Soy partidario entusiasta de la división de poderes y de los órganos constitucionales autónomos: evitan que sea sólo una persona o un reducido grupo de políticos los que impongan sus reglas a una sociedad. Pero, cuando se cuenta con un sistema presidencialista y se busca gobernabilidad, no toda institución puede dotarse de autonomía. La Fiscalía General de la República (FGR), por ejemplo. ¿Por qué? Porque el ius puniendi –el derecho a castigar– es inherente a todo Estado. Sin él, sería imposible gobernar.
La oposición, sea la que sea, de manera invariable exige al gobierno en turno que ponga al frente de la FGR a una persona sin vínculos políticos con quien encabeza el Ejecutivo. Como eslogan es muy efectivo. “No queremos un fiscal carnal”, se exigió a Enrique Peña Nieto cuando impulsó a uno de sus aliados. En su afán de evitar ataques por otros flancos, Peña no designó a quien hubiese preferido y dejó acéfala a la Fiscalía. Eso, desde luego, no garantizó su autonomía: sólo se prestó a un ejercicio de simulación.
Pero, más allá de eso, ¿hasta dónde es factible una fiscalía autónoma en nuestro país? No me refiero al aspecto técnico (en un Estado Constitucional de Derecho todos los organismos están supeditados a la ley) sino de la designación del fiscal: ¿de veras debe recaer el nombramiento en un adversario del presidente o presidenta de la República?
Ahora que salió Alejandro Gertz Manero y entró Ernestina Godoy, fuimos testigos de un proceso fársico, ofensivo para cualquier ciudadano informado: todos sabíamos que la decisión ya estaba tomada. Aun así, tuvimos que soportar “un examen riguroso” por parte del Senado, según lo marca el artículo 102 de la Constitución. ¿No habría sido más fácil una designación directa y una ágil ratificación? Con espectáculo o sin él, nuestros fiscales nunca han sido autónomos. Y qué bueno…
Me preocuparía tener un fiscal en verdad autónomo que, de repente, decidiera perseguir al narcotráfico y que el presidente de la República no le facilitara soldados, marinos o policías para emprender su lucha. O a una presidenta de México resuelta a combatir el tráfico de armas y de personas, pero que la fiscal general, en ejercicio de su autonomía, se negara a ejercer la acción penal ante los tribunales. Me aterraría verlos enfrentados, mientras el país se paraliza.
Desde luego, en países con un régimen parlamentario o semiparlamentario, con un afinado sistema de rendición de cuentas –como Alemania, Canadá, Chile, Italia o el Reino Unido– se puede contar con fiscales autónomos. Ahí hay contrapesos reales, transparencia, rendición de cuentas y un servicio profesional de carrera.
A propósito de este último, dirigí algunos años el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y, si algo me frustró, fue la falta de interés en crear una carrera ministerial. Salvo el esfuerzo que encabezó Rafael Macedo de la Concha –militar con arraigada formación en el servicio profesional de carrera–, la formación de los agentes del ministerio público nunca fue prioridad para ninguno de los gobiernos a los que serví. ¿Será porque la Constitución (123-B, XIII) permite que se les despida cuando le venga en gana al Fiscal General, negándoles así el servicio profesional?
Hoy día, los agentes ministeriales están para servir al grupo en turno y no para perseguir ante los tribunales a quienes hayan infringido la ley. Si en este escenario hubiera un fiscal autónomo, lo único que conseguiríamos sería la ingobernabilidad ¿O el Fiscal también presentaría su propio presupuesto anual ante el legislativo para evitar que se le controlara por medio de los recursos financieros?
No me opongo, a mediano plazo, a una Fiscalía General de Justicia autónoma. Pero ésta tendría que derivar de un poder judicial independiente, de mecanismos estrictos de rendición de cuentas y, una vez más, de un sólido servicio profesional de carrera. Cuando se vota por el titular del Ejecutivo dentro de un sistema presidencial, se le da un voto de confianza para que designe al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, al jefe de la Policía, al secretario de Hacienda, al secretario de Gobernación y… al Fiscal General.
Si lo que se busca es crear órganos autónomos, que se “independice” a la Secretaría de Salud, a la de Educación o a la de Medio Ambiente… pero no a la institución encargada de ejercer la acción penal. Por lo menos no por el momento. Saldría más caro el remedio que la enfermedad. Tampoco seguir simulando es una idea plausible. Apostemos por un fiscal general subordinado a la persona titular del Ejecutivo. Y exijámosle a esta persona que dé resultados.
¿Que quién combatirá la corrupción dentro del gobierno? Eso deberá quedar en manos de un tribunal de cuentas, una auditoría o una agencia que, ésta sí, deberá caracterizarse por su absoluta y completa autonomía.
Gerardo Laveaga
Profesor en el Departamento de Derecho del ITAM