El último año de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador decidió conmemorar el 5 de febrero de manera distinta. En lugar de los acostumbrados mítines, los tamalitos de chiltepín y el agua de jamaica, optó por un evento protocolario, reducido a la presencia de su esposa y un círculo de políticos incondicionales. El escenario fue el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, un espacio neoclásico del siglo XIX restaurado bajo su supervisión.
El evento tuvo el aire de una ceremonia casi ritual. Durante su discurso, fiel a su costumbre, López Obrador relató las historias de fundación y refundación nacional, esa visión épica y simplificadora de la historia de bronce que tanto le gusta. Evocó las figuras de Hidalgo, Morelos, Juárez, Zapata, Flores Magón, Villa, Madero y Cárdenas. Sin embargo, dedicó apenas unas líneas a su propia Cuarta Transformación, aquella bandera que enarboló con fervor desde el inicio de su mandato, y que proclamó como punto de inflexión en la historia de México
Quizá su corta duración fue un acto de sinceridad. En la extensa historia del país, su gobierno no es más que unas cuantas líneas; trascender exige mucho más. Por eso, aquel día presentó un paquete de reformas que, según él, serían el cimiento definitivo de la transformación. Al hacerlo, exhortó a los presentes —y a quienes conforman su movimiento—a no sucumbir a las ansias del momento. “No se malinterprete, no estoy hablando del futuro inmediato. Hasta donde alcanzamos a ver y a oír en la calle, el porvenir vendrá acompañado de la justicia. Mi reflexión va más allá de los próximos años, porque nada en política es eterno. En la democracia se gana o se pierde, y el pueblo es el que manda. Si se equivoca, vuelve a mandar”.
Al día siguiente, en su habitual Mañanera, el aún presidente no dudó en admitir que las reformas que presentó estaban diseñadas para el corto plazo. Cuando le preguntaron por qué esperó hasta entonces para enviarlas, respondió sin rodeos y con un pragmatismo cínico —pues, ya sabrá el lector, es mejor el cinismo que la hipocresía, ya que esta última es la doctrina de los conservadores—: “porque hasta ahora se dieron las condiciones, y porque vienen elecciones”.
López Obrador nunca ocultó su obsesión por su lugar en la historia. Su ambición de trascendencia quedó plasmada en innumerables discursos, pero ninguno tan emblemático como aquella declaración en la Cámara de Diputados durante el desafuero, una frase que sus seguidores han convertido en mantra y que, irónicamente, también la recuerdan algunos de sus antiguos adversarios, redimidos y alineados: “Aún hace falta que ustedes y a mí nos juzgue la historia”. No caben dudas de que con su paquete de reformas su intención era consolidar su legado. En sus palabras, su misión era “devolver la grandeza a la Constitución”. O, si me permiten, para estar acorde a los tiempos: Make the Constitution Great Again.
El término “legado” encierra una carga histórica. En el Derecho Romano, legāre implicaba la facultad de asignar bienes o derechos, asegurando la continuidad de una voluntad más allá de la muerte. Así, el presidente, consciente de la fugacidad del poder —pero acostumbrado a ejercerlo sin piedad—, buscó inscribir su nombre junto al de los próceres de la patria que tanto admiraba, y además heredar a Claudia Sheinbaum una ruta. Sin embargo, como advirtió el 5 de febrero de 2024, nada en política es eterno. La fuerza que ostentó en su momento y el dominio que hoy mantiene el obradorismo no les permitirá controlar el juicio de la historia. Al final, serán sus acciones las que hablen en su nombre.
El libro coordinado por Octavio Rodríguez Araujo, ¿Qué dejó el gobierno de López Obrador? (Orfila, 2024), tiene como objetivo analizar el legado del político tabasqueño y empezar a trazar la historia de su gobierno y su liderazgo. Se trata de una obra plural en cuanto a las diferencias ideológicas entre quienes participan en ella, pero homogénea en cuanto que todos son críticos del obradorismo, algunos, incluso, fueron los adversarios favoritos del entonces presidente, blancos recurrentes de la intimidación y del descrédito desde la Mañanera.
En la presentación del libro confiesa que, en su momento, apoyó a López Obrador antes de su llegada a la presidencia. Sin embargo, la decepción llegó al poco tiempo del inicio de su gobierno. La razón principal fue que el mandatario terminó ejerciendo su poder de manera poco democrática. Además, muchas de sus promesas de campaña no sólo quedaron incumplidas, sino que se contradijeron en los hechos. “Diría, quizá simplificando demasiado, que en campaña nos presentó una cara y en el ejercicio del poder, otra”.
El libro reúne varios análisis sobre los efectos de la administración de López Obrador en la democracia, la política exterior, la seguridad y la política social. Autores como Lorenzo Córdova, Jacqueline Peschard, José Woldenberg y Diego Valadés señalan una regresión democrática y tendencias autoritarias, mientras que Catalina Pérez Correa y Alfonso Zárate examinan la política de drogas y la violencia en el país. Además, textos de Raúl Trejo Delarbre, Mauricio Merino y Sergio Sarmiento analizan el papel de la comunicación gubernamental y la narrativa presidencial en la construcción de su legado.
Ante la diversidad de temas tratados en ¿Qué dejó el gobierno de López Obrador?, quiero reflexionar sobre la que considero es la idea central que entrelaza a todos los textos: el consenso sobre el carácter autoritario del gobierno del presidente tabasqueño. A lo largo de sus ensayos, los analistas advierten sobre un retroceso democrático, un proceso de concentración del poder y erosión de los contrapesos institucionales que garantizan la pluralidad política en México.
Lorenzo Córdova, en “El cambio democratizador y la amenaza de regresión autoritaria”, sitúa la transición democrática mexicana en un contexto atípico en comparación con otras experiencias de la tercera ola de democratización. Explica que la consolidación democrática en el país nunca se completó del todo, pues persisten resabios autoritarios que han permitido la concentración del poder en la figura presidencial. Según Córdova, las reformas impulsadas en los últimos años, en especial aquellas dirigidas a debilitar los órganos autónomos y a centralizar el poder, representan un grave riesgo de regresión autoritaria.
Jacqueline Peschard, en “Diez dimensiones de la regresión democrática en México”, expone cómo el gobierno de López Obrador profundizó este retroceso mediante la erosión de instituciones clave y la concentración del poder en el Ejecutivo. Por medio de diez dimensiones de análisis, detalla el debilitamiento de los órganos autónomos, la militarización de la seguridad pública, el embate contra el poder judicial y la persecución de opositores. Según su diagnóstico, redujeron la capacidad del sistema democrático para garantizar la pluralidad y mermaron la confianza ciudadana en las instituciones que nacieron con la transición a la democracia.
Por su parte, Octavio Rodríguez Araujo, en “Autoritarismo con tintes autocráticos”, examina la transformación del liderazgo de López Obrador en un fenómeno personalista con tendencias autocráticas. Critica la retórica polarizadora del presidente, el uso de la comunicación gubernamental para deslegitimar a sus adversarios y la captura de organismos autónomos. En esta misma línea, Diego Valadés, en “AMLO como jefe de Estado y de Gobierno: ¿democracia o autocracia?”, plantea que el sistema político mexicano es un “oxímoron institucional”, en el que conviven estructuras democráticas con prácticas autocráticas. Señala que el presidencialismo facilita acumular poder en manos del Ejecutivo, una tendencia que López Obrador profundizó al debilitar la independencia del poder judicial y la administración pública.
Por último, José Woldenberg, en “Democracia en riesgo”, advierte sobre la crisis del modelo democrático en México y la necesidad de preservar la división de poderes y la autonomía de las instituciones frente a los intentos de recentralización del poder. En sus palabras: “en las décadas recientes México había avanzado de forma sólida por ese rumbo, y hoy el problema mayor es que mucho de lo edificado no es valorado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no sólo no es valorado, sino que el presidente pretende destruirlo para reconstruir un poder centralizado y vertical”.
Coincido con la afirmación de que presenciamos el nacimiento de un régimen autoritario. Sin embargo, discrepo con la manera en que este fenómeno se presenta en el libro. El autoritarismo y la concentración de poder se describen como si se ejercieran por medio de una estructura jerárquica clara: Presidencia, Congreso, partido. Me parece que no es así, sino que el legado autoritario de López Obrador es una concentración fragmentada del poder.
Aunque Morena y sus aliados han acumulado una cuota de poder considerable, este no se concentra en la figura presidencial. Por el contrario, está fragmentado entre múltiples actores con capacidad de veto dentro de la coalición gobernante y las instituciones capturadas. Esta dispersión responde a dos factores. El primero es el vacío de poder que dejó López Obrador al concluir su mandato. Su salida no consolidó un bloque homogéneo, sino que abrió espacio para el fortalecimiento de distintos actores políticos con agendas propias, como Ricardo Monreal. El segundo factor es el debilitamiento estructural del Ejecutivo, resultado de una doble dinámica: una erosión histórica que ha reducido la autoridad presidencial en las últimas décadas y la reciente reforma al Poder Judicial, que alteró el equilibrio institucional. Con esto último, el Poder Legislativo, y en particular la Cámara de Diputados, emergió como el actor predominante en la nueva configuración del poder en México.
Me explico: bajo el modelo priista, el poder se organizaba en una estructura jerárquica definida, como señala Rogelio Hernández en su Historia mínima del PRI. El gobierno federal controlaba el desarrollo y las políticas sociales, mientras los gobiernos estatales se limitaban a administrar el orden local y garantizar el dominio del PRI en sus territorios. La presidencia no se disputaba en elecciones internas, sino que se alcanzaba por medio de una trayectoria dentro de la administración pública, basada en años de servicio, ascenso por distintas jerarquías y un alto grado de especialización en el gobierno y sus relaciones con diferentes sectores políticos, económicos y sociales. Aunque el presidente tenía injerencia en el partido, su autoridad estaba acotada a la elección del líder nacional y a decisiones estratégicas, dejando el resto a dinámicas internas. Las posiciones en el Congreso, alcaldías y otras instancias de poder se distribuían entre organizaciones corporativas y liderazgos locales, asegurando la gobernabilidad sin necesidad de intervención directa del Ejecutivo, salvo cuando era indispensable. El PRI actuaba como intermediario entre la presidencia y los actores regionales, manteniendo la cohesión del Congreso y la estabilidad del sistema. Más allá de la estructura formal, había una cultura política arraigada que reforzaba la imagen del presidente como la máxima autoridad, alimentando su figura con rituales y ceremonias constantes.
Con la transición democrática, esta estructura comenzó a fracturarse. Como explica Fernando Escalante, suprimir los intermediarios que sostenían el orden local generó un vacío de poder que ocuparon poderes fácticos y, después, el crimen organizado. Por otra parte, el tecnócrata desplazó al especialista en administración pública, lo que transformó el liderazgo político: en lugar de figuras con experiencia en el gobierno, surgieron expertos en políticas públicas y consultores, sin trayectoria en la administración del Estado y concentrados en “gestionar”.
Al mismo tiempo, el Congreso dejó de ser una extensión del Ejecutivo y adquirió vida propia, primero con la consolidación de tres grandes partidos nacionales y, más tarde, con su fragmentación en élites políticas cada vez más dependientes de intereses externos, como empresarios y grupos criminales. Lo único que sobrevivió del viejo presidencialismo fue su dimensión simbólica: la idea de un presidente todopoderoso y los rituales que lo rodeaban, aunque la realidad política había cambiado por completo.
Durante el gobierno de López Obrador, la imagen del presidente todopoderoso se consolidó dado su dominio absoluto de la agenda mediática, su popularidad y el uso discrecional de las instituciones. Sin embargo, en términos estructurales, el presidencialismo se debilitó aún más. La austeridad republicana desmanteló capacidades estatales clave, dejando a las instituciones, en particular aquellas bajo el mando del ejecutivo, en una crisis operativa, con un gasto concentrado en programas sociales y proyectos inconclusos La administración pública quedó reducida a un aparato ineficiente, donde el Ejército asumió tareas que otras instituciones ya no podían cumplir, profundizando la militarización.
Morena, lejos de ser un partido con estructura jerárquica, se consolidó como una coalición de intereses locales, en la que caciques, exmiembros de la élite política y crimen organizado ejercieron el poder real en los territorios. Más que un actor con capacidad de gobernar, el Estado se redujo a la distribución de recursos, sin autoridad efectiva sobre el país. El control territorial no dependió del Ejecutivo, sino de acuerdos y complicidades que se realizaron en diferentes niveles institucionales y partidistas que, cuando se fracturaron, como en el caso de Sinaloa, derivaron en ingobernabilidad. López Obrador ocultó la crisis del presidencialismo mediante su liderazgo personal y su capacidad de movilizar votos, pero su salida, insisto, dejó un vacío de poder que ha sido ocupado por nuevos actores de veto.
Por esta razón, discrepo de afirmaciones como las que hace Lorenzo Córdova en el libro. Según su análisis, «así, volvimos a las épocas en las que tanto el Senado, como la Cámara de Diputados fungían más como instancias de trámite de una omnímoda voluntad presidencial que como instancias de contrapeso y equilibrio del Poder Ejecutivo”. Es cierto que, en el momento en que se publicó el libro, poco antes del fin del mandato de López Obrador, esta interpretación podía parecer acertada. Sin embargo, ya mencioné elementos presentes desde entonces que iban en el sentido contrario de su argumento; y la historia reciente ha terminado por confirmarlo. Lejos de estar sometido al Ejecutivo, el Legislativo se ha fortalecido hasta convertirse en un actor con facultades arbitrarias frente a otros poderes. La Cámara de Diputados, en particular, asume un papel predominante en la nueva configuración institucional, con la capacidad de imponer su agenda y condicionar el margen de acción de la Presidencia. Esto no es un simple contrapeso, sino un cambio en la distribución del poder que merece analizarse con mayor detenimiento.
La reforma al Poder Judicial, como sostiene el oficialismo, debilita al Poder Ejecutivo, pero no en favor de la ciudadanía. En lugar de democratizar el sistema, redistribuye el poder en beneficio de actores con acceso a financiamiento y estructuras de movilización política. Sin mecanismos de control ni financiamiento público para campañas, sólo aquellos candidatos a jueces, respaldados por partidos, grupos económicos o redes criminales podrán competir, lo que abre la puerta a la influencia de caciques regionales y otros actores fácticos en el control del Poder Judicial.
La experiencia en otros países con modelos similares de elección de jueces muestra que la baja participación electoral facilita que quienes tienen los recursos para movilizar votantes dominen estos procesos. Más aún, en México, lejos de fortalecer la independencia del Poder Judicial, la reforma traslada al ámbito judicial el esquema de patrimoniarquías de los estados, donde el poder se ejerce como un dominio privado por medio de los poderes judiciales estatales y las fiscalías. Así, lejos de corregir las dinámicas clientelares y autoritarias, las perpetúa, consolidando un sistema donde la justicia quedará subordinada a los intereses de quienes pongan a los jueces.
A todo esto, hay que sumar el reciente cambio constitucional que impide impugnar modificaciones a la Constitución vía controversias constitucionales. Esto significa que el Ejecutivo no tiene herramientas para frenar una reforma, por ejemplo, que vulnere sus propias facultades: nadie, ni los ministros de la corte ni la presidencia de la república pueden hacer nada frente a las reformas constitucionales. En este escenario, el Congreso se convierte en el poder supremo del país con la capacidad de modificar la Constitución sin restricciones ni contrapesos –de hecho, el mismo oficialismo le llamó a esto “supremacía constitucional”.
La presidencia de la República, sin el carisma de López Obrador, tiene mucho menos poder que antaño. Bajo este escenario: ¿para qué ser presidente o presidenta? ¿No sería mejor ser coordinador de la Cámara de Diputados? Quizás por esto, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene urgencia por impulsar una reforma que prohiba la reelección legislativa.
Varios autores del libro, entre ellos Octavio Rodríguez Araujo, señalan que el legado de López Obrador es el de la autocracia. No obstante, omiten que esta puede recaer en una persona o también en un grupo en el poder que puede estar fragmentado. Quizás López Obrador quiso pasar a la historia como el último presidente con una fuerza relevante y por eso heredó un paquete de reformas que termina por instaurar una estructura autoritaria más allá de la presidencia de la República.
Más que un cierre definitivo sobre el gobierno de López Obrador, la principal virtud de la obra coordinada por Rodríguez Araujo es su disposición a abrir la conversación, más que ofrecer respuestas definitivas. Como señala el propio Rodríguez Araujo: “el resultado lo juzgarán quienes lo lean, estén o no de acuerdo con su contenido, pues es además una invitación al debate que, por desgracia, no es muy común en estos tiempos” . Me parece que sólo así, leyendo y discutiendo, podremos acercarnos a una comprensión más clara de lo que fue, lo que es y de lo que, quizás, está por venir para nuestro país.
Hugo Garciamarín
Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y director de la Revista Presente