La grandeza y la fe de la nación mexicana es incalculable. En este noble territorio que esconde sus complejos bajo el peso de cualquier material o producto consumible, el afán por tener el récord Guinness en romper récord Guinness es cosa seria. Kilómetros de rosca de reyes, nacimientos navideños tamaño natural y estatuas religiosas colosales son sólo una muestra de que, en México, si algo no es gigantesco, no merece ser recordado ni venerado.
El íntimo decoro al que aludía López Velarde ha sido arrasado por la obsesión de la grandilocuencia nacional, pues aquí la devoción se mide en metros de altura, la identidad en toneladas concreto y el orgullo en la magnitud de cualquier cosa que pueda ser inaugurada con cuetes y bendecida con chorros de agua por el obispo en turno.
Sería ingenuo pensar que, en un país machista, la obsesión por lo inmenso no fuera una proyección simbólica de su propia inseguridad. Aquí, el tamaño sí importa, y el pasatiempo favorito no es otro que hacer rankings y concursos de mediciones.
Por eso el catolicismo encuentra terreno fértil para su magnanimidad histórica, porque cuando la fe se predica desde la arrogancia ornamental y la hipocresía, las mujeres aún deben luchar por su derecho al aborto y los escándalos de pederastia pasan desapercibidos. Basta recordar que al día de hoy, en pleno marzo del 2025, todavía hay doce entidades federativas donde las mujeres enfrentan restricciones legales para interrumpir voluntariamente su embarazo; o bien el caso del fundador de los Legionarios de Cristo, quien por décadas abusó de menores con la complicidad de la jerarquía eclesiástica, mientras su congregación amasaba fortunas y expandía su influencia en las élites mexicanas.
En esta tierra de creencias inquebrantables, mientras las mentiras se permiten sin pudor, los derechos y libertades avanzan a cuentagotas, siempre sujetos a la aprobación de una moral que se impone desde el púlpito y se traduce en estructuras jurídicas que favorecen la tradición sobre la autonomía individual y la obediencia sobre la justicia.
No por nada el nuevo partido hegemónico (cuyo nombre refiere a la mayor deidad guadalupana), sostiene un discurso moralino combinado con prácticas clientelares: el mejor combustible para perpetuar su dominio. Es más sencillo creer en Santa Claus que ser morenista y asumirse de izquierda.
El problema es que, sin importar quién mande, la religión sigue dictando el ritmo de las decisiones culturales y condenando a muchos a aceptar problemas que no deberían tolerar, mientras mesías de carne y hueso se entronizan en el altar del poder.
En tal sentido, llama la atención cómo, en días recientes, un juzgador federal suspendió la exposición denominada “La Venida del Señor” del artista Fabián Cháirez, organizada en el Museo San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México, tras conceder una suspensión provisional a partir de un amparo promovido por siete ciudadanos católicos, que argumentaron que la muestra conformada por unos cuantos oleos vulneraba su derecho a la libertad religiosa, al considerar que contenía imágenes de símbolos religiosos combinados con erotismo y sexualidad, lo que, según su criterio, constituía una ofensa a sus creencias y un atentado contra su fe.
El caso resulta tan revelador como alarmante, ya que demuestra hasta qué punto ciertos sectores de la sociedad mexicana están dispuestos a instrumentalizar la ley para silenciar expresiones artísticas que no se ajustan a su visión del mundo.
En democracia, la coexistencia de diversas creencias y manifestaciones culturales es un principio fundamental, pero la decisión del juez sugiere que la sensibilidad religiosa de algunos pesa más que la libertad de expresión y la autonomía de las instituciones culturales. En este sentido, la suspensión sienta un peligroso precedente que afirma que la moral de unos pocos puede imponerse sobre el derecho de muchos.
Lo que subyace en este tipo de resoluciones es la concepción de que la religión predominante en un determinado contexto merece una protección jurídica diferenciada, obviando la imparcialidad y negando las minorías.
Al argumentar que la exposición constituye una afrenta a la fe de los afectados, se olvida que nuestro modelo de Estado no tiene la obligación de garantizar que alguna creencia particular permanezca libre de cuestionamientos o interpretaciones artísticas. Si el derecho a no sentirse ofendido se convirtiera en criterio jurídico, cualquier forma de crítica a una doctrina religiosa estaría potencialmente en riesgo de ser censurada.
Más allá del fallo judicial, lo que resulta inquietante es la estrategia de victimización utilizada por los grupos religiosos para encuadrarse como los agraviados en una sociedad que, en la práctica, sigue privilegiando sus símbolos y dogmas.
A pesar de que la constitución postula la laicidad del Estado mexicano, la presencia de la religión en la esfera pública sigue siendo descomunal: desde el lenguaje gubernamental con alusiones constantes a la fe, hasta la financiación de festividades y la inclusión de iconografía católica en oficinas gubernamentales. Sin embargo, basta con que una obra de arte cuestione estos privilegios para que los guardianes de la fe clamen persecución.
El argumento del juez, basado en la protección de la libertad religiosa, es particularmente problemático porque ignora que el derecho a la libertad de culto no es sinónimo de inmunidad ante el debate público. La religión, como cualquier otra construcción social, debe estar sujeta al escrutinio y al diálogo con el arte, la historia y la cultura. Suponer que la fe de una persona se ve vulnerada por la existencia de una exposición es concederle a la creencia religiosa un poder absoluto sobre el espacio cultural. Si la fe de un individuo sólo puede sostenerse mediante la prohibición de toda manifestación que la cuestione, quizás el problema no sea la exposición, sino la fragilidad de sus convicciones.
Cabe preguntarse entonces si la censura de “La Venida del Señor” responde realmente a una convicción jurídica o si, en el fondo, no se trata más bien de un acto de deferencia hacia sectores que históricamente han sabido ejercer presión sobre el poder. En un país donde la influencia del catolicismo sigue determinando leyes y políticas públicas, no es descabellado pensar que la suspensión es más un acto de conveniencia política que una decisión basada en el Derecho.
Lo que este episodio nos deja es una paradoja irónica: mientras se erigen gigantescas figuras religiosas en plazas y cerros con financiamiento indirecto del Estado, una pequeña sala de museo se convierte en el epicentro de una supuesta afrenta a la fe. La desproporción es evidente y expone el doble estándar con el que se invoca la neutralidad del Estado. En lugar de garantizar un espacio de pluralidad, la decisión del juez refuerza la idea de que la moral religiosa sigue dictando los límites de la cultura en México.
En última instancia, la censura de esta exposición es un síntoma de un problema más grande: la dificultad de la sociedad mexicana para reconciliarse con la crítica y la diversidad de pensamiento. La fe no debería ser un pretexto para limitar el arte ni para dictar las condiciones del debate público. Si algo debería escandalizarnos no es la existencia de una muestra que interpela a la religión desde la creatividad, sino la complacencia con la que el Estado sigue permitiendo que la fe marque el rumbo de las libertades civiles. El verdadero desafío no es decidir qué arte es ofensivo o qué símbolos merecen respeto, sino cómo construir un país en el que la grandeza dependa de nuestra capacidad de convivir con la diferencia.
Juan Jesús Garza Onofre
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en El Colegio de México y el ITAM