Ahora que la leyenda del narco, Ismael Zambada García, “El Mayo”, llegó a Estados Unidos en calidad de detenido (en circunstancias poco claras), crecen las sospechas de que la suya fue una entrega negociada que el detenido y sus abogados, agencias de seguridad y algunos medios anglosajones, buscan publicitar como un engaño. Por supuesto que frente a la sospecha de que se trató de un acuerdo se abre una gran interrogante: ¿qué motivación tendría “El Mayo” para firmar la pipa de la paz tras medio siglo de defender los terrenos de impunidad que siempre rodearon su carrera criminal?
En nuestro país hay la creencia de que cuando se envía un criminal a Estados Unidos en calidad de extraditado, al fin recibirá el castigo que las pusilánimes agencias policiacas en México no fueron capaces de aplicar. “Allá sí se hace justicia” es una frase muy común entre conductores o conductoras de noticieros mexicanos con los que suelo colaborar desde Nueva York. Los propios miembros del crimen organizado ven en el concepto “extradición” el reflejo de una justicia implacable que los hará correr la suerte del ahorcado por lo que buscan evitarla con uñas, garras, dientes… y abogados caros. Pero si las cosas siguen como cierta tendencia indica, la sensación de miedo y angustia frente al hecho de ser enviados a enfrentar al Departamento de Justicia estadunidense pronto desaparecerá para dar paso a la época de las entregas voluntarias que suponen grandes acuerdos para dejar de delinquir y depositar sus conocimientos, y ahorros, en las agencias estadunidenses.
Si bien es cierto que un puñado de delincuentes han sido condenados a cadena perpetua —Joaquín Guzmán Lorea, Juan García Ábrego, Alfredo Beltrán Leyva, Jorge Eduardo Costilla Sánchez o Gerardo González Valencia, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, por mencionar algunos—, hay un grupo importante de extraditados libres por las calles de Estados Unidos, en libertad completa o condicional. Y además hay otro grupo de quienes, aún encarcelados, ya cuentan con boleto de salida, antes improbable dada la gravedad de sus delitos que daba para aplicarles penas más severas.
Ante este escenario cabe preguntarse: ¿vale la pena el esfuerzo de las autoridades mexicanas para atrapar grandes capos que una vez extraditados no reciben el castigo por el que fueron pedidos? Aun sabiendo que una vez que adquiere la responsabilidad sobre un criminal Estados Unidos puede hacer lo que mejor convenga a sus intereses, no deja de sorprender que los siguen afiliando a la ya no tan secreta Sociedad de los Narcotraficantes Sueltos. Para pertenecer a ese selecto club, instituciones como la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigación (FBI) negocian en secreto con los detenidos la posibilidad de convertirlos en informantes —labor que los criticones reducen a eufemismos como soplón o sapo— para obtener de ellos más información que los lleven a iniciar o concluir otros dictámenes. El término oficial de la chamba que le ofrecen a los narcos en Estados Unidos es “testigo protegido”.
Las liberaciones tempranas siempre han sido parte de los acuerdos de colaboración entre fiscales y delincuentes. Pero pareciera que en lustros recientes dicho beneficio se popularizó y —por qué no decirlo— se abarató, sobre todo para acusados de narcotráfico que vienen de Latinoamérica.
La práctica de utilizar a testigos protegidos está muy arraigada en el sistema de justicia estadunidense. Stephen S. Trott, juez de circuito superior del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, compara “con un bisturí” la figura de un testigo criminal colaborador usado contra otros criminales. Pone el ejemplo de Jimmy “The Weasel” Fratianno, quien ayudó a derribar a la mafia de la Costa Oeste y a “Sammy the Bull” Gravano, quien derrocó con su testimonio al jefe de la mafia, John Gotti.
La información que proviene de asociados de otros criminales “es una de las armas más útiles, importantes y, de hecho, indispensables en la lucha contra criminales, forajidos y terroristas” insiste el juez Trott. Y sabe, por definición, que los testigos-informantes no sólo son proscritos, “sino también traidores y generalmente están motivados por su rango y, con frecuencia, por intereses personales sociopáticos, y se dirigirá a donde perciba que ese interés será mejor servido”.
Como Vicente por su casa
El testigo protegido más exitoso de los últimos tiempos, sin duda, se llama Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hijo del recién detenido “Mayo” Zambada. Desde principios de siglo “El Vicentillo” se volvió colaborador de la DEA primero por medio de Humberto Loya Castro, abogado de “El Mayo” y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero después el trato con los agentes estadunidenses fue directo, según documentos oficiales revisados por el autor y por testimonios tanto de los abogados de los hampones como de agentes investigadores.
“En mi carrera como fiscal, él es una de las personas más cooperativas con las que he trabajado, y creo que la Corte debería estar consciente de eso al diseñar una sentencia para él”, sugirió la fiscal Amanda Liskamm en la audiencia de mayo de 2019 en la que el juez Rubén Castillo sentenció a Zambada Niebla. “El gobierno cree que es necesaria una sentencia (menor) que incentive a otros criminales que están involucrados en un narcotráfico serio y que están pensando en cooperar con el gobierno y cambiar su estilo de vida”, la secundó minutos después la fiscal Erika Csiscila, refiriéndose a la “ventaja” de liberar a los narcos que son colaboradores.
Un día antes de ser detenido en Ciudad de México en marzo de 2009, Zambada Niebla, también conocido como “El Príncipe de Sinaloa”, se reunió con agentes de la DEA en una habitación del hotel Four Seasons de Paseo de la Reforma a donde lo llevó Loya Castro. Ahí el hijo de “El Mayo” dijo a los agentes “quiero seguir cooperando” y “no quiero seguir en México”, una postura que marca un paradigma ante el histórico terror de enfrentar a la justicia estadunidense jugando de visita.
En una declaración jurada para negar que prometieron inmunidad a “El Vicentillo” por su colaboración (que este acusado reclamaba en sus primeros meses detenido), Patrick H. Hearn, abogado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División Penal, Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDS), aceptó autorizar que el agente del caso, Steve Fraga, fuera a México en marzo de 2009 a entrevistar a Zambada Niebla y obtener confesiones de él. Fraga aclaró a Hearn que “El Vicentillo” había “proporcionado información que condujo a una incautación de 23 toneladas de cocaína, otras incautaciones relacionadas con la organización de tráfico de drogas de Vicente Carrillo Fuentes e información relacionada con la organización de tráfico de drogas de Arturo Beltrán Leyva”. No lo dice Hearn, pero sí el agente de la DEA Manny Castanon quien ilustró que “El Príncipe de Sinaloa” también dio informes para detener a Miguel Ángel Treviño, el “Z-40”, en 2013.
El agente Castanon alegó en su escrito que Zambada Niebla los chamaqueó y entró a su habitación del Four Seasons sin su consentimiento para reiterar su deseo de “seguir colaborando”. Para probar que hablaba en serio ese día les dio información de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, quien fue abatido a finales de ese año al resistirse a su detención en Cuernavaca.
La graduación de “El Príncipe de Sinaloa” llegó en el juicio contra “El Chapo” Guzmán donde se despepitó hilando las historias que a la fiscalía le interesaba escuchar. En aquella cobertura, que recuerdo con mucha emoción, también evoco con claridad cuando, frente al interrogatorio de los defensores de Guzmán Loera, “El Vicentillo” dijo algo que hoy es muy relevante: “También le dije a mi papá —“El Mayo”— que se entregara”. “La corta pena se debe a la tremenda y extensa colaboración del acusado, la forma pacífica en que fue detenido, y cómo colaboró incluso en régimen de aislamiento”, concedió finalmente el juez Castillo al dictar quince años de prisión a Zambada Niebla, de los que sólo cumplió doce, pues fue liberado en 2021.
En la misma familia brincamos a otro soplón ejemplar: Jesús Reynaldo Zambada García, hermano de “El Mayo” Zambada. Desde que lo extraditaron a Estados Unidos en abril de 2012, “El Rey” devino en colaborador estelar brindando ayuda al Departamento de Justicia para destrabar casos complejos. Y claro: ya vive en libertad; incluso es compositor de corridos. En los tres lustros transcurridos desde su detención en octubre de 2008 hasta su aparición en el juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, “El Rey” Zambada se transformó en algo así como un burócrata del colaboracionismo. Si pudiera emitir tarjetas de presentación estas presumirían: “Se apuntalan juicios. Declaraciones a modo. Llame, nosotros vamos”.
Ha tenido dos presentaciones estelares. Primero en el juicio contra “El Chapo” donde fue el primer testigo que llamó la fiscalía. Ahí, además de contar cosas terribles de Guzmán Loera, juró por vez primera en público haber dado dos sobornos millonarios a García Luna. En febrero de 2023, “El Rey” Zambada —ahora como testigo de cierre— ingresó de nueva cuenta a la legendaria sala 8-D que preside el juez Brian Cogan a reafirmar que sobornó al exfuncionario mexicano que estaba siendo juzgado.
“Rey” Zambada fue además testigo en el caso que llevó a la cadena perpetua de Arturo Beltrán Leyva (contra quien Zambada habría testificado en un juicio en caso de haberse celebrado). Sin embargo, aunque “El Mochomo” se declaró culpable y evitó ir a juicio, un juez lo sentenció a cadena perpetua. Como petición especial frente a su colaboración extrema, Jesús Zambada García pidió que se sellaran todos sus arreglos con los fiscales —y su expediente permanece inédito. Se sabe que desde 2020 vive en libertad, tras haber cumplido los mismos dos sexenios de prisión que su sobrino, “El Príncipe”.
Mucho extraditado, poca solución
Un buen porcentaje de las detenciones de capos en México obedecen a peticiones de extradición surgidas en Estados Unidos y que, como señala Eduardo Guerrero, dichas capturas “parecen consumir una parte significativa de los recursos de las unidades mejor capacitadas de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal y de algunas corporaciones estatales”.
El periodista mexicano Mauricio Torres se embarcó en una minuciosa investigación sobre extradiciones elaborada con solicitudes de información enviadas a la PGR. Torres descubrió que, hasta enero de 2017 tras el envío de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se habían concretado 1131 extradiciones durante los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto. La investigación arrojó que 94% de extraditados se enviaron a Estados Unidos y que 75% eran mexicanos. Los datos muestran que en la gestión de Vicente Fox (2000-2006) se realizaron 229 extradiciones; con Felipe Calderón (2006-2012) éstas aumentaron 168% y pasaron a 614; en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se sumaron 288 hasta la entrega del Chapo en enero de 2017.
Las extradiciones más célebres, que suelen ser de líderes de organizaciones criminales, dejan el engañoso sentimiento de que se dirigen al paredón a enfrentar cargos por traficar cocaína, heroína, metanfetaminas o hasta fentanilo. Pero la realidad es que a muchos de ellos la labor de ser soplón les aclaró el panorama. Además de las “multas” para rasurarles parte de sus ganancias ilícitas, como testigos protegidos deben reunirse las veces que sea necesario, pueden ser diez o cien, con uno o más agentes de distintas agencias, o fiscales locales o federales, para contar lo que saben de la historia del narcotráfico en México. Todo lo que oyeron, miraron, ahorraron, planearon y ejecutaron se anota en las libretas de los investigadores, que por ley tienen prohibido grabar.
Una labor quizás humillante, pero sencilla y mucho mejor que la idea de morir o pasar décadas en prisión.
Informantes destacados
La lista de narcos mexicanos que en tiempos recientes destacan como colaboradores y viven en libertad es extensa. Debajo de los Zambada destaca Sergio Villarreal Barragán conocido como “El Grande”, “The Big One” o “King Kong”. Coahuilense que pasó de ladrón de autos a policía judicial primero en su estado natal y luego en Tamaulipas, tuvo una carrera criminal ligada a varios cárteles, atracando en el otoño de su encomienda al mando de una célula del Cártel de Sinaloa ligada a los Beltrán Leyva. Su pertenencia a tantas organizaciones lo volvió atractivo a ojos del Departamento de Justicia donde han buscado explotar su conocimiento adquirido al interior del hampa mexicana.
Se sabe que “El Grande” colaboró en el caso que envió a cadena perpetua a Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”; además, fue testigo de arranque en el juicio contra Genaro García Luna cuya sentencia está programada para leerse en septiembre de 2024.
En 2010 detuvieron a Barragán Villarreal. Fue extraditado a Estados Unidos en 2012, se declaró culpable en 2015 y lo sentenciaron a 10 años en 2017 cuando ya era un destacado colaborador. Recobró su libertad en 2019 apenas al año de su benévolo castigo.
En enero de 2023, durante el juicio contra García Luna, vistiendo traje y corbata como el burócrata del colaboracionismo que es, Villarreal Barragán hizo su trabajo de manera persuasiva, demostrando ser un testigo eficiente y rapaz. Sin mostrar prueba alguna, detalló los 1.5 millones de dólares que cada mes entregaba “su jefe” Arturo Beltrán Leyva a García Luna; después, en el débil contrainterrogatorio al que lo sometió la defensa del acusado, mostró dureza y un afilado entrenamiento.
En algún punto, el defensor César de Castro destacó los sofisticados equipos de espionaje con que los Beltrán Leyva grababan las reuniones que mantenían tanto con rivales como con funcionarios. “Pero usted no entregó al gobierno ninguna grabación ni de audio o video donde haya grabado al señor García Luna”. “Eso no fue parte de mi acuerdo”, soltó sin inmutarse Villarreal Barragán.
Lo más inverosímil que contó “El Grande” en su cita estelar como testigo en la Corte Federal del distrito este de Nueva York fue la vez que decomisaron en el puerto de Manzanillo un cargamento de veinte toneladas de cocaína que pertenecía a “El Lobo” Valencia y los Beltrán Leyva. “Entonces, en un rancho donde entrenábamos sicarios, también preparamos cocaína falsa”, relató el “King Kong”; aseguró que la mezcla contenía “harina y azúcar, humedecidas con acetona y éter, aplicándoles barniz para que brillara una vez ya seca”. Detalló que llevaron dicho cargamento a Manzanillo para cambiarla por la cocaína verdadera y “después de eso, Arturo [Beltrán Leyva] estaba muy contento pues había recuperado su cargamento casi sin pérdida”. Obviamente, como las autoridades mexicanas habrían permitido el truco, García Luna habría recibido un millonario cochupo en dólares.
De manera curiosa, el testigo que siguió a “El Grande”, Oscar Nava Valencia “El Lobo” o “el Tierno”, aclaró que ese intercambio, si bien se intentó, nunca se realizó. Agencias estadunidenses, entre ellas la patrulla fronteriza, tenían identificado el decomiso por lo que no resultó nada sencillo cambiar la coca verdadera, que finalmente “fue incinerada”. En la corte nadie pareció indignarse por la mentira relatada por “El Grande”.
“El Lobo” Valencia es otro de los testigos protegidos ya liberados. En el juicio contra García Luna daba la impresión de ser el narco-eslabón más débil y parecía doblegarse temeroso ante las preguntas de la defensa de García Luna. “Es que ustedes no saben lo que es venir a declarar aquí”, clamó, alegando amenazas de muerte sobre su familia.
Su trayectoria en Estados Unidos es similar a la de “El Grande”. “El Lobo”, exlíder del Cártel del Milenio, fue detenido en 2009, extraditado en 2010, aceptó su culpa en 2012 y lo sentenciaron a veinticinco años en 2014. Sin embargo, debido a su testimonio contra García Luna y otros, su salida de prisión se dio once años antes, en noviembre de 2023.
Más Zambadas y Los Licenciados
Otro clan que reclamó su lugar en la Sociedad de los Narcos Sueltos fue el de Dámaso López Núñez, “El Licenciado”. Detenido en mayo de 2017 y extraditado a Estados Unidos en julio de 2018, cuatro meses después escuchaba a un juez condenarlo a cadena perpetua. Pero pidió afiliarse a los colaboradores. En enero de 2019 llegó su posibilidad de redención cuando declaró en el juicio contra el “El Chapo” Guzmán, y a los dos años, en enero de 2021, recibió su recompensa: su cadena perpetua fue intercambiada por quince años de prisión. Su ficha de la Agencia Federal de Prisiones (BOP) indicaba entonces que “El Licenciado” abandonaría la cárcel en noviembre de 2032. Pese a ello, en los siguientes meses dejó de estar bajo custodia del BOP y su caso desapareció de los juzgados “bajo sello”.
Como con los Zambada, los beneficios para los López vinieron después de la disposición para colaborar mostrada por su líder. Por ejemplo, Dámaso López Serrano, hijo de “El Licenciado” y ahijado de “El Chapo”, también recibió trato preferencial de la justicia estadunidense.
En un caso que puede inspirar a Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán “El Chapito” López, el primer gesto que mostró López Serrano fue rendirse ante la DEA una mañana de julio de 2017 en la ciudad fronteriza de Calexico, California. Su padre fue detenido apenas dos meses antes, así que decidió no enfrentar solo ninguna batalla.
En enero de 2018, el también conocido como “El Mini Lic”, se declaró culpable en la Corte Federal del distrito sur de California; luego de ser sentenciado el 15 de septiembre de 2022 a “condena de tiempo servido” fue liberado al día siguiente, un viernes. Al imponer sentencia en una Corte Federal de San Diego, el juez Dana Sabraw destacó que “El Mini Lic” había “arriesgado la vida por su cooperación extraordinaria”, que incluyó su disposición (no cumplida) para testificar en el juicio de Guzmán Loera, como sí lo hizo su padre en enero de 2019.
Álvaro López Núñez, hermano de “El Licenciado”, siguió los mismos pasos que su sobrino y hermano. Veintiún días después de que “El Mini Lic” se entregara, Álvaro hizo lo propio el 17 de agosto de 2017 pero en la garita de Nogales, Arizona. Su nombre estaba en la misma acusación de California con su sobrino y otros pistoleros señalados de traficar cocaína y otras drogas duras. El 13 de mayo de 2022, el juez Sabraw lo sentenció a cinco años de prisión y, una semana después, quedó en libertad; aún se encuentra en el periodo de tres años de libertad supervisada que disfruta en su residencia en Fresno, al este de California.
De regreso a los hijos de “El Mayo”, está el caso de Ismael Zambada Imperial, “Mayito Gordo”. Alcanzó su libertad en julio de 2022, un mes después de haber sido condenado a nueve años; recibió el crédito de los años que estuvo preso desde noviembre de 2014, cuando lo arrestaron fuerzas federales en Culiacán, Sinaloa. Su liberación temprana quizás tuvo que ver con el pago de la multa de 5 millones de dólares que, en abril de 2021 (día que se declaró culpable), el juez Dana Sabraw le impuso como condición para que lo soltaran. “El acusado deberá presentar un cheque de caja pagadero a United States Marshals Service por la cantidad de 5 millones de dólares estadunidenses en o antes de la fecha de la sentencia”, se lee en el acuerdo.
En diciembre de 2018, cuando lo llamaron a testificar en contra del “Chapo” Guzmán, Tirso Martínez, “El Futbolista”, ya estaba libre. Durante su retorno al juicio de Genaro García Luna, donde repitió la misma historia de sus narco-trenes, se notaba incluso más tranquilo que la primera vez.
Edgar Veytia fue detenido en febrero de 2017 al ingresar a Estados Unidos por la garita de San Diego sin saber que tenía una acusación pendiente en una corte de Nueva York. Tras declararse culpable, en septiembre de 2019, recibió veinte años de cárcel que se redujeron a diecisiete por tener doble nacionalidad. Finalmente, tras testificar en el juicio contra Genaro García Luna, y a petición de los mismos fiscales que lo acusaron, la jueza Carol Bagley Amon redujo su sentencia a sólo diez años que se cumplirán en 2027. Aun así —estuve presente en la audiencia en que se dictó la reducción—, su mamá hizo un berrinche monumental pues esperaba que lo dejarían en libertad.
Francisco Javier Arellano Félix, el tristemente célebre “Tigrillo”, es uno más de los que, por ingresar al programa de testigos protegidos, se sacudió la cadena perpetua que le impuso un juez de California en 2007. El juez cuenta que, al año de la sentencia, los fiscales presentaron una moción para reducir la sentencia de “El Tigrillo”, pero le dijeron que no actuara de inmediato, sino que la sellara y dejara en suspenso para utilizarla como zanahoria sobre Arellano Félix. Siete años después, en noviembre de 2014, tras obtener parte de lo que querían de “El Tigrillo” (como el decomiso de su yate Riviera de 2001, llamado “Dock Holiday” y 50 millones de dólares), los fiscales dieron luz verde al juez para que aceptara reducir la sentencia. En la moción, los fiscales destacaron “la amplia cooperación del Sr. Arellano con las fuerzas del orden después de la sentencia”. Y pese a que un año después el juez negó una nueva petición de la defensa de Arellano Félix que buscaba una reducción más, a partir de entonces el caso de “El Tigrillo” desapareció y tampoco se encuentra bajo custodia del BOP.
Testigos protegidos de otra nacionalidad
El grupo de colombianos que declaró en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán recibió de manera gradual los beneficios por su trabajo en el llamado “Juicio del Siglo”. En ese procedimiento, que duró doce semanas entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, asistieron cinco colombianos de entre los 56 testigos que llamó la fiscalía del caso. Mencionaré a tres.
Además de Juan Carlos Ramírez Abadía, “Chupeta”, los otros dos llevan los apellidos Cifuentes Villa: Los hermanos Jorge Milton e Hildebrando Alexander. Fueron los primeros en recibir generosas sentencias, de ocho años el primero, pese a los seis cargos por importación de cocaína a los Estados Unidos; y de nueve el segundo, acusado de conspiración internacional para manufacturar, importar y distribuir narcóticos.
A Jorge Milton le tomaron como crédito los ocho años desde que fue detenido en Venezuela en agosto de 2012; en diciembre de 2019, justo al cumplirse el año en que atestiguó contra Joaquín Guzmán, abandonó la prisión. A su hermano menor, Hildebrando Alexander, lo sacaron de la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y a los pocos días obtuvo su libertad en junio de 2023.
El “Chupeta”, quien superó las cifras criminales del propio “Chapo” Guzmán, pues traficó más toneladas de cocaína y asesinó de manera personal a más rivales, recibió veinte años de sentencia en agosto de 2023 dado que “brindó una asistencia significativa y sustancial al gobierno”, según alertaron los fiscales al juez Brian Cogan. Como lo detuvieron en Brasil en 2007, se presume que saldría en 2027 —pero por ahora no hay indicios de que se halle en alguna cárcel de las que maneja el BOP.
Un caso más es el del hondureño Carlos Arnoldo “El Negro” Lobo. A finales de abril de 2024, se filtraron fotos suyas en la prensa de Estados Unidos: en las imágenes vemos a Lobo —que en 2013 se convirtió en el primer narcotraficante enviado de Honduras a Estados Unidos— tomando el sol, bailando y abrazando a una mujer con la que celebra su liberación tras cumplir sólo diez de los veinte años a los que fue sentenciado. Aunque Lobo no fue llamado a testificar en el juicio, seguramente dio información para que procesaran al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años en junio de 2024.
Hay cientos de narcos detenidos que no han recibido la invitación a convertirse en soplones para recibir así el beneficio de las sentencias reducidas. Gente que sí recibió penas severas como las prometidas cuando el gobierno mexicano decidió enviarlos con los alguaciles. Esos castigos van desde los 49 años que recibió Edgar Valdés Villarreal, “La Barbie”, una cadena perpetua de facto, a los cuarenta que le dieron a Mario Núñez Meza, “el M-10”, los veinticinco de Benjamín Arellano Félix o los veinte que dieron a José Treviño Morales, hermano de Miguel Ángel, “el Z-40”. Todos son muestra de que no quisieron colaborar, no se los ofrecieron, o tenían poco qué ofrecer.
Por cierto, además del Z-40 hay en México varios narcotraficantes con juicios de amparo para evitar la extradición. Omar Treviño Morales, “el Z-42”, Rafael Caro Quintero y Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Tormenta”, se hallan entre los más célebres. Los imagino atentos a la evolución del caso de Ismael “El Mayo” Zambada, quien será enviado de una corte texana a la del distrito este de Nueva York para ser juzgado. La misma donde se procesó a su compadre “El Chapo”, a García Luna, a Edgar Veytia, al “Rey” Zambada y varios más.
“El Mayo” no debería tener otro destino más que la cadena perpetua dado el trato del mayor capo en la Historia que, mientras estaba prófugo, le dispensaron las agencias de seguridad estadunidense (prometían 15 millones de dólares a quien diera información que llevara a su captura). Si muy pronto se declara culpable, entonces podríamos comenzar a especular que ya estaba negociando entregarse desde antes de volar, como aseguraba una de las tantas versiones que mostró The New York Times en los días posteriores a la entrega.
Y entonces el corrido de su contrabando y traición por parte de los Chapitos será otra bonita leyenda para ser cantada. No para juzgarse en las cortes.
Juan Alberto Vázquez
Periodista. Autor de Los padrotes de Tlaxcala. Esclavitud sexual en Nueva York (Aguilar, 2023) y NXIVM. La secta que sedujo al poder en México (Grijalbo, 2020)