Diez tesis sobre la reforma político electoral

En México la paradoja central del año que cerramos es que los ciudadanos que rechazan la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador perpetúan el presidencialismo y los que la apoyan estarían desmontándolo. De esas aporías está plagada la historia política. Más allá de estas consideraciones, sin embargo, la propuesta de López Obrador está generando un momento irrepetible en la vida pública nacional. Lo que es más: esto es para bien. Así pueden ser las dichosas polarizaciones en ambientes republicanos: fructíferas. Se toma nota de lo que se tiene y se decide permanecer o cambiar. Nada del otro mundo. Otra bondad del momento es que exhibe la alineación de defensores y oponentes de la reforma. ¿Qué importa que la sociedad civil no sea sinónimo de transparencia y democracia; que importa la confusión grotesca entre acarreo y logística?  Los rostros de la política (y de la historia) siempre están sucios, lagañosos, chorreados. Y la libertad es un arma caliente y agua de uso: siempre es para hoy mismo.

A mi juicio la reforma tiene implicaciones en al menos tres planos: en la experiencia política mediata, en la manera en que razonamos en público la política y, last but not least, en los referentes doctrinales, que debemos hacer explícitos para airear nuestra cultura del ágora, intoxicada por el mito de lo “práctico”. Estas son mis tesis sobre una propuesta y una reacción que parecieran no tener tesis. Me justifico con el sambenito de que es deseable la sistematización para trascender, en la medida de lo posible, el método paranoico-crítico que nos atenaza.

1. Se presenta una oportunidad inédita de migrar el régimen político a la representación proporcional, un primer paso hacia la república parlamentaria. Esta no es una panacea, claro está, pero empezaría a resolver asuntos que hoy obsesionan a los mismos opositores de la reforma: la concentración de poder en el presidente, la posible subrepresentación de las oposiciones en el congreso, la necesidad de leyes y políticas de consenso, etcétera. Ningún poder público querrá o podrá reformar el presidencialismo si no se transforma antes la dinámica íntima de la representación política.

2. Es sorprendente y descorazonador el silencio de los adversarios de la reforma al respecto. Tal omisión tiene varias explicaciones, creo yo. Una primera podría ser una cuestión táctica de los opositores; ojalá, pero lo dudo. Hoy por hoy, para los opositores, la democracia procedimental es todo y la sustancial, nada. Mientras tanto, se atrincheran en las instalaciones del árbitro, a la espera de mejores tiempos para diseñar otro régimen político. La mala noticia es que llevamos casi medio siglo en lo procedimental, un periodo que empata con el otro ídolo que cargamos sobre los hombros: la transición. Como esa ideología del nation building (que los estadounidenses ensayaron con tanto éxito en Afganistán e Irak), palomear incisos como si de una licencia de manejo se tratara es engañosamente sencillo, y acabaremos tan frustrados como la liebre de Zenón.  

3. La defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) realmente-existente tiene un componente emocional notable, en especial entre mexicanos y mexicanas nacidas antes de 1990. El INE (antes IFE) ha sido actor y referente de las alternancias partidarias en la presidencia de la república y en las sucesivas composiciones del congreso, incluso si quitamos (y cada uno sabrá) la elección de 2006. Hay un elemento más: el INE proporciona el elemento identificador e identitario más importante de la vida pública y legal mexicana, esto es, la credencial de elector. Esta es fuente y garantía en toda la operación del ciudadano común. Con los inconvenientes de radicar esa responsabilidad en un organismo autónomo especializado, el gobierno del López Obrador debe entender que la gestión del documento de ciudadanía puede permanecer en manos de la autoridad electoral. Es un límite objetivo y transitable de la reforma.

4. En términos prácticos, al INE toca decir quién ganó la presidencia y quién ganó en cada uno de los trescientos distritos electorales del país; en otras palabras, le corresponde validar las mayorías uninominales, esto es, las mayorías simples en cada distrito del país (el que tiene un voto más que el otro gana). Pareciera que la atribución de diputados por representación proporcional, desde su instauración en 1979, no ha desatado las mismas pasiones, aunque se han dado casos. Un ciudadano que haya pasado por un comité distrital (como observador, funcionario, representante de partido, periodista) sabe de esa intensidad seca, áspera, de esa animosidad vergonzante que se respira antes, durante y después de la jornada electoral en un distrito. Por más que las tareas de un comité distrital estén protocolizadas (como en una misa), el ambiente es ligeramente turbio.

5. Discutir al árbitro, pero no el alma y el sentido de la representación política, es una omisión peligrosa, una miopía. Díganse las cosas como son: la iniciativa presidencial propone, por vez primera en la historia de México (como iniciativa del Ejecutivo), una representación fundada exclusivamente en la proporcionalidad del voto para elegir diputados federales. (No es, en este caso, una representación proporcional única, sino 32 representaciones proporcionales, una por cada estado y la Ciudad de México.) Tómese como axioma: la representación proporcional aspira a encontrar una sola voluntad nacional en la ciudadanía política; al mismo tiempo, expresa de manera más precisa las preferencias de esa ciudadanía; asume un todo, pero reconoce sus partes.

6. Un INE sin distritos es otro INE, necesariamente. Debemos pensar seriamente las implicaciones de suprimir los trescientos distritos electorales en el país, tal como propone la iniciativa del Ejecutivo. Una vez asentados en los terrenos de la proporcionalidad ¿se modifica la naturaleza del INE y del proceso electoral sobre el terreno? Digo que sí; pero es más importante que los opositores a la reforma aclararen si defienden al INE, lo cual está bien, o se oponen a rajatabla a la proporcionalidad como matriz única de la representación política. Esa posición, a mi juicio, sería profundamente antidemocrática y anacrónica. Las dinámicas políticas distritales son oscuras. Las listas por estado refuerzan el papel de los partidos como responsables ante la ciudadanía; un candidato poco recomendable en la lista perjudica a toda la lista; un candidato poco recomendable en un distrito lo perjudica a él o ella en principio. Prefiero direcciones de partido, sobre todo a nivel de las entidades, que paguen los costos de sus buenas o malas listas, que distritos autónomos donde los intereses y el dinero inconfesable predomina. Que cada uno decida qué prefiere.

7. En entregas anteriores para nexos he dicho dos cosas: que López Obrador exhibe tics parlamentarios (aunque usted no lo crea) y que existe una aspiración social y políticamente amplia, pero invertebrada, por una representación política definida en términos programáticos e ideológicos. La conferencia mañanera es una forma limitada, acartonada, incluso espuria, de dar la cara. Pero el presidente da la cara, cinco veces a la semana. Nadie lo ha hecho antes. Es un fenómeno único en la política contemporánea, en cualquier país. Si la oposición no repara en esa innovación, no ha entendido nada. Piensan, uno supone, que sería mejor que  el presidente (este, otro, un jefe de gobierno) lo hiciera ante la representación legislativa, de pérdida una vez al mes, en las llamadas (en la jerigonza parlamentaria) sesiones de control. El éxito mediático de las conferencias mañaneras, que afectan profundamente el periodismo político tal como lo hemos conocido en México, no se explica únicamente por el instinto del presidente: se explica por la necesidad de la ciudadanía de saber, de formar opinión. Paradojas de la oposición mexicana: dicen detestar el presidencialismo y hacen poco, y a veces lo contrario a lo requerido, para desmontarlo. En realidad esperan un presidente que no sea presidencialista. 

8. Habitamos una república federal. Esa enunciación, claro está, nunca ha resuelto todo. No soy jurista, ni de lejos, pero esto es lo que pienso: los derechos de los estados a legislar sobre su régimen interior no pueden sobrepasar los derechos de los ciudadanos definidos esencialmente en la Constitución general. No estoy de acuerdo en que el ejercicio de la ciudadanía política o su protección estén mediados o ajusticiados por órganos y tribunales electorales locales. El voto activo y pasivo, en su definición básica y en sus alcances, es siempre (a mi juicio) el tema fundante de la república. Si se caen las analogías, estamos frente a un caso similar al amparo: es la justicia federal la que protege los derechos del ciudadano, sobre y a pesar de jueces y tribunales locales. Y a menos que se quiera reproducir el argumento de los confederados en la Guerra Civil de Estados Unidos (los derechos de los estados preceden a los de la Unión), la definición de ciudadanía política y los procedimientos que la sustancian están en la Constitución general. Se entiende: si ninguna constitución local puede definir la ciudadanía política de manera esencialmente divergente a la consignada en la Carta Magna, tampoco podría definir de manera distinta el ejercicio de derechos y prerrogativas políticas de esos ciudadanos: ¿por qué, para qué?  En Estados Unidos un juez de Alabama o Florida puede decidir el derecho al voto de un ciudadano estadounidense, sobre todo si es afroamericano o mexicano. Acá, en principio, eso es imposible. Que digan los constitucionalistas si esto no deja devastado un sistema de justicia electoral que se reproduce en 31 estados y la ciudad de México.

9. De hecho, un INE que organiza elecciones municipales, estatales y federales está en la ley, in pectore. La Ley de Instituciones Electorales se enruta por ahí, en el título quinto (“De las atribuciones especiales del Instituto Nacional Electoral”), que define las facultades de atracción y asunción del INE. En otras palabras, el INE está facultado para imponerse a los órganos locales si las circunstancias lo ameritan. Tales facultades son inteligibles sólo si el INE es preeminente sobre los órganos locales; esto es, si los derechos políticos definidos en la Constitución prevalecen sobre cualquier ajuste, matiz o contradicción planteadas desde el ámbito local.

10. Las listas por estado —el corazón de la iniciativa del Ejecutivo— no resuelven todo (en realidad tal vez resuelvan poco, al menos en el corto plazo) pero abren el camino a plantar otras preguntas. Si de verdad todo lo real es racional y todo lo racional es real, por algo estamos hablando de esto. Nos acercamos (en el pensamiento) a una realidad en la cual el voto y la representación se mimetizan. Claramente sería otra etapa en la historia política de la nación y un reto inédito para los partidos políticos, cuya oposición estridente a la reforma es sintomática. El dilema del voto útil, al menos para las y los diputados, llegaría entonces a desaparecer; la subrepresentación implícita en el voto que vale cero porque perdió mi candidato, también. Sería un paso esencial en la conformación no sólo de una representación política sino de una voluntad política clara y legible. Sería, sobre todo, un primer paso fundacional para desarmar el régimen presidencialista —quien lo dijera— y encaminarnos a la república parlamentaria. Un primer paso, sí, discreto y acotado.

Ariel Rodríguez Kuri
Profesor en El Colegio de México