Después de que el gobierno de Donald Trump detuviera al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se produjo un giro discursivo que descolocó a observadores y analistas. Marine Le Pen, representante de la extrema derecha francesa, señaló que, si bien hay razones suficientes para cuestionar al régimen venezolano, nada justifica un cambio político impuesto desde el exterior: relativizar la soberanía abre la puerta a nuevas formas de dominación y a un horizonte de creciente inestabilidad global.
Esta postura contrastó con la del presidente argentino de derecha, Javier Milei, quien celebró la operación estadunidense como la caída de un dictador que manipuló las elecciones, valorándola como un desenlace positivo para Venezuela y la región. Opinión similar a la de otro representante de la derecha latinoamericana, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, quien expresó: “A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente».
En el debate público se ha vuelto habitual hablar de la “derecha” como si se tratara de un bloque homogéneo, idéntico en todos los países y contextos. Esa simplificación oscurece más de lo que aclara. Las derechas, como las izquierdas, se definen por un conjunto de principios generales, pero adoptan formas diversas según la manera en que esos principios se interpretan y articulan políticamente.
A grandes rasgos, mientras la izquierda ha construido su horizonte normativo en torno a la igualdad, la derecha pone el acento en la libertad y las condiciones que hacen posible su ejercicio. Sin embargo, la noción misma de libertad no es unívoca. Dependiendo de cómo se la conciba —como atributo individual inmediato o como resultado de un orden social previo, por ejemplo—, emergen proyectos políticos distintos, incluso contrapuestos.
Desde esta perspectiva, cierta derecha puede entender la libertad como una culminación ética que exige determinadas condiciones materiales, culturales y políticas para realizarse. Tales condiciones requieren de la acción del Estado para crear el marco que la haga viable. El problema central pasa a ser la pregunta por quién debe conducir ese Estado y en nombre de qué comunidad.
Para Le Pen, el Estado se identifica ante todo con una nación y con una patria. Esto implica una comunidad compuesta por personas originarias de un territorio, unidas por rasgos históricos, culturales y simbólicos compartidos. Además supone que el gobierno de ese territorio y la toma de decisiones fundamentales deben recaer sólo en quienes pertenecen a esa comunidad nacional. Cualquier desviación se percibe como una amenaza al orden legítimo del Estado y a la propia idea de libertad que ese orden pretende resguardar.
La diferencia decisiva reside en la manera en que se definen la libertad y la nación. En el caso de Le Pen, la libertad se concibe como un atributo reservado a los franceses, no extensible a migrantes. La nación se imagina como católica y moralmente ordenada, depositaria de una idea de decencia que delimita quién pertenece y quién queda fuera; pero el Estado se concibe como laico, razón por la cual se critica el islamismo político y se le distingue del islam como práctica individual. Incluso dentro del marco europeo, esta concepción afirma una soberanía cerrada: la pertenencia a Europa no implica aceptar la influencia política, cultural o normativa de otros países del continente: la nación se basta a sí misma.
Por ello es llamativo que actores de derecha que reivindican la patria, como Javier Milei o el Partido Acción Nacional (PAN), no adoptaran una postura semejante a la de Le Pen. En un comunicado institucional, el PAN condenó al régimen de Nicolás Maduro por la “cancelación de las libertades democráticas” y exigió liberar a los presos políticos, sin mencionar la vulneración del territorio venezolano. Tanto Milei como los panistas se adscriben a la derecha pero, aunque la usen en su discurso, la patria no ocupa en su horizonte el lugar central que sí tiene para Le Pen.
En el caso de Milei, el énfasis recae de manera casi exclusiva en la libertad económica (hacer patria, como dice, es básicamente defender el libre mercado). Frente a ella, ningún otro principio —ni político, ni democrático, ni republicano— parece situarse por encima, tampoco el orden internacional. Como recuerda Fernando Escalante[1], esta jerarquía fue formulada por Friedrich Hayek durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, cuando sostuvo que imponer medidas autoritarias puede resultar, en ciertos casos, más favorable a la libertad económica que una asamblea democrática. Así, para la derecha que encarna Milei, la caída de un régimen identificado con la izquierda puede verse como legítima incluso mediante la intervención arbitraria de otro Estado, siempre que ello se traduzca en la expansión de la libertad económica.
En el caso del PAN, la situación resulta más problemática, pues invoca la defensa de la libertad democrática al tiempo que relativiza principios básicos del orden liberal internacional. El mismo orden que, en teoría, estructura las relaciones entre los Estados mediante instituciones multilaterales, reglas relativamente estables y un discurso que privilegia los derechos individuales, el Estado de derecho y la cooperación entre países.
Así como es contradictorio exaltar la patria sin objetar la vulneración de la soberanía de otro Estado, también lo es exaltar la democracia sin condenar la ruptura de los límites institucionales que hacen posible la convivencia entre países tan diversos en términos políticos, culturales e históricos. El panismo invoca la libertad como principio normativo, pero prescinde de los marcos institucionales que le otorgan viabilidad en el plano internacional.
Un elemento que hoy suele asociarse con las derechas es la cruzada contra lo woke, la cual también se articula en nombre de la libertad. En un primer momento, dicho término aludió a un conjunto de sensibilidades, discursos y prácticas orientadas a visibilizar y denunciar discriminaciones históricas y estructurales —raciales, de género, sexuales o culturales—, con especial atención al lenguaje, los símbolos y las representaciones como ámbitos donde operan relaciones de poder. Sin embargo, el concepto se resignificó por sus detractores para designar un moralismo identitario percibido como rígido y punitivo. Bajo esta perspectiva, lo woke tiende a reducir conflictos políticos complejos a juicios morales simplificados y a promover prácticas de castigo social que restringen el debate público y erosionan la pluralidad. Se lo interpreta como una imposición que prescribe qué puede decirse, qué debe enseñarse en las aulas, qué contenidos culturales son aceptables y cómo debe conducirse la vida cotidiana.
Aquí vuelve a aparecer el desacuerdo de fondo en torno a la libertad. Para estas derechas, la libertad de expresión y la libertad de diferir se sitúan por encima de las condiciones estructurales que hacen que unas personas sean, en los hechos, menos libres que otras. Y esa jerarquización se formula señalando las actitudes — ciertamente existentes— de censura que algunos sectores realizan mientras ponen de relieve dichas condiciones de desigualdad. En la cruzada woke hay menos divergencia en las derechas que con el papel del Estado: se considera que se debe enfrentar esa tendencia global (lo woke) que, en nombre de la corrección moral o del reconocimiento de ciertas identidades, restringe la libertad de unos para garantizar la protección de otros.
Esto ha provocado que algunos intenten distinguir a las derechas de las izquierdas mediante la oposición entre conservadurismo y progresismo. Sin embargo, esta clasificación suele introducir nuevas confusiones[2]. Como advirtió Tiziano Bonazzi[3], el progresismo y el conservadurismo no se definen por su adscripción automática a la derecha o a la izquierda, sino por la posición que se adopta frente al cambio, la tradición y los derechos.
Visto así las izquierdas pueden asumir posturas conservadoras cuando quieren preservar tradiciones milenarias, proteger determinados modos de vida comunitarios o la conservación de hábitats naturales (y esto no necesariamente se percibe como algo negativo). Del mismo modo, las derechas pueden adoptar posiciones progresistas al impulsar proyectos de modernización, desarrollo industrial o libre comercio entre países. Incluso ocurre que sectores de izquierda se inclinan por la estabilidad y el orden, reivindicando marcos heredados —como el liberalismo decimonónico— para sostener principios que no deben alterarse, como la no intervención, tal como sucede con ciertos actores políticos en México que se autodefinen de izquierda.
Podría objetarse que lo que distingue un progresismo de izquierda de uno de derecha es la ampliación de derechos y la corrección de desigualdades. Pero tampoco este criterio resuelve el problema. A finales del siglo XIX y principios del Siglo XX, por ejemplo, movimientos feministas apoyaron la prohibición del alcohol en Estados Unidos con el objetivo de clausurar los saloon –espacios que fomentaban una masculinidad asociada a la violencia doméstica. Sus principales aliados fueron grupos moralistas que no compartían el horizonte emancipador del feminismo, pero coincidían en la necesidad de prohibir el alcohol. El resultado fue la prohibición durante varios años: se redujo el consumo y desaparecieron los saloon, pero no se corrigió la violencia doméstica. En cambio, se generaron nuevas formas de violencia contra las mujeres y se fortalecieron redes y actores que podríamos llamar conservadores.
Todo ello sugiere que ni el progresismo ni el conservadurismo funcionan como etiquetas estables para delimitar derechas e izquierdas. Ambas corrientes pueden adoptar, según el contexto, actitudes progresistas o conservadoras. Algo similar ocurre en el plano internacional. Quienes respaldan las acciones de Estados Unidos en Venezuela pueden presentarse como progresistas al afirmar que colocan los derechos humanos en el centro y buscan impulsar el cambio, aunque implique alterar el orden internacional existente. A la inversa, quienes defienden ese orden pueden ser calificados de conservadores, incluso cuando también apelen a los derechos humanos, bajo el argumento de que sólo pueden garantizarse si la libertad tiene ciertas condiciones institucionales previas. Condiciones que sólo puede atender un Estado que responda a una nación y a una patria específicas; circunstancia que sólo puede ocurrir con un orden internacional liberal.
En el caso mexicano parece claro que, al igual que muchas derechas a escala global, se busca asumir una posición antiwoke. Lo que resulta menos evidente es cuáles otros rasgos que hoy caracterizan a esas derechas están dispuestas a abrazar de manera consecuente. De entrada, sería deseable que aclaren si apoyarían una eventual intervención de Estados Unidos en México, tal y como celebraron la intervención en Venezuela, y qué es lo que esperan obtener de ello. La experiencia venezolana ofrece una advertencia elocuente: una parte de su derecha apostó por esa vía y terminó encontrándose con que el gigante del norte, al menos por ahora, no fue un progresista ni un impulsor del cambio, sino conservador del orden existente. Eso sí, en nombre de la libertad.
Hugo Garciamarín
Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y director de la Revista Presente
[1]Cfr. Fernando Escalante, Historia mínima del neoliberalismo, México, D.F: El Colegio de México, 2016, p. 109.
[2] Octavio Rodríguez Araujo, Derechas y ultraderechas en el mundo, México D.F: Siglo XXI editores, 2004, pp. 13-22.
[3] Tiziano Bonnazi, “Conservadurismo” (pp. 318-323), en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino (coord.), Diccionario de Política, Tomo I, México, D.F: Siglo XXI editores, 2015.