos Cámaras del Congreso, en más de 20 congresos locales y gobernar 21 estados, pero la oposición acechaba y el poder, enorme de por sí, que el obradorismo poseía resultaba insuficiente para contener las amenazas. En segundo lugar, adelantó el proceso permitía “cohesionar” a distintas facciones del morenismo en una suerte de “frente unido” que, por idealismo, cinismo, ambición o convicción, comenzarían a repetirse entre sí que no podrían dar “ningún paso atrás”, que la unión hace la fuerza. Tercero, abría un espacio cotidiano para la lucha y un podio perpetuo del cual apropiarse. Todos los días pasaron a ser días de contienda y a diario, alguien se declaraba victorioso: ya fuera en las encuestas, en los escándalos, en las marchas o en la imaginación.
En fin, el caso es que en estas nos hallamos: campañas eternas, victorias diarias y una política hipertrofiada. Unos dirían que es producto de la creciente polarización. Otros podrían decir que se trata de la expresión de una hegemonía avasalladora. Quizá, pero eso es lo de menos y, en todo caso, no es lo que esta eterna campaña nos ha revelado.
En particular, a mí me sorprende que las campañas parten de la presunción inequívoca de que el Estado existe. Sin importar partido ni color, para cada persona en campaña, desde el presidente al edil más tangencial, la existencia y presencia del Estado es un consenso.
La presunta existencia del Estado es el lienzo sobre el cual los aspirantes trazan mentiras, culpas, esperanzas, proyectos, frustraciones y promesas. Entonces tenemos a algunos que hablan de un Estado honesto, austero y próspero y, a la vez, hay otros que proyectan un Estado moderno y libre. Y además tenemos paquetes de propuestas: unas para la salud, otras para la seguridad, otras para el desarrollo económico, otras para el campo, otras para el norte, otras para el sur y así para el este y también para el oeste.
En tiempos electorales parece ser que la política es un supermercado, con pasillos interminables y estantes repletos de miles de productos —candidatos y propuestas— envueltos en empaques vistosos. En la televisión y los periódicos, los analistas hablan de “marcas” para referirse a los partidos y todos los días se nos confronta con algún anuncio prometiendo un nuevo “programa” o una nueva “solución”.
Las campañas nos recuerdan a diario que el Estado existe y que hay que usarlo para reparar tuberías, construir más carreteras, subir las pensiones, hacer más leyes, meter más personas a la cárcel, recuperar ríos, formar médicos, combatir la pobreza, recaudar más o menos según sea el caso y cualquier otra cosa que se venga a la mente. Las opciones están ahí, empaquetadas y en estantería: el Estado existe y la política va de hacer con él lo que nos venga. Está en nosotros, votantes escoger, así como lo haríamos en los pasillos de Costco.
Habrá que dar varios pasos atrás. La brecha entre las campañas y la realidad es insalvable. Ese Estado cuya presencia a diario se nos restriega es, más de las veces, inexistente. Las promesas del periodo electoral, empaquetadas y en estantes, no es que estén vacías, sino que simplemente no están situadas en un plano en el que sean realizables.
Por ejemplo, algún candidato podrá prometer que acabará con las fugas en las tuberías de alguna ciudad y está bien, pero antes tendría que pensar que habrá agua que entubar o que, por lo menos, no estará contaminada. Algún otro podría proponer controles de precios a productos de primera necesidad y eso también está bien, pero antes tendría que preguntarse por los campesinos y tendederos que son amenazados y asesinados por no cubrir alguna cuota impuesta.
Sobran ideas de qué hacer con el Estado, pero ese estado con minúsculas es más bien un amasijo de dinámicas fluctuantes de control y violencia. El estado que cobra multas en las ciudades no es el mismo que cobra comisión por el derecho de piso en los pueblos. Tampoco es el mismo que le da mantenimiento a las escuelas o el que gestiona el territorio con otros grupos a partir del intercambio de balas. Y es que no hay un estado, sino muchos que coexisten y chocan entre sí y tampoco hay una sola manera de “orden” y “control”, sino varias y, en muchas de ellas, la violencia ocupa un lugar central.
No hay un sólo orden sobre el cual hacer política pública y mucho menos hay un Estado a cargo, sobre el cual proyectar ideas y propuestas. El supermercado de la política no tiene nada más que aire y los votantes en realidad tenemos poco o nada sobre lo que decidir.
El periodo electoral tendría que servir para otra cosa. Quizá para hacer preguntas más básicas. La crisis de desapariciones ha revelado que no sabemos en dónde termina la vida y dónde comienza la muerte, por ejemplo. ¿Quién decide la estructura que toma esa frontera? ¿Cómo es que la violencia y la paz se entrelazan para formar distintas configuraciones de orden? ¿Quién gobierna?
Estas no son preguntas metafísicas en un país como el nuestro. Sabemos que son más de 110 000 las personas desaparecidas y que permanecen en un limbo, alejados del orden político-social. Una desaparición borra la línea que separa la vida de la muerte, como apunta Claudio Lomnitz. Para familiares y amigos, la ausencia de duelo, la incapacidad de honrar a quien fallece, les obliga a habitar en una especie de tiempo suspendido, en donde la muerte del ser querido no es un hecho concreto sino una “rutina semioculta”. La desaparición imposibilita el encuentro con el cuerpo de quien no está y separa a personas que, en otro tiempo, en “tiempos normales”, compartieron el mundo. Sin ese ejercicio de remembranza, que se materializa en un duelo, la vida pierde su sentido como hecho distinto a la muerte.
Aunque en apariencia esté repleto, el supermercado de la política nada ofrece para un país en donde esto sucede.
1063 personas han sido asesinadas en eventos de violencia político-electoral entre 2018 y abril de 2024. Solamente en este año, 21 personas candidatas han sido asesinadas. Tomas Morales aspiraba a gobernar Chilapa, Guerrero y fue asesinado en su casa en marzo de este año. En abril, a Gisela Gaytán la mataron en Celaya, en su primer día de campaña. Antes, en 2016, a Gisela Mota, alcaldesa de Temixco, Morelos, la asesinaron en su primer día de trabajo.
En campañas políticas, la violencia se conceptualiza como ajena al “orden”, como algo que sucede en espacios en donde el Estado no existe.1 La violencia política-electoral refleja que esto es falso. La violencia, en sí, es una forma de orden y gestión. No es que la violencia haya “invadido” a la sociedad, sino que cada vez son más los aspectos del orden social que se gestionan con violencia. Lo vemos, por ejemplo, con la extorsión, que intermedia relaciones económicas y la ocupación del suelo. Pero también lo vemos con las amenazas y los asesinatos electorales, que determinan quién entra y quién no al reino presupuestario. Don Héctor, un candidato de la alianza opositora en Guerrero, lo entiende perfecto: “La democracia se negocia directamente con el narco”.
Hace 1038 días que el presidente inauguró el periodo electoral de 2024. Lo hizo por motivos partidistas y en el proceso, quizá sin quererlo, terminó de consolidar el consenso de que el Estado existe y se tiene que usar. A partir de ese consenso, hemos sido espectadores de una política cada vez más voluminosa, que permanentemente nos bombardea con mentiras, proyectos y promesas. Nuevos temas han entrado en la agenda pública como el nearshoring o la inteligencia artificial y otros no tan nuevos siguen vigentes, como la política de cuidados, la transición energética o la infraestructura. La campaña eterna nos deja claro que para cada tema, ideas sobran.
Y sin embargo, ¿qué valor tiene todo esto en un país incapaz de proteger la vida? ¿de conceder duelos? Uno podrá hablar de nuevas líneas de tren, de la digitalización de trámites, o de alguna tarjeta para recibir dinero, pero todo eso suena vacío cuando se vive en un país donde las condiciones mínimas para existir son más azarosas que ciertas.
Andrés Ruiz Ojeda
Gates Cambridge Scholar y estudiante de Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Cambridge. Su investigación doctoral estudia la interlocución de las agendas de derechos humanos y neoliberalización económica en América Latina a finales del siglo XX.
1 Fernando Escalante es quien ha articulado esta idea de forma más lúcida: https://t.co/6FlWrKTJsv