El 25 de septiembre de 2024 Juan Santiago Reyes Ramírez ingresó a un centro de rehabilitación en Ecatepec. Era su primer día. También fue el último. Lo que debía ser un paso hacia su recuperación terminó en tragedia: murió esa misma tarde, bajo el cuidado de quienes, en teoría, debían ayudarlo.
Las personas a cargo del centro aseguraron que se trató de un suicidio. Pero su hermano, José, no está convencido. La versión oficial presenta múltiples inconsistencias: la altura de la ventana desde donde, según, se colgó no coincidía con la estatura de Juan; el estado del cuerpo indicaba que llevaba varias horas fallecido antes de que se diera aviso a la familia; y la llamada inicial del centro sólo mencionaba que Juan estaba inquieto, sin ninguna referencia a un atentado contra su propia vida. Además, el personal del centro tardó en reportar la muerte y, en lugar de alertar de inmediato a las autoridades, intentó persuadir a la familia para que se llevaran el cuerpo cuanto antes, ofreciéndoles cubrir los gastos funerarios. Todo esto dejó en José la sensación de que se trataba más de un encubrimiento que de un procedimiento transparente.
Por supuesto, José no es el único que se ha enfrentado a la opacidad de estos lugares. Para muchas familias, la única alternativa para ayudar a un ser querido se convierte en una condena de muerte. Detrás de cada caso, el mismo patrón: instalaciones irregulares, violencia sistemática y versiones oficiales que no resisten el más mínimo escrutinio.
Una crisis nacional sin regulación efectiva
Las dudas de José no son infundadas: en México, muchos de estos establecimientos, conocidos como anexos o granjas, operan en la clandestinidad, sin regulación ni supervisión. Aunque prometen disciplina, terapias grupales y rehabilitación, han sido señalados por implementar métodos coercitivos y prácticas inhumanas que rayan en la tortura.
Una imagen compartida por un colaborador de un anexo revela una escena escalofriante: un joven hincado, con las manos atadas y el rostro cubierto con vendas, excepto la boca. Entre dos sujetos le vierten líquido desde una cubeta de pintura, forzándolo a beber. Uno sostiene la cubeta, mientras el otro le abre la boca a la fuerza, privado de la vista y el movimiento. El origen del líquido es incierto, pero la imagen deja claro el trato degradante al que son sometidos los internos en estos lugares. Este tipo de abusos han sido denunciados en diferentes estados, sin que las autoridades tomen medidas efectivas para frenar estas prácticas. En este sistema sin supervisión, la rehabilitación se confunde con castigo.
Esta crisis se agrava con la proliferación de centros sin control ni personal capacitado. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2015 existían 1,782 agrupaciones de autoayuda para personas con adicciones. Sin embargo, sólo 2.3 % de las personas trabajadoras en estos centros contaba con certificación en competencias laborales. Para 2024, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) reconocía únicamente 192 centros residenciales especializados en el tratamiento de adicciones a nivel nacional. Esta discrepancia sugiere que cientos de anexos operan sin regulación ni supervisión oficial, exponiendo a los internos a un alto riesgo de abusos, negligencia y violencia, en un sistema que funciona al margen de la ley.
Sin datos, sin respuestas: la falta de control en los anexos
Esta investigación, realizada en colaboración con Natalia Sánchez para N+, revela una realidad alarmante. En 2024, al menos noventa y cuatro personas fallecieron en estos centros, un promedio de dos muertes por semana. La crisis es nacional: de las treinta y dos entidades federativas, veintiséis registraron al menos un caso. Coahuila encabeza la lista con quince muertes, seguido por Guanajuato (doce), el Estado de México (diez), Veracruz (seis) y Guerrero (cuatro).
A través de la solicitud de transparencia con folio 050096900057824, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que “no hay un campo específico que registre este tipo de incidencias”. Sin embargo, enlistó catorce eventos, de los cuales tres fueron clasificados como homicidios dolosos y dos, como suicidios. No contar con un registro preciso ni con estándares claros para la supervisión de estos centros refleja un vacío institucional que permite que la impunidad prevalezca.
Un problema sin freno: ¿dónde está la regulación?
El diputado Jorge Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, ha señalado que la falta de recursos para atender las adicciones de forma adecuada ha generado la proliferación de centros de rehabilitación con poca o nula regulación. Según Valdés, en Coahuila existen alrededor de trescientos anexos, pero sólo cien cuentan con algún tipo de registro, aunque sin cumplir con todos los requisitos básicos. Además, menciona que únicamente dos centros están afiliados a la Conasama, lo que evidencia la precariedad en su supervisión.
En un intento por frenar esta crisis, se ha impulsado una iniciativa de ley que busca establecer controles más estrictos sobre estos espacios. La propuesta ha logrado respaldo en el Congreso estatal y del Gobierno, más allá de diferencias partidistas. Entre sus principales medidas están prohibir el internamiento forzado, crear un padrón actualizado de las personas ingresadas y exigir personal calificado en estos centros.
El objetivo es reducir las malas prácticas y garantizar un trato adecuado a quienes buscan rehabilitación. Pero mientras la iniciativa avanza a paso lento en comisiones, los anexos siguen cobrando vidas. “¿Por qué tanta muerte? Yo creo que por el número de anexos que hay”, sentencia Valdés.
El problema no es exclusivo de Coahuila. Con la mayoría de los estados registrando fallecimientos en estos centros y sin una estrategia uniforme a nivel federal, la falta de regulación sigue poniendo en riesgo a miles de personas. ¿Cuántas más deben morir antes de que la crisis sea atendida?
Rehabilitación a la fuerza: cuando la violencia sustituye el tratamiento
Mirar estos números con detenimiento es enfrentar un panorama inaceptable: para muchas familias, la única alternativa para ayudar a un ser querido puede convertirse en una sentencia de muerte. Pero los datos fríos no cuentan toda la historia. Detrás de cada número hay rostros, nombres e historias de violencia extrema.
Cristian Alfredo Hernández Mendoza, de 24 años, ingresó a un anexo en Acapulco buscando rehabilitación. Salió en una bolsa forense. La causa de su muerte: fractura y desgarro raquídeo, lesiones que sugieren una agresión brutal. Josué Baltazar murió en Sinaloa por asfixia mecánica. Según reportes, lo presionaron con las rodillas en el pecho hasta que dejó de respirar.
Las condiciones en estos centros no sólo incluyen violencia, sino también negligencia extrema. Jesús Heriberto Domínguez Castillo, en Coahuila, fue llevado dos veces al hospital antes de morir. No recibió la atención médica necesaria. Y en muchos casos, ni siquiera hay explicaciones claras. Reportes oficiales hablan de muertes por “causas naturales” sin autopsias concluyentes. No hay supervisión. No hay respuestas. Sólo familias que reciben un cuerpo y una versión que no pueden cuestionar.
Aunado a esto, las muertes por ataques armados siguen un patrón inquietante: se concentran en estados con fuerte presencia del crimen organizado, como Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Sinaloa. La línea entre rehabilitación y violencia estructural es cada vez más borrosa.
Anexos en 2025: mismas prácticas, mismas consecuencias
En lo que va del año, según la revisión hemerográfica actualizada, se han registrado al menos diecinueve muertes de internos en estos establecimientos. Entre ellos, Jaqueline, una menor de tan sólo catorce años, falleció en un anexo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Su madre, Malena, denunció que la menor sufrió maltrato y negligencia médica durante ocho días antes de su muerte. Presentaba fiebre alta, diarrea y vómitos, pero nunca recibió atención adecuada. Otras internas del anexo relataron que, pese a su evidente deterioro, los encargados ignoraron su condición hasta que fue demasiado tarde.
Al 17 de marzo de 2025, han transcurrido once semanas, lo que equivale a un promedio de 1.7 muertes. Si esta tendencia continúa, el 2025 podría igualar o incluso superar las dos muertes por semana registradas en 2024. En apenas tres meses, los estados con más fallecimientos hasta ahora son la Ciudad de México (cinco), Jalisco (tres) y el Estado de México (tres), lo que evidencia que la crisis no sólo persiste, sino que se agrava con cada semana que pasa.
A pesar de que la capital mexicana encabeza la lista de muertes en anexos, el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) admite que ni siquiera sabe cuántos operan de manera irregular. No hay cifras, no hay supervisión, no hay control. Pero eso no impide que la institución inste a las personas a “verificar” por su cuenta si el centro al que ingresarán está registrado ante el IAPA. Como si la responsabilidad de verificarlos no fuera suya, sino de quienes buscan ayuda en un sistema que opera en la opacidad y la negligencia.
José Reyes sigue esperando respuestas. Su hermano Juan ingresó buscando ayuda y salió en un ataúd. “Cuando ingresan a alguien a un anexo, debe haber alguien que los cuide, alguien que esté al pendiente. No se pueden justificar con que ‘se suicidó’ y ya, como si su vida no valiera nada”, reclama. Las palabras de José resuenan más allá de su propio duelo. Son el eco de cientos de familias que han vivido la misma historia. En cada anexo sin regulación, en cada muerte no esclarecida, en cada expediente cerrado sin investigar, la impunidad se repite con otro nombre, en otro estado, con otro familiar que jamás regresa a casa.
Al mismo tiempo, en redes sociales y en la conversación pública, se ha normalizado la idea de que los anexos son el destino inevitable de quienes “se portan mal” o “necesitan ayuda”. Secuestros disfrazados de rehabilitación, internamientos forzados y métodos de sometimiento brutal se perciben como justificados, necesarios o incluso como contenido de entretenimiento, sin cuestionar las consecuencias de este sistema. Pero detrás de cada video viral, de cada broma sobre la “necesidad” de encerrar a alguien en un anexo, hay una realidad de abuso, tortura y muerte que sigue creciendo en la impunidad.
Cada semana, un Juan más entra en estos centros. Cada semana, un José más se queda sin respuestas. Y cada semana, las autoridades siguen sin mirar.
José Á. Álvarez Reyes
Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE.