En Jalisco no hay oficialmente una guerra, ni se tiene una dictadura en fase represiva, pero es quizás uno de los lugares del mundo donde más desapariciones han quedado sin resolver en fecha reciente. En sólo 6 años desaparecieron y permanecen sin localizar 9,086 personas, según datos oficiales: 126 por mes, 4.2 cada día, en promedio. Sin embargo, en noviembre y diciembre de 2024, mientras se despedía el gobernador Enrique Alfaro y arrancaba el nuevo gobierno de Pablo Lemus, ambos de filiación emecista, las denuncias se desplomaron. En promedio, sólo 71 personas desaparecieron y no se localizaron durante esos dos meses. Un número que sigue siendo alto, desde luego, pero que no se registró ni siquiera en los meses respectivos de 2020 (de confinamiento durante la pandemia) que fue 97, y signficativamente inferior al promedios de ambos meses de 2023 (114), 2022 (115) y 2021 (105).
¿Qué significa esta caída hacia el final del gobierno de Enrique Alfaro, que comenzó con mucha firmeza y transparencia, y acabó negando que hubiera una crisis? ¿Cómo explicar este desplome con el que cierra 2024 que, si bien mostró una tendencia a la baja respecto a los anteriores, supera cualquier expectativa?, ¿cómo interpretar estos datos a la luz del inicio de una nueva administración federal que parece abandonar la política de “abrazos, no balazos” de su antecesor y del gobierno de Pablo Lemus que, al contrario de Alfaro, reconoce que, en efecto, se trata de un grave problema? Quizás todavía es demasiado pronto para plantearse estas preguntas, no digamos responderlas, pero el ejercicio tiene interés para el debate público.
Creemos que la principal pregunta sólo admite, en esencia, dos posibles respuestas: o se trata de una nueva y más refinada manipulación de cifras, como se hizo costumbre durante el gobierno alfarista, o algo ocurrió en la dinámica criminógena responsable de buena parte de la crisis que hoy se vive en la entidad.
Primera hipótesis: Un metaverso más sofisticado.
Escribimos hace unos meses aquí que en Jalisco se había creado una realidad ficticia sobre personas desaparecidas, en las que las leyes de la aritmética y del sentido común no se aplicaban, a fuerza de manipular las cifras. El inventario de trucos de los que se valieron para no reconocer todas las desapariciones ocurridas durante estos años fue extenso y variado, y no tiene caso recordarlo aquí. La hipótesis diría que los datos mostrados arriba son resultado de una manipulación más sistemática: no informar todos los casos ocurridos entre noviembre y diciembre; intensificar el control burocrático sobre el terreno para que ni siquiera se denuncien los nuevos casos; e incrementar el número de personas que localizan y no informan, como vienen haciéndolo desde 2022.
Hay indicios que las tres alteraciones podría estar ocurriendo: en diciembre, desaparecieron 138 personas, pero se reportaron 70 más. Una parte de ellas se explica porque es imposible reportar de inmediato las desapariciones que ocurren al final de cada mes, pero 70 casos parecen demasiados y sugieren retención de registros. Ahora bien, sabemos por varios informes que a nivel de calle se centralizan las alertas de nuevos casos y hay instrucciones de no dar por válida cualquier denuncia, entre otras acciones orientadas a dificultar el registro. Hay que decir, por último, que es llamativo que la caída histórica en las desapariciones coincida con una caída insólita de personas localizadas: noviembre y diciembre también batieron el récord de menos personas localizadas en seis años, con 164 y 194, respectivamente. No reportar todas las denuncias que ocurren provoca que la incidencia disminuya artificialmente.
Segunda hipótesis: ¿Un nuevo arreglo?
Sin embargo, pensemos por un momento que los números más recientes no mienten o no más de lo que ha sido rutina durante estos años, ¿cómo se explica su caída?
En México, apenas se han comenzado a estudiar las desapariciones en sentido amplio. No se sabe bien todavía cómo se componen, se originan y cambian a lo largo del tiempo. Aunque a partir del gobierno de Calderón comenzó a llevarse un registro, fue hasta el final de la presidencia de Peña Nieto y los primeros años del sexenio pasado que se crearon normas, instituciones y procedimientos para llevar un conteo más cuidadoso. Un efecto quizás no esperado de esta respuesta institucional, surgida para atender la crisis de personas desaparecidas provocada por la violencia, fue descubrir todo un problema público que había sido descuidado: las personas que desaparecen por accidentes, por enfermedades neurológicas, para escapar de violencias familiares, por complicaciones psicosociales de la adolescencia o, aun, por cálculos oportunistas, entre otras razones. No se tiene información suficiente sobre estas formas de desaparición y la tendencia de los gobiernos de tratarkas como ausencias voluntarias sólo ha enrarecido su comprensión.
En el caso de Jalisco, si bien no tenemos el panorama completo de cómo se comporta el universo heterogéneo de las desapariciones, sí hemos identificado un generador constante y considerable de casos de personas desaparecidas: una amplia coalición de criminales y servidores públicos –sobre todo policías– que, en casi todos los rincones de Jalisco, pero sobre todo en su zona metropolitana, opera grupos armados movilizados para hacer privaciones violentas de la libertad, irrumpiendo por lo general en la vivienda de las víctimas. Un caso ocurrido en julio de 2024 ilustra su modo de operar:
A las 14:15 hrs refiere la reportante que se encontraba con su familiar en su negocio, localizado en el municipio de Zapopan, cuando una camioneta arribó al lugar y descendieron cuatro hombres armados (uno con un chaleco táctico con la leyenda “DELTA”). A su familiar le pusieron un arma corta sobre la cabeza y le ordenaron hincarse. Lo esposaron y se lo llevaron en el vehículo con rumbo incierto. Desde ese momento desconoce su paradero.
De 8,000 denuncias de personas desaparecidas que han tenido cédulas de búsqueda –que es apenas la cuarta parte del total de casos registrados en Jalisco– logramos identificar al menos 600 donde hubo intervención directa de estos grupos, según el análisis que realizamos de todas ellas1.
Ahora bien, lo llamativo es que su actividad cesó de manera abrupta a partir de septiembre de 2024: de 19 eventos de ese tipo que se reportaron en agosto de ese año, se pasó a dos en septiembre, dos en octubre y ninguno en noviembre y diciembre. Entonces, una de las causas de la caída en las denuncias de personas desaparecidas ocurridas a final del año pasado, si el descenso es real, se debe al cese de actividad de estos escuadrones de desapariciones.
Es importante, desde luego, preguntarse por qué dejaron de operar. A finales de octubre, se detuvo en Guadalajara a Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1” o “Máximo”, un integrante de la cúpula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto líder de los Deltas, un brazo armado de esta organización, “extremadamente violento”, según el semanario Zeta y responsable, entre otras tareas, de operar privaciones de la libertad en la capital de Jalisco. La detención del Delta 1 no puede ser literalmente la causa del descenso que analizamos porque ocurrió de manera tardía, pero es dificíl no ver una relación, en especial cuando ocurrió sin sobresaltos y sin una reacción violenta del CJNG.
Lo que no parece dejar lugar a dudas es que la caída en los casos de desapariciones es completamente deliberado. Como señalamos en otra ocasión, el CJNG ha mostrado una capacidad de sobreponerse muy rápido a los golpes propinados por las autoridades. Si así lo hubiera decidido, la afectación que supuso detener al “Delta 1” se habría resuelto pronto y las privaciones de la libertad estarían ocurriendo de nuevo a tope, pero esto no pasa.
Pablo Lemus parece iniciar su mandato con una menor presión que su antecesor por la crisis de personas desaparecidas. Si se trata de una tregua, un nuevo arreglo o sólo un reacomodo de fuerzas al interior del CJNG, lo sabremos pronto. Por ahora, bienvenido el respiro en una crisis que estamos todavía muy lejos de entender y, sobre todo, de resolver.
Jorge Ramírez Plascencia
Profesor-Investigador de la Universidad de Guadalajara e integrante del Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara.
Lauro Rodríguez
Periodista en El Diario NTR Guadalajara y El Suspicaz
1 Esta información proviene de la base de datos que administra la Comisión de Búsqueda de Jalisco, obtenida de su sitio web mediante extracción automatizada (web scrapping).