Las recientes elecciones dieron resultados sorprendentes e inesperados hasta para el observador más avezado. Más allá de gobernadores, alcaldes y congresos locales, la competencia se centró en la Presidencia y el Congreso federal debido a que, como quedó claro desde 2021, estaba en juego la continuación de los programas y propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas de ellas de dudosa utilidad pública y, en apariencia, muy criticadas por grupos sociales que, se suponía, eran amplios y podían cambiar el rumbo político.
Aunque los comicios se caracterizaron por la polarización política, pocos confiaban en que Xóchitl Gálvez ganaría. En realidad, debido a la amplia popularidad de López Obrador y a la consistente preferencia por Morena, muy superior a la del PAN y el PRI desde principios del sexenio, se daba por descontado que Claudia Sheinbaum ganaría la Presidencia de la República. Sin embargo, pocos, por no decir que nadie, esperaban una votación tan alta y con una diferencia tan amplia respecto de Gálvez. Sheinbaum obtuvo 59.4 % de los votos mientras que la candidata de oposición apenas alcanzó el 27.9 %, una diferencia de 32 puntos, muy alejada de la que tantos observadores situaban entre el 10 y 15 %.
Es verdad que algunas encuestas adelantaron una diferencia cercana a la que ocurrió, pero dada la amplia desconfianza en sus datos, a la extenuante exposición de resultados, muchos de ellos disparatados y, sobre todo, a que las encuestas se han convertido en recursos propagandísticos con poca calidad metodológica, no se consideraron con seriedad para fundamentar proyecciones. También influyeron otros dos factores: la extensa y publicitada actividad de Gálvez, su visibilidad, repentina, sobresaliente y, por encima de cualquier otra circunstancia, la votación de 2021 que eliminó el control de Morena en la Cámara de Diputados y los triunfos de la oposición en la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México. Esa votación, centrada indudablemente en las clases medias, el apoyo que se mostró en diferentes marchas y la extrema polarización fomentada por López Obrador, auguraban un apoyo suficiente si no para alcanzar la Presidencia, sí para cerrar la competencia. Lo que se traduciría, de manera directa, en evitar que Morena tuviera la mayoría legislativa para imponer sus reformas.
Es evidente ahora que esas suposiciones fueron del todo infundadas y que la principal variable, el comportamiento del votante, sigue siendo una incógnita. Como demostraron algunas encuestas posteriores al día de los comicios, la votación por Sheinbaum no provino sólo de los sectores de bajos ingresos, principales beneficiarios de la política social del régimen, por el contrario, ahora sabemos que, en su mayoría, las clases medias dieron su voto a Sheinbaum y Morena. Esos mismos sectores que tres años atrás votaron en su contra, lo que significa que cambiaron radicalmente no sólo su preferencia partidaria o ideológica, sino su evaluación del régimen. Si, como se supone, en 2021 votaron para retirarle al Presidente y su partido la mayoría legislativa para evitar lo que consideraban arbitrariedades presidenciales, tres años más tarde no las vieron de la misma forma o, lo que es más delicado, apoyaron de manera consciente su programa de cambios institucionales.
Las equivocadas proyecciones se basaron en el comportamiento de las clases medias de la capital del país, que influyeron en los puestos legislativos en 2021 y, en especial, en las alcaldías capitalinas. Un grave error que, como mostraron algunos autores que han comparado el voto en la Ciudad de México con el de otras entidades, considera que las preferencias de estos habitantes son iguales a las del resto del país. Ni las condiciones económicas y sociales son las mismas, ni la polarización, real o aparente, se reproduce de la misma forma en otras entidades. Se pasó por alto la evidencia y, como en otras ocasiones, se pensó que la irritación capitalina era la misma en todo el país.
Si la votación no se explica por las diferencias socioeconómicas, es evidente que el clientelismo tampoco fue la razón de fondo. Se repitió la idea de que los sectores de bajos ingresos apoyaban a Morena, López Obrador y Sheinbaum por el uso político de los beneficios sociales. No obstante —aun cuando es cierto— eso no explica por qué las clases medias cambiaron sus preferencias ahora, si, como es obvio, no son los principales beneficiarios de sus programas clientelares. Tampoco es del todo cierto, ni determinante, atribuir a López Obrador el apoyo electoral a Sheinbaum. La candidata de Morena obtuvo una votación superior en seis puntos a la que López Obrador consiguió en 2018, de 53.2 %, y que en su momento se consideró muy elevada al compararla con los resultados de anteriores elecciones. Sheinbaum obtuvo 59.4 % y con una participación tres puntos menor a la de seis años atrás. Este indiscutible apoyo no se explica por López Obrador ni por las preferencias a Morena.
La comparación de votos entre la candidata Sheinbaum y su partido ofrece otro dato revelador. Ya sea que se tomen en cuenta los votos por la Presidencia o la Cámara de Diputados, Morena registra 45.2 % y 40.4 %, respectivamente. Indudable mayoría, pero que se ubica entre 14 y 19 puntos abajo de la votación por Sheinbaum. Votación alta que marca distancia de López Obrador y su partido, lo que significa que la próxima mandataria tiene una presencia nunca vista en el país. Es un capital político propio que la dota de autonomía total ante su mentor —López Obrador— y, por supuesto, de su partido, atravesado por divisiones internas, aunque siempre solícito al jefe del Ejecutivo.
Sheinbaum tiene todos los recursos para construir un liderazgo fuerte y sin disputa, por mandato legal y, en especial, por autoridad personal. Después del 2 de junio, Claudia Sheinbaum puede alejarse de López Obrador y de su radical y, en más de un sentido, arbitrario programa de reformas que busca el desmantelamiento institucional, y desarrollar tanto un programa como un gobierno propios, con objetivos definidos por ella misma. Su autoridad ya no depende de su tutor político y mucho menos de su partido. Será decisión suya si desperdicia su posición privilegiada.
Este hecho cobra más relevancia porque Morena, contra todas las predicciones, alcanzó una sobrada mayoría constitucional en el Congreso. Aunque se discute aún su mayoría en el Senado (uno o dos escaños), la tiene sin discusiones en la Cámara baja, lo que le permite a la Presidencia hacer realidad cualquier cambio constitucional que se proponga. De la misma manera, y quizá por las mismas razones, pocos preveían que Morena alcanzaría la mayoría constitucional en el Congreso: de nuevo, la polarización y, por encima de todo, el voto de 2021. Sin embargo, esta preferencia no se sostuvo. Desde luego hay un cambio radical en el comportamiento del elector, aunque todo parece indicar que no se dirige a evitar el dominio de un partido sino a afianzarlo.
Desde 1994, a medio término del gobierno de Ernesto Zedillo, el electorado decidió no concederle el control político a un solo partido. Esta tendencia, que se mantuvo hasta 2018, parecía indicar que se tenía conciencia de los excesos de la hegemonía priista y que el electorado ya no estaba dispuesto a tolerarla. En esa dirección, la mayoría que obtuvo Morena en 2018 se consideró una anomalía, en buena parte fundada en el desempeño del gobierno de Enrique Peña Nieto, que parecía rectificarse en 2021. Ahora queda claro que la anomalía tuvo lugar en las elecciones de 2021 y que el electorado, nostálgico de los años de estabilidad y crecimiento priista, prefiere construir una autoridad centralizada, con poca conciencia de los riesgos, de sobra conocidos, de un partido dominante. Si se suman los resultados de la jornada electoral (Presidencia, Congreso federal, gobernadores), el resultado es que los años de hegemonía de un solo partido están de vuelta y que el electorado los ha preferido deliberada y contundentemente. En rigor: el electorado espera un Ejecutivo fuerte aunque tenga que soportar arbitrariedades.
Nadie, por lo tanto, puede llamarse a engaño o a sorpresa: Sheinbaum tiene en sus manos el poder absoluto para desarrollar el programa que desee. Y esto es lo más peligroso de los resultados porque la próxima presidenta ha ratificado su voluntad de imponer las reformas propuestas por López Obrador y que, en la práctica, significan la desaparición de instituciones centrales para el equilibrio no sólo de los poderes, sino de la soberbia y arbitrariedad del jefe del Ejecutivo. Ni el presidente saliente ni la entrante han negado que para septiembre, apenas se instale la nueva legislatura y estén activos ambos mandatarios, se aprobarán las reformas constitucionales que eliminarán los organismos autónomos, limitarán al mínimo las funciones del INE, someterán al Poder Judicial con la absurda medida de elegir por voto a los ministros, magistrados y jueces, y eliminarán la representación proporcional en el Congreso.
No se necesita mucha imaginación para comprender que estas medidas no contribuyen en nada a la democracia y al equilibrio de poderes. Por el contrario, tienen el propósito de fortalecer el poder del jefe del Ejecutivo, con el riesgo de que los caprichos, ocurrencias y arbitrariedades personales se conviertan en norma de gobierno. De vuelta al presidencialismo excesivo que se fundamenta no en la Constitución, sino en la homogeneización partidaria de los poderes Ejecutivo y Legislativo, una lamentable condición jurídica y política que data de la misma Constitución de 1917.
No se está ante un cambio de régimen sino ante la destrucción de las bases institucionales que se construyeron en las últimas décadas. No es un cambio, es una regresión a las prácticas del siglo pasado: gobiernos unificados, predominio absoluto del presidente, sometimiento de los poderes Legislativo y Judicial, y la modificación de las condiciones electorales para que el partido dominante se perpetúe en el poder. Es claro que los vencedores buscarán que lo ocurrido el 2 de junio perdure y la vía será eliminar la representación plurinominal y destruir cualquier medio de control de la discrecionalidad presidencial. No es este el lugar adecuado para exponer la necesidad de la representación proporcional, baste mencionar que con ella se garantiza la presencia de los partidos minoritarios que, a su vez, expresan las preferencias de sectores específicos de la población. No hay duda de que se abusó de ella, en especial al llevarla innecesariamente al Senado, y que se requiere revisar su número y adjudicación, no eliminarla porque los distritos de mayoría beneficiarán al partido dominante. Justo lo que se pretende ahora.
La votación por partidos revela que hay una seria crisis en el sistema. Los resultados son lamentables: el PAN obtuvo 16.3 % en la presidencial y 17.2 % en la Cámara de Diputados; el PRI recibió 9.7 % y 11.3 %, respectivamente, y qué decir del PRD que perdió su registro por no alcanzar el mínimo necesario. Más aún, sólo el PAN consiguió un distrito de mayoría y la coalición alrededor de 30. La representación que tendrán en el Congreso, mínima e irrelevante ante la mayoría morenista, dependerá por completo de la distribución proporcional. La propuesta de eliminar las 200 curules de este tipo equivale a garantizar el dominio permanente de Morena. Y también la desaparición o reducción al mínimo de los partidos pequeños, incluidos los que hasta ahora han sido satélites de Morena. Y quizá no haya mejor muestra de cómo el triunfo abrumador del partido oficial vaticina una regresión institucional que esta composición del Congreso.
Hasta los años sesenta la Cámara baja se integraba sólo con distritos de mayoría que ganaba siempre el PRI y pocos, apenas testimoniales, quedaban en manos del PAN. En esa época se reconoció que este dominio absoluto, si bien le garantizaba al Ejecutivo el control político, también significaba una pérdida neta de legitimidad porque la oposición de entonces (PAN, PPS, PARM) no recibía el apoyo necesario para demostrar competencia política. El gobierno promovió la primera reforma electoral para abrir los espacios a la oposición, medida en su momento limitada y que hasta los años setenta daría lugar a la representación plurinominal. Ese esquema de representación asegura que un partido pueda dominar, no que obtenga legitimidad permanentemente.
Claudia Sheinbaum enfrenta un desafío enorme que pondrá a prueba su capacidad, experiencia y, ante todo, prudencia política. No hay ninguna duda de que obtuvo una mayoría absoluta, en lo personal y como partido, lo que puede interpretarse como una aprobación incondicional para poner en marcha su programa. Aun así, tendrá que valorar si sus reformas son en verdad útiles para sostener y mejorar la democracia mexicana o son sólo el capricho ideológico de un presidente autoritario. Si antes del 2 de junio Sheinbaum debía lealtad ciega a López Obrador por ser su mentor y guía, ahora debe estar consciente de que es una presidenta por mérito propio y que, sólo por esa razón, puede tomar distancia de sus arrebatos. Puede ser una simple continuadora del proyecto y convertirse en la presidenta que destruya las instituciones sin las cuales ningún sistema democrático puede sobrevivir.
De realizarse las reformas, México regresará al sistema del siglo pasado donde el gobierno y el presidente controlaban las elecciones, el Congreso, la Suprema Corte de Justicia, sin que nada ni nadie controlara los designios del presidente. Este esquema está asociado, sin duda, al dominio priista, pero habría que recordar que en ese periodo al menos el sistema funcionaba mediante las instituciones que se habían creado. Al parecer, ahora volverá el dominio de un partido, aunque sin instituciones que controlen las arbitrariedades presidenciales.
Rogelio Hernández Rodríguez
Profesor-investigador en El Colegio de México. Es autor de Historia mínima del PRI (El Colegio de México, 2016).