En un reciente ensayo, José Antonio Aguilar señala que hay una “regresión conceptual” en nuestra discusión política. Para Aguilar, es preocupante que ésta se afirme en palabras como “régimen” y “transición” y no en la que, para él, es la palabra importante: democracia. El problema –siguiendo con Aguilar– es que hablemos del réquiem de la “transición” o del cambio de “régimen”, pero no de la caída o la pérdida de nuestra “democracia”.
Esto tiene sus consecuencias y Aguilar es muy claro con su diagnóstico. Quienes “desplazamos” a la “democracia” en nuestros análisis, de forma inadvertida, hacemos eco del régimen autoritario que siguió a la Revolución, el cual cultiva la polisemia de la palabra “democracia” y la usa para redefinir las fuentes su legitimidad política. Visto así, quienes cuestionamos el régimen de la transición por no traer consigo justicia social o mayor inclusión caemos en un error: revivimos el “discurso avilacamachista” que trasladó el valor normativo de la democracia de los comicios para depositarlo en otros lados. En la polisemia yacería la coartada.
A diferencia de Aguilar, yo no creo que la “polisemia” de la palabra democracia sea una “seña de identidad ideológica del autoritarismo posrevolucionario”. Tampoco creo que sea síntoma de lo que él denomina “la restauración autoritaria”. Creo, en cambio, que la polisemia de la democracia, como la de cualquier otro concepto, no es algo que debamos —o podamos siquiera— resolver.
Es una discusión ya muy vieja. El significado de las palabras es, en lo fundamental, indeterminado. Es a partir de “reglas” que tenemos una noción, aunque sea mínima, de la relación entre significado y palabra. No es una relación inmanente ni las palabras ni su significado alcanzan nunca un “estado de completa exactitud”. A esto se refería el psicólogo alemán Gerd Gigerenzer cuando escribía que las palabras tienen “múltiples significados legítimos” y que nosotros sólo inferimos el significado adecuado a partir de la situación social en la que se usa una palabra. Aún así, ni las reglas ni nuestra capacidad para hacer inferencias nos bastan. Wittgenstein tenía razón: cuando se trata del uso de nuestras palabras, “nunca tenemos una visión clara”.
De la inherente ambigüedad del lenguaje, tenemos que ni las normas ni los conceptos poseen una esencia ontológica. Las normas no tienen un significado inequívoco o neutral; sino que su significado es siempre significado-en-uso. Así, normas y palabras son tanto prácticas como normativas. Volviendo a Gigerenzer: nuestras normas adquieren significado cuando se construyen y justifican en función de las situaciones concretas.
Es tentador pensar que la democracia —como palabra y norma— es manifestación de una objetividad más profunda. A fin de cuentas, pensar que la democracia tiene un significado único o normativamente superior —el liberal— es prueba del éxito que ha tenido la teoría liberal misma. No es casualidad que a menudo el esencialismo liberal con el que entendemos el significado de la democracia se vista en las ropas de la racionalidad: la pública à la Rawls o la plural-discursiva à la Habermas.
Pero esto es algo contingente. El liberal es uno de tantos significados legítimos de la democracia. El profesor Aguilar omite esto en su ensayo. El significado de una norma lo encontramos sólo en su realización y, al mismo tiempo, esto es contingente a su contexto. Dicho pronto, la democracia como norma se construye para su contexto, no se impone sobre él.
Nuestra democracia, la de la transición, fue producto de su tiempo. Quienes construyeron ese régimen lo hicieron pensando en los problemas puntuales que habrían de resolver. Este es el meollo del asunto. Frente a la indeterminación lingüística y la ambigüedad normativa, son los “debería” los que importan – the oughts are at issue, diría el filósofo Allan Gibbard. Así, el significado y valor de la democracia no deviene de lo transcendente, sino de su capacidad para enfrentar una situación específica o un problema particular.
En el caso mexicano, el diseño de nuestra democracia sirvió para navegar un mundo: el neoliberal. De ahí que muchas de sus características sirvieran a un propósito que no pensaríamos como “democrático”. Pienso por ejemplo en la creación de “contrapesos”, que antes de servir a un propósito “democratizador” servían a uno económico. Pienso también en el diseño de la —finada— Suprema Corte, pensada para proteger derechos de propiedad e inversión antes que libertades políticas y derechos individuales o colectivos.
Aquí conviene recuperar una descripción de Alan Knight sobre nuestra democratización: “contingente, condicional y partisana”.[1] Porque así fue. Más que encontrar validez en principios alejados de la cotidianeidad y el cambio —el “significado propiamente liberal”, diría Aguilar—, el régimen de la transición se compuso en una mezcla de “casualidad reactiva” e “intencionalidad proactiva”, como apunta Knight.
Todo orden, democrático o no, se sustenta en prácticas que luego se naturalizan como sentido común. Por ejemplo, para el liberal francés François Guizot, la democracia debía mantener la soberanía popular como fuente de legitimidad, pero negar o limitar su ejercicio directo. Por eso le importaba la jerarquía del mérito. El resultado, una democracia “correcta”, un gouvernement des esprits, democrático, pero sin sufragio universal, jerárquico, aunque capaz de universalizar entitlements, como el de la educación. No es que Guizot haya sido un hipócrita. Más bien, su significado de democracia intentaba resolver lo que él veía como los problemas de su tiempo.[2] Era un liberal y su pensamiento muestra que lo que podría entenderse como un “significado propiamente liberal” es en realidad una tradición internamente contradictoria.
En México, nuestra transición hizo algo análogo: balanceando participación popular con “frenos y contrapesos”. Presentar este orden como derivado de un “significado propiamente liberal” es olvidar que todo orden y sus normas son la articulación temporal de prácticas contingentes y no la “manifestación de una objetividad más profunda”. Mirar a la transición también es reconocer que aquello fue una entre otras posibilidades democráticas igualmente legítimas.
El significado y la validez de la democracia es situacional. El objetivo de nuestros análisis tiene que ser mucho más modesto: discutir a la democracia no en función de una supuesta naturaleza intrínseca, sino a partir de sus características contingentes, que reflejan tanto condiciones circunstanciales como actos de juicio. De ahí mi desacuerdo con el argumento del profesor Aguilar. Criticar al régimen democrático de la transición desde sus insuficiencias materiales es un ejercicio de juicio contextual, no la reproducción de una “coartada autoritaria”.
Lo que precedió a la transición no fue una democracia. En todo caso el régimen antidemocrático del PRI, el surgimiento de ese partido y lo que siguió después, fue la reacción a un intento democratizador del presidente Ávila Camacho. Es un argumento de Soledad Loaeza, quien explora el intento de reforma política de ese presidente que buscaba la transformación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, nuevas reglas para ordenar la formación de partidos políticos y la extinción del PRM como un partido corporativista. Sin embargo, como la profesora Loaeza demuestra, eso no pudo ser. El reformismo avilacamachista fracasó frente a la oposición de la CTM y el ala cardenista del partido. Visto así, el PRI y su régimen nacieron de una derrota presidencial, antes que de la imposición de una hegemonía.[3] Sabemos que el régimen del PRI no era democrático. Eso lo sabía el mismo Ávila Camacho, porque fue la derrota de su reformismo lo que lo precipitó.
La polisemia no es un problema ni la seña de una ideología autoritaria. La polisemia es inherente al lenguaje y cómo se hacen las normas mismas. Encontramos significado de las palabras y las normas en la práctica y lo mismo sucede con la democracia. Durante el régimen de la transición, los mexicanos aprendimos a sintonizarnos unos con otros sobre la noción de que la democracia es necesaria y sirve a un propósito. No es que coincidiéramos en un significado fijo y único de la palabra “democracia”. Más bien, fue en su práctica que reconocimos que, a pesar de ser divergentes, nuestros entendimientos estaban lo suficiente cercanos unos de otros. No cerramos la polisemia, pero sí internalizamos el campo normativo en la que ocurre. Esa práctica colectiva es la que nos hace ver que el régimen del PRI era antidemocrático y es esa misma la que nos dice que a nuestra democracia todavía le queda ruta.
La polisemia no es relativismo: es el reconocimiento pragmático de nuestras diferencias dentro de límites aceptables. Ese fue el triunfo normativo de la transición, que nos acostumbró a practicar la democracia porque delimitó sus fronteras. El voto libre, las elecciones justas y, ahora, el poder de las mayorías, se convirtieron en un piso común que permite la coexistencia de múltiples significados. No es la certeza transcendental ni el “significado propiamente liberal” lo que hace de una democracia una democracia. Es su ambigüedad contextual, el pluralismo desde el cual la practicamos y la noción, imperfecta e inexacta, de que vale la pena votar y seguir votando.
Al insistir en una certeza semántica, el profesor Aguilar cae en la coartada: clausura un campo normativo para decidir qué interpretaciones quedan fuera y cuáles dentro. En el contexto actual sí hay peligro y hay razón para alarmarse. Con nuestra clase política, los pactos de impunidad que la sostienen y el revanchismo sobrecalentado de algunos —incluidos varios presuntos herederos del cardenismo—, sí hay un peligro “autoritario”. Enfrentar ese peligro es un trabajo de prospección futura, antes que un ejercicio de memoria histórica.
Un primer paso para comenzar ese trabajo es evitar “esencializar” a la democracia. “Para triunfar hoy en la vida política es menester una buena memoria y ninguna imaginación: es decir, los jóvenes tienen pocas oportunidades, pues la juventud casi no tiene nada que recordar”, escribió Jorge Cuesta. Habrá que seguirlo, para probarlo equivocado.
Andrés Ruiz Ojeda
Gates Cambridge Scholar y estudiante de Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Cambridge
[1] Knight, Alan. “State, Society, and the Neoliberal Turn in Mexico, c. 1980–c. 2000.” En State and Nation Making in Latin America and Spain: The Neoliberal State and Beyond, ed. Centeno & Ferraro, 99–140. Cambridge: Cambridge University Press, 2023, 129; 134.
[2] Guizot presenció la muerte de su padre, condenado como enemigo de la revolución en 1794.
[3] Loaeza, Soledad. “La reforma política de Manuel Ávila Camacho.” Historia mexicana 63, no. 1 (2013): 326.