Este artículo nace a raíz de dos sucesos recientes: la destitución de Dina Boluarte por el congreso del Perú, y la dimisión de Sebastien Lecornu, que ha pasado a ser el primer ministro más efímero en la historia de la Quinta República francesa. A un año de que inició su gobierno, Claudia Sheinbaum ha consolidado su legitimidad ante los electores y su posición frente a las invectivas del presidente Trump. Sin embargo, el oído de los integrantes de Morena no parece haber cedido tanto como el de la población mexicana o el de su homólogo americano. A pesar de su firmeza, el liderazgo de Sheinbaum tiene por punto ciego el control de su propio partido, hoy mayoritario en el congreso.
Sheinbaum ha declarado que se someterá a la revocación de mandato en 2027, método de control ciudadano inaugurado por su predecesor[1]. La presidenta también ha anunciado el envío de una propuesta de reforma electoral al Congreso en enero de 2026 en la que se discutirán, entre otros puntos, las modalidades de la revocación. Este mecanismo pretende imponer un control ciudadano al ejercicio del gobierno en turno. Sin embargo, éste podría amenazar la estabilidad de un régimen que no es tan homogéneo como pretende y que esboza ciertas flaquezas. Por ende, me parece pertinente analizar las posibles aristas de la revocación de mandato a la luz de los casos peruano y francés que, aun sin ser idénticos, son por lo menos similares.
Estado de la cuestión
Los casos de Perú y Francia son paradigmáticos: la impopularidad de los gobernantes ha producido coaliciones electorales frágiles y la falta de una mayoría ha desestabilizado la toma de decisiones e imposibilitado el consenso. Esta debilidad ha gangrenado la gobernabilidad de ambos países. La inestabilidad política se ha materializado en la pérdida de legitimidad de los gobernantes y de los partidos, en la incapacidad ejecutiva de los gobiernos, en colapsos ministeriales recurrentes en el caso francés, en presidencias de muy corta duración en el caso peruano, en un descontento popular creciente al que es imposible responder. La inestabilidad es el síntoma de un problema más amplio: si la limitación del margen de acción del ejecutivo garantiza la primacía de la ley sobre la palabra volátil y efímera de la política, el acecho tenaz del ejecutivo por parte de un parlamento dividido restringe la capacidad de responder a cualquier emergencia.
Las crisis de legitimidad de los ejecutivos y su vulnerabilidad remiten a una encrucijada inherente a las democracias constitucionales, que me atrevería a calificar de irresoluble: o se le confieren más poderes al ejecutivo y la toma de decisiones es rápida y tajante, pero propensa a la arbitrariedad; o se acota el margen de acción de éste, se limitan los riesgos de abuso de poder pero se abre la puerta a un posible anquilosamiento en la toma de decisiones. A día de hoy, ambos casos se observan alrededor del mundo: en contraparte a la inestabilidad política de Perú y Francia, el presidente americano Donald Trump gobierna por decreto en Estados Unidos en El Salvador, el presidente Nayib Bukele, respaldado por la aprobación popular, ha logrado reelegirse a pesar de lo establecido en la constitución.
En México, no se puede argumentar la existencia de un anquilosamiento semejante al francés ni una inestabilidad política como la peruana: a raíz de su aplastante victoria electoral, Morena tiene hoy el ejecutivo, 23 gubernaturas y la mayoría absoluta en el Congreso. Su hegemonía le ha permitido relegar a las minorías electorales y limitar los mecanismos de control constitucional. La política mexicana está en el polo opuesto al tumulto parlamentario que agita a Francia y a Perú. Hay sin embargo un mecanismo que vincula a México con estos casos, especialmente con Perú, cuya inestabilidad supera con creces la de Francia: la capacidad de destituir al presidente, posibilidad que se abrió con la revocación de mandato.
Ciertamente, la revocación no es tan draconiana como la vacancia parlamentaria: mientras que la segunda pesa como una amenaza de destitución constante sobre el presidente, la primera es una consulta puntual. Sin embargo, la revocación puede coaccionar ciertas medidas del ejecutivo o ser de utilidad para ciertos grupos para debilitarlo. Si se le compara con los casos francés y peruano, el riesgo es más político que institucional. La revocación depende menos de la división del congreso, prácticamente nula a día de hoy, que de la participación y de la polarización ciudadana; pero eso no la vuelve menos alarmante. Frente a las divisiones que se ven dentro de Morena y los efectos que estos puedan tener en la opinión pública, la revocación de mandato podría servir menos como método de control ciudadano que como instrumento para desestabilizar un gobierno que acecha la discordia.
Elecciones y revocación
Una diferencia despunta entre la revocación de mandato de López Obrador y la revocación a la que Claudia Sheinbaum pretende someterse: mientras que el primero se sometió al proceso en 2022, a 4 años después del inicio de su mandato, Sheinbaum ha declarado que este mismo proceso tendrá lugar en 2027, es decir a mitad de su mandato. Esta diferencia sería irrelevante si no fuera por la coincidencia de la revocación de Sheinbaum con las elecciones intermedias en 2027. Esta convergencia implica riesgos apremiantes tanto para la gobernabilidad del ejecutivo como para la estabilidad política del país.
La limitación de cada mandato presidencial a un sexenio permite la implementación de un programa a mediano-largo plazo. El ejecutivo en México goza de una capacidad muy amplia para proponer e implementar políticas públicas, pues no vive bajo la amenaza constante de su destitución. En contraparte, la no reelección ofrece a los electores la posibilidad de expresar su descontento mediante las elecciones intermedias y de cambiar la orientación del gobierno al final de cada mandato en el caso en el que las demandas sociales no hayan sido satisfechas. La irrevocabilidad del ejecutivo puede agravar la pérdida de confianza en el gobierno, pero no anquilosa su gobernabilidad. La revocabilidad, por el contrario, restringe en sumo grado la formulación y ejecución de políticas públicas a largo plazo. Un presidente se ve obligado a satisfacer a sus electores con políticas a corto plazo si está al acecho de ser revocado a la mitad de su mandato. El peso de la revocación sobre el ejecutivo acota su posibilidad de implementar un programa coherente en un modelo de no reelección donde los gobiernos en turno tejen y destejen las medidas de sus antecesores como si del sudario de Penélope se tratase.
A la presión ciudadana se añade la posibilidad de una incidencia de las elecciones intermedias y del poder judicial en la estabilidad del ejecutivo. En 2027 coincidirán tres procesos: las elecciones intermedias, la elección de jueces y magistrados y la revocación de mandato de la presidenta. A propósito de las elecciones del poder judicial, Guadalupe Salmorán Villar[2] explica que la coincidencia de éstas con las elecciones intermedias aumenta el riesgo de que las campañas electorales incidan en el voto por jueces y magistrados. Si añadimos la revocación de mandato, la composición de tres poderes supuestamente independientes pueden ser contaminadas por una misma lógica.
En un entorno tan polarizado, los periodos electorales se han caracterizado menos por la diversidad y robustez de los programas propuestos que por el esfuerzo de los candidatos de desacreditar a la competencia. La confluencia de los tres procesos difumina los límites que separan los tres poderes y disuelve las obligaciones de cada esfera en el sulfuro de ambiciones partidistas. La retórica electoral puede tener incidencia tanto en la elección del poder judicial como en la percepción del ejecutivo en el umbral de una consulta que abre la posibilidad de su destitución. En el caso de Claudia Sheinbaum, la presidencia se podría ver acechada tanto por la oposición como por las disidencias dentro de su propio partido.
Concesiones y disentimientos
Otro elemento que distingue los casos de Francia y Perú con el mexicano es la composición del Congreso. Frente a los parlamentos divididos de los primeros dos, Morena tiene tres cuartos del Congreso, la mayoría de las gubernaturas en México
Con la revocación de mandato, el expresidente Andrés Manuel Lopez Obrador ha establecido un mecanismo que podría, bajo apariencia de control ciudadano, servir como método de control político. Por ende, el acecho al ejecutivo podría operarse dentro del propio partido de la presidenta y no desde afuera.
Los integrantes de Morena no parecen estar del todo al unísono con la presidenta. La iniciativa de ley contra el nepotismo ejemplifica el fenómeno: El 11 de marzo de 2025, Sheinbaum mandó una iniciativa de ley que restringía la elección de legisladores que tuvieran familiares en cargos públicos. Mientras que la presidenta buscaba que esta ley entrara en vigor en el 2027, la bancada de Morena en ambas cámaras aplazó su entrada en vigor al 2030, fecha para la que el sexenio de Sheinbaum estará por terminar. El diferendo muestra dos cosas: por un lado, la bancada de Morena no es tan homogénea como aparenta. Sheinbaum tuvo que conceder a antiguos rivales cargos públicos importantes. Tal es el caso de Gerardo Fernandez Norona, hoy presidente del Senado, o de Adan Augusto Lopez, hoy presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. La concesión de esos cargos ha resultado en una fisura discreta pero visible entre los designios de la presidenta y las voliciones y aspiraciones de otros integrantes del partido. Por otra parte, esta fisura ha mostrado que Sheinbaum no tiene el control que tenía su antecesor sobre su propio partido. El aplazamiento de la ley contra el nepotismo da cuenta de las divergencias entre las iniciativas del ejecutivo y su imposibilidad de hacer frente a las irregularidades en las filas de su propio partido.
En tanto crezca esta fisura, podría aumentar la vulnerabilidad de la presidente. Con ciertas excepciones, Sheinbaum ha seguido los pasos de su predecesor y aceptado la concesión de cargos importantes a algunos de sus antiguos rivales. Por otro lado, muchos integrantes de Morena parecen mantener su lealtad a Andres Manuel Lopez Obrador antes que a Claudia Sheinbaum. En el caso en el que la presidenta se distancie de los pasos de su predecesor, el proceso de revocación podría ser un instrumento para sabotear su mandato. El mecanismo sería doblemente riesgoso en un periodo en el que la polarización de la ciudadanía se acrecentara. De esta forma, el límite entre control ciudadano y control partidista se podría volver difuso.
Para una evaluación futura de la revocación
La futura reforma electoral ha sido impulsada, entre otros, por motivos económicos. Se ha propuesto eliminar las diputaciones plurinominales y reducir el financiamiento a partidos para reducir el costo de las elecciones. Sin ahondar en los riesgos para la pluralidad y la concentración del poder que estas medidas podrían traer consigo, deberíamos empezar a bosquejar el tratamiento que la reforma podría dar al proceso de revocación.
Si la reforma tiene por objetivo reducir los costos de las elecciones, la revocación podría acontecer al momento de las elecciones intermedias. Por un lado, el costo de los tres procesos electorales sería menor si acontecen al mismo tiempo, pues no se tendrían que organizar tres elecciones en momentos separados. Por otro lado, la presidencia sería mucho menos vulnerable a toda tentativa de sabotaje si la consulta de revocación coincide con las elecciones intermedias. En dicho caso, Morena se vería obligado a apoyar la integralidad de sus candidaturas, lo que necesitaría de la cohesión del partido.
Si, por el contrario, la revocación acaece después de las elecciones intermedias, la presidencia estaría a la merced del acecho tanto de la oposición, que podría usar los escándalos de corrupción contra Sheinbaum, como del movimiento mismo. Morena no tendría la urgencia de apoyar todas sus candidaturas y la necesidad de cohesión podría ceder a la atomización generada por las ambiciones de los diferentes integrantes de Morena.
Aunque los riesgos de que el mandato presidencial sea revocado son pocos, la constitución no prevé la destitución anticipada de la presidenta. Esta posibilidad deberá de ser discutida en la reforma electoral, pues no se prevé el modo de nominación de un presidente interino y esta omisión podría darle un impulso a las luchas intestinas que se empiezan a esbozar dentro de Morena. La revocación podría traer consigo una inestabilidad política en un momento en el que se necesitan respuestas tajantes a varias encrucijadas, empezando por la crisis de seguridad, las escisiones dentro de Morena y las negociaciones con el gobierno estadounidense, cuyas invectivas han sido manejadas con eficacia hasta ahora.
El problema con el proceso de revocación no es solo la inestabilidad política que puede desencadenar; éste pretende proveer un mecanismo de control ciudadano cuando ya existen dos. Por un lado, las elecciones intermedias sirven tanto como termómetro para medir la confianza en el ejecutivo como instrumento para acotar su margen de acción sin imposibilitar la toma de decisiones. Por otra parte, la no-reelección garantiza una gobernabilidad a mediano-largo plazo y la alternancia política en el caso de que las demandas sociales no sean satisfechas. Por ende, carece de sentido añadir un método de control ciudadano que atente contra la estabilidad política cuando las elecciones intermedias y la no reelección sirven como garantías para medir la confianza en el gobierno y para acotar el margen de acción del ejecutivo.
Alonso Acosta Cullen
Estudia la maestría en Teoría Política en la Universidad de la Sorbona
[1] La modificación al artículo 35 constitucional, fracción IX, entró en vigor el 21 de diciembre de 2019.
[2] Salmoran Villar, G. “Las elecciones judiciales en México: los riesgos de Captura” en Lopez Noriega, S.; Martin Reyes, J. (coord.). La Tormenta Judicial, Ciudad de México: Nexos, 2025, p. 42-52.