Las celebraciones alrededor de los 200 años de la consumación de la Independencia coinciden con un entorno político sumamente polarizado. El diálogo en torno al significado de los acontecimientos históricos del pasado, así como la discusión de las alternativas que definirán nuestro futuro, está relegado al segundo plano. Al mismo tiempo, los dogmatismos han abierto un abismo entre los partidarios del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus opositores. Se repiten, una y otra vez, interpretaciones acríticas de nuestra historia que, más que servir para replantearnos la realidad, reafirman prejuicios y explicaciones simplistas.
A pesar de sus diferencias, ambos lados comparten su menosprecio por el siglo XX mexicano: pareciese que, entre la salida de Cárdenas del poder (en 1940) y la transición democrática del año 2000, no ocurrió nada digno de ser recordado. Esta brecha en la memoria de políticos, opinólogos y comentócratas, si bien es redituable en el campo electoral, dificulta la comprensión de nuestro presente.
Desconocer la existencia de una tradición revolucionaria, que guió y orientó la acción pública durante la mayor parte del siglo, vuelve inexplicable el proyecto de Morena y el resurgimiento del populismo mexicano. El sentido común que dotaba de lógica al sistema político surgido en la década de 1920, además de ordenar y encauzar el conflicto social dentro de las instituciones del Partido, albergaba una serie de valores y expectativas que se expresaban a través de un lenguaje compartido. En otras palabras, consituía en sí mismo una forma de ver la vida y de entender las relaciones entre los individuos y el Estado.1 Suponer que el lenguaje económico de la democratización, fundado sobre los principios científicos de la razón, la eficiencia o la utilidad, es la única forma posible de comunicación, parte de un profundo desconocimiento de nuestra cultura política.
Ilustración: Víctor Solís
Las raíces del nuevo populismo
El obradorismo, como forma de hacer política, encuentra un eco en los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo (1970-1982), momento más radical del nacionalismo revolucionario. Durante estos años, el bienestar y la justicia social ocupaban un lugar central en el discurso oficial y a partir de ellos se justificaban los planes de gobierno o las obras de infraestructura.
Echeverría, quien siempre trató de presentarse ante el público como un reformador, se jactaba de haber visitado todas las regiones del país (incluyendo las localidades más alejadas) en sus giras semanales por los estados. Desde el inicio de su administración, también, se caracterizó por su relación conflictiva con las burocracias, a las que acusaba de haber obstaculizado la transformación revolucionaria y la distribución de los bienes y servicios públicos entre las clases más vulnerables. A ello se sumaba su crítica a las formas rígidas de argumentación que utilizaron sus antecesores para justificar sus iniciativas. Los sentimientos, defiende en su Ideario político, deben formar parte de la toma de decisiones: “Sí, pensar con el corazón; sí, sentir con la cabeza, eso integra al ser humano”.2
En consonancia con lo anterior, siempre argumentó que el desarrollo, al ser un proceso cualitativo, no podía (ni debía) medirse en la escala del PIB. Reconocía que, muchas veces, el crecimiento económico solía ir acompañado del retroceso: “Un crecimiento cuyos beneficios se concentraran en pequeños grupos o regiones, una restauración virtual de antiguas pseudoaristocracias, un gigantismo urbano originado en la miseria rural, no sería sino apariencia de desarrollo”.3
A diferencia de lo que la derecha denunciaba en su momento, Echeverría no atacaba a todos los empresarios por igual. Diferenciaba entre aquellos que se sumaban a la misión renovadora del gobierno, y aquellos que anteponían sus intereses personales a las necesidades de la nación —a quienes llamó “vendepatrias”. Siempre acusó de conservadores a sus contrincantes, a pesar de que, estrictamente hablando, ellos eran los que impulsaban un cambio radical. Esto cobra sentido si pensamos, como Echeverría y sus coetáneos, en la Revolución como un movimiento progresivo. Ve en los intentos de las élites nacionales e internacionales por recuperar su control sobre la toma de decisiones y su predominancia sobre la sociedad una fuerza de la reacción. Los ataques desde las clases privilegiadas son intentos por restaurar el régimen prerrevolucionario, por más que pretendan ser un camino hacia la modernidad. Las conquistas alcanzadas por los sectores obreros, campesinos y populares aún son reversibles y pueden perderse a manos de los grandes terratenientes por medio de un proceso de contrarrevolución.
La ruptura y la Renovación Nacional
La crisis de la deuda de 1982 y la nacionalización bancaria marcaron el fin de una era y el fracaso del proyecto estatista. Los cambios demográficos que había experimentado el país, la ruptura que se materializó en octubre de 1968, la aparición de un sector empresarial bien organizado alrededor del CCE y del PAN y, por supuesto, el agotamiento de los recursos necesarios para continuar financiando el desarrollo, volvieron imposible la continuidad del modelo revolucionario.
Propongo entender 1982 como uno de los eventos más importantes de nuestra historia política reciente. La crisis de racionalidad al interior del gabinete, dividido entre revolucionarios y monetaristas,4 puede conceptualizarse como un momento liminal, durante el cual las normas que habían delimitado el papel de los actores y el conjunto de alternativas posibles a elegir sufrieron una transformación paulatina, abriendo un espacio de incertidumbre que un sector de la élite política y económica aprovechó con éxito para articular un nuevo sentido común.5
A la llegada al poder de un grupo de financieros que se habían formado al interior del Estado, la acompañó la vanguardia de intelectuales como Octavio Paz, Enrique Krauze o Gabriel Zaid, al interior de la revista Vuelta. Desde un inicio, la avanzada liberal se propuso construir una narrativa totalizadora, presente en todas las dimensiones de la vida cotidiana, que se constituyera como la única forma válida de comprender la realidad.
Gradualmente, y a partir del periodo de Miguel de la Madrid (1982-1988), se llevó a cabo un proceso de resemantización y reapropiación del lenguaje. Términos que antes eran incompatibles con la Revolución (e. g. el porfirismo), se volvieron sinónimo del anquilosado aparato gubernamental y de su Partido. Igual de interesante resulta el intento (relativamente exitoso) de reinterpretar la Historia Patria para encontrar en la Independencia, con sus valores criollos y elitistas, y en la Reforma del diecinueve los orígenes inmediatos de la legitimidad pública, así como del proyecto modernizador.
Por otro lado, las reivindicaciones del zapatismo y el villismo perdieron la fuerza de la que habían gozado en el discurso presidencial, y el uso de términos como “el pueblo” o “clases populares” fue sustituído por “ciudadanos” o “personas en situación de pobreza”. No ofrezco estos ejemplos a manera de curiosidad; la creación del nuevo idioma político refleja un cambio fundamental. Mientras que antes la marginación era concebida como el resultado de una falla en la estructura de la sociedad, ahora es consecuencia de la falta de capacidades individuales. Sobra decir que este es el fundamento detrás del discurso meritocrático. En pocas palabras, el propósito del Poder Ejecutivo, a partir de De la Madrid, es “construir una sociedad independiente en lo político y en lo económico; construir una sociedad de hombres libres, con libertades individuales”.6
Finalmente, el Estado pasó de ser el medio por excelencia para propiciar el desarrollo y combatir la desigualdad a un obstáculo al crecimiento económico y al funcionamiento adecuado del libre mercado. Sus funciones, a partir de ahora, debían limitarse a garantizar el cumplimiento de las reglas del juego. Se vinculó la imagen de las burocracias públicas con la ineficiencia y la corrupción. Por lo tanto, la única decisión razonable es —siempre— reducir el tamaño de las organizaciones públicas.
Voltear a ver el pasado para reimaginar el presente
Este año de conmemoraciones debe servir como oportunidad para hacer una crítica historiográfica, a profundidad, de nuestro pasado. La discusión pública, más que repetir lugares comunes que promueven la falta de comprensión mutua, debería ocuparse de la crítica histórica como forma de recuperar el significado perdido de un periodo olvidado por los estudiosos de la política.
La incapacidad de ver la complejidad en las ideas de nuestros adversarios trae consigo el riesgo de la violencia. El reconocimiento del otro es la base de la convivencia y la condición fundamental que hace posible la construcción de una sociedad justa. Sólo oponiendo argumentos, sólo mediante el diálogo real, podemos acercarnos a la verdad.
Para poder reconstruir el sentido del nacionalismo revolucionario debemos leer a los actores en sus propios términos, partiendo de la empatía como herramienta que nos permite tratar de ponernos en el lugar de los autores a través del conocimiento del lenguaje, tal y como ellos mismos lo hablaban, para descubrir el significado concreto detrás de cada palabra. Informes de gobierno, discursos, iniciativas de ley, programas y planes e, incluso, novelas o textos literarios, son fuentes invaluables de conocimiento que nos ayudan a reencontrarnos con una realidad perdida.
Debemos voltear a ver al programa liberal y al revolucionario: dos alternativas que, en 1982, contaban con las mismas posibilidades; ambas con largas tradiciones y raíces profundas en nuestra cultura política y que parten de premisas y valores distintos. En suma, se configuran como dos formas posibles de vida, de concebir al ser humano y su lugar en la sociedad; dos opciones que, por su fracaso, ya no sirven, por sí mismas, para imaginar un futuro diferente: una por su centralismo monolítico y la otra por sus altos costos en términos de desigualdad y pérdida de bienestar para la mayoría.
Sólo examinando críticamente las propuestas, los supuestos y los valores detrás de ambos discursos y reconstruyendo sus argumentos con seriedad, a partir de la empatía y de un esfuerzo verdadero de comprensión, podemos entender lo que está en juego el día de hoy y comenzar a pensar en una salida al desencanto y el hartazgo ciudadanos.
Rodrigo Salas Uribe
Estudió Política y Administración Pública en El Colegio de México.
1 Recurro al antropólogo Clifford Geertz para definir el sentido común, en “Common Sense as a Cultural System”, The Antioch Review, 1975, núm. 1, pp. 5-16.
2 Echeverría, L. Ideario, México, PRI, 1969, p. 22.
4 Carlos Tello y Rolando Cordera hacen un recuento de la división en el seno de la Administración Pública en Cordera, R., y Tello, C., México: la disputa por la nación. Perspectivas y opciones del desarrollo, México, Siglo Veintiuno, 2018. En la opinión pública, la oposición se expresó, respectivamente, en las revistas Vuelta y nexos, las cuales, tras la salida de Julio Scherer del Excelsior, en 1976, se convirtieron, junto con Proceso, en el único refugio para el periodismo independiente.
5 Tomo prestado el concepto de Victor Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, Nueva York, Cornell University Press, 1977, p. 96.
6 de la Madrid, M. Pensamiento político, México, PRI, 1981, p. 14.