El fin del caso García Luna

El 18 de octubre de 2008, a las 11:53 de la mañana, Genaro Garcia Luna, esposo y padre de familia, entró caminando al Hospital Ángeles, en el barrio del Pedregal, al suroeste de Ciudad de México. Estaba allí para acompañar a su esposa Linda Cristina Pereyra Gávez, quien sería internada para que le realizaran un procedimiento. Al día siguiente, 19 de octubre, a las 12:28 pm, la mujer fue dada de alta. Según los registros del hospital, García Luna la recogió personalmente.

Ese mismo 19 de octubre, cerca del mediodía —al parecer, minutos antes o después de presentarse en el hospital— Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, se reunió con dos supuestos narcotraficantes, Arturo Beltran Leyva y Edgar Valdez Villareal, al lado de la carretera entre Ciudad de México y Cuernavaca. Francisco Cañedo Zavaleta, en ese entonces oficial de la extinta Policía Federal, testificó el año pasado en un juzgado de Nueva York que vio a su jefe y a los narcos mientras pasaba manejando. Cañedo Zavaleta no trabajaba ese día y nunca había conocido a García Luna en persona, pero notó el convoy de vehículos estacionados y reconoció algunos rostros de los presentes.

El 9 de octubre de 2024, casi cinco años después de ser acusado de una letanía de crímenes graves y arrestado en Dallas, Texas, Genaro García Luna fue sentenciado a 38 años en prisión. Meses antes, un jurado de neoyorkinos había encontrado culpable al antiguo “superpolicía” de cinco cargos: participar a lo largo del tiempo en una empresa criminal, conspirar para distribuir cocaína de forma internacional, conspirar para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, conspirar para importar cocaína y declarar falsedades. La decisión del jurado fue al final determinante. Los esfuerzos de los abogados de García Luna de convencer al juez Brian Cogan de que declarara nulo el juicio y celebrará uno nuevo fracasaron. El caso, al aparecer, por fin había sido cerrado.

Pero, ¿qué tal que García Luna hubiera sido la víctima de una conjura de más de una década? ¿Una conspiración para señalar a las figuras más visibles del viejo régimen luego del colapso del palacio de naipes? ¿Un complot político, quizá, por parte de aliados del expresidente Andrés Manuel López Obrador, o tal vez enemigos del expresidente Felipe Calderón, el antiguo jefe de García Luna? ¿Un pacto de narcos, celebrado hace décadas por operadores del Cártel de Sinaloa que sabían que un día serían arrestados y que, cuando eso sucediera, señalar a altos funcionarios, o incluso lanzar acusaciones al azar, podría comprarles clemencia, o al menos distraer la atención de las autoridades?

Ese, al menos, es el argumento de los abogados del antiguo superpolicía. Incluso después de que fuera encontrado culpable en febrero de 2023, los defensores del acusado siguieron insistiendo en que su cliente fue la víctima de un complot, quizá coordinado por la oficina del fiscal general. En diciembre de 2023, la defensa presentó nuevos documentos —entre ellos los registros del Hospital Ángeles— que sugieren que algunos de los testigos en el caso, motivados por un deseo de venganza, mintieron frente al jurado.

Las acusaciones que el gobierno de Estados Unidos lanzó contra García Luna durante el juicio bastaron para convencer de su culpabilidad a doce ciudadanos que, según admitieron, sabían muy poco sobre el superpolicía y sobre la guerra contra el narco. Pero algo no termina de cuadrar en muchas de las aseveraciones de los fiscales. No es sólo que los testigos fueran dignos de sospecha —casi todos eran narcotraficantes y algunos incluso asesinos, por lo que no eran precisamente de fiar— sino también que las alegaciones eran difíciles de creer. ¿Millones de dólares entregados personalmente a García Luna en maletines? ¿O era en mochilas de gimnasio? ¿De verdad García Luna aceptó cinco millones de dólares de parte de Óscar Orlando “El Lobo” Nava Valencia, a cambio de intentar liberar un contenedor con diez toneladas de cocaína decomisado en Manzanillo en 2007?

A decir de El Lobo, en esa ocasión los narcos no lograron recuperar su mercancía. De hecho, otro cargamento, también de diez toneladas, fue decomisado a los pocos días. García Luna supuestamente dijo que no había podido intervenir porque la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) y la Marina de México habían participado en el decomiso. Periodistas de diversos medios fueron invitados a atestiguar la incineración de el enorme cargamento de droga: el decomiso de coca más grande de la historia, según dijo El Lobo. Excepto que, según las autoridades mexicanas y varios reportes en la prensa, a finales de octubre el gobierno había decomisado 23.5 toneladas de cocaína en el mismo puerto de Manzanillo, descubiertas en el curso de dos cateos ejecutados con varios días de separación. Del mismo modo, un cargamento de 11.7 toneladas de coca fue interceptado en Tampico el 5 de octubre de 2007. Normalmente, semejantes discrepancias no importarían, considerando que todo esto sucedió dieciséis años antes del juicio de García Luna. Pero, ¿no cabría esperar que un narcotraficante recordaría los detalles básicos del decomiso de cocaína más importante en la historia de México?

¿Y qué hay de la reunión entre García Luna y Arturo Beltrán Leyva el 19 de octubre de 2008? ¿Era sábado? ¿O domingo? Cañedo Zavaleta, el policía federal que testificó contra su antiguo jefe, no lograba acordarse. Eso es plausible, sin duda. Pero entonces, ¿por qué García Luna y sus abogados no presentaron los registros del hospital desde el principio? Es posible que el acusado no se diera cuenta de que tenía una defensa contra esta alegación en particular, que hasta el juicio no había sido más que un rumor que circulaba en Ciudad de México y Sinaloa, sin otra base que un supuesto reporte policial que pocos habían visto. Todo jefe policiaco mexicano está acostumbrado a los rumores, claro. Pero en los años cuando García Luna era secretario de Estado y yo trabajaba como reportero y editor en México, cubriendo la guerra contra el narco en Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chihuahua, nunca escuché ningún rumor que vinculase al superpolicía con maletines llenos de efectivo, el decomiso en Manzanillo o los altos mandos del Cártel de Sinaloa.

En ese entonces muchos periodistas mexicanos y extranjeros —y, para el caso, buena parte de los residentes de México— sospechaban del jefe de la Policía Federal, quien tenía reputación de ser manipulador, paranóico, amenazante, voluntarioso, arrogante, difícil, etcétera. Pero, hasta donde sabíamos, no había evidencia concreta de que fuera corrupto. Nuestras sospechas no surgían de hechos verificables, sino de precedentes históricos e incluso de estereotipos. Es verdad que García Luna armó un “montaje” en el que simuló una redada para que fuera captada por las cámaras de los noticieros, una decisión que le causó dolores de cabeza una vez que fue descubierta, pero que no le costó su carrera. Algunos de sus subordinados fueron encontrados culpables de coludirse con el narco o de llevarse a casa un botín de guerra luego de catear una narcomansión. Pero en ninguno de estos casos García Luna estuvo cerca de la escena del crímen. De hecho, muchos funcionarios mexicanos y estadunidenses, algunos de los cuales me concedieron entrevistas en esos años, tenían una buena opinión del superpolicía.

“El tipo era el mejor invento desde el pan de caja”, Luis Montero, cónsul estadunidense en Monterrey de 2004 a 2007, recordó durante el juicio. “Era un buen socio y un aliado leal nuestro. Hacía las cosas bien, pero igual, estábamos en México. La gente de arriba [en el gobierno de México] tiene un historial notorio, así que teníamos que ser un tanto cuidadosos con lo que compartíamos con ellos . . . [García Luna] era visto como alguien especial, un valiente. [Pero] siempre teníamos esas pequeñas reservas”.

Un jefe policiaco mexicano siempre corre el riesgo de ser difamado, atacado en la prensa o en las cortes por razones políticas, o simplemente asesinado. En el pasado, algunos admitieron ser poco más que matones, celebrando la tortura y otros métodos ilegales para obtener información que podría llevar a la detención de sus adversarios. Los policías mexicanos salen de sus precintos “con un tiro al blanco en la espalda”, dice Mike Vigil, un antiguo jefe de operaciones internacionales de la DEA que trabajó en México y conoció a García Luna. Vigil también trató a Guillermo Gonzalez Calderoni, un antiguo comandante federal que alcanzó un alto rango antes de retirarse bajo sospechas —fue acusado de enriquecerse de forma ilícita durante su gestión— y mudarse a El Paso, donde en 2003 fue asesinado de un balazo en la cabeza.

En lo que respecta a los aliados estadunidenses de García Luna, surge la pregunta de por qué continuaron apoyándolo a pesar de los testimonios sobre su criminalidad. ¿Por qué, por ejemplo, nadie informó a la embajada de Estados Unidos en México sobre la supuesta corrupción de García Luna en 2010, cuando Sergio “El Grande” Villareal Barragan fue arrestado en Puebla? El Grande fue interrogado por Miguel Madrigal, un agente de la DEA que en ese entonces estaba destacado en Ciudad de México. Durante el juicio en Nueva York, Madrigal testificó que El Grande mencionó a García Luna al discutir pagos a las autoridades.

Y sin embargo, a John Feeley, el chargé d’affaires estadunidense en México hasta 2012, además de uno de los arquitectos de la Iniciativa Mérida, nunca se le informó sobre las supuestas declaraciones de El Grande; esto, a pesar de que la DEA tiene la política de siempre informar a la embajada de sus hallazgos. Feeley tiene halagos para Madrigal, destacado en México de 2008 a 2015, por su trabajo como investigador. Pero cuando leyó la acusación penal en diciembre de 2019 y descubrió que Madrigal nunca compartió la información con la embajada, el diplomático se enfureció.

“Tenía ese testimonio de un narco importante y nunca lo compartió con nadie en el gobierno de Estados Unidos excepto con sus superiores de la DEA,” Feeley me dijo durante el juicio. “Nadie sabía que [García Luna] estaba siendo investigado. Y eso está mal. ¿Qué hicimos mientras tanto? Gastamos literalmente millones en dinero público en la Secretaría de Seguridad Pública. Dejamos que García Luna posara en fotos junto a Hillary Clinton. ¡Lo presumimos como un caballero andante de los antinarcóticos!”.

Feeley dice haberse reunido con García Luna más de una docena de veces. “Lo recuerdo con claridad. Era el alto funcionario mexicano menos mexicano que jamás había conocido. No se le daba el protocolo y el lenguaje florido que suele usarse en las relaciones entre México y Estados Unidos. Mascullaba y hablaba increíblemente rápido. En su comportamiento, era el funcionario mexicano más americanizado del que tuve noticia. Este tipo parecía salido de nuestro propio FBI”.

Durante su testimonio bajo protesta de decir verdad en el juicio de García Luna, Madrigal dijo que interrogó a El Grande “horas” después de que detuvieran al narco en Puebla la tarde del 12 de septiembre de 2010. Algunos reportes sugieren que fiscales en Houston declararon que la DEA se acercó a El Grande por primera vez en 2012, cuando fue extraditado a Estados Unidos, pero durante el juicio Madrigal confirmó que habló con él dos años antes. En su testimonio, Madrigal dijo que El Grande le dijo que García Luna “hablaba sobre negocios” con la organización Beltrán Leyva. Esas indiscreciones habrían tenido lugar cuando El Grande era todavía oficial de policía, pero también más adelante, después de que se volviera parte de la organización de los Beltrán.

Feeley insiste en que la información que Madrigal no compartió podría haber transformado la guerra contra el narco. “Por lo menos habríamos tenido una reunión general al respecto e informado a Washington, para valorar la información de la DEA”, me dijo. “Probablemente habríamos corregido el rumbo para asegurarnos de que [la Iniciativa] Mérida no se fuera por el camino que se fue. De haber concluido que las alegaciones de El Grande eran creíbles, no habríamos seguido con la iniciativa mientras un tipo del que se sospechaba corrupción estuviera al mando”.

Por su parte, los fiscales argumentaron que el testimonio de Madrigal —quien declinó una entrevista para este artículo— era prueba de que los narcotestigos no decidieron acusar a García Luna sólo porque querían aprovechar una oportunidad de derribar a un alto funcionario.

El 6 de agosto, en cualquier caso, el juez Cogan resolvió que los “intentos infructuosos” por parte de García Luna “de sobornar a otros reos en el Centro de Detención Metropolitano” de Nueva York después del fin de su juicio, con el fin de “crear falsa evidencia, que luego fue presentada” al juzgado negaba toda posibilidad de un segundo juicio. “Adicionalmente”, el juez escribió, “mucha de la evidencia ‘recién descubierta’ consiste de hechos que el acusado conocía o podría haber conocido antes del juicio. Ninguno de los argumentos [de García Luna] amerita un segundo juicio, por lo que su petición es denegada”.

No queda claro qué sigue para García Luna. Su abogado, César de Castro, me dijo después de que el juez dictase sentencia que la defensa apelará a una corte de segunda instancia para cuestionar el veredicto y la decisión de Cogan de negarle al acusado un segundo juicio en el que la nueva evidencia podría considerarse. Sin importar lo que decida la corte de segunda instancia, si García Luna sigue recibiendo felicitaciones por su buen comportamiento tras las rejas y por sus contribuciones a la sociedad —como las que ya presentó frente al juzgado en un intento de obtener una sentencia reducida— es posible que sea liberado anticipadamente.

Mientras tanto, en México, Omar García Harfuch, el antiguo jefe de la policía capitalina cuando Ciudad de México era gobernada por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, fue nombrado Secretario de Seguridad y Protección Civil, aunque la Guardia Nacional que reemplazó a la antigua Policía Federal ahora está bajo el mando de la Sedena. Garcia Harfuch sirve como enlace civil con la Sedena, la Marina y las fuerzas de policía estatales.

Más allá del carácter militar de la nueva fuerza pública, sin embargo, el hecho es que la alianza antinarcóticos entre los gobiernos de México y Estados Unidos, que nunca fue más estrecha que en los años de García Luna, se verá complicada por una serie de leyes, impulsadas por López Obrador, que regulan el acceso de agencias extranjeras a la información de inteligencia del aparato estatal mexicano. La sentencia de García Luna no hará sino acrecentar las dificultades. “La cooperación será mínima”, dijo Vigil, el antiguo agente de la DEA.

Está por verse si Harfuch y Sheinbaum intentarán reconstruir la relación de trabajo entre su país y las agencias policiacas de Estados Unidos. Lo que está claro, sin embargo, es que el fin del caso García Luna es también el fin de un capítulo en la historia de la guerra contra el narco en América del Norte.

Malcolm Beith
Periodista y autor de dos libros sobre el crimen organizado en México. Ha escrito sobre el tema para Newsweek, Foreign Policy y Janes Intelligence Review. Fue editor nacional de The News en Ciudad de México entre 2007 y 2009.