México atraviesa por un momento obscuro en términos educativos y también científicos. Desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria, nuestros gobiernos —uno tras otro— han ignorado la severidad de no invertir en educación y en ciencia. La crisis es profunda y, de no atenderla, el riesgo es que México comience a rezagarse respecto a otras economías, condenándonos a seguir atrapados en la trampa de los países de ingreso medio. Si queremos dar el siguiente estirón y movernos a una economía basada en la producción de conocimiento, en trabajos altamente calificados, la inversión debe hacerse ya. Los ciclos educativos dan resultados en más de cuatro décadas, así que, de no cambiar de estrategia en la siguiente administración, nuestra población no solamente actual, sino las personas que crecerán en el próximo medio siglo, estarán destinadas a trabajos mal pagados, sin posibilidad alguna de experimentar movilidad social. Así vivirán de forma muy amarga la era de la automatización y de la inteligencia artificial.
Nuestro problema empieza antes de que los niños y las niñas vayan a la escuela. La evidencia de la investigación educativa es contundente: son los tres primeros años de vida los que tienen el mayor impacto en las oportunidades de una persona. Es durante la primera infancia que las conexiones neuronales se forman, estas redes determinan la capacidad cognitiva que tendrá cada niño y niña; de no formar redes amplias, no importan las políticas educativas de los niveles primario, secundario y terciario, la suerte estará echada para estas personas. Países como China lo han entendido y por eso están dedicando cada vez más recursos a promover una alimentación adecuada y actividades de estimulación temprana, particularmente en zonas rurales. Hay cursos de capacitación para padres y madres de familia, programas para desparasitar a la niñez y darle hierro. Esto —junto con intervenciones para detectar problemas de miopía— es la forma en que la segunda economía del mundo planea seguir creciendo. Pero mientras China invierte en los cimientos educativos de los siguientes 40 o 45 años, aquí en México los echamos abajo.
A pesar de que, en el artículo tercero de la Constitución, modificado en 2019, se estableció que la educación inicial es obligatoria para toda la niñez, el gasto presupuestal apunta a una historia muy distinta. Para 2020, el presupuesto contemplado para la primera infancia representa apenas el 1.8 % de la inversión total en educación. Aún más simbólico, en 2018 el actual gobierno desapareció las estancias infantiles, uno de los pocos espacios donde los niños podían recibir algún tipo de estimulación. Y, en términos salariales, quizá lo más preocupante es lo que sucede con los educadores de la primera infancia, por ejemplo, los del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Ellos son los encargados de darle servicios a los sectores de menores recursos y reciben únicamente 2479 pesos al mes. En comparación, la beca del programa “Jóvenes construyendo el futuro” ofrece 7572 pesos mensuales a jóvenes desempleados que no estudian. En términos presupuestales esto no tiene ningún sentido. La gente que podría tener el mayor impacto en la trayectoria de una persona y en cuatro décadas en el crecimiento económico del país, gana dos veces menos que un joven desempleado. Más que emitir un juicio sobre el programa de “Jóvenes construyendo el futuro”, se trata de advertir que el gasto tiene que atender a aquellos que más lo necesiten y tener injerencia de largo plazo sobre el sistema educativo en su conjunto.
El problema se recrudece para las poblaciones con menos recursos y capitales. Los cuatro programas enfocados a poblaciones vulnerables, definidas como hijos e hijas de familias de jornaleros agrícolas migrantes, indígenas o personas con alguna discapacidad, habían perdido un 18.8 % de su presupuesto de 2018 a 2019, pese a que el actual gobierno promovió una reforma educativa para que la educación fuera equitativa e incluyente. La tendencia de inversión baja en los años críticos de desarrollo de los niños y las poblaciones más pobres se reproduce a lo largo de todo el proceso escolar.
La educación superior no es una excepción. Aunque se supone que la Constitución señala que debe ser gratuita, las instituciones siguen cobrando cuotas y servicios porque el gobierno decretó la gratuidad, pero no dio los recursos para cumplirla. De los 14 000 millones de pesos que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) estimó que se tenían que erogar para alcanzar la gratuidad, el régimen actual apenas dio 833 millones y dejó fuera de ese fondo a las universidades públicas estatales que son las que más matrícula tienen.
El problema del acceso a educación superior no es únicamente de dinero, sino también de demanda, porque ésta se encuentra focalizada en unas cuantas instituciones. La solución sería establecer universidades con personal académico capacitado, con currículos actualizados, programas atractivos e instalaciones adecuadas. En cambio, el actual gobierno que supuestamente pone primero a los pobres salió con la ocurrencia de abrir 145 “universidades Benito Juárez”, instituciones sin planes de estudio públicos, sin infraestructura adecuada y con apenas un puñado de docentes por plantel. Este desprecio por los más rezagados no sólo muestra la ignorancia absoluta que se ha desplegado en el sexenio, sino la forma tan opaca en la que opera.
¿Pero qué hay del otro lado del espectro? ¿Del lado de los que sí pueden pagar? ¿Qué disparidades se generan? En México, las clases medias educadas y sus élites no hacen ninguna apuesta por las escuelas públicas en el nivel básico. A veces por prejuicios, otras por desconocimiento sobre el aprovechamiento real de los estudiantes o por un deseo genuino de querer darles a sus hijos e hijas un nivel sólido de inglés y otras actividades extraescolares. Al igual que la candidata Xóchitl Gálvez, yo fui beneficiaria de la movilidad social y educativa que da la educación pública. También tuve un destino distinto al de mis padres y por eso sé de su relevancia y he dedicado mi vida a especializarme en educación superior. Siempre deben existir alternativas privadas para quien así lo desee y el Estado debe regular la calidad de lo que hacen, pero es tiempo de que apostemos porque las instituciones públicas sean espacios de calidad, donde cualquier persona pueda recibir una formación científica, humanística, cultural, artística, de cuidado del medio ambiente y deportiva sin importar su clase social. Si podemos conseguir esto, si pasamos del papel a los hechos podremos construir espacios plurales para que ricos y pobres tengan un interés en proveer a todos los mexicanos de la mejor educación posible. Así, la escuela pública se convertiría en el mejor nivelador de las disparidades de este país. Origen no será destino.
Apostarle, pues, a la educación pública es apostarle a un país más justo, menos desigual, menos polarizado. Apostar por los váuchers es simplemente un subsidio a las escuelas privadas que en el nivel básico no tienen ni 10 % de cobertura y en nivel superior no es más de 36 %; es continuar por la ruta que privilegia a los que más tienen. Como el título de esta reunión muestra, no hay que temerle al conocimiento, las políticas del país demandan estar basadas en evidencia y en información confiable. Los váuchers tienen ya una historia añeja. Fueron propuestos en 1955 por Milton Friedman bajo la óptica de los beneficios de la competencia. Según este paradigma las escuelas públicas, al perder estudiantes, se verían obligadas a mejorar la calidad de la enseñanza. La evidencia ha mostrado otra cosa. En 1998, Cecilia Rouse de la Universidad de Princeton mostró que la supuesta competencia no generó ninguna mejoría en las escuelas públicas. Lo único que sucedió fue que más recursos se concentraron en instituciones privadas. Optar por un esquema como los váuchers es renunciar a que el Estado puede mejorar la educación pública, es la celebración de un fracaso más que la concepción de una respuesta. En la búsqueda de soluciones no podemos sacrificar la centralidad del Estado y su capacidad para dar respuestas.
Este gobierno nos ha fallado cuando decidió el rumbo de la educación a partir de sus fobias y prejuicios. No se debe olvidar que el esfuerzo también debe ser recompensado porque es un valor importante. Además de los apoyos para compensar las desigualdades, también tiene que haber un gran impulso al talento que hay en el país y que no es poco.
Mi pregunta es, señora candidata, ¿a qué le vas a apostar? ¿Apostarás por la ciencia y las matemáticas, por las humanidades y las artes? ¿Por aumentar el presupuesto para la primera infancia?, ¿por el conocimiento y la crítica? Si esa es tu apuesta, si estás dispuesta a escuchar las reflexiones y muchas veces las críticas de académicos, entonces quiero creer que aún hay tiempo para formar otro tipo de futuro para el país. Espero que consigamos que llegues a la presidencia y que —desde ahí— no cedas a la tentación de buscar la zalamería y el aplauso fácil de los científicos y las científicas, sino que busques la opinión de especialistas. Eso es no tenerle miedo al conocimiento. Ten la confianza de que hay un sector de personas dedicadas a la ciencia y la academia que estamos listos y listas para contribuir en un gobierno diferente, que nos escuche y respete. Como muestra, estamos varios aquí esta noche.
Muchas gracias
Alma Maldonado-Maldonado
Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav y editora de Distancia por tiempos
Texto leído el 19 de marzo en el evento: “Sin miedo al conocimiento”. Diálogo con la comunidad científica, cultural y académica, con la candidata Xóchitl Gálvez, que se llevó a cabo en el World Trade Center de Ciudad de México.