México no es un país serio. No lo es porque no quiere, porque no puede, o porque ya aprendió que simular serlo basta para subsistir. Lo que tenemos es un cúmulo de decisiones azarosas maquilladas con diligente solemnidad y una burocracia coreografiada donde el ritual importa más que el resultado. En pocas palabras, hemos institucionalizado el performance.
Da igual que la ley se incumpla sistemáticamente, que la militarización avance sin freno o que el modelo democrático se esté desfondando en tiempo real. Para el Gobierno, una de las prioridades de cara a la primera elección judicial en la historia del país es que no se beba alcohol este fin de semana.
No importa que circulen acordeones partidistas para inducir el voto, o que la independencia judicial se dirima en las urnas bajo reglas desiguales: la prioridad es sellar refrigeradores y fingir que todo se resolverá con una ciudadanía abstemia, capaz de elegir racionalmente sin la amenaza etílica rondando la boleta.
Se activa una vez más la prohibición para comprar, vender, y, de ser posible, ni siquiera pensar en ingerir alcohol. No vaya a ser que el voto, además de estar condicionado por la propaganda oficial, llegue aderezado con el aroma de un inocente tequilita.
La llamada “ley seca” es, en realidad, una ficción normativa: no es una ley, pero se impone como si lo fuera; no prohíbe el consumo de alcohol, pero intenta frenarlo por la vía de los hechos. Aunque suene a reliquia decimonónica, sigue aplicándose en pleno siglo XXI como si la ciudadanía no pudiera ejercer su derecho al voto sin antes recibir una lección de moralidad pública.
Jurídicamente, no existe la «ley seca» como una norma general ni con nombre propio. Se trata más bien de un conjunto de disposiciones reglamentarias —estatales o municipales— que, de forma coordinada o dispareja, buscan restringir la venta de bebidas alcohólicas durante las jornadas electorales, bajo la sospecha de que el ciudadano embriagado representa un peligro mayor que el voto manipulado.
Su fundamento se encuentra en el artículo 300, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dice: «Las autoridades competentes podrán establecer medidas para limitar el expendio de bebidas alcohólicas durante el tiempo y en los lugares que se determine en las disposiciones legales aplicables».
Dicho sin abogañol: cada entidad federativa decide cómo aplica o no la restricción. Por eso, mientras en estados como Veracruz, Durango o Chiapas se anuncia un fin de semana sobrio como preservando la pureza de la fiesta democrática (ahora en su vertiente judicial), en otros es posible brindar sin mayor sobresalto.
Lo paradójico es que esta práctica paternalista no tiene una base empírica clara que justifique su efectividad. No hay evidencia de que la prohibición temporal de venta de alcohol incremente la participación ciudadana ni que reduzca los incidentes en casillas. Lo que sí provoca —eso sí está documentado— es un mercado informal, una anticipación nerviosa en supermercados, protestas de las cámaras de comercio y una sensación de absurdo generalizado.
Llama la atención la postura de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien justificó la medida como un instrumento para “garantizar la paz”. Resulta desconcertante que una figura que se asume como referente de un gobierno de izquierda recurra a este tipo de estrategias, que más bien remiten al control moralista de la derecha más rancia. Como si la democracia pudiera resguardarse clausurando expendios, antes que construir instituciones confiables, o como si la sobriedad del votante fuese más relevante que la legitimidad de la contienda.
La idea de restringir el alcohol para garantizar el orden público no es nueva. Su caso más emblemático tuvo lugar en Estados Unidos, en 1919, con la Decimoctava Enmienda a la Constitución, que prohibió la fabricación, transporte y venta de licores embriagantes. El resultado fue todo menos ejemplar: surgieron mafias, se multiplicó el consumo clandestino y el Estado perdió el control sobre un sector que había regulado con relativa eficacia. La prohibición fue derogada años después con un consenso sobre su fracaso.
En México, la historia es más difusa. Ya durante el periodo posrevolucionario se aplicaban restricciones al consumo de alcohol en contextos de control político. Fue durante la presidencia de Plutarco Elías Calles cuando se impusieron medidas más sistemáticas para limitar la venta de bebidas alcohólicas en fechas específicas. La lógica, como tantas veces ocurre en nuestra historia, fue más alegórica que funcional: se trataba de proyectar orden, autoridad y disciplina moral. Desde entonces, la ley seca ha sido una constante durante elecciones federales y locales.
Aunque en términos legales, el consumo de alcohol no está prohibido, ya que, si se compra una botella el viernes por la noche y se decide recibir el domingo con una soberana resaca, se puede hacer sin violar ninguna norma. Se puede ir a votar crudo, mal dormido y con voz cavernosa: el sufragio sigue siendo válido.
¿Y si se va ebrio? Depende. Si alguien se presenta a la casilla en estado de ebriedad pero no altera el orden, tampoco habrá sanción. Las autoridades electorales no están facultadas para exigirle una prueba de alcoholemia ni para invalidar el voto por estar “pasado de copas”. Ahora bien, si el comportamiento genera disturbios, se sancionará no por estar ebrio, sino por violentar el proceso electoral. Y esa es una distinción clave.
El problema no es el consumo; es el desorden. Lo mismo pasaría si alguien sobrio pero agresivo causa problemas en una casilla. Lo que está en juego no es la sobriedad del votante, sino la integridad de la jornada electoral.
Lo curioso, entonces, es que hoy seguimos sin cuestionar si este tipo de lógicas no terminan siendo un síntoma del tipo de democracia que tenemos. Una donde se simula la participación mientras se controla hasta lo que podemos consumir ese día. ¿Por qué se mantiene la “ley seca”? Porque el Estado no confía en la ciudadanía. Porque persiste una visión tutelar que asume que no somos capaces de ejercer nuestros derechos sin supervisión constante.
En ese contexto, la “ley seca” no sólo es anacrónica; es insultante, pues asume que el problema está en el alcohol, no en el diseño del proceso, e intenta preservar una imagen de orden cuando lo que está en juego es mucho más profundo.
Escribir sobre esto parecería algo trivial; bien se me podría exigir que me ocupe de un problema de verdad —y no estaría en desacuerdo —pero ante el disparate que representa elegir jueces a través del voto quizá una alternativa sea precisamente el alcohol.
Beber puede ser una forma legítima de atravesar la jornada electoral con una dosis de amargo realismo. Una manera de asumir que la decisión ya fue tomada y lo que se espera de nosotros no es elegir, sino simplemente atizar el performance; porque en este país, la sobriedad nunca ha garantizado claridad.
Así que, si usted decide votar este domingo, hágalo. Si decide no votar, también. Si lo hace sobrio, crudo o borracho, es asunto suyo. Pero no deje de preguntarse qué tan seria es la democracia que tenemos si un gesto de control institucional es cerrarle la tienda de la esquina. Porque al final, como ya se sabe, lo que embriaga no es el alcohol: es el poder.
Juan Jesús Garza Onofre
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en El Colegio de México y el ITAM.